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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Relaciones entre derechos fundamentales y no fundamentales.

16 mayo, 2012


SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO.: 2865-2010  

DEMANDANTE: YOLANDA GUERRERO GUERRERO

DEMANDADO: RED ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE ESSALUD

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 03 días del mes de enero de 2012,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:


ASUNTO

Recurso  de apelación interpuesto por ESSALUD contra el auto de fecha 25 de abril de 2011, que declara INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

 

ANTECEDENTES

La emplazada deduce excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa (p. 71-74), en razón de que la actora debió agotar los medios impugnatorios que franquea la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General- por constituir la vía procedimental específica.

El juzgador desestima la excepción formulada (p. 97) en vista de que la recurrente en el caso de autos, tiene más de 80 años de edad.

La impugnación formulada (p. 98-100) señala que existe error de derecho en la recurrida y que constituye un agravio una interpretación incorrecta de las normas de derecho positivo vigentes.

 

FUNDAMENTOS

§ Contexto doctrinario de las excepciones

1. Las excepciones aparecen durante la vigencia del procedimiento formulario, como un medio de limitar la formalidad estricta en que éste discurría. Con la exceptio se buscaba, durante el proceso formulario, romper el esquema clásico y rígido de la fórmula, haciendo intervenir un elemento extraño a ella, entendiéndosele como un quebrantamiento de la ley general. En ese orden de ideas, la excepción es un instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o, el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción. A partir de esta premisa, resulta necesario desarrollar, para el caso de la excepción por falta de agotamiento de la vía administrativa, que el amparo de la pretensión de excepción no se encuentre dentro de las causales que por ley, impiden su ejercicio.

 

§ La viabilidad del amparo como proceso excepcional

2. La delimitación del amparo como proceso excepcional ha recibido influjo en la jurisprudencia constitucional a través del precedente vinculante 206-2005-PA/TC[1], bajo el supuesto de que aquellos casos en los cuales se habría producido una afectación manifiesta a un derecho fundamental, puedan ser conocidos por el juez constitucional. En ese segundo caso, el contexto material del principio pro homine faculta al juzgador de la Constitución para que en caso aprecie que existe invasión irrazonable del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, resulte habilitada la vía excepcional, sumaria y residual del amparo.

3. Ese importante examen de delimitación entre el amparo y la vía ordinaria habrá de ser realizado por el juez constitucional en función al aporte de pruebas manifiestas, ostensibles y conducentes que determinen que sí se habría vulnerado un derecho tutelado por la Carta Fundamental, sin perjuicio de interpretar el real contexto de la dimensión de afectación de los derechos fundamentales concernidos. En todos los demás casos, será necesario derivar las controversias constitucionales al juez de la justicia ordinaria, o de ser el caso, al juez contencioso- administrativo.

 

§ Relaciones entre derechos fundamentales y no fundamentales

4. La diferencia entre derechos fundamentales y no fundamentales reviste interés en sede constitucional en tanto los primeros han de gozar de la tutela propia que demanda su defensa, en tanto que los segundos bien pueden ser protegidos por normas infraconstitucionales. No obstante ello, esta es una referencia solo contextual pues a través de la técnica del bloque de constitucionalidad, derechos fundamentales bien pueden recibir un rango de tutela por parte de normas infraconstitucionales en forma indirecta y a su vez, derechos no fundamentales pueden ser protegidos en determinados casos por normas constitucionales.

5. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un derecho no fundamental se une a un derecho no fundamental y se exige su protección ante el juez constitucional? Es el caso del derecho a la salud, el cual si bien hoy en la jurisprudencia constitucional ya goza de reconocimiento, no era ésa su situación en abril de 2004, a propósito del caso Azanca Meza[2], cuando tal derecho no era considerado fundamental y sin embargo, si se vinculaba al derecho a la vida, entonces sí le correspondía recibir tutela constitucional.

6. La señora Azanca Meza demandaba que se le otorgara atención médica integral por ser paciente con VIH y sin embargo, tal tipo de atención solo era procedente para madres gestantes infectadas con el VIH y todo niño nacido de madre infectada, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 004-97-SA, Reglamento de la Ley N.° 26626.

7. La situación, para efectos constitucionales, era puntual: una norma- regla impedía la prestación de salud solicitada por la señora Meza y fluía una interrogante puntual: ¿era viable algún tipo de prestación a favor de ella, dada su condición especial? El Tribunal encuentra una salida iusfundamental determinando que si un derecho no fundamental, como el derecho a la salud, se unía a un derecho fundamental, entonces aquel derecho no fundamental podía ser objeto de tutela en forma excepcional en sede constitucional.

8. Para esta respuesta, recurre argumentativamente a los principios de dignidad y solidaridad, y afirma que el derecho a la vida, en el caso concreto, amerita una sentencia estimatoria[3]. De otro lado, fluye una interpretación ponderada en relación al respeto de la dignidad de la persona humana[4] y como tal, la denegatoria del acceso al derecho a la salud, deviene en afectación constitucional manifiestamente grave.

 

§ Análisis del caso concreto

9. El agravio sostenido por la parte recurrente resulta correcto, ponderado y pertinente siempre que la discusión verse sobre el ámbito que alega: normas de derecho positivo vigente. Sin embargo, el caso que nos ocupa reviste vinculación directa con una aparente vulneración a un derecho fundamental, situación que ha motivado sea admitida a trámite la demanda.

10. En el decurso de la evolución de las relaciones entre los derechos fundamentales y aquellos que no lo son, conforme advertimos de los fundamentos 4 a 8, el derecho a la salud ha recibido pues un influjo de protección a propósito de su vinculación con el derecho a la vida y como tal, el derecho fundamental a la salud ha de recibir tratamiento del derecho positivo vigente mas solo en aquellos ámbitos que no formen parte del contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho. En los demás casos en los cuales sea el legislador o los poderes públicos o privados quienes invadan el núcleo duro del derecho en mención o se afecte su contenido esencial, consideramos que el ámbito de discusión supera ampliamente los espacios del derecho positivo para trascender al plano de los derechos fundamentales y en donde el juez constitucional sí resulta competente para conocer las controversias que se susciten en ese ámbito.

11. Bajo las pautas descritas, es inviable una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa pues la actora sufrió un corte abrupto de su cobertura a la salud, no obstante su avanzada edad. En ese orden de ideas, es pertinente que en decisión de fondo, examinados los argumentos de las partes, discierna el juez A-quo si efectivamente se convalidó o no una agresión ilegítima al derecho a la salud respecto de la demandante. En tanto, hasta donde esta causa ha sido examinada, creemos pertinente desestimar el medio de defensa formulado.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que declara INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI


[1] STC 0206-2005-PA/TC Caso Baylón Flores

6. (…) solo en los casos en que (las) vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate.

[2] STC 02945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza

[3] STC 2945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza

6.  Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2° de la Constitución, sino más bien se lo reconoce en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Constitución, este Tribunal, al igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y, por tanto, su afectación merece protección vía la acción de amparo (STC N.° T- 499 Corte Constitucional de Colombia). (…)

El derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida

26.    Actualmente, la noción de Estado social y democrático de derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida y, en esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la promoción de esas condiciones. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado. Dichos postulados propenden la realización de la justicia que avala los principios de dignidad humana y solidaridad y traspasa el reducido marco de la legalidad con el que se identificaba la noción clásica de Estado de derecho. Ahora el Estado está comprometido a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el encargo social de garantizar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada.

[4] STC 2945-2003-AA/TC Caso Azanca Meza

27.    Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos.

28.    La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las manifestaciones de cualquier  enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le permitan desenvolver su propia personalidad dentro de su medio social.(…) 

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