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Revista virtual IPSO JURE 18. Agosto 2012. Día del Juez.

9 agosto, 2012

 

PALABRAS DEL DIRECTOR. Edición 18, agosto 2012

 

Estimados amigos:

Con ocasión del Día del juez el 04 de agosto en Perú, creemos que es pertinente y vale realmente la pena destacar la labor de los jueces en su rol de defensores de los derechos fundamentales y qué mejor que destacar esas reflexiones en nuestra entrevista central al Juez Supremo Dr. Francisco Távara Córdova, en su calidad de Juez Supremo, así como enfatizar, en otros trabajos, en esta revista, la importancia del lugar que ocupan los jueces en el Estado constitucional.

A partir de esas reflexiones, consideramos que resulta un tema afianzado desde la doctrina constitucional que el Tribunal Constitucional resulta ser el Hutter der Verfassung (o guardián de la Constitución), así como el supremo intérprete de la Constitución y no solo porque así lo refiere su Ley Orgánica, sino porque ése es el criterio consolidado de la justicia constitucional tanto en sede nacional como en el Derecho Comparado. Ahora bien, advirtamos que se trata del guardián de la Constitución y no del señor de la Constitución- Herr der Verfassung– condición esta última que implica una labor de avasallamiento de la Constitución en perjuicio de la misma. 

Es importante advertir, en esa línea de reflexión, que esas potestades se han afianzado, desde una perspectiva histórica nominal, a partir de la propuesta kelseniana de creación de un Tribunal ajeno al Poder Judicial. 1920 es el año en que entra en funciones el Tribunal Constitucional austriaco y su influencia se ha consolidado en la historia constitucional con creces, a pesar de las diferencias de entornos, funciones y competencias.

Pero es necesario advertir, de igual forma, que frente al control concentrado que se inicia con el modelo de Kelsen, son los jueces del Poder Judicial quienes desde 1802, a partir del fallo Marbury vs. Madison, comienzan a aplicar control difuso, como mecanismo de freno de los excesos de las normas frente a la Constitución y por tanto, históricamente son los jueces de la jurisdicción ordinaria quienes comienzan, antes, a dilucidar las controversias vinculadas, en mayor o menor grado, a los derechos públicos subjetivos.

Pues bien, es esta reflexión la que nos sirve de marco previo para esbozar criterios de partida, solo en perspectiva, sobre la interpretación de la ley ordinaria, la cual efectivamente corre por cuenta de los jueces, en tanto es la interpretación de la Carta Fundamental, potestad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debemos remarcar que éste es un examen solo de efectos generales pues tanto la interpretación de la ley ordinaria como de la Constitución, pueden correr a cargo sea del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, de acuerdo a la controversia en concreto. 

No se trata de exclusiones de orden material pues dado el caso particular, los jueces del Poder Judicial también podrán interpretar la Constitución así como las leyes ordinarias, en tanto que el Tribunal podrá efectuar dichas interpretaciones de rigor. La diferencia está en el nivel de vinculación y en propiedad, vincula la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Carta Fundamental, y a su vez obliga la interpretación que hace el Poder Judicial de la ley ordinaria. Y sin embargo, si esta última interpretación es sometida a control constitucional, debe  primar la interpretación que hace el Tribunal.

Sin embargo, este razonamiento debe admitir algunos matices pues creemos que antes que esbozar una zona exenta de control constitucional, respecto a la interpretación que hace el juez de la ley ordinaria, sí hay un rango inatacable, cual es la restricción al Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, de aspectos como la valoración formal de las pruebas en el proceso civil, o la imposición de una condena en el marco de un proceso regular. Tales aspectos son en principio irrevisables pues acogiendo la fórmula Heck o de prohibición de cuarta instancia, los procesos regulares no son revisables en sede de derechos fundamentales, salvo que exista una vulneración ostensible a un derecho fundamental.

En esa lógica, sí hay un impedimento extraordinario para la justicia constitucional y es objetivamente la imposibilidad de que un proceso regular o una controversia en la cual se hayan respetado escrupulosamente los derechos fundamentales de las partes, pueda ser objeto de nueva discusión.

Bajo estos mismos argumentos, importa entonces el principio del self restraint, o de autocontrol, a fin de que tanto Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ajusten sus decisiones a  los lineamientos marco que inspiran las garantías constitucionales, a fin precisamente de evitar filosofía o moral constitucionales en sus decisiones, siendo exigible que ambos estamentos sepan trazar adecuadamente las fronteras entre el derecho y la política.

¿A qué deben aspirar, entonces, las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Creemos que a relaciones de complementariedad, que busquen tender puentes antes que a materializar los choques de trenes que describe el maestro Pérez Tremps en el ordenamiento español, a propósito de las diferencias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pues bien, esa exigencia de complementariedad demanda que se sigan construyendo adecuados estándares jurisprudenciales cuya vocación sea la de una adecuada delimitación de potestades así como de equilibrio intra instituciones. Ni el  Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional pueden asumir roles invasivos ni irrazonablemente activistas uno respecto de otro y en ello los jueces asumimos una gran responsabilidad. He ahí la cuestión.   

Hasta la próxima edición 

El Director

 

 

INDICE

 

Entrevista al Dr. Francisco Távara Córdova- Juez Supremo

Tema: En el Día del Juez

 

¿Solo bastiones en contra? Una réplica a favor del Poder Judicial

Edwin Figueroa Gutarra

 

Discurso de Orden por el nonagésimo segundo aniversario de Instalación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Ana Elizabeth Sales Del Castillo

 

El proceso judicial en el marco del Nuevo Código Procesal Penal

Emiliano Sánchez Bances

 

¿Cómo se toman las decisiones justas?

Luis A. Lira Apaza

 

La patria potestad y sus límites respecto al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión del menor de edad

Daysi Eliana Bravo Gamarra

 

Lavado de activos y el rol del Notario

Jaime Cárdenas Fonseca

 

Constitución Económica: Desarrollo, Medio Ambiente y conflicto social

Eddie Cóndor Chuquiruna

 

Dos jueces en la historia: Una aproximación a la tutela de los derechos fundamentales bajo el ideal de la función judicial

Gonzalo Cruz Sandoval

 

Nueva Ley de Justicia de Paz: beneficios y deficiencias

Nicolás Inoñán Ventura

 

A propósito del proceso de amparo contra resoluciones judiciales en el Perú

Elia Jovanny Vargas Ruiz

 

El control difuso en la Administración Pública

Sara Verónica Vera Zuloeta

 

La aplicación del principio in dubio pro operario en la valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano

Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez

 

Lógica y argumentación jurídica. Fundamentos iusfilosóficos sobre su relación, complemento e importancia

José Miguel Ballena Ballena

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:  

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b7dbf2004c40a8f7b9ccff7b99635ed1/IPSO_JURE_18.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7dbf2004c40a8f7b9ccff7b99635ed1

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