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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cambio de línea jurisprudencial. Eventuales obras Municipios.

25 junio, 2012

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 04088-2010    

DEMANDANTE: DIEGO VARONA VILLALTA

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 16 días del mes de abril de 2012,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Tutaya Gonzáles, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Chiclayo contra la sentencia de fecha 25 de octubre de 2011, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo y ordena la reincorporación del demandante.   

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 74-80) solicita se deje sin efecto el despido de hecho e incausado sufrido por el recurrente con fecha 09 de octubre de 2010, y se ordene su  reincorporación laboral en la plaza de peón de obras de la Municipalidad demandada. 

La contestación de demanda (p. 98-107) refiere que la pretensión debe ser declarada improcedente de acuerdo a las resoluciones emitidas por los juzgados de esta Corte. Refiere, de la misma forma, que la STC 10777-2006-PA/TC señala que los contratos para obra determinada no pueden ser permanentes. 

La sentencia impugnada (p. 139-145) declara fundada la demanda en razón de que se verifica la relación laboral del actor por espacio de más de 3 años y que la prestación de servicios ha sido continua, habiéndose desnaturalizado la contratación del actor. 

La impugnación formulada (p. 157-163) indica que son de aplicación los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y que la presente demanda es improcedente.

FUNDAMENTOS 

§ Cambio de línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al régimen de construcción civil  

1. Las tareas de construcción civil siempre fueron asociadas a un régimen de eventualidad y temporalidad en cuanto a las características propias de no permanencia de los trabajadores de este ramo. La figura era evidente. Concluida la obra, igualmente terminaba la relación laboral y correspondía la liquidación laboral del servidor de acuerdo a los criterios específicos de la modalidad, en cuanto se trataba de peones, oficiales o maestros. 

2. Las líneas interpretativas del Tribunal Constitucional y de esta Sala Constitucional al respecto, se asociaron a la restricción propia de reconocer beneficios a este tipo de régimen en relación a las denunciadas vulneraciones al derecho fundamental al trabajo pues concluida la obra del caso, no se producía un despido incausado, fraudulento o nulo, sino en rigor una conclusión de la contratación por culminación de la obra.

3. El sustento respecto a esta posición provenía del artículo 3ro[1] del Decreto Legislativo 727 en tanto las personas jurídicas vinculadas a este sector, propiamente imponían un régimen especial que debía atender a la naturaleza de este tipo de contratos.

4. Es importante advertir que la línea jurisprudencial ha sido modificada[2] por el supremo intérprete de la Constitución, pues a partir de la STC 1158-2011-AA/TC asume que las Municipalidades no pueden desarrollar tareas de construcción civil y en consecuencia, las contrataciones que ellas dispongan, no pueden gozar del mismo beneficio que las empresas de construcción civil tienen al respecto.

 

§ Análisis del caso concreto

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, de acuerdo a la pretensión formulada por el demandante, existe una justificación de razonabilidad para que la presente demanda sea amparada en tanto de la prueba aportada por el actor (p. 1-52), apreciamos las planillas de personal que demuestran que el actor ha prestado servicios para la emplazada en forma continua. 

6. A esta valoración se debe sumar que la Municipalidad emplazada no es una empresa de construcción civil y por lo tanto, no corresponde estimar como constitucional el cese arbitrario del trabajador, quien acredita que por el período comprendido alegado ha prestado servicios en distintos proyectos de la Subgerencia de Obras y Convenios de la entidad demandada, contenidos en documentos que valoramos sobre la base de que no evidencian adulteración manifiesta y por el contrario, exhiben sellos de la demandada que a su vez les confieren una validez que esta Sala considera razonable. A este respecto, algunos de los instrumentos presentados (p. 42, 45 y 51) contienen sellos de la propia demandada, lo cual induce a esta Sala a considerar el mérito de los mismos. 

7. En adición a lo señalado, efectivamente algunas pretensiones sobre esta materia han sido desestimadas por diversos juzgados y sin embargo, es importante poner de relieve la función correctora de la Sala en cuanto no es propiamente la posición de los jueces A quo la que obliga sino sirve solo de referencia para resolver un caso. Y aún cuando nuestra posición tampoco es vinculante in toto para los A-quo de este Corte, en interpretación extensiva[3] del artículo 22[4] de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debemos asumir que la Sala va fijando estándares jurisprudenciales y que ellos sirven a esta Sala para definir las controversias sometidas a su conocimiento. Bajo esta pauta, si los casos de eventuales de la Municipalidad en sendos casos han merecido decisión estimatoria, es previsible, predictible y razonable que los demás casos sean resueltos en la misma forma siempre que el nuevo caso sea sustancialmente similar al precedente. 

8. Del mismo modo, dado que nos encontramos frente a contrataciones en muchos de estos casos informales, se encuentra justificado que no se presenten contratos de trabajo. Pedirlo implicaría un imposible jurídico o una falacia ad ignoratiam[5] en tanto el razonamiento sería: para demostrar que hay relación laboral, es exigible la presentación ineludible del contrato de trabajo. Ello no podría suceder pues inferimos con certeza que dada la contratación no formal, dicho contrato no existe. 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda y ordena la reincorporación del actor. DISPONE la publicación de esta decisión en el Diario Oficial “El Peruano”.    

Publíquese y notifíquese.

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TUTAYA GONZÁLES


[1] Decreto Legislativo 727 artículo 3 

Están comprendidas en los alcances de la presente Ley, las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, que se dediquen o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la Gran División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). 

[2] STC 01158-2011-PA/TC Caso Ubaldino Madani 

5. (…) Las Municipalidades no son personas jurídicas que se dediquen o promuevan actividades de la construcción, por lo que (se) contrató al demandante en forma fraudulenta  porque no tiene la capacidad de contratarlo bajo el régimen laboral de la construcción civil, por lo que en aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, puede concluirse que entre las partes existió una relación  laboral a plazo indeterminado.

[3] La interpretación extensiva conlleva a que un criterio de interpretación pueda desplegar sus efectos en otros niveles argumentativos. En el caso sub judice, si el apartamiento de las decisiones de la Corte Suprema es viable para órganos funcionales inferiores previa justificación, igual ámbito ocurre respecto de los jueces respecto de los criterios en relación a las Salas Superiores. La condición de exigibilidad es la debida justificación del apartamiento.   

[4] Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 22. 

Las Salas especializadas de la Corte Suprema (…) ordenan la publicación (…) de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Estos principios debe ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales (…) como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución, dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.  

[5] García Damborena refiere en su Diccionario de Falacias: “Llamó Locke argumento ad ignorantiam al que se apoya en la incapacidad de responder por parte del adversario. El proponente estima que su afirmación es admisible – aunque no la pruebe- si nadie puede encontrar un argumento que la refute.”         

Anthony Weston señala en Las claves de la argumentación. Ariel. Barcelona, 2001. p. 53, que Ad ignorantiam (apelar a la ignorancia) (es) argüir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa.”

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