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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización contratos accidentales. ¿Suscripción de contrato a plazo indeterminado?

23 mayo, 2012

    

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 295-2011

DEMANDANTE: KAREN CASTILLO AREVALO

DEMANDADO: CORTE DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de enero de 2012,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Karen Castillo  Arévalo contra la sentencia de fecha 25 de agosto de 2011 en el extremo que DECLARA INFUNDADA la pretensión respecto a que la demandada suscriba con la accionante contrato de trabajo a plazo indeterminado; 
  2. Oscar Lucas Ascensios, Procurador Público del Poder Judicial, contra la misma sentencia en cuanto DECLARA FUNDADA la demanda.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 36-45) alega la vulneración del derecho constitucional al trabajo respecto de la recurrente y pide se disponga su reposición a las labores habituales que desempeñaba como auxiliar judicial, al haberse desnaturalizado los diversos contratos de suplencia suscritos. Accesoriamente solicita se suscriba un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

La demandada contesta la acción interpuesta (p. 66-70) y señala que la pretensión es improcedente por cuanto los contratos señalan, en su cláusula sétima, que el empleador podrá resolver los respectivos contratos cuando lo estime conveniente. 

La sentencia impugnada (p.79-86) señala que las labores desempeñadas por la recurrente se han desnaturalizado, en atención a que el objeto de sustituir temporalmente al servidor Ernesto Córdova Monteza- causa justificante del contrato- no se ha cumplido, en la medida que existe un periodo, entre los 2 contratos suscritos, en el cual la accionante ha prestado servicios sin contrato alguno (13 de setiembre al 31 de octubre de 2010). 

La impugnación formulada por la demandante (p. 90-93) en el extremo de denegar la suscripción de un contrato indeterminado refiere que la desnaturalización señalada por la jueza genera como sanción legal que el contrato de trabajo se convierta en uno a plazo indeterminado. 

La apelación de la demandada (p. 100-103) manifiesta que la naturaleza de los derechos en el amparo es restitutiva y no declarativa y considera que la demanda debe ser declarada improcedente. Señala, finalmente, que existen problemas de motivación en la recurrida.

 

FUNDAMENTOS 

§ La contratación modal  

1. La contratación modal sólo se diferencia de la contratación a plazo indeterminado en la particularidad de que la primera únicamente permite al empleador el manejo del plazo de contratación. Luego, todos los derechos laborales son similares en ambos regímenes. Sí fluye de la contratación sujeta a plazo fijo una corriente de eliminación de rigideces, lo cual se ha plasmado en muchos aspectos de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral LPCL, la cual a decir de Carlos Blancas, refleja un modelo de “mínima protección”; a su vez, las corrientes flexibilizadoras, a decir de Américo Plá, obedecen “a un impulso economicista emprendido en nombre de la necesidad del mantenimiento del nivel de ocupación”. 

2. Estos criterios no hacen sino confirmar que ciertas desregulaciones laborales, que permite la LPCL en materia de contratación a plazo fijo, se inserten en una tendencia internacional flexibilizadora, a la cual nuestra normatividad no se ha podido sustraer. El fenómeno de flexibilización de Derecho del Trabajo ha impuesto pues un cambio fundamental en las tendencias de contratación laboral, generando que cada vez sea más usual la contratación modal, a efectos de reducir los costos de contratación, haciendo a un lado el concepto de contratación a plazo indeterminado y reduciendo su nivel de incidencia a excepción de los concursos públicos, modalidad que supone ingresar a trabajar con un rango de mayor estabilidad. 

3. La consecuencia directa de la contratación modal ha significado, junto a un menor costo contractual, la implementación de diversas modalidades contractuales y la LPCL, desde su antecedente normativo, la Ley de Fomento del Empleo LFE en 1991, ha sido prolífica en distinguir varias categorías entre contratos de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. El resultado tangible ha sido una diversificación de opciones contractuales conforme a los supuestos de necesidad del empleador. 

 

§ Los contratos accidentales de trabajo  

4. La LPCL categoriza un grupo de contratos asignándole naturaleza accidental: Entre estas modalidades, el contrato ocasional supone atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Es aplicable a este tipo de contrato el caso de resultar exigible un grupo de capacitadores para adiestrar una fuerza de ventas próxima a distribuir un producto La duración de este contrato no debe exceder 6 meses por año. 

5. El contrato de suplencia exige, por otro lado, la sustitución de un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se haya suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente. Resulta un caso típico, en esta modalidad, la mujer embarazada que es reemplazada mientras dure el período pre y post – natal. La ley asigna a este contrato la duración que sea necesaria según las circunstancias, operando la readmisión del trabajador suplido cuando se produzca la extinción del contrato de suplencia. Cierra esta categoría el contrato de emergencia, el cual cubre las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor, coincidiendo su duración con la de la emergencia, podemos encontrar en este rango contratar a un grupo de trabajadores para refaccionar las instalaciones de una planta de producción afectada por un incendio.

 

§ Desnaturalización de los contratos modales 

6. La desnaturalización de un contrato modal[1], en cualquiera de sus categorías, supone una infracción sustantiva al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo.

7. Un primer razonamiento podría conducirnos a que sea la justicia laboral ordinaria aquella que repare la agresión frente a una desnaturalización y sin embargo, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha advertido que la desnaturalización de un contrato de trabajo, implica la eficacia restitutiva del derecho concernido, reservándose para la justicia laboral ordinaria la eficacia resarcitoria del derecho afectado. 

8. En ese orden de ideas, la restitución implica una reincorporación del trabajador a su plaza de trabajo en tanto que el resarcimiento exige el abono de los sueldos por indemnización por despido a que hubiere lugar. En el primer caso, el servidor se reincorpora a su plaza de trabajo sin más derechos que los propios que conservaba una vez concluida, inconstitucionalmente la relación de trabajo. En la segunda alternativa, el servidor perseguirá que la indemnización pueda resarcir en parte las afectaciones que involucra un cese no legal de la relación modal. 

 

§ Análisis del caso concreto

9. Respecto a la impugnación de la demandante, es pertinente señalar que la eficacia restitutiva del amparo, a criterio nuestro, no solo genera los derechos existentes una vez que cesó inconstitucionalmente la relación de trabajo. Por lo tanto, corresponde la reincorporación de la servidora y si la misma pretende acceder a una declaración de derechos respecto a su situación laboral, estimamos que dicho pedido puede ser realizado en vía incidental como sucede efectivamente en este proceso, pedido que se ve a su vez respaldado por la jurisprudencia constitucional[2].   

10. En efecto, el juez de los derechos fundamentales ha cumplido su rol de otorgar tutela urgente frente a la vulneración sustantiva del derecho al trabajo y en función a los decisorios arriba citados, como ha señalado el Tribunal Constitucional, es viable ordenar el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, pues nuestro rol es restituir el estado de cosas a la situación anterior a la vulneración del derecho, y ese momento previo al despido consiste, específicamente, en que debe volver a trabajar la accionante por haberse afectado en modo manifiesto su derecho al trabajo, dado que la desnaturalización generó una contratación a plazo indeterminado. 

11. Por ende, el reconocimiento de derechos colaterales, sucedáneos o coexistentes con relación al cese abrupto de la recurrente, debe implicar la propia estimación en la acción. En esa lógica, es pertinente declarar procedente este extremo de la demanda. 

12. En cuanto se refiere a los agravios de la parte demandada, creemos prudente desestimar los mismos. En rigor, la impugnación no contesta idóneamente los argumentos ratio decidendi de la A-quo y puntualmente ellos son tanto la desnaturalización de los contratos de suplencia suscritos así como la existencia de un período sin contrato, el cual finalmente desnaturaliza los contratos suscritos. 

13. Ahora bien, si adoptásemos en rigor la interpretación de que el segundo contrato de suplencia (del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2010), regulariza el período sin contrato comprendido entre el 13 de setiembre y el 31 de octubre de 2010, el cual sigue al primer contrato de suplencia que abarca del 15 de junio al 12 de setiembre de 2010, podríamos señalar que concluido el segundo contrato, concluyó en forma adecuada la relación de trabajo, por regularización del período sin contrato. 

14. Sin embargo, es preciso advertir que una vez concluido el segundo contrato, la recurrente siguió laborando hasta el 18 de enero de 2011[3], fecha en la cual es despedida al impedírsele su ingreso, resultando insuficiente el argumento de que prestó servicios pero sin registro de asistencia, lo cual constituye una desnaturalización de la relación de trabajo.

15. Por tanto, advertimos que existe una desnaturalización del contrato de suplencia celebrado entre las partes, siendo de aplicación el artículo 77 inciso a del D.S. 003-97-TR, en tanto se ha vulnerado en forma manifiesta el derecho al trabajo de la recurrente.       

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en cuanto DECLARA FUNDADA la demanda; REVOCA la sentencia en el extremo que declara infundado el pedido de suscripción de un contrato a plazo indeterminado; REFORMÁNDOLO, declara fundado dicho pedido. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI


[1] D.S. 003-97-TR. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Desnaturalización de los contratos 

Artículo 77.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: 

a) Si el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido;

b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación;

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando;

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.

[2] STC 138-2011-PA/TC. caso Ian Rengifo. Decisorio. 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravo constitucional; por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que ha sido víctima el demandante. 

2. ORDENAR que la Corte Superior de Justicia de Loreto reponga a don Ian Xavier Rengifo Vásquez en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, considerándolo como un trabajador sujeto a una relación laboral a plazo indeterminado, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el articulo 22º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 

Vid también STC 168-2010-PA/TC. Caso Elio Fernández. 

1. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo. 

2. Ordenar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo que contrate a don Elio Fernández Canario como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, en el plazo de dos días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.

[3] Vid p. 8, parte in fine.

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