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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Derecho fundamental al agua.

2 julio, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 1488-2010   

DEMANDANTE: CRUZ RODRIGUEZ VELASQUEZ

DEMANDADO: EPSEL S.A.

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 19 días del mes de abril de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra,  pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la SENTENCIA de fecha 28 de noviembre de 2011, que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 1-4) y solicita se declare nulo y sin efecto la Orden de Corte N° 3559160 de fecha 15 de abril de 2010, consistente en el levantamiento de la conexión de agua de su domicilio, desde la red matriz; la restitución del pleno goce de sus derechos constitucionales y el de su familia, y se ordene que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la violación demandada. 

La contestación de demanda (p. 156-164) plantea que la acción sea declarada improcedente en tanto el demandante ha recurrido previamente a otra vía judicial peticionando tutela respecto a sus derechos constitucionales. Asimismo, argumenta que el levantamiento de la conexión de agua a que se hace referencia en la demanda no vulnera derecho constitucional alguno, en tanto el demandante mantiene deuda pendiente con la empresa en razón al monto consignado en las facturaciones confirmadas por TRASS SUNASS a través de las resoluciones Nº 2816-2003-SUNASS/TRASS y Nº 3456-2004-SUNASS/TRASS, razón por la cual la medida adoptada por la emplazada es legal conforme a la Ley N° 26338 y sus modificatorias, las mismas que resultan aplicables en los casos de falta de pago de las pensiones de agua potable y alcantarillado. 

La sentencia apelada (p. 217-220) desestima la demanda interpuesta al considerar que no existe vulneración de derecho constitucional alguno, en tanto la medida adoptada por la empresa resulta legal pues la entidad demandada ha cursado al demandante la Carta N°  058-2009. A través de dicha comunicación, le da a conocer el monto de la deuda y exige el cumplimiento de los documentos resolutivos de los reclamos presentados brindándole las facilidades de pago. Pese a ello, el demandante no ha cumplido con el pago del monto adeudado.

La impugnación formulada por el demandante (p. 223-225) precisa que el Juzgador no ha observado las pruebas ofrecidas por su parte, y en general indica que la decisión cuestionada adolece de fundamentación jurídica y de una debida motivación. 

Por escrito de fecha 09 de mayo de 2012, refiere el actor que ha cumplido con consignar el importe total de S/ 4281-.29, razón por la cual corresponde la restitución del servicio.

 

FUNDAMENTO

§ La exigencia de ilegitimidad del acto reclamado  

1. Los procesos constitucionales parten de una tesis de exigencia de ilegitimidad de los actos denunciados como vulneratorios de un derecho fundamental. Tal exigencia de ilegitimidad conduce a un requerimiento de acreditación flagrante, constatable  y verificable de la afectación que se denuncia. En caso contrario, no puede la vía constitucional representar una vía de revisión de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales que en propiedad presentan rangos de controversia, lo cual conduce a que sea otra vía la adecuada para la satisfacción del reclamo presentado.[1]

 

§ Análisis del caso concreto

2. El caso que nos ocupa representa una exigencia de gozar de un servicio adecuado como lo es el derecho fundamental al agua[2], nomenclatura que ha merecido su inclusión como nuevo derecho fundamental a partir de la cláusula numerus apertus que contempla el artículo 3[3] de nuestra Carta Magna. 

3. Sin embargo y es aquí donde es exigible la racionalización de la pretensión, no se trata de un derecho absoluto en cuanto tal, sino condicionado al cumplimiento de los reglamentos administrativos que determinan las relaciones empresas prestadoras – usuarios, situación que deviene en que si no son cumplidas las reglas de pago establecidas, procede el corte del servicio, conforme sucede en la misma ejecutoria arriba referida[4]

4. La parte actora ha presentado un escrito con fecha 09 de mayo de 2012 alegando haber cancelado la deuda. Sin embargo, es importante advertir que los montos difieren respecto a la deuda como tal, pues el documento de fecha de recepción 14 de agosto de 2009 señala como deuda la suma de S/ 4281.29, en tanto que la notificación de fecha 29 de setiembre de 2011 señala S/ 4263.43, lo cual implica la existencia de montos que van variando en el tiempo. 

5. De otro lado, los folios relacionados con los distintos pagos que la parte actora invoca y que refiere habría cancelado la deuda, implican una exigencia de verificación mucho más minuciosa, que esta vía no está en condiciones de determinar, pues debemos advertir que los 16 folios que contienen pagos, acreditan fechas que oscilan entre los años 2000 y 2009, en tanto que la imputación de pago ocurre entre los años 2009 y 2011. 

6. En el orden de ideas referido, advertimos que el recurrente debió recurrir contra lo resuelto en la vía administrativa y de ser el caso impugnar judicialmente lo decidido por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento, a efectos de determinar, con conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la verificación cuantitativa de lo pagado y lo reclamado. Sobre esta lógica, la demanda es improcedente pues no es ésta la vía apropiada para la dilucidación de la presente controversia.     

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. DISPONE su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

 


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 5.- Causales de improcedencia 

No proceden los procesos constitucionales cuando:

(…) 2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus; 

[2] STC 6546-2006-PA/TC. Caso César Zúñiga 

4. (…) conviene recordar que aunque la Norma Fundamental no reconoce de manera expresa o nominal un derecho fundamental al agua potable, tal situación no significa ni debe interpretarse como que tal posibilidad se encuentre elidida o diferida. En efecto, como ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, los derechos fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una perspectiva estrictamente  gramatical o positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea, strictu sensu, los derechos esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos, su individualización pueden operar no sólo a partir de una opción valorativa o principialista como la reconocida en el artículo 3° de la Constitución Política del Perú sino también apelando a un ejercicio hermenéutico al amparo de una fórmula sistemática o variante de contexto, deducible de las cláusulas contenidas en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, muchas de las cuales no sólo contienen derechos adicionales a los expresamente reconocidos en la Constitución, sino que incluso ofrecen contenidos mucho mas amplios para aquellos que ya cuentan con cobertura constitucional. 

[3] Constitución 1993. Artículo 3°.  

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

[4] STC 6546-2006-PA/TC. Caso César Zúñiga 

14. (…) a fojas 6 de los autos aparece la Resolución de la Sub Gerencia de Comercialización Catastro de Clientes de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque N° 1760-2005-EPSEL/GC-SGCYCC de fecha 12 de agosto de 2005 que declara infundado el reclamo presentado por el actor sobre responsabilidad de pagos de la deuda registrada sobre el inmueble(…). 

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