Archive for 11 agosto 2012

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Los estándares de la argumentación jurídica. CAE IUSTITIA. Ica, 12 de agosto de 2012

11 agosto, 2012

 

Estimados amigos:

El Círculo Académico de Estudios IUSTITIA nos ha extendido una gentil invitación para dictar el taller “Los estándares de la argumentación jurídica” el próximo 12 de agosto de 2012 en el Colegio de Abogados de Ica.

El objetivo apunta a desarrollar aspectos prácticos de la argumentación desde una perspectiva procedimental, fundamentalmente a partir de 2 enfoques: la proyección argumentativa del abogado la cual apunta, siguiendo algunas reflexiones de Chaim Perelman, a una tarea de persuasión, en cuanto la retórica, como punto de partida de la idea aristotélica, desarrolla una forma de argumentación. Y un segundo enfoque, que es importante contrastar, desarrolla la tesis de conocimiento racional de la pretensión por parte de los jueces.

Entonces hay una importante contraposición, si seguimos a Guastini: los abogados proyectan una tarea de valoración, elección y decisión de sus argumentos; el juez, perfila una tarea de racionalidad en el conocimiento de esos argumentos. El abogado pretende convencer y debe servirse de la fuerza de sus argumentos, a lo que habría que sumar una prueba idónea; el juez, debe racionalizar esa pretensión, asignándole un valor real. El abogado exterioriza la fuerza de la pretensión, su ímpetu inicial; el juez, le asigna un valor más cercano al real valor material de la pretensión.

Creo que hemos de hacer un interesante ejercicio de contrastes entre ambos tipos de argumentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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Importancia de la argumentación jurídica en el ámbito jurisdiccional. Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte Superior de Justicia de Lima. Lima, 10 de agosto de 2012

10 agosto, 2012

 

Estimados amigos:

La Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima, que dirige el Dr. José Neyra Flores, nos ha extendido una cordial invitación para dictar la ponencia intitulada “Importancia de la argumentación jurídica en el ámbito jurisdiccional”, a desarrollarse hoy, luego de nuestras clases en la Universidad del Pacífico, en el Palacio de Justicia a las 17.30 horas en el marco de las actividades de capacitación de esta importante Corte, la de mayor tamaño en el Perú.

Esperamos correlacionar algunas ideas base de la noción de “pretensión de corrección”  a propósito de la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, sus importantes ideas sobre las 28 reglas del discurso racional y algunos lineamientos base de la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad, así como desarrollar un análisis de entrada de las ideas de “activismo judicial restringido”, esbozadas en la última visita del maestro español Manuel Atienza Rodríguez a Lima en marzo último.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Revista virtual IPSO JURE 18. Agosto 2012. Día del Juez.

9 agosto, 2012

 

PALABRAS DEL DIRECTOR. Edición 18, agosto 2012

 

Estimados amigos:

Con ocasión del Día del juez el 04 de agosto en Perú, creemos que es pertinente y vale realmente la pena destacar la labor de los jueces en su rol de defensores de los derechos fundamentales y qué mejor que destacar esas reflexiones en nuestra entrevista central al Juez Supremo Dr. Francisco Távara Córdova, en su calidad de Juez Supremo, así como enfatizar, en otros trabajos, en esta revista, la importancia del lugar que ocupan los jueces en el Estado constitucional.

A partir de esas reflexiones, consideramos que resulta un tema afianzado desde la doctrina constitucional que el Tribunal Constitucional resulta ser el Hutter der Verfassung (o guardián de la Constitución), así como el supremo intérprete de la Constitución y no solo porque así lo refiere su Ley Orgánica, sino porque ése es el criterio consolidado de la justicia constitucional tanto en sede nacional como en el Derecho Comparado. Ahora bien, advirtamos que se trata del guardián de la Constitución y no del señor de la Constitución- Herr der Verfassung– condición esta última que implica una labor de avasallamiento de la Constitución en perjuicio de la misma. 

Es importante advertir, en esa línea de reflexión, que esas potestades se han afianzado, desde una perspectiva histórica nominal, a partir de la propuesta kelseniana de creación de un Tribunal ajeno al Poder Judicial. 1920 es el año en que entra en funciones el Tribunal Constitucional austriaco y su influencia se ha consolidado en la historia constitucional con creces, a pesar de las diferencias de entornos, funciones y competencias.

Pero es necesario advertir, de igual forma, que frente al control concentrado que se inicia con el modelo de Kelsen, son los jueces del Poder Judicial quienes desde 1802, a partir del fallo Marbury vs. Madison, comienzan a aplicar control difuso, como mecanismo de freno de los excesos de las normas frente a la Constitución y por tanto, históricamente son los jueces de la jurisdicción ordinaria quienes comienzan, antes, a dilucidar las controversias vinculadas, en mayor o menor grado, a los derechos públicos subjetivos.

Pues bien, es esta reflexión la que nos sirve de marco previo para esbozar criterios de partida, solo en perspectiva, sobre la interpretación de la ley ordinaria, la cual efectivamente corre por cuenta de los jueces, en tanto es la interpretación de la Carta Fundamental, potestad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debemos remarcar que éste es un examen solo de efectos generales pues tanto la interpretación de la ley ordinaria como de la Constitución, pueden correr a cargo sea del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, de acuerdo a la controversia en concreto. 

No se trata de exclusiones de orden material pues dado el caso particular, los jueces del Poder Judicial también podrán interpretar la Constitución así como las leyes ordinarias, en tanto que el Tribunal podrá efectuar dichas interpretaciones de rigor. La diferencia está en el nivel de vinculación y en propiedad, vincula la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Carta Fundamental, y a su vez obliga la interpretación que hace el Poder Judicial de la ley ordinaria. Y sin embargo, si esta última interpretación es sometida a control constitucional, debe  primar la interpretación que hace el Tribunal.

Sin embargo, este razonamiento debe admitir algunos matices pues creemos que antes que esbozar una zona exenta de control constitucional, respecto a la interpretación que hace el juez de la ley ordinaria, sí hay un rango inatacable, cual es la restricción al Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, de aspectos como la valoración formal de las pruebas en el proceso civil, o la imposición de una condena en el marco de un proceso regular. Tales aspectos son en principio irrevisables pues acogiendo la fórmula Heck o de prohibición de cuarta instancia, los procesos regulares no son revisables en sede de derechos fundamentales, salvo que exista una vulneración ostensible a un derecho fundamental.

En esa lógica, sí hay un impedimento extraordinario para la justicia constitucional y es objetivamente la imposibilidad de que un proceso regular o una controversia en la cual se hayan respetado escrupulosamente los derechos fundamentales de las partes, pueda ser objeto de nueva discusión.

Bajo estos mismos argumentos, importa entonces el principio del self restraint, o de autocontrol, a fin de que tanto Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ajusten sus decisiones a  los lineamientos marco que inspiran las garantías constitucionales, a fin precisamente de evitar filosofía o moral constitucionales en sus decisiones, siendo exigible que ambos estamentos sepan trazar adecuadamente las fronteras entre el derecho y la política.

¿A qué deben aspirar, entonces, las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Creemos que a relaciones de complementariedad, que busquen tender puentes antes que a materializar los choques de trenes que describe el maestro Pérez Tremps en el ordenamiento español, a propósito de las diferencias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pues bien, esa exigencia de complementariedad demanda que se sigan construyendo adecuados estándares jurisprudenciales cuya vocación sea la de una adecuada delimitación de potestades así como de equilibrio intra instituciones. Ni el  Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional pueden asumir roles invasivos ni irrazonablemente activistas uno respecto de otro y en ello los jueces asumimos una gran responsabilidad. He ahí la cuestión.   

Hasta la próxima edición 

El Director

 

 

INDICE

 

Entrevista al Dr. Francisco Távara Córdova- Juez Supremo

Tema: En el Día del Juez

 

¿Solo bastiones en contra? Una réplica a favor del Poder Judicial

Edwin Figueroa Gutarra

 

Discurso de Orden por el nonagésimo segundo aniversario de Instalación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Ana Elizabeth Sales Del Castillo

 

El proceso judicial en el marco del Nuevo Código Procesal Penal

Emiliano Sánchez Bances

 

¿Cómo se toman las decisiones justas?

Luis A. Lira Apaza

 

La patria potestad y sus límites respecto al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión del menor de edad

Daysi Eliana Bravo Gamarra

 

Lavado de activos y el rol del Notario

Jaime Cárdenas Fonseca

 

Constitución Económica: Desarrollo, Medio Ambiente y conflicto social

Eddie Cóndor Chuquiruna

 

Dos jueces en la historia: Una aproximación a la tutela de los derechos fundamentales bajo el ideal de la función judicial

Gonzalo Cruz Sandoval

 

Nueva Ley de Justicia de Paz: beneficios y deficiencias

Nicolás Inoñán Ventura

 

A propósito del proceso de amparo contra resoluciones judiciales en el Perú

Elia Jovanny Vargas Ruiz

 

El control difuso en la Administración Pública

Sara Verónica Vera Zuloeta

 

La aplicación del principio in dubio pro operario en la valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano

Luis Manuel Sánchez Ferrer Chávez

 

Lógica y argumentación jurídica. Fundamentos iusfilosóficos sobre su relación, complemento e importancia

José Miguel Ballena Ballena

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:  

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b7dbf2004c40a8f7b9ccff7b99635ed1/IPSO_JURE_18.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7dbf2004c40a8f7b9ccff7b99635ed1

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Derecho a la igualdad: a propósito del primer juez invidente en Perú. Artículo y enlace PDF

8 agosto, 2012

 

DERECHO A LA IGUALDAD: A PROPÓSITO DEL PRIMER JUEZ INVIDENTE EN PERÚ 

 

 

 

Los conceptos de discriminación positiva y negativa representan expresiones sustantivas respecto al derecho fundamental a la igualdad. El tratamiento igual entre iguales es compatible con la Carta Fundamental así como el tratamiento desigual entre desiguales es, de la misma forma, constitucional, y ambos aspectos nos reconducen a una vertiente de la denominada discriminación positiva. 

Sin embargo, ¿qué sucede cuando precisamente entre iguales, a partir de una norma, se produce una injustificada diferenciación o discriminación negativa? ¨Pues se afecta ostensiblemente el derecho fundamental a la igualdad, en la medida que no existe causal de justificación suficiente para tratar en forma distinta a quienes expresan una condición similar. 

Por consiguiente, será necesario recurrir a diversos criterios de la jurisprudencia constitucional, como la aplicación del test de igualdad,[1] valioso frente a una norma excesiva frente al derecho a la igualdad. El objetivo será evitar escenarios de discriminación que afecten derechos fundamentales, en la medida que si no concurre una causal de justificación razonable, se produce, a partir de una norma discriminatoria, un tratamiento desigual. 

El test de igualdad y los pasos que el mismo representa, justifican que el raciocinio del juzgador sea explicado procedimentalmente para que luego de las verificaciones respectivas el juzgador se encuentre en condiciones de afirmar que respecto de una norma sometida a control, hay trato igualitario o su vez, trato desigual. 

Dichos pasos son: a) Determinación del tratamiento legislativo diferente; b) Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad; c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin); d) Examen de idoneidad; e) Examen de necesidad; y f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

En términos generales, si una norma introduce un trato diferenciado a determinados destinatarios, debe justificarse un fin de prohibición de discriminación. Esa intervención puede asumir 3 intensidades: grave, media o leve. Adicionalmente, el fin del tratamiento diferenciado debe comprender un objetivo y un fin. Reseña el Tribunal que la finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado. 

Los sub exámenes de idoneidad y necesidad comprenden relacionesmedio-fin y medio-medio, respectivamente.Finalmente, la proporcionalidad- acota el Tribunal- proyectada al análisis del trato diferenciado, consistirá en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. 

El caso del nombramiento del primer juez invidente en el Perú- Edwin Béjar Rojas- cuya candidatura en un anterior concurso fue denegada en razón a su impedimento visual, nos conduce a reexaminar la posición que en su momento asumió el Consejo Nacional de la Magistratura respecto a los candidatos invidentes, tesis hoy ya superada dada la condición de titular de Béjar en una plaza de juez de familia en Cusco en un concurso posterior. 

En lo referido a la determinación del tratamiento legislativo diferente, asumimos que la norma de restricción intervenía en la igualdad bajo estándares de discriminación excesiva. En cuanto a la intensidad de la intervención en la igualdad, ésta era grave, pues impedía el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad en la vertiente de igualdad de condiciones en el acceso a la función pública. En lo relacionado con la finalidad del tratamiento diferente, objetivo y fin, creemos que en el supuesto esbozado por la norma, el estado de cosas pretendido, en cuanto objetivo del trato diferenciado, era la conformación de una judicatura más capaz si el magistrado puede ver, lo cual estaría justificado en la prosecución del principio idoneidad de la judicatura. Constatamos que ello no era así. 

Respecto al examen de idoneidad, el caso Béjar representa que el tratamiento diferenciado adoptado por la norma, no conducía a la consecución de un fin constitucional. De la misma forma, respecto al examen de necesidad o gravosidad, sí existían medios menos gravosos antes que prohibir al candidato Béjar acceder a una función pública, entre ellos, implementar un software especial para el cumplimiento de la labor judicial o fiscal. Finalmente, en cuanto se refiere al examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, tenemos dos derechos en colisión: el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, el cual se satisface en mayor grado, y la potestad reguladora de la Administración, el cual se afecta en grado menor. 

Constatamos pues, a través del test de igualdad, la eliminación de una traba no razonable en el acceso a la función pública. De ahí su enorme importancia.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURIDICA 419, El Peruano, 07 de agosto de 2012

 


 

[1] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  33-41

 

Enlace PDF: http://www.elperuano.pe/Edicion/juridica/419/index.html

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Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional de Piura. Piura, 04 de agosto de 2012.

3 agosto, 2012

 

Estimados amigos:

La Universidad Nacional de Piura nos ha extendido una cordial invitación para dictar el módulo “Derecho Procesal Constitucional” en el Doctorado en Derecho para las próximas 4 semanas, a partir de mañana.

Abordar este módulo siempre abarca nuevos retos pues debemos contemplar como nuevo tema de debate las competencias materiales y procesales de los jueces para la intepretación de la ley ordinaria así como la potestad de interpretación extensiva del Tribunal Constitucional.

Es muy positivo que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional hayan previsto, en reunión reciente, la formación y coordinación de Comisiones Técnicas, a efectos de buscar coincidencias y puntos en común ( Vid http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2012_103.html ), a fin de que no exista un “choque de trenes”, como señala el maestro español Pérez Tremps.

Por el contrario, es necesario y razonable que busquemos efectivamente tender puentes de intercolaboración en la interpretación de las leyes ordinarias y de la Constitución, lo cual de por sí ya resulta útil desde el momento en que hay previsión mutua de ambas instituciones de sentarse a conversar.

Hemos de estructurar nuestra currícula para la incorporación de estos importantes nuevos temas.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

 

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