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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Oposición a medida cautelar. Embargo FONCOMUN.

11 junio, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 5658-2008

DEMANDANTE: JHONNY PEREZ SILVA

DEMANDADO: GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, a los 06 días de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Eder Medina Zelada, Procurador Público Municipal, contra el auto de fecha 19 de setiembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la oposición a la solicitud de medida cautelar.  

 

ANTECEDENTES 

Mediante resolución N° 25 (p. 102-103), de fecha 13 de diciembre de 2010, se da por iniciado el proceso de ejecución forzada sobre la cuenta corriente N° 0231-108432 de la entidad demandada, y se dispone trabar embargo en forma de retención hasta por la suma de  S/. 4364.61 en el Banco de la Nación. 

La recurrente interpone oposición (p. 141-144) en vía reposición contra el endoso y entrega del Depósito Judicial N° 0231-108432 a favor del demandante, toda vez que se ha embargado una cuenta corriente intangible, inalienable e inembargable por ser dinero del FONCOMUN. 

El auto apelado (p. 145-146) desestima la oposición formulada por la entidad demandada por haberse presentado de manera extemporánea al plazo previsto conforme a ley. Agrega no haber incurrido en error al disponer la medida de embargo, debido a que la misma se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico. 

La impugnación formulada (p. 151-154) precisa que no puede cumplir con el mandato judicial debido a que a la fecha ya ha agotado el presupuesto correspondiente al año fiscal 2011. Indica no poder excederse en sus funciones ni mucho menos alterar limites presupuestales. 

 

FUNDAMENTOS 

§ La prevalencia de los mandatos constitucionales  

1. Un  dilema de suyo común entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, es la dimensión de cumplimiento material de las sentencias constitucionales si ellas entran en conflicto con normas o mandatos de la justicia ordinaria, en tanto puede existir, en determinados casos de afectación del principio de legalidad. 

2. A juicio nuestro, tal conflicto, ante todo aparente y no taxativo, ha sido resuelto, en gran medida,  por los artículos 22[1] y 59[2] del Código Procesal Constitucional, en tanto las sentencias y mandatos constitucionales protegen derechos fundamentales y obedecen a la materialización de un real orden público constitucional, regido por principios, valores y directrices que identifican un ordenamiento jurídico armónico, coherente y pleno. En ese orden de ideas, la vulneración del principio de legalidad no deviene en una afectación ostensible pues en el ejercicio de la ponderación de intereses, la formalidad y fundamento material del principio de legalidad debe ceder ante la fuerza de principios que parten de la tutela propia dela Constitución, así como de normas infraconstitucionales que coadyuvan a un ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

 

§ Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, en el caso de autos es de aplicación la fuerza racional de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en cuanto concluido el presente proceso de amparo, es de aplicación que hasta en un plazo de 4 meses, sea cumplida la obligación exigida. 

4. No habiendo la demandada cumplido su obligación, no obstante que los pronunciamientos de primera instancia (p. 15-16) y segunda instancia (p. 19-20), son de octubre de 2008 y enero de 2009, estimamos que se ha cumplido razonablemente los alcances de la Resolución Administrativa 452-2011[3], de fecha 22 de diciembre de 2011, emitida por la Corte Suprema.

5. En efecto, la Resolución Administrativa acotada incide en que se otorgue un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación establecida, si ésta está a  cargo del Estado o de instituciones públicas. 

6. El plazo de exigibilidad de la obligación fue conocido por la emplazada desde enero de 2009, una vez se pronunció esta Sala, y a la fecha de emisión de esta decisión- enero de 2012- consideramos que un plazo de 3 años, es más que razonable y prudencial para el cumplimiento de la obligación, la cual ha tenido lugar solo a través de una medida de embargo.   

7. En propiedad, la resolución inicial de embargo es idónea en cuanto hay una previsión suficiente y adecuada: tutelar la ejecución de una obligación constitucional, correspondiente a un proceso e cumplimiento iniciado el 14 de agosto de 2008. Adicionalmente, se cumple la condición de que el embargo es una medida necesaria pues no advertimos otra medida menos gravosa que la dispuesta, en tanto no apreciamos voluntad de pago de la obligada. Finalmente, calificamos que el derecho del actor, ya reconocido jurisdiccionalmente, es satisfecho en mayor grado pues existe un fin de tutela urgente, frente a un grado de afectación media del patrimonio de la emplazada.  

8. Adicionalmente, esta Sala estima que se cumplen los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional[4], en relación a las exigencias de que los fondos a embargar si bien tienen relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público emplazado, en definitiva existe una reticencia de sujeción al cumplimiento de un mandato constitucional que no puede ser programado en un plazo en exceso extenso. De la misma forma, aún cuando los fondos a embargar están afectados a uso público, correspondió en propiedad fijar o bien cuentas susceptibles de afectarse o bien estructurar un cronograma de pagos sujetándose al mandato del artículo 59 arriba citado. No haber cumplido estas obligaciones mínimas, convierten en ilusorio el mandato judicial. En consecuencia, corresponde ratificar el sentido resolutivo de la resolución apelada. 

9. De otro lado, si bien el FONCOMÚN devendría en una cuenta no embargable, debemos dejar establecido que la sentencia constitucional, precisamente por tutelar derechos fundamentales, goza de prevalencia frente a otras normas restrictivas, pues de preverse otro procedimiento a aquel que el juez constitucional ha dispuesto, ¿cuál sería el valor de la sentencia constitucional en el caso sub judice si el mandato no fuere acatado? Estimamos que poco o ninguno. 

10. Bajo los alcances señalados, ni la oposición ni la impugnación brindan argumentos idóneos para una revocatoria, razón por la cual corresponde confirmar la decisión recurrida.

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que DECLARA IMPROCEDENTE la oposición a la solicitud de medida cautelar.   

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNATEGUI


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 22 

(…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo 59. 

(…) Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. 

[3] Circular referida a la aplicación de los apercibimientos establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

[4] STC 02147-2009-PA/TC. Caso Municipalidad del Callao

3. (…) este Colegiado en cumplimiento de su labor de pacificación sobre la interpretación constitucional y de integración de las disposiciones constitucionales, así como en aras de tutelar el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales de las partes litigantes que resulten vencedoras contra el estado, ha señalado que resulta constitucionalmente legítimo proceder a la ejecución forzosa contra los bienes del Estado, siempre y cuando estos sean de dominio privado. Sin perjuicio de ello le ha impuesto a la judicatura y a los órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar el carácter embargable de un determinado bien del Estado, otorgándole dos parámetros de evaluación: i) si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y ii) si el bien a embargar está afectado a un uso público.

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