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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Recusación e inminencia de amenaza

11 julio, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 2119-2012-PHC/SPJ[1]

BENEFICIARIO: OFRENIO QUESQUEN TERRONES

DEMANDADO: PEDRO FALLA SALAS Y OTROS

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 26 días del mes de abril de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Miguel Falla Rosado, abogado del beneficiario, contra el auto de fecha 13 de marzo de 2012, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de habeas corpus.  

 

ANTECEDENTES

El recurrente Ofrenio Quesquén Terrones interpone demanda de habeas corpus (p. 1-7) contra los señores Jueces Superiores Jorge Morales Galarreta, Helbert Honores Cisnero y Pedro Falla Salas, integrantes de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en razón de haber declarado la improcedencia de la recusación del Tribunal en el exp. 35-2009 sobre colusión desleal, proceso en el cual es parte agraviada la Municipalidad de Chepén. Señala que se ha generado afectación al debido proceso, derecho de defensa, debida motivación, principio de legalidad procesal y tutela jurisdiccional efectiva, además de amenazar la libertad del recurrente. Acota que es vulneratorio mas aún que se haya dispuesto continuar el juzgamiento bajo el artículo 321 del CPP, pese a que al conceder el recurso de nulidad de la improcedencia de la recusación, no puede emitir resolución final. 

El auto apelado (p. 25-28) señala que no se cumple con el requisito de firmeza del habeas corpus y por tanto, declara improcedente liminarmente la demanda. 

La impugnación formulada (p. 30-36) señala que la resolución apelada es cuestionable pues no se exige, como regla general, el requisito de firmeza respecto al habeas corpus y que en el caso de autos, se configura una amenaza a la libertad individual del beneficiario. Por otro lado, enfatiza las irregularidades procesales del caso pues el Tribunal emplazado se dispone a sentenciar aún cuando ha sido recusado, situación  que implica una vulneración a la tutela procesal efectiva y al debido proceso.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional  

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ La recusación y el contenido constitucional del derecho fundamental a la pluralidad de instancia 

3. El tratamiento de la institución de la recusación respecto de un proceso penal ha sido desvinculado, en nuestra jurisprudencia constitucional, respecto del contenido esencial o constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pluralidad de instancias.[2] 

4. Lo antes aseverado reviste importancia de primer rango pues precisamente la recusación, desde la óptica de su contenido penal, aporta causales para dudar de la imparcialidad de un juez o Tribunal, y sin embargo, debe cuidarse la correcta aplicación del contenido constitucional del derecho concernido, pues la recusación puede generar, aunque no es el escenario óptimo, que las partes en un proceso determinado, pudieran eventualmente lograr un juez o Tribunal que logre un juicio de valor más aproximado a sus posiciones respecto a un derecho fundamental concernido, es decir, lograr el juez propio antes que el natural. Se trata pues de evitar los extremos: tanto de no dejar atendida una causal determinada que invoca la recusación así como la circunstancia gravosa de que se pueda lograr el juez de la elección de una de las partes, principio que rompe la premisa de imparcialidad en la impartición de justicia en un Estado constitucional.

 

§ Inminencia de la amenaza en un proceso de habeas corpus   

5. En el mismo rango de ideas, si la pretensión constitucional en un proceso de amenaza a la libertad individual, se asemeja a la categoría de un habeas corpus preventivo, será exigible acreditar la inminencia de dicha amenaza, pues en caso contrario,  solo estamos ante actos preparatorios,[3] los cuales en rigor no reúnen las características de fundamentalidad que exigiría un derecho constitucional próximo a ser vulnerado. En consecuencia, es procedente estimar un habeas corpus preventivo si ocurren condiciones de amenazas latentes, próximas y ostensiblemente manifiestas. Ausentes esas condiciones, corresponderá desestimar la pretensión.

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, de la pretensión propuesta no surgen razonablemente elementos de juicio suficientes para efectos de determinar que los derechos fundamentales del beneficiario efectivamente hubieren sido objeto de una vulneración en grado suficiente para la estimación de un habeas corpus. 

7. En efecto, son exigibles visos de razonabilidad para admitir a trámite la acción de habeas corpus y en el caso sub judice no constatamos, con suficiencia, que sea en propiedad la recusación alegada, una razón suficiente para estimar vulnerado en realidad el derecho fundamental concurrente conexo a la libertad personal, cual es el derecho a la pluralidad de instancias. 

8. El criterio expuesto, de conformidad con la ejecutoria enunciada supra – STC 4235-2010-PHC/TC. Caso Alberto Fujimori- se aprecia corroborado desde la posición de que una denegatoria de recusación no forma parte de la protección constitucional que dispensa este tipo de procesos. Por consiguiente, no podemos advertir una necesidad de tutela urgente, lo que no hace transitable la pretensión propuesta por la vía del habeas corpus. 

9. Por otro lado, es importante advertir la connotación de la institución de la recusación desde una perspectiva constitucional y objetivamente, tal medio de defensa no puede convertirse en una herramienta para el cambio de jueces por la simple suposición de que pudiera emitir un criterio contrario a la posición del imputado. Se trata de una cuestión que advierte altos contenidos de subjetividad pues en el hipotético caso de que ya se hubiere procesado una causa previa con sentencia condenatoria, un segundo proceso no ha de depender de una posición subjetiva del juzgador en el caso anterior, sino de la prueba objetiva, relevante y concluyente que fluya del nuevo proceso. Por lo tanto, no hay vulneración, tampoco, del derecho a un juzgador imparcial. 

10. De la misma forma, que la Sala pudiera haber dispuesto la forma como ha de tramitarse el juzgamiento o que hubieren confusiones respecto a la fecha de ingreso del expediente, como alega el recurrente., no constituyen expresiones manifiestas de una amenaza real a la libertad individual del favorecido, pues si los jueces no aplican la vía adecuada, existen medios de defensa intra proceso que previamente deben hacerse valer, antes de recurrir a .la vía constitucional.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que declara improcedente in limine la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] La referencia posterior a todas nuestras decisiones será Nro expediente-PA ( tipo de proceso, amparo en el presente caso) y SPJ (Sentencia del Poder Judicial)

[2] STC 4235-2010-PHC/TC. Caso Alberto Fujimori 

25. En resumen, a criterio del Tribunal Constitucional, prima facie y sin perjuicio de ulteriores precisiones jurisprudenciales que pueda ser de recibo realizar, pertenece al contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra:

a)      La sentencia que le imponga una condena penal.

b)      La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal.

c)      La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental.

d)     La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación de poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental. (…).  

36. (…) A juicio del recurrente, el derecho a impugnar los autos (…) que resuelven solicitudes de recusación de magistrados, pertenece al contenido del derecho fundamental a recurrir las resoluciones judiciales como manifestación del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia. Desde luego, a la luz de lo expuesto en el F. J. 25 supra, tal derecho no pertenece al contenido esencial del derecho a la pluralidad de la instancia

[3] STC 0008-2005-PHC/TC. Caso Humberto Valera

3. Asimismo, este Tribunal ha señalado (Exp. N. º 2435-2002-HC/TC) que para determinar si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador de la libertad individual, se requiere la existencia de “(…) un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones”. En tanto que, para que se configure la inminencia del mismo, es preciso que “(…) se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios”.

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