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Primeras Jornadas Internacionales de Docentes en Derecho Constitucional. Lima, 21 de agosto de 2012

21 agosto, 2012

JORNADAS INTERNACIONALES DE DOCENTES EN DERECHO CONSTITUCIONAL

 

Lima, 20 a 22 de agosto de 2012

 

Martes 21 de agosto de 2012

Hotel Sol de Oro, Miraflores.

 

Tema: Constitución y multiculturalismo

 

Moderador: Gerardo Eto Cruz

Magistrado del Tribunal Constitucional 

 

Avigail Eisenberg (Canadá)

Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Victoria 

Deseo presentarles algunas reflexiones a propósito de la experiencia canadiense respecto a los derechos de los indígenas en mi país.

En 1982 tuvieron lugar sobre convenios sobre los recursos en los territorios de los indígenas, lo cual implicó protección de la identidad de estos grupos. Se dieron movilizaciones para el planteamiento de demandas en relación a los derechos de estos grupos. Algunos Tratados firmados en el siglo pasado eran poco claros. En la Columbia Británica, donde vivo, por ejemplo, no había ningún tratado. Los grupos deseaban Tratados modernos.

Otra cuestión era la relativa a las demandas de los grupos indígenas para la protección de prácticas culturales, incluyendo los lugares mismos de estas prácticas. Se apuntaba a una consolidación de los dd.hh., no solo de mi país sino de un considerable grupo de países, entre América y Europa.

La sección 35 de la Constitución canadiense plantea estos temas relativos a la interpretación de los derechos de los indígenas. Se precisa el enfoque que debe asumirse para la protección de estos derechos. En realidad, se trata de enfoques sobre cosas que no se deben hacer.

Las prácticas culturales, de otro lado, han sido objeto de un esfuerzo continuo por su reconocimiento y consolidación, inclusive ante los tribunales de justicia. Los derechos reconocidos por los jueces fueron diferenciados entre usos culturales y comerciales.

Se dispuso algunos niveles- hasta 4- para el reconocimiento de las prácticas culturales, las cuales no fueron enteramente aceptadas por las comunidades indígenas pues se entendía que esas exigencias podían socavar las bases culturales de esos grupos. A las comunidades no les gustaban estas pruebas y sin embargo, en Canadá existen criterios de limitación respecto a la cultura.

¿Cuáles son las lecciones entonces de esta experiencia canadiense? En todos los casos la historia es importante aunque se presenta un dilema para los tribunales pues es importante no referirnos a imposición de políticas por parte del Estado, a lo que debía sumarse evitar rasgos de segregación racista. Lo cierto es que se trataba de una situación compleja, resultando idea central evitar escenarios de discriminación. Los líderes de las comunidades insisten, en este aspecto, en el reforzamiento del empoderamiento de estos grupos.

La Convención 169 de la OIT ha sido un instrumento invocado, de igual modo, para la protección de los derechos de estas comunidades, en tanto tales instrumentos han servido de base para la propuesta de implementación del derecho a la consulta.

La importancia de la consulta se entiende, a juicio nuestro, en la participación real de las comunidades indígenas. Se presentan problemas cuando las comunidades no pueden responder a las exigencias que impliquen riesgos para estos grupos. Las mayorías no deben marginar a las minorías así como los derechos culturales no pueden ser mitigados. Los Tribunales, de esta forma, pueden dar orientación a otros entes para el tratamiento de los derechos de estos grupos. Es necesario entonces, de la misma forma, enfrentar los riesgos que estos problemas acarrean.

 

Martha Paz

Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional colombiana y docente de la Universidad del Rosario (Colombia) 

En Colombia el multiculturalismo es un tema bastante complejo. Hace unos días impactó en Colombia que unas etnias enterraran vivas a unas personas. Es una realidad que muchas etnias en Colombia estén condenadas a desaparecer frente a problemas como los desplazamientos, situaciones que ocurren dado los fenómenos de lucha interna.

La Corte Constitucional tiene casi una corte paralela trabajando el tema de los desplazamientos indígenas, dada la importancia de estos grupos. Se ha llegado a declarar un estado de cosas inconstitucional estas amenazas a grupos independientes. En El Cauca, que es el lugar que más concentración de indígenas tiene en Colombia, tuvo lugar la rebelión de indígenas respecto a la presencia del Estado en esa zona. Su planteamiento fue por qué el Gobierno no cumple el auto 04 de 2009, emitido por la Corte Constitucional y por qué no incluía una política diferencial para estos grupos.

Ello quería decir que hay una Constitución sólida que protege el multiculturalismo, una jurisprudencia frondosa en esta materia así como un estado de cosas inconstitucional favorable a estos grupos y sin embrago, de otro lado, encontramos un gobierno que no pone la cara frente a este espinoso tema.

El auto 04 de 2009 puso plazos para que el Gobierno cumpliera sus obligaciones pero debemos entender que no ha habido un cumplimiento efectivo y total de las prestaciones fijadas.

Es importante que se haya establecido en varias decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, el estado de cosas inconstitucional precisamente para cumplir derechos vinculados a las etnias. 

 

Marisol Pérez Tello

Congresista de la República  

Durante 16 años el Perú ha tratado de enfrentar un gran problema relativo a las comunidades indígenas. El caso Bagua ha significado un punto de quiebre al respecto pues a partir del mismo, se aprobó finalmente la Ley de Consulta Previa.

Ha sido necesario superar generacionalmente algunos pensamientos y uno de ellos, hacia el 1900, fue el de un sentimiento de superioridad o que en esa misma idea, que las comunidades indígenas fueran inferiores.

En 1920 se da un cambio de mentalidad por parte de la OIT a raíz de estudios sobre el trabajo forzoso, viendo a las comunidades indígenas desde la perspectiva de necesidad de asimilación de estos grupos. Y sin embargo, el concepto de asimilación fue insuficiente en tanto la idea central era de libre determinación.

El problema reciente de los boras, relativo a unos comentarios extranjeros poco afortunados respecto a este grupo, fue una cuestión de indignación nacional pero al mismo tiempo, de reexamen de nuestras propias actitudes dado que estos grupos han resultado siempre abandonados.

De otro lado, un proceso de consulta previa debe rendir resultados positivos respecto a la inversión.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, si bien es Soft Law (derecho blando)  ha sido incorporado a  nuestro ordenamiento a través de diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte IDH ha trabajado temas como la tierra, la propiedad colectiva, el derecho de participación, el derecho a la consulta previa y no solo como previa, sino libre e informada, además del respeto a las costumbres ancestrales.

Los planes de desarrollo a gran escala merecen un enfoque especial. De llegar casos vinculados a la Corte, debe preverse que ya existen importantes pronunciamientos sobre estos temas, muchos de ellos vinculados al derecho a la vida. Entonces, debemos advertir que es posible un pronunciamiento de responsabilidad de la Corte IDH en caso un tema de esta naturaleza sea llevado al plano supranacional.

De otro lado, el tema de la consulta previa contempla casos en los cuales el consentimiento es necesario: desplazamiento obligado y casos tóxicos. En tales casos es previsible que casos vinculados a estos ítems, lleguen al Tribunal Constitucional. Tanto la Ley de Consulta Previa como su reglamento no han tratado estos temas y ello es una carencia. Por ejemplo, el caso de la carretera de Purús es un tema que ya se encuentra en discusión en el Congreso y sin embargo, no hay un enfoque del tema desde el ámbito interamericano, lo cual preocupa.

Es necesario ver dónde se efectúa una revisión integral de los problemas relativos a medio ambiente respecto a nuestro país. ¿En el Ejecutivo, en el Legislativo o en la judicatura? De no hacerse, el Tribunal Constitucional deberá conocer el caso y de no cumplir este órgano su función, deberá pronunciarse la Corte IDH, la cual podrá declarar no solo responsabilidad del Estado peruano sino también indemnizaciones tanto a las comunidades indígenas así como a las empresas que ya con autorizaciones y concesiones, eventualmente podrían no seguir la explotación de recursos. 

 

Comentarios de Rolando Luque Mogrovejo

Adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad

 

Álvaro Córdova Flores

Asesor del Tribunal Constitucional del Perú 

 

Trabajo en Mesas 

 

 

 

Jornada tarde

 

Tema: Relaciones Tribunal Constitucional Poder Judicial

 

Moderador: Carlos Mesía Ramírez

Magistrado del Tribunal Constitucional

 

Profesor Jorg Luther (Italia)

Docente en Derecho Público de la Universidad del Piamonte Orientale 

Creo que hay un problema de traducción, a mi juicio, pues la Constitución peruana primero se refiere al Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional.

Existe la idea de un contrapoder que es aquel que ejerce el Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial. No se ha previsto canales de comunicación. En el caso italiano hay una cercanía entre la Corte Constitucional y el Poder Judicial y no es lo que sucede en el Perú.

Es necesario revisar la mecánica de funciones del Estado y se debería examinar la justicia. ¿En qué consiste la justicia para el Poder Judicial y cuál es el significado que le asigna el Tribunal Constitucional? La Constitución de la justicia es la justicia constitucional. Paso de un término a un nuevo constitucionalismo que no debe ser calificado como una utopía. ¿Cómo se concibe la justicia? Son términos bastante ambiguos y tienen más de un sentido. Existen desde el sentido sustantivo y material y desde el punto de vista funcional. Tenemos siempre términos ambiguos pero aún así son los conceptos principales que utilizamos. El problema yace en la doctrina. La posición europea es que la justicia no ha sido bien estudiada. ¿Por qué? No se engloba adecuadamente estos conceptos.

La Constitución constituye el cimiento de nuestra justicia. Desde el punto de vista antropológico, la Constitución trata de las necesidades básicas de los seres humanos. Hay un aspecto básico que es la necesidad de resolver conflictos. Si se lee la Constitución y se leen los catálogos así como las Cartas de Derechos, tenemos que ellos constituyen un reflejo del sentimiento de lo que constituye la injusticia.

Se busca evitar las situaciones de extrema injusticia, que no se produzcan dichas situaciones. Esa es la función de la Constitución. Por tanto, tenemos que ampliar nuestro discurso y el concepto que escuchamos ayer sobre el Estado de Derecho- Rule of Law o Rechtstaat- así como la idea de invisibilidad de la justicia misma.

Tenemos que ser también realistas. Necesitamos un enfoque minimalista en el derecho sobre el papel que juega la justicia constitucional. En el caso italiano, el problema no es el diálogo sino el choque entre el mundo de los magistrados y el de los políticos. Los americanos han creado el término “juristocracia” en referencia al rol de los jueces.

En Italia el Presidente ha decidido plantear un conflicto de competencias a fin de que no se destruya una evidencia referida a registros telefónicos. Esto ha creado una situación de conflicto pues plantea una interpretación de la ley.

No es posible definir los límites de la justicia constitucional. Es un tema al que hay que darle tiempo. No es rol de los constitucionalistas predecir el futuro.

 

Ernesto Blume Fortini

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima 

Las relaciones Tribunal Constitucional – Poder Judicial deben asumir una premisa de orden inicial: no deben haber zonas exentas de control constitucional.

A raíz de sentencias del Tribunal Constitucional hemos apreciado en nuestro país fuertes reacciones del Poder Judicial, en especial de la Corte Suprema. Este fenómeno no es nuevo. Desde los años 60, existe el término “guerra de cortes”, y nace de la Corte Constitucional italiana, término que pueda extenderse al otro criterio similar “guerra de los jueces”.

Se trata de procesos que tienen  lugar en el Estado constitucional y la implantación de esta fórmula implica situaciones de cambio. Genera restringir las actuaciones de otros órganos del Estado. Existe la no aceptación de un ente del Estado que busca la irrevisabilidad de sus decisiones.

En el caso peruano, tenemos una serie de experiencias sobre esta materia. Por tanto, esta “guerra de cortes” debe ser vista como un proceso de consolidación del Estado constitucional, el cual asume la jurisdicción constitucional como un paso sustantivo.

La sentencia 006-2006-CC-TC, dictada en febrero de 2007, caso Casinos Tragamonedas es, sobre el tema en comentario, un caso paradigmático. Plantea de lleno una relación de enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Poder judicial. Crea el Tribunal la cosa juzgada constitucional como institución superior a la cosa juzgada a secas que conocíamos. 

 

Eloy Espinosa- Saldaña Barrera 

Profesor de Derecho Constitucional de la PUCP 

Al margen de todas las posiciones, todos coincidimos en algo: las tensiones de la judicatura ordinaria y la constitucional son recurrentes. Los escenarios más conflictivos se refieren a los límites al juez constitucional

Planteamos 4 cuestiones principales. ¿Hasta dónde deben llegarse en la revisión de las decisiones judiciales? Otra cuestión: el Tribunal Constitucional necesita espacios de funcionamiento. Una tercera visión es qué pasa cuando el TC marca las pautas de cuáles asuntos van a ser vistos por los jueces ordinarios y cuáles se reserva para sí. Y por último, ¿Cuánto compromete el precedente?

Se trata de 4 grandes problemas sobre los que no vamos a plantear situaciones de fondo pero que queremos anotar brevemente.

Empecemos sobre cómo se han usado los precedentes a modo de fijar una lista de temas. Se trata de un uso que ha significado conflictos. Se dio la reconducción de procesos en trámite al producirse casos como los precedentes Anicama, Baylón, entre otros.

Temas controversiales han sido plantear, por ejemplo, otras fórmulas procesales. El tema del recurso de agravio a favor del precedente o la habilitación de la apelación por salto, que a su vez implica romper formas procesales.

Fijémonos, de otro lado, en el alto número de procesos contra resoluciones judiciales, entre amparos y habeas corpus.

En esa línea de reseñas, debemos congratular las iniciativas de que los Presidentes del ¨Poder Judicial y el Tribunal Constitucional hayan decido sentarse a conversar, para cuando menos buscar algunas formulas en común, como aspectos iniciales. Es una actitud valiente e inteligente que debemos congratular.

A modo de opinión, también debe señalarse que el juez ordinario y el juez constitucional deben ser activistas mas no hiperactivistas. No se puede desconocer que vivimos en el contexto de un Estado constitucional.

No considero que la única limitación debe ser el self restraint. Tiene que haber alguna forma de límites determinados. El juez constitucional no debe ser quien tenga solo la autorestricción.

La interpretación vinculante, de otro lado, no quiere decir que exista un único intérprete. En ese rol la judicatura constitucional tiene un rol subsidiario, su actuación debe marcarse en ese rol.

Respecto al precedente, de modo puntual este instrumento no puede convertirse en el  mecanismo a través del cual el juez deja de ser la boca de la ley para convertirse en el juez boca del precedente.

De otro lado, con el precedente se debe armonizar y se le debe poder limitar en sus alcances, o con el precedente el juez debe poder apartarse. El precedente nunca fue pensado como una camisa de fuerza, sino para establecer un criterio razonado.

Todos estos temas plantean retos y muchas cosas por hacer. La consolidación del Estado constitucional exige muchos esfuerzos.

 

Aníbal Quiroga León 

Profesor de Derecho Constitucional de la PUCP 

El TC es una situación novedosa y que data del año 1980. Es recién que en nuestro país se conoce respecto a un Tribunal Constitucional. Lo poco que se había estudiado al respecto era sobre el control difuso. Los primeros sorprendidos con ello fueron los jueces de la Corte Suprema pues se presenta la necesidad de compartir los espacios de poder con el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales.

El origen de nuestro problema es la existencia de un esquema mixto de justicia constitucional. Aunque no nos guste, debemos respetar lo que dice la Constitución, l ual fija 2 sistemas: un Poder Judicial que imparte también justicia constitucional así como lo hace el propio Tribunal.

Nuestro Código Procesal Constitucional asume que los jueces constitucionales son los del Poder Judicial así como los magistrados que integran el Tribunal Constitucional. Ahora bien, no se trata de que un poder esté subordinado al otro. La Constitución no establece esto pues no se fija una relación de jerarquías.

Debemos distinguir hasta 8 instrumentos: 4 procesos de la libertad y 4 orgánicos entre estos últimos, al Poder Judicial le compete la acción popular y el control difuso. Se trata de un mestizaje constitucional.

¿Y quién es el supremo intérprete de la Constitución? El juez constitucional es un doble juez: el juez de los procesos y es guardián de la Constitución.

Hay puntos de concatenación entre el Poder Judicial y el TC: por ejemplo, el debido proceso. La Constitución española entiende en su artículo 24 un tipo de tutela judicial  efectiva que en realidad es una transcripción directa de la Quinta Enmienda de los EE. U.U.

Un último asunto cajón de sastre es lo relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, la misma que a su vez presenta problemas de interpretación. El TC ha extendido el control difuso a sede administrativa, lo que a mi juicio, sino se ha pretendido derivar ello inidóneamente a los tribunales arbitrales.

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