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¿Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional? Artículo y enlace PDF

25 julio, 2012

¿PODER JUDICIAL VS. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

 

Resulta un tema afianzado desde la doctrina constitucional que el Tribunal Constitucional resulta ser el Hutter der Verfassung[1], así como el supremo intérprete de la Constitución y no solo porque así lo refiere su Ley Orgánica, sino porque ése es el criterio consolidado de la justicia constitucional tanto en sede nacional como en el Derecho Comparado.

Es importante advertir, en esa línea de reflexión, que esas potestades se han afianzado, desde una perspectiva histórica nominal, a partir de la propuesta kelseniana de creación de un Tribunal ajeno al Poder Judicial. 1920 es el año en que entra en funciones el Tribunal Constitucional austriaco y su influencia se ha consolidado en la historia constitucional con creces, a pesar de las diferencias de entornos, funciones y competencias.

Pero es necesario advertir, de igual forma, que frente al control concentrado que se inicia con el modelo de Kelsen, son los jueces del Poder Judicial quienes desde 1802, a partir del fallo Marbury vs. Madison, comienzan a aplicar control difuso, como mecanismo de freno de los excesos de las normas frente a la Constitución y por tanto, históricamente son los jueces de la jurisdicción ordinaria quienes comienzan, antes, a dilucidar las controversias vinculadas, en mayor o menor grado, a los derechos públicos subjetivos.

Pues bien, es esta reflexión la que nos sirve de marco previo para esbozar criterios de partida, solo en perspectiva, sobre la interpretación de la ley ordinaria, la cual efectivamente corre por cuenta de los jueces, en tanto es la interpretación de la Carta Fundamental, potestad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debemos remarcar que éste es un examen solo de efectos generales pues tanto la interpretación de la ley ordinaria como de la Constitución, pueden correr a cargo sea del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, de acuerdo a la controversia en concreto.

No se trata de exclusiones de orden material pues dado el caso particular, los jueces del Poder Judicial también podrán interpretar la Constitución así como las leyes ordinarias, en tanto que el Tribunal podrá efectuar dichas interpretaciones de rigor. La diferencia está en el nivel de vinculación y en propiedad, vincula la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Carta Fundamental, y a su vez obliga la interpretación que hace el Poder Judicial de la ley ordinaria. Y sin embargo, si esta última interpretación es sometida a control constitucional, debe  primar la interpretación que hace el Tribunal.

Sin embargo, este razonamiento debe admitir algunos matices pues creemos que antes que esbozar una zona exenta de control constitucional, respecto a la interpretación que hace el juez de la ley ordinaria, sí hay un rango inatacable, cual es la restricción al Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, de aspectos como la valoración formal de las pruebas en el proceso civil, o la imposición de una condena en el marco de un proceso regular. Tales aspectos son en principio irrevisables pues acogiendo la fórmula Heck,[2] o de prohibición de cuarta instancia, los procesos regulares no son revisables en sede de derechos fundamentales, salvo que exista una vulneración ostensible a un derecho fundamental.

En esa lógica, sí hay un impedimento extraordinario para la justicia constitucional y es objetivamente la imposibilidad de que un proceso regular o una controversia en la cual se hayan respetado escrupulosamente los derechos fundamentales de las partes, pueda ser objeto de nueva discusión.

Bajo estos mismos argumentos, importa entonces el principio del self restraint, o de autocontrol, a fin de que tanto Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ajusten sus decisiones a  los lineamientos marco que inspiran las garantías constitucionales, a fin precisamente de evitar filosofía o moral constitucionales[3] en sus decisiones, siendo exigible que ambos estamentos sepan trazar adecuadamente las fronteras entre el derecho y la política.[4]

¿A qué deben aspirar, entonces, las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Creemos que a relaciones de complementariedad, que busquen tender puentes antes que a materializar los choques de trenes que describe el maestro Pérez Tremps en el ordenamiento español, a propósito de las diferencias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pues bien, esa exigencia de complementariedad demanda que se sigan construyendo adecuados estándares jurisprudenciales cuya vocación sea la de una adecuada delimitación de potestades así como de equilibrio intra instituciones. Ni el  Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional pueden asumir roles invasivos ni irrazonablemente activistas uno respecto de otro y en ello los jueces asumimos una gran responsabilidad. He ahí la cuestión.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURIDICA 417, El Peruano, 24 de julio de 2012


[1] La expresión se puede traducir como “Guardián de la Constitución”. Vid LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lima 2007. p. 20.

[2] Cfr. STC 0575-2006-PA/TC caso Fernando Salmón

[3] Vid. CARPIZO, Jorge. El Tribunal Constitucional y sus límites. Grijley. Lima, 2009. p. 57

[4] BACHOF, Otto. Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año XIX, núm. 57, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1986, p. 844.

 

Enlace PDF: http://www.elperuano.pe/Edicion/juridica.aspx Edición 417

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