Archive for 13 junio 2012

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Y pasamos las 200,000 visitas!!!

13 junio, 2012

Estimados amigos:

Nos parece una buena noticia destacar que hoy pasamos la barrera de las 200,000 visitas y aún cuando esta noticia es muy pequeña en relación al increíble tamaño de la red, ello nos da honda satisfacción pues apreciamos que nuestros trabajos de algún modo merecen una continua respuesta de lecturas.

Esperamos seguir mejorando nuestro blog con nuevos, originales y auspiciosos aportes.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Reposición servidor público.

13 junio, 2012

 SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO  : 215-2011   

DEMANDANTE: DORIS PEÑA ESCURRA    

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 19 días del mes de enero de 2012,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Ricardo Ponte Olazábal, abogado de la Municipalidad Distrital de Motupe, contra la sentencia de fecha 19 de setiembre de 2011, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión de la parte demandante (p. 50-58) tiene por objeto la inmediata reposición de la actora a su puesto de trabajo en el cargo de Secretaria de Mercado o en otro de similar nivel o categoría. Alega vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado en ninguna forma, al trabajo, a la adecuada protección contra el despido arbitrario, al debido proceso, y a la legalidad e imparcialidad del acto administrativo. Precisa haber ingresado a laborar desde el 10 de julio del año 2007, obteniendo hasta la fecha un récord de 3 años y medio de labores ininterrumpidas. 

La contestación de la demanda  (p.74-81) solicita que la misma sea declarada improcedente por no ser la vía del amparo la idónea para resolver la controversia siendo la adecuada la vía del proceso contencioso administrativo. Indica, además, incongruencia respecto a los hechos expuestos por la demandante. 

La sentencia impugnada (p. 119-124) estima la demanda por considerar que la demandante ha sido víctima de un despido arbitrario, e indica que la relación laboral entre la actora y la Municipalidad demandada se encuentra acreditada mediante un contrato de naturaleza laboral, en tanto las labores desempeñadas por la demandante fueron de carácter permanente. 

La impugnación formulada por la entidad demandada (p. 134-149) solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada o en su caso sea revocada y se declare su improcedencia, debido a que el Juzgador no ha respetado el principio de la motivación de las resoluciones judiciales, y tampoco ha tomado en cuenta la STC N° 206-2005-PA/TC, precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional.

 

FUNDAMENTOS 

§ La existencia de un contrato de trabajo  

1. La doctrina laboral ha logrado consenso respecto al reconocimiento de que para la existencia de un contrato de trabajo, se exige la concurrencia de 3 elementos sustantivos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). La prestación personal involucra una prestación intuito personae, sin categorías de delegación. La subordinación destaca como aspecto esencial el acatamiento de las órdenes del empleador y la remuneración debe tener la naturaleza de una contraprestación por las tareas realizadas.

2.  En otro ámbito, por cierto opuesto, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764º del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. En esta definición no apreciamos elemento alguno del contrato de trabajo en tanto se trata de una modalidad contractual cuya categoría obedece al usual contexto de una labor especializada. El locador posee un conocimiento técnico determinado y ello lo habilita para que, sin sujeción laboral, sin exigencia de prestación personal y sin el pago de una remuneración y sí un honorario, se desarrolle una relación de orden civil. 

3. ¿Qué sucede cuando existe entonces la duda fáctica de si una relación determinada es de índole laboral o civil? La jurisprudencia constitucional[1] ha optado por la aplicación del principio de primacía de la realidad, en tanto la discordancia respecto a lo alegado por las partes no puede ser satisfecho documentariamente: la emplazada alegará la inexistencia de una relación laboral en tanto la parte demandante invocará la vulneración de su derecho al trabajo.

 

§ Los juicios de racionalidad y razonabilidad en el marco de las decisiones jurisdiccionales 

4. Corresponde entonces que el juzgador, dentro de ese ejercicio racional que implica la expedición de una decisión jurisdiccional, se ciña al apotegma de Reichenbach[2] quien señala: “El juez es un jugador racional que hace una apuesta conociendo bien las leyes de la probabilidad”. Y bajo esta pauta, efectivamente la sentencia se transforma en una apuesta respecto de los dichos y pruebas de las partes, mas no constituye un simple juego.

5. Por el contrario, el juez trabaja en función a 2 estándares relevantes: la racionalidad y la razonabilidad de su juicio jurídico. La racionalidad de su decisión está representada por el sustento del marco de las normas- regla que invoca, esto es, por la invocación preceptiva que fija la ratio decidendi de su valoración, y por el sustento de los derechos fundamentales que enuncia. De la misma forma, en el ámbito de la razonabilidad fija la estimación axiológica de los principios, valores y directrices que amparan su decisión, en directo auxilio de la insuficiencia que bien puedan aquejar las normas- regla que debieran solucionar la controversia.   

 

§ El despido laboral de un servidor público en el precedente 206-2005-PA/TC 

6. Un examen actualizado del precedente vinculante laboral 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, arroja una interrogante central: ¿deben derivarse todos los despidos de servidores públicos a la vía contencioso- administrativa, invariablemente, o corresponde admitir casos de excepción en el régimen laboral público? La posición formalista alude a que revistiendo importancia el nombramiento formal en el régimen público, bajo las exigencias previstas por el D.L. 276, toda controversia debe ser derivada al proceso contencioso- administrativo. De otro lado, una interpretación extensiva recoge la propia pauta de admitir las excepciones del propio precedente. 

7. Respecto a los servidores públicos, el precedente en comento[3] ha desarrollado la fijación de un caso de excepción respecto de los servidores que son despedidos en forma manifiestamente incausada. En consecuencia, estimamos que es viable que casos excepcionales sean declarados fundados en sede de amparo respecto de servidores públicos por despidos incausados, fraudulentos y nulos, y ello en modo alguno implica un nombramiento, sino una condición excepcional de tutela por afectación del derecho fundamental al trabajo.

 

§ Análisis del caso concreto

8. Bajo las pautas antes descritas, este Ad-quem estima que la carga probatoria aportada por la emplazante (p. 2-49), justifica una estimación de fondo de la presente acción. En efecto, si bien advertimos que los argumentos centrales de la impugnación se basan en la falta de motivación de la resolución cuestionada, así como en la inaplicación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, este Tribunal no advierte razones suficientes como para revertir la decisión adoptada por el Juzgador, en tanto queda acreditado el vínculo de trabajo de la demandante con la Municipalidad emplazada, en rigor las instrumentales adjuntas, las cuales no adolecen de vicios de nulidad o adulteración manifiestos[4] así como evidencian que ha habido una concurrencia cuando menos reiterada por parte de la accionante a su puesto de trabajo. 

9. En ese orden de ideas, no cuestionamos en modo alguno las potestades directrices de contratación de la demandada, mas es un requerimiento ineludible del Estado Democrático y Social de Derecho, que las contrataciones laborales de las entidades locales, se ajusten a los estándares de contratación que fijan las leyes y la Constitución.

10. En ese razonamiento, no resulta admisible ni congruente con el derecho fundamental al trabajo que una servidora eventual del Municipio demandado, pueda mantenerse en tal régimen durante varios años (desde enero de 2007), sin gozar de beneficio laboral tangible alguno o sin que sui situación laboral sea regular. Frente a esta contingencia y afectado en forma sustantiva, ostensible y manifiesta su derecho al trabajo, surge el deber de protección –Schutzpflicht para la doctrina alemana- de los jueces constitucionales a efectos de restituir los derechos vulnerados por acciones incongruentes con los principios de un Estado constitucional, el cual exige la observancia real de los derechos fundamentales de las personas y no solo una enunciación de los mismos que bien podrían corresponder al contexto de una Constitución semántica, que no es el caso de nuestra Carta Fundamental pues los principios, valores y directrices que ella inspira tienen efecto erga omnes respecto a los mandatos de respeto al derecho fundamental al trabajo que la misma enuncia.

11. En el caso sub judice, resulta manifiesto que durante varios años el régimen de contratación de la actora ha sido irregular y frente a esas circunstancias, la demandada no ha adoptado las medidas correctivas del caso que el entorno de las contrataciones laborales demanda. Cierto es que en forma razonable los costos de contratación se incrementan en un régimen formal y sin embargo, una política de contratación laboral ordenada, respetuosa de la normatividad legal y constitucional, no tendría por qué colisionar con acciones constitucionales de los trabajadores afectados, procesos que a largo plazo resultan siendo mayores en costo y efectos colaterales frente a una contratación equilibrada.

12. De otro lado, es importante puntualizar que no advertimos incumplimiento alguno del precedente vinculante 206-2005-PA/TC,  en tanto precisamente la sentencia restituye un derecho que ha sido vulnerado por la emplazada en forma grave, deviniendo en consecuencia, deber funcional del juez constitucional ordenar la tutela del derecho manifiestamente vulnerado, y restituir a la demandante en su puesto de trabajo, conforme ha señalado el A-quo. Por otro lado y en relación al precedente, el F.J. 24[5] del precedente vinculante permite, en situaciones excepcionales de manifiesta afectación al derecho al trabajo como en este caso, optar por una decisión estimatoria.

13. Es importante recoger, en este análisis de derechos fundamentales, la precisión que desarrolla el A-quo en el fundamento jurídico 12 de su decisión, en cuanto determina que el régimen aplicable a la demandante es la Ley 24041, atendiendo a que tiene más de 1 año de servicios ininterrumpidos. Esta determinación es de suma relevancia en tanto no otorgamos un nombramiento de la actora en el régimen de la Administración Pública, al cual se accede solo por concurso. Y sin perjuicio de ello, importa reiterar que esta acción de amparo constituye una forma de restitución del derecho conculcado en cuanto la demandante ha prestado servicios desde el 10 de julio de 2007 (p. 3) y no podía ser despedida sin previo proceso administrativo.

14. De la misma forma, es nuestra posición que la vía del proceso contencioso administrativo no resulta igualmente satisfactoria, en cuanto no apreciamos razones racionales suficientes para crear una distinción de suyo antigua: que el servidor privado sí es sujeto de protección y el servidor público no lo es pues existe la vía del contencioso administrativo como proceso saneador de derechos.

15. En esa misma línea de razonamiento, coadyuva que el Juez constitucional solo se circunscriba a establecer el alcance del derecho de reincorporación y que cumpla con precisar que es la Ley 24041 el régimen aplicable, sin que ello a su vez implique el reconocimiento de los beneficios del Decreto Legislativo 276.

16. Finalmente, es importante reconocer la potestad revocatoria de los gobiernos locales respecto de actos administrativos previos. Esta es una cuestión objetiva y sin embargo, dicha revocatoria no puede soslayar derechos fundamentales que la propia dinámica de la realidad ha configurado; así, en el caso sub judice nos encontramos frente a una situación de contratación entre los años 2007 y 2010, lo cual constituye un argumento de valoración en el análisis de los derechos fundamentales concernidos.

17. En ese orden de ideas y variando de posición respecto de anteriores fallos denegatorios de esta Sala respecto a servidores públicos, consideramos que en el caso de autos sí se ha configurado una afectación sustantiva del derecho al trabajo y que por consiguiente, deviene necesario restituir el derecho conculcado.   

18. Ahora bien, es importante precisar respecto de los actuados sobre la existencia de un proceso de impugnación de resolución administrativa (p. 102- 111), con el cual la demandada lega la existencia de vías paralelas. Es exigible ser cautos con la apreciación de dichos instrumentos, en tanto el proceso de impugnación  persigue el fin de cuestionar la eficacia del acto administrativo, en tanto en el proceso de amparo es necesario dilucidar la vulneración de un derecho fundamental. Por lo tanto, se trata de bienes jurídicos con distintos objetos de protección y como tal, el argumento invocado merece ser desestimado. En el orden de ideas expuesto, concurren fundamentos de mérito para amparar la pretensión.    

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda y dispone la reincorporación de la actora. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERAN ARRUNATEGUI


[1] STC 1944-2002-AA/TC Caso Eduardo Chinchay 

3. (…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos

[2] REICHENBACH, Hans. El resurgimiento de la Filosofía Científica. Universidad de California. EE.UU. 1954. 

[3] STC 0206-2005-PA/TC

22. (…) Las consecuencias que se deriven de los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener tal condición labora para el sector público (Ley N. º 24041), deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas. 

23. Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros. 

24. Por tanto, conforme al artículo 5.°, inciso 2.° del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra.( el subrayado es nuestro)  

25. El Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de amparo terminará sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el laboral y el contencioso administrativo, con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su esencia, caracterizada por su carácter urgente, extraordinario, residual y sumario.  

[4] En ese contexto, se justifica una valoración constitucional de dichas pruebas a pesar de que las mismas son copias no autenticadas. Esta Sala de Derechos Fundamentales ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a la validación de copias siempre que se acompañe una justificación interna y externa al respecto, conforme ha sido establecido en el exp.  063-2011 caso Oliva Córdova contra la Municipalidad de Olmos.   

[5] STC 0206-2005-PA/TC. caso Baylón Flores. 

24.  (…) conforme al artículo 5.°, inciso 2.° del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra. (el subrayado es nuestro)

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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Oposición a medida cautelar. Embargo FONCOMUN.

11 junio, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 5658-2008

DEMANDANTE: JHONNY PEREZ SILVA

DEMANDADO: GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, a los 06 días de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Eder Medina Zelada, Procurador Público Municipal, contra el auto de fecha 19 de setiembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la oposición a la solicitud de medida cautelar.  

 

ANTECEDENTES 

Mediante resolución N° 25 (p. 102-103), de fecha 13 de diciembre de 2010, se da por iniciado el proceso de ejecución forzada sobre la cuenta corriente N° 0231-108432 de la entidad demandada, y se dispone trabar embargo en forma de retención hasta por la suma de  S/. 4364.61 en el Banco de la Nación. 

La recurrente interpone oposición (p. 141-144) en vía reposición contra el endoso y entrega del Depósito Judicial N° 0231-108432 a favor del demandante, toda vez que se ha embargado una cuenta corriente intangible, inalienable e inembargable por ser dinero del FONCOMUN. 

El auto apelado (p. 145-146) desestima la oposición formulada por la entidad demandada por haberse presentado de manera extemporánea al plazo previsto conforme a ley. Agrega no haber incurrido en error al disponer la medida de embargo, debido a que la misma se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico. 

La impugnación formulada (p. 151-154) precisa que no puede cumplir con el mandato judicial debido a que a la fecha ya ha agotado el presupuesto correspondiente al año fiscal 2011. Indica no poder excederse en sus funciones ni mucho menos alterar limites presupuestales. 

 

FUNDAMENTOS 

§ La prevalencia de los mandatos constitucionales  

1. Un  dilema de suyo común entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, es la dimensión de cumplimiento material de las sentencias constitucionales si ellas entran en conflicto con normas o mandatos de la justicia ordinaria, en tanto puede existir, en determinados casos de afectación del principio de legalidad. 

2. A juicio nuestro, tal conflicto, ante todo aparente y no taxativo, ha sido resuelto, en gran medida,  por los artículos 22[1] y 59[2] del Código Procesal Constitucional, en tanto las sentencias y mandatos constitucionales protegen derechos fundamentales y obedecen a la materialización de un real orden público constitucional, regido por principios, valores y directrices que identifican un ordenamiento jurídico armónico, coherente y pleno. En ese orden de ideas, la vulneración del principio de legalidad no deviene en una afectación ostensible pues en el ejercicio de la ponderación de intereses, la formalidad y fundamento material del principio de legalidad debe ceder ante la fuerza de principios que parten de la tutela propia dela Constitución, así como de normas infraconstitucionales que coadyuvan a un ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

 

§ Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, en el caso de autos es de aplicación la fuerza racional de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en cuanto concluido el presente proceso de amparo, es de aplicación que hasta en un plazo de 4 meses, sea cumplida la obligación exigida. 

4. No habiendo la demandada cumplido su obligación, no obstante que los pronunciamientos de primera instancia (p. 15-16) y segunda instancia (p. 19-20), son de octubre de 2008 y enero de 2009, estimamos que se ha cumplido razonablemente los alcances de la Resolución Administrativa 452-2011[3], de fecha 22 de diciembre de 2011, emitida por la Corte Suprema.

5. En efecto, la Resolución Administrativa acotada incide en que se otorgue un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación establecida, si ésta está a  cargo del Estado o de instituciones públicas. 

6. El plazo de exigibilidad de la obligación fue conocido por la emplazada desde enero de 2009, una vez se pronunció esta Sala, y a la fecha de emisión de esta decisión- enero de 2012- consideramos que un plazo de 3 años, es más que razonable y prudencial para el cumplimiento de la obligación, la cual ha tenido lugar solo a través de una medida de embargo.   

7. En propiedad, la resolución inicial de embargo es idónea en cuanto hay una previsión suficiente y adecuada: tutelar la ejecución de una obligación constitucional, correspondiente a un proceso e cumplimiento iniciado el 14 de agosto de 2008. Adicionalmente, se cumple la condición de que el embargo es una medida necesaria pues no advertimos otra medida menos gravosa que la dispuesta, en tanto no apreciamos voluntad de pago de la obligada. Finalmente, calificamos que el derecho del actor, ya reconocido jurisdiccionalmente, es satisfecho en mayor grado pues existe un fin de tutela urgente, frente a un grado de afectación media del patrimonio de la emplazada.  

8. Adicionalmente, esta Sala estima que se cumplen los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional[4], en relación a las exigencias de que los fondos a embargar si bien tienen relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público emplazado, en definitiva existe una reticencia de sujeción al cumplimiento de un mandato constitucional que no puede ser programado en un plazo en exceso extenso. De la misma forma, aún cuando los fondos a embargar están afectados a uso público, correspondió en propiedad fijar o bien cuentas susceptibles de afectarse o bien estructurar un cronograma de pagos sujetándose al mandato del artículo 59 arriba citado. No haber cumplido estas obligaciones mínimas, convierten en ilusorio el mandato judicial. En consecuencia, corresponde ratificar el sentido resolutivo de la resolución apelada. 

9. De otro lado, si bien el FONCOMÚN devendría en una cuenta no embargable, debemos dejar establecido que la sentencia constitucional, precisamente por tutelar derechos fundamentales, goza de prevalencia frente a otras normas restrictivas, pues de preverse otro procedimiento a aquel que el juez constitucional ha dispuesto, ¿cuál sería el valor de la sentencia constitucional en el caso sub judice si el mandato no fuere acatado? Estimamos que poco o ninguno. 

10. Bajo los alcances señalados, ni la oposición ni la impugnación brindan argumentos idóneos para una revocatoria, razón por la cual corresponde confirmar la decisión recurrida.

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que DECLARA IMPROCEDENTE la oposición a la solicitud de medida cautelar.   

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNATEGUI


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 22 

(…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo 59. 

(…) Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. 

[3] Circular referida a la aplicación de los apercibimientos establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

[4] STC 02147-2009-PA/TC. Caso Municipalidad del Callao

3. (…) este Colegiado en cumplimiento de su labor de pacificación sobre la interpretación constitucional y de integración de las disposiciones constitucionales, así como en aras de tutelar el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales de las partes litigantes que resulten vencedoras contra el estado, ha señalado que resulta constitucionalmente legítimo proceder a la ejecución forzosa contra los bienes del Estado, siempre y cuando estos sean de dominio privado. Sin perjuicio de ello le ha impuesto a la judicatura y a los órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar el carácter embargable de un determinado bien del Estado, otorgándole dos parámetros de evaluación: i) si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y ii) si el bien a embargar está afectado a un uso público.

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“Interpretación y razonamiento jurídico en el ámbito jurisdiccional”. Academia de la Magistratura. Lambayeque, 02 y 23 de junio de 21012.

4 junio, 2012

 

Estimados amigos: 

La Academia de la Magistratura nos ha extendido una cordial invitación para dictar el módulo “Interpretación y razonamiento jurídico en el ámbito jurisdiccional” en el marco del XIV Curso de Capacitación para el Ascenso, niveles II y III a desarrollarse los días 02 y 23 de junio de 2012 en la ciudad de Chiclayo. 

La sumilla de temas a desarrollar es la siguiente: 

 

  • Argumentación y subsunción
  • La argumentación en general 
  • Subsunción y la justificación interna y externa

 

 

  • Argumentación e interpretación normativa
  • Las antinomias y el sistema
  • Las lagunas y el sistema
  • La interpretación y sus argumentos
  • La concepción escéptica de la argumentación 

 

 

  • Argumentación e interpretación fáctica
  • Los hechos, su interpretación y prueba
  • La prueba presuntiva

 

  • Argumentación y ponderación. La motivación en los casos difíciles
  • La ponderación comparada con otros argumentos
  • El principio de proporcionalidad
  • La estructura de la ponderación y sus límites

 

Esperamos poder colgar algunos materiales al respecto. Sin perjuicio de ello, uno de tipo resumen introductorio que siempre cobra actualidad en estos casos es el que hemos denominado “Razonando lógico jurídicamente, un problema de construcción”, el cual puede ser  leído en este blog en https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2011/06/razonando-lc3b3gico-jurc3addicamente-un-problema-de-construccic3b3n-pdf.pdf

Saludos cordiales, 

Edwin Figueroa Gutarra

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El derecho a la propiedad y derechos conexos de las comunidades indígenas y tribales. ¿cargas legítimas para el sistema internacional de los derechos humanos o derechos aislados? PDF

1 junio, 2012

 

El derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y tribales PDF

 

Contenidos

Introducción.  1. Un esbozo sobre el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. 2. Cuestiones controversiales. 2.1. El derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Contenidos trascendentes. 2.2. El derecho de los Estados parte a conducir políticas de inversión. 2.3. La tesis de las cargas legítimas del sistema interamericano. 2.4. Los derechos a la consulta previa y la protección del medio ambiente. 2.4.1. El derecho a la consulta previa. 2.4.2. El derecho a la protección del medio ambiente. 2.5. Normas de ius cogens para determinar el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Ideas a título de conclusión 

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