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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Falta de impugnación administrativa

9 mayo, 2012


SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO : 1172-2010

DEMANDANTE: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

DEMANDADO: DIRECTOR UGEL FERREÑAFE Y OTROS

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 26 días del mes de diciembre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuesto por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lambayeque y la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2011, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES 

El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de Trabajadores del Sector Educación CAFAE-SE interpone demanda de cumplimiento (p. 49-59) a efectos de que los demandados cumplan la Resolución Directoral Regional Sectorial 971-2009-GR.LAMB/DREL, de fecha 21 de abril de 2009, que ordena la desactivación del CAFAE de la sede de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque.

La contestación de demanda por parte de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque (p. 95-99) alude a que no resulta cierto que la Resolución cuyo cumplimiento se exige, hubiera declarado fundado recurso de  apelación alguno y se opone, argumento a argumento, a la demanda.

El Procurador Público Regional de Lambayeque contesta la demanda (p. 124-129) y manifiesta que no se cumplen los supuestos del precedente 168-2005-PC/TC, pues el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, está sujeto a controversia compleja e interpretaciones dispares, además de ser un derecho cuestionable. Acota que no hay beneficiario cierto.

La UGEL Lambayeque formula contestación (p. 147-151) y pide que la pretensión sea declarada improcedente.

La sentencia que pone fina la instancia (p. 437-443) declara fundada la demanda atendiendo al hecho de que la resolución cuyo cumplimiento se exige, no ha sido impugnada administrativamente y que la pretensión demandada sí cumple los supuestos del proceso de cumplimiento.

La impugnación formulada por el Procurador Público (p. 452-457) incide en que el mandamus presenta complejidad en su cumplimiento y que los CAFAE se extinguen cada 2 años  por decisión de sus miembros y no por actos administrativos.

La apelación de la Gerencia Regional de Educación (p. 484-500) que hay falta de motivación en la sentencia y que se debió declarar improcedente la demanda.

 

FUNDAMENTOS

§ El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta instituciónla Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo.

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional.

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos.

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado.

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§ Análisis del caso concreto

6. Revisados con prolijidad los argumentos de las contestaciones a la demanda así como las respectivas impugnaciones, hay una cuestión que, a juicio de esta Sala de la Constitución, permanece totalmente incontestada: si las partes emplazadas no consideran válida la resolución cuyo mandamus se pide se cumpla, ¿por qué no impugnaron administrativamente la misma o dejaron sin efecto su contenido? 

7. En efecto, advertimos que se exhiben diversas razones para que la resolución sub litis (p. 5-7) no sea acatada y sin embargo, la misma resulta clara en su decisorio en cuanto señala: “Disponer la desactivación del CAFAE de la sede de la Dirección Regional de Educación (…)”. Por tanto, nos encontramos frente a un mandato cierto y claro que por cierto podrá presentar las dificultades propias de toda ejecución de acto administrativo en su fase procedimental y sin embargo, precisamente el proceso de cumplimiento tutela la fuerza de ejecución de un acto administrativo y para ello, en forma excepcional, la vía constitucional reserva un íter procedimental que implica la exigibilidad del acto administrativo.

8. En la misma lógica, si el acto es revocado, ciertamente no hay ejercicio alguno que solicitar. Y si el acto de disolución, como señala el Procurador, debe ser decisión propia de los miembros, nos encontramos, en el caso sub judice, frente a un acto cuyo cumplimiento deviene exigible pues la prestación ordenada resulta clara y concreta, y que además reúne las condiciones de exigibilidad de ejecución pues la propia Administración ni revocó su acto ni lo impugnó judicialmente. Por tanto, corresponde estimarse la pretensión.

9. De la misma forma, no tiene vinculación directa con estos actuados que los CAFAE se disuelvan cada 2 años. Ello constituye un aspecto administrativo propio de los CAFAE que no forma parte de esta discusión. En esa misma lógica, que no hayan beneficiarios ciertos no resulta un argumento convincente: quienes recurren sí tienen legitimidad para obrar pues representan a trabajadores del Sector Educación, vinculados en forma directa a la cuestión litigiosa de esta causa.

10. De otro lado, no apreciamos realmente problemas de motivación en la recurrida en cuanto la justificación interna se mantiene ordenada (no hay contradicciones manifiestas, ostensibles ni graves), así como la justificación externa (exposición material de las premisas), cumple referencias congruentes a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, ciñendo la decisión a que se cumplen los supuestos del proceso de cumplimiento, parecer que esta Sala considera necesario ratificar.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda y dispone la desactivación del CAFAE de la sede de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…)

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141.

[4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

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