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¿Solo bastiones en contra? Una réplica a favor del Poder Judicial. Ensayo

5 septiembre, 2012

 

¿SOLO BASTIONES EN CONTRA? UNA RÉPLICA A FAVOR DEL PODER JUDICIAL 

 

Edwin Figueroa Gutarra[1] 

“La sociedad sin gobierno se precipita en el salvajismo; para las personas se torna imposible la libertad, la propiedad y la tranquilidad, y para las naciones, la riqueza, la moralidad y el progreso”.

 PROUDHON, José. “El Estado”[2]

 

INTRODUCCIÓN. 1. EL SISTEMA JUDICIAL EN EL PERÚ. 1.1. La posición contractualista del Estado y el neoconstitucionalismo. 1.2. Sobre la organización de un sistema de justicia 2. DIAGNOSTICO DE LAS CRÍTICAS A LA INSTITUCIÓN JUDICIAL. 2.1. Ideas previas. 2.2. Bastiones en contra del Poder Judicial. 2.2.1. La idiosincrasia judicial ¿el problema es solo de recursos económicos? 2.2.3. ¿Falta de predictibilidad? 2.2.4. ¿Corrupción estructural? 2.2.5. ¿Falta de autonomía? 2.2.6. ¿Lenguaje judicial inadecuado? 2.2.7. ¿Control interno o externo? 2.2.8. ¿Es la carga procesal un mito? 3.  BASTIONES FAVORABLES O BUENAS PRÁCTICAS. 3.1. Justicia anticorrupción. 3.2. Transparencia judicial. 3.3. Buenas prácticas gubernamentales. 3.4. Una apuesta pendiente por la CERIAJUS. 3.5. Ley de Carrera Judicial3.6. El Acuerdo Nacional por la Justicia ¿solo buena voluntad? 3.7. Reconocimiento institucional: Premio a la Excelencia Judicial. 3.8. Por una nueva cultura organizacional. 4. SUMAS Y RESTAS ¿EL SALDO ES INALCANZABLE? 4.1. Un grupo de árboles no es el bosque. 4.2. ¿Qué nos queda por hacer? 4.3. Valores de acción: eficiencia, confianza e institucionalidad. 4.4. Plataformas de acción. IDEAS A TITULO DE CONCLUSIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN

La institucionalización del Poder Judicial como Poder del Estado ha representado, a lo largo de nuestra historia republicana, un permanente conflicto de legitimidad en diversos ámbitos: desde la organización misma como institución representativa del Estado, pasando por procesos de innumerables reformas hasta ítems de desaprobación ciudadana. 

Los resultados sobre las líneas antes definidas en términos de imagen de la institución judicial, es necesario admitirlo, no han sido auspiciosos para este segmento emblemático de la impartición de justicia y por el contrario, lo usual como técnica de descripción de la realidad de los jueces y sus instituciones, ha consistido en el énfasis sobre las falencias operativas, administrativas e institucionales del corpus judicial. Muy pocas veces, y en modo excepcional, se opta por destacar las líneas positivas de la institución judicial, es decir, aquellas prácticas adecuadas que se han aplicado por el Poder Judicial y que nos inducen a reflexionar que el arduo camino de la legitimación en democracia, no solo puede implicar un balance histórico de las claves desmejorativas del cuerpo judicial, sino que resulta razonable, a la luz de la historia, destacar aquellos tramos tangibles que a su vez traducen márgenes de acciones y decisiones positivas. 

La historia del Poder Judicial representa, consecuentemente, un extenso balance de desasosiegos de los ciudadanos no solo en nuestro país, sino en la historia universal, habidas excepciones de los niveles de legitimidad que han alcanzado los jueces en el derecho anglosajón, cuyo nivel de aprobación es ostensiblemente alto y denota, en dicha cultura, un nivel de confianza ciudadana razonablemente alto, en gran medida por la naturaleza de ese sistema. 

Proponemos, a partir de las reseñas descritas, desarrollar en las líneas siguientes, un aporte que ha de destacar las buenas iniciativas del Poder Judicial, así como las propuestas no abstractas sino tangibles y por supuesto medibles, en términos de resultados, así como reflexiones sobre el quehacer judicial. El valor de las mismas reafirma por cierto la forja de la institución judicial en esa búsqueda de legitimidad que es necesario alcanzar.

No dudamos de la solidez relativa de las críticas al Poder Judicial cuando se formulan acusaciones de desigualdad material y formal, o bien cuando no se produce el afianzamiento de una nueva idiosincrasia judicial con relación a los ciudadanos como usuarios finales del sistema de justicia en nuestro país. Son carencias que aún existen y que es necesario diagnosticarlas con suma acuciosidad y no con parcialidad, influidos por el común denominador de la crítica y desaprobación ciudadana como ancla popular. 

A juicio nuestro, esa deuda histórica de la institución judicial para con la sociedad en los rangos de evaluación de gestión, en parte ha sido saldada cuando pretendemos, en este estudio, trazar algunas líneas directrices que informen que lo avanzado en el camino de la legitimación judicial, muestra resultados objetivos, y que la crítica histórica ha recogido mucho de las facetas institucionales negativas. 

Pretendemos afirmar que si bien los antecedentes del corpus judicial extienden una factura por cierto aún impaga en términos de legitimación, también es cierto que el derecho de réplica ante la historia que aspiramos a desarrollar, exige cuantificar las facetas positivas que se han trazado en el devenir de la historia judicial. ¿Cómo realizamos ello? Destacando los valores del Poder Judicial, traducidos en buenas prácticas, y no en perspectiva abstracta sino lo que en el día a día de la atención a los usuarios del sistema judicial, ha merecido una individualización de determinadas metas logradas. 

Es nuestro propósito inicial en la primera parte de este trabajo, destacar algunas líneas de pensamiento sobre el sistema judicial y cómo la teoría contractualista destaca la necesidad del Poder Judicial en el contexto de las bases de formación del Estado. A continuación, en la segunda parte, reflexionamos en modo crítico sobre las principales carencias, no por ciertas todas, respecto al sistema judicial, las cuales son objeto de imputación al corpus jurídico. En el tema tercero, aspiramos a destacar lo que, a juicio nuestro, constituyen una forma de expresión de buenas prácticas, las cuales consolidan, a paso lento pero seguro, un camino hacia una mayor legitimidad. Finalmente, en la última parte es nuestro propósito hacer un balance, deduciendo sumas y restas, a efectos de prever cómo podemos reenfocar la impartición de justicia en nuestro país. Fijamos un trinomio de eficiencia, confianza e institucionalidad como base de acción por una mejora sustantiva del corpus judicial. 

Estimamos que este trabajo hace uso del derecho de réplica en tanto la tendencia usual, en muchos de los estudios serios y de profunda investigación, y por cierto de especialistas conocedores de la dialéctica judicial, recogen mayoritariamente una posición negativa respecto al Poder Judicial, en gran medida explicados por la dimensión de los problemas estructurales de esta institución del Estado. Sin embargo, la línea reflexiva de este análisis opta por cruzar el Rubicón y desde la orilla opuesta, alude a los esfuerzos tangibles en resultados alcanzados por el Poder Judicial. Si metafóricamente Caronte exige el pago de la moneda para el viaje final, existen activos institucionales con los cuales el cuerpo judicial podrá satisfacer saldar el viaje.  

 

1. EL SISTEMA JUDICIAL EN EL PERÚ 

1.1. La posición contractualista del Estado y el neoconstitucionalismo 

La concepción formulada por Montesquieu[3] en su teoría de la separación de poderes, obedeció en mucho a la necesidad de establecer un sistema de organización del Estado, a modo de un contrato social a través del cual se distribuían las funciones de los noveles Estados modernos: un Poder Ejecutivo que gobierne, un Poder Legislativo que legisle y un Poder Judicial que imparta justicia.

El contrato social como paradigma que rompe los vínculos de pensamiento estático y se desfasa de la homogeneidad ideológica medieval, es planteado en modo inicial por Thomas Hobbes,[4] para quien el hombre es lobo del hombre (homo homini lupus) y el estado de guerra entre los hombres es permanente( bellum omnium contra omnes o guerra de todos contra todos) .A su turno, John Locke,[5] padre del liberalismo moderno, sigue el afianzamiento del contractualismo para destacar la importancia de la propiedad como un valor fundamental en todo Estado. Su planteamiento, de modo más amplio, consiste en que la soberanía emana del pueblo, que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres, anteriores a la constitución de la sociedad. Con esas bases, Jean Jacques Rousseau,[6] en esencia contractualista pero bajo una premisa distinta, propone que el hombre nace bueno pero que la sociedad lo corrompe. Aduce, en el libro IV de su obra, sobre bondad y rectitud de los hombres sencillos, que éstos necesitan pocas leyes. Sobre los jueces, Rousseau[7] señala que “la relación de los magistrados con el gobierno debe ser inversa  a la relación de los súbditos con el soberano”. 

Los dos primeros autores, Hobbes y Locke, emblemáticos para la teoría del Estado que se forja a partir del siglo XVII, crean en Montesquieu, hacia 1748, el convencimiento de establecer la necesidad de que el pacto social tiene como resultado lógico la separación de poderes y la exigencia de que el poder sea administrado desde diversos estamentos del Estado. A su turno, en 1762, Rousseau consolida su proposición de que a través del pacto social, la figura del Rey ya no podía concentrar todos los poderes[8] en razón de la necesidad de un nuevo ordenamiento del Estado. Adquiere entonces carta de ciudadanía, dentro de esa línea de descripción de la realidad, que es a los jueces a quienes les corresponde el rol de impartir justicia, bajo la premisa de aplicar estrictamente el sentido, objeto y voluntad de la ley. 

El juez del Estado contractualista, acusado de desconfianza por los ciudadanos que promueven la Revolución Francesa, es un juez solo aplicador de la ley, únicamente ceñido a su Código y a los hechos expuestos en el caso, prohibiéndosele hacer interpretación,[9] bajo pena inclusive de cárcel. La confianza hacia el juez se mueve entonces en dos ámbitos: de un lado se advierte la necesidad de que sea un poder imparcial quien imparta justicia, y de otro, sus facultades de aplicar la ley, debían circunscribirse solo al caso concreto y no juzgar más allá de la ley. 

Los jueces en el Estado neoconstitucional[10] de hoy, en el esquema propuesto por el profesor Prieto Sanchís de la Universidad de La Mancha, asumen un nuevo rol e imparten justicia inclusive sobre las bases de un Estado jurisdiccional que, a juicio de Karl Schmitt, involucra un decidido protagonismo de los jueces. Schmitt[11] afirma “la última palabra la pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas”. No se trata de un rol clave solo como decisores racionales de las controversias jurídicas, sino como intérpretes del Derecho en modo extensivo.[12] Esta característica es basilar para entender el rol de los jueces hoy y ha de constituir criterio de referencia para el resto de nuestro trabajo, es decir, cómo los jueces, intérpretes de la ley y la Constitución, implican una fortaleza para el nuevo sistema judicial, en un largo camino hacia la legitimación de la institución. 

A modo de idea resumen, coincidimos plenamente con Julio de Zan,[13] quien señala: “La figura del juez y la función judicial pueden considerarse como una de las más antiguas en las sociedades humanas. El juez sirve al derecho y las instituciones, pero la conciencia del derecho no se hizo reflexiva sin la personificación de la justicia en la figura del juez. En tal sentido, el juez como el derecho, son más antiguos que todas las otras instituciones; existieron incluso antes que las leyes”. La cita aludida es propicia para nuestro estudio.  

 

1.2. Sobre la organización de un sistema de justicia  

Definidas las bases primigenias del Estado contractualista, la organización del Poder Judicial en el Perú ha seguido la tendencia a una separación de poderes que en buena cuenta hoy representa un equilibrio de poderes.[14] La figura del equilibrio de poderes resulta necesaria en la medida que los estamentos del Estado interactúan recíprocamente y unas veces, el Poder Judicial imparte justicia, mas otras, cumple funciones administrativas en lo que a su gobierno interior concierne, legislando vía normas infraconstitucionales lo relativo a su marcha institucional.[15] De igual forma, los Poderes Ejecutivo y Legislativo no solo cumplen funciones de gobierno y legislación, sino actúan en una fórmula de equilibrio inter- órganos, controlándose mutuamente, en lo que ha venido a llamarse como nueva teoría del Estado, la propuesta de que son funciones las que caracterizan al Estado y no poderes.

Bajo las premisas acotadas, la organización del sistema de justicia goza de fórmula constitucional en nuestro medio, basada en los artículos 138 y siguientes de la Constitución,[16] y cuya ancla medular es el artículo 139 de la Ley de Leyes,[17] relativa a los principios y derechos de la función jurisdiccional. Estos criterios de naturaleza basilar constitucional conducen actualmente la institución judicial sobre la premisa de que implican los criterios guía de contenidos conceptuales y procedimentales que informan la impartición de justicia.

En suma, el Poder Judicial como institución, función, poder y signo de equilibrio para el Estado, es necesario para la resolución de conflictos y controversias jurídicas. De allí que resulte necesario interiorizar la idea de que debe ejercer su actividad con independencia, autonomía y eficiencia, no como ideales abstractos sino como signos de control dinámico en su quehacer diario.   

 

2.  DIAGNOSTICO DE LAS CRÍTICAS A LA INSTITUCIÓN JUDICIAL

2.1. Ideas previas

Referirnos a las críticas al Poder Judicial puede constituir un capítulo interminable. Muchas de las valoraciones desaprobatorias inciden en supuestos estructurales que refieren criterios ancla de suyo inmodificables, en la más severa de las posturas. Sin embargo, conviene para fines de nuestro estudio, referirnos a aquellos balances disfuncionales que podemos considerar los segmentos más representativos de los cuestionamientos a la institución judicial. 

Para el fin antes acotado, hemos creído conveniente dirigir nuestros planteamientos sobre la base de un trabajo desarrollado por Eduardo Dargent Bocanegra,[18] quien a juicio nuestro, diagnostica significativas falencias del Poder Judicial en el año 2005, mas a base de información que denota ciertas omisiones de campo que es necesario poner de relieve, principalmente porque el referido ensayo, ganador del primer puesto respecto a cómo mejorar la administración de justicia en el Perú, necesita ser contrastado con las prácticas institucionales cuyo contenido conceptual informa de procedimientos que consolidan, progresivamente, que la institución judicial está cambiando de sitio. 

 

2.2. Bastiones en contra del Poder Judicial 

2.2.1. La idiosincrasia judicial ¿el problema es solo de recursos económicos? 

Dargent acusa como una grave tara estructural del Poder Judicial que éste “es incapaz de cumplir con la función que le compete en una democracia liberal: ser un servicio que garantice la igualdad y libertad de todo ciudadano”. Esta reflexión tiene lugar en el contexto de que la propuesta homogénea ideológica del corpus judicial, reside en que solo se puede realizar una reforma judicial si existe mayor presupuesto y que mayores e ingentes recursos son absolutamente necesarios para una reforma judicial. 

Convenimos en que el problema presupuestal no es único. Constituiría una grave falacia y la proclamación de un sofisma que invocara el Poder Judicial que solo a través de un adecuado presupuesto, se puede corregir las falencias operativas del cuerpo judicial. Más aún, un mayor presupuesto sin las calidades directrices necesarias y mínimas suficientes, coincidimos en ello, puede conducir a un derroche inadecuado de recursos. 

Hernández Breña[19] ya manifestaba con acierto las incidencias del tema presupuestario del Poder Judicial al referir” “Pese a las bondades del presupuesto como instrumento que impone un orden a los objetivos y las prioridades del Estado, el contar con mayores recursos no implica necesariamente una mejora en el desempeño institucional”.   

Sin perjuicio de lo afirmado, creemos encontrar una respuesta plausible en el Derecho Comparado- y esto no involucra en modo alguno alejarnos de la realidad peruana- cuando observamos que algunas experiencias presupuestarias del Poder Judicial en la realidad europea y norteamericana, con instituciones judiciales fuertes, nos convencen de que el problema presupuestario no es decisivo pero sí contextualmente de mucha utilidad para una gestión óptima. 

Por ejemplo, en EE.UU., el sistema de justicia, cuyo presupuesto 2007 fue ostensiblemente sólido,[20] salvando por cierto las diferencias de una población de más de 300 millones de habitantes con relación a nuestro país, permite la función de 1769 jueces federales y 30,711 jueces estatales,[21] en todos los Estados de la Unión. Inclusive, las remuneraciones judiciales[22] difieren sustancialmente respecto de las que perciben los jueces peruanos.

Ahora bien, nuestra persuasión se reafirma en cuanto a que el tema presupuestal no implica el único eje de propuestas del Poder Judicial. Sin embargo, no podemos negar que un Presupuesto idóneo permite un funcionamiento más eficiente del Poder Judicial, llevando el sistema de impartición de justicia a todos los ámbitos del territorio nacional, y dotándolos de herramientas procedimentales entre mobiliario, funcionamiento en lugares adecuados y personal debidamente capacitado y al cual hay que imbuir de la importancia de su tarea en un contexto de servicio público, pues eso es la impartición de justicia, exigible en todos los niveles, desde los jueces supremos hasta los jueces de paz, sin distingos de rango y por cierto, en la obligación uniforme de pleno respeto de las libertades ciudadanas.    

¿Y qué se necesita en adición a un buen presupuesto? Sin duda, calidad gerencial y de mayores perspectivas así como de experiencias tangibles a este respecto. En el año 2008 se produjo una experiencia positiva, entre muchas otras afines,[23] al producirse un convenio de cooperación[24] entre el Banco Mundial, el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura con sede en Lima, y el Poder Judicial, a fin de hacer posible que un número considerable de funcionarios del sector justicia, mayoritariamente magistrados de segunda instancia y jueces supremos, pudieran participar en un Programa de Alta Dirección y Gerencia para el sector justicia en la ciudad capital. ¿Alta Dirección y Gerencia? Pero ¿acaso los magistrados conducen empresas? Evidentemente que no, pero sí dirigen sus Despachos y Salas, y como tales, son directores inmediatos de sus áreas, y son los llamados a establecer líneas directrices para razonar con calidad gerencial desde la perspectiva del Despacho Judicial. 

Y objetivamente ¿puede un curso de largo aliento como el descrito, cambiar la idiosincrasia de los jueces? Sin duda que no en forma radical, pero la contribución de estas capacitaciones, fue más que notable pues implicó una de las primeras experiencias institucionales, esencialmente descentralizadas, a fin de involucrar a un alto número de magistrados en el manejo de la institución judicial como un gobierno de personas, así como el direccionamiento adecuado de recursos y procesos logísticos en un contexto de escasos recursos, experiencia sin duda valiosa para afianzar progresivas mejoras en el corpus judicial. 

A este respecto nos parece importante añadir que no podemos perder la perspectiva de la importancia de la capacitación en el sector judicial. No debemos hacer a un lado el horizonte de que[25]El mejor abogado no necesariamente es el mejor juez; sin embargo, el mejor abogado es la materia prima para formar los mejores profesionales en la administración de justicia”. Esta reflexión destaca formar a los abogados con miras a desempeñar responsabilidades jurisdiccionales, un ítem muy poco trabajado en las Universidades. Entonces el abogado que desea ser juez, usualmente ya graduado, busca capacitarse para afianzarse como candidato a una plaza de juez. Esto constituye una línea de capacitación externa. 

Esta experiencia formativa de Alta Dirección se repite en el año 2012 a través de otro Programa impulsado por el Poder Judicial, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia PMSJ y la Universidad del Pacífico, a efectos de poner nuevamente de relieve la importancia de que los magistrados y otros altos funcionarios del Sector Justicia, se afiancen en temas de gestión[26] como Políticas Públicas, Liderazgo y Management, Gestión del Cambio, Dirección Estratégica, Administración Efectiva del tiempo, entre otros cursos. 

¿Y la capacitación interna? Muchas Cortes del país, cuando no funcionaba aún un presupuesto de formación,[27] optaban por recursos propios para ejecutar una actividad de capacitación. Más aún, un grupo de magistrados de Cortes alejadas del país optó por implementar la formación a través de videos grabados, esto es, bajo la pauta de adquirir videos de conferencias en la Academia de la Magistratura, y luego incentivar la participación de paneles de discusión sobre las conferencias escuchadas, con participación de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, así como abogados. Así, un ponente de primer rango de la capital, podía ser escuchado en localidades alejadas del país, sin que la inversión pudiera ser cuantiosa e inalcanzable. Para ello solo se necesitaba una dosis de convicción, imaginación y perspectiva de que un grupo de magistrados está persuadido y piensa que debe dar más de lo que recibe. 

Por otra parte, la Academia de la Magistratura viene ejercitando una labor de capacitación sustancialmente descentralizada, con visos de mejoras sustantivas. Ya no es requisito viajar solo a Lima para cursos de largo aliento y gran envergadura. Hoy, los Programas de Ascenso PCA y de Formación de Aspirantes PROFA, tienen lugar en las sedes descentralizadas como Lambayeque, Arequipa y Cusco, y eventualmente, se impulsan programas en otras localidades alejadas. 

Entonces, la idiosincrasia judicial pasa por la inferencia palpable de que la capacitación es una herramienta indispensable para un nuevo perfil de magistrados. Afirmar lo contrario y que las subculturas de desigualdad gobiernan el corpus judicial, es una verdad parcial. Objetivamente, todas las instituciones tienen buenos y malos elementos. En cuanto a estos últimos, abrumadoramente pocos, y frente a los cuales hay consenso de que se debe cerrar filas para su desafuero funcional de la institución, pues aún con mayor presupuesto y capacitación constante respecto de dichos servidores, es más que difícil producir cambios reales y beneficiosos. 

En ese orden de ideas, la generalización de una idiosincrasia judicial contraria a los ideales de igualdad y libertad, resulta no ceñida en su integridad a la realidad, sobre todo por cuanto las críticas son de orden sustancialmente académico, mas es necesario ser juez en el día a día, vivir e interiorizar las angustias y preocupaciones de los litigantes por audiencias en las cuales la imparcialidad es característica común de los actos procesales desarrollados y sentir la satisfacción de que se cumplió un buen servicio al dictarse una decisión que puede catalogarse mínimamente de justa, para poder emitir un juicio de valor principalmente objetivo. Es bajo estas condiciones que puede efectuarse un mejor diagnóstico de una idiosincrasia judicial que hoy puja por afirmarse de mejor forma en la estela del ordenamiento jurídico. 

Es posible concluir entonces que garantizar un servicio con igualdad en el trato y libertad del ciudadano, constituye  también un acto de interiorización y convicción en la expedición de fallos, desde la premisa de que los procesos judiciales implican tratar a personas, muchas veces en forma directa a través de las audiencias, y de modo mediato, cuando se ejerce actividad revisoria.

No es nuestra intención negar la falta de cumplimiento del principio de igualdad de trato o de afectaciones a las libertades de los ciudadanos, lo cual es signo minoritario, o afirmar que no existe una idiosincrasia anti- valores, lo cual es objetivamente aislado, mas a juicio nuestro, tales carencias, aún existentes pero en focos minoritarios, obedecen a un problema de percepción de valores de los magistrados no identificados con la entidad judicial. Por oposición, los jueces involucrados con su institución, los cuales representan una significativa mayoría, son muchos, y la determinación de prácticas aisladas contrarias a los derechos fundamentales de igualdad y libertad, no imponen en modo alguno una línea o tendencia mayoritaria. Afirmar lo contrario significaría hacer un análisis parcializado de la realidad.  

 

2.2.2. ¿Leyes inadecuadas? 

Se imputa el Poder Judicial escudar actuaciones inadecuadas en leyes que no norman en forma debida la actuación de este Poder del Estado. Sin duda, una ley constituye una expresión del esquema subsuntivo aplicativo del silogismo jurídico. Con propiedad, a un mandato racional corresponde un resultado igualmente congruente. Sin embargo, hoy en día la interpretación de la ley es un tema que ha rebasado, de manera amplia, los límites de la norma, para impulsar, desde los estándares interpretativos que fija el Tribunal Constitucional, un criterio de interpretación extensiva en la cual, se supera el positivismo jurídico tradicional para el cual la ley es solo punto de partida y de llegada. 

Hoy no es excusa válida, en modo alguno, una ley inadecuada para no resolver una pretensión jurídica, en la medida que si se trata de una ley incompatible con un mandato constitucional- expresión de una ley inadecuada- el juez opta por aplicar el control difuso previsto por el artículo 138 de la Constitución.[28] Y si no existiere una situación de aplicación del control difuso, la opción subyacente es la aplicación de una interpretación amplia que, en buena cuenta, ha de recoger principios de interpretación constitucional,[29] métodos de interpretación como la ponderación de intereses[30] y la aplicación del principio de proporcionalidad,[31] los cuales constituyen medios de reforzamiento de una opción interpretativa amplia que aplican los jueces constitucionales en muchos procesos de tutela de derechos fundamentales,  que un sector de la judicatura peruana ha incorporado en sus decisiones en atención a la doctrina jurisprudencial que la lectura de la Constitución autoriza. 

¿Y acaso podríamos afirmar que se trata de solo una alternativa interpretativa y que por dicha razón, no represente un común denominador en las decisiones judiciales? Advirtamos que el presente ensayo desarrolla algunas líneas directrices en el buen sentido de que es objetivo nuestro propósito de destacar las iniciativas que van consolidándose como prácticas razonablemente buenas en el camino. No podríamos argüir que la sola propuesta de nuevas herramientas interpretativas por sí solas, son un medio de garantizar la superación de la valla de leyes inadecuadas pero en buena forma, representa un camino mejor trazado una adecuada aplicación del control difuso, respecto al cual el Poder Judicial ya se ha legitimado más de una vez.[32] 

No podemos argüir tampoco, no sería justo, que la falta de solución de los problemas jurídicos en el seno de la justicia ordinaria, pudiera corresponder a un sistema procesal insuficiente. En buena cuenta, las carencias procesales, sean éstas incompatibilidades o lagunas, pueden superarse, como ya muchas Cortes lo hacen en el país, a través de herramientas garantizadoras de los derechos fundamentales como los aludidos criterios de interpretación constitucional.    

 

2.2.3. ¿Falta de predictibilidad? 

Las decisiones predecibles son un óptimo ideal en el derecho. Se busca y procura que los jueces dicten resoluciones similares en condiciones cercanas entre dos situaciones sustancialmente similares que exigen un pronunciamiento. Hacerlo en contra afecta la predictibilidad de que deben estar impregnados los pronunciamientos   jurisdiccionales.

La predictibilidad como categoría denota el ideal de uniformidad en las decisiones de los órganos jurisdiccionales en el derecho; de la misma forma, la predictibilidad cultiva la confianza del ciudadano en sus autoridades jurisdiccionales a fin de que las condiciones generadas en un caso y que ameriten un pronunciamiento del órgano jurisdiccional en otro caso sustancialmente similar, sean a su vez tratadas de la misma forma por otro órgano jurisdiccional, si las condiciones de uniformidad del caso son las mismas. 

El planteamiento alude entonces a un tema de confianza en razón de que va a resultar predecible, en condiciones normales, que si las circunstancias a, b y c del caso “x” merecieron un resultado determinado, entonces dichas circunstancias, a b y c en el caso “y”, igualmente serán objeto de un pronunciamiento motivado con los mismos resultados. 

¿Qué sucede en casos de sentencias disímiles, cuyos resultados contradictorios dicen que no ha habido un trato similar? El corpus  judicial ha estimado el problema de la predictibilidad en el fomento de los Plenos Jurisdiccionales,[33] a fin de uniformizar  los criterios jurisdiccionales, los cuales se han venido desarrollando en forma sostenida en la perspectiva de estandarizar las soluciones jurídicas en la impartición de justicia. Los Plenos obligan en esencia a los jueces a resolver en base a reglas de uniformidad y ello resulta adecuado en el contexto de un Estado Jurisdiccional.  

La predictibilidad logra vencer, en gran medida, los aludidos problemas de libertad y legitimidad que se imputan al corpus judicial, en tanto si bien es cierto que de un lado, los jueces sujetan sus decisiones a sus propios precedentes judiciales y aquellos de orden vinculante que establece el Tribunal Constitucional en su interpretación de la Carta Magna, de otro lado, se combate problemas de incompatibilidad y lagunas en cuanto se aspira a una uniformidad en el Derecho y se reduce ostensiblemente un malentendido criterio discrecional abierto que bien podría traslucir una alta discrecionalidad.   

Según la Gerencia General[34] del Poder Judicial “La generación de precedentes jurisprudenciales es vital para mejorar la labor judicial, hacer frente a la sobrecarga procesal, potenciar la credibilidad ciudadana y seguridad jurídica en el país.” En tal perspectiva, la difusión de Plenos Jurisdiccionales es ya una política permanente de trabajo.

 

2.2.4. ¿Corrupción estructural? 

Abordar que la corrupción es general y que la idiosincrasia del juez se enfoca hacia una falta ostensible en la conducta ética que implica resolver con sujeción a prebendas, constituye uno los renglones menos ajustados a la realidad que experimenta el corpus judicial. En efecto, si bien es cierto que las estadísticas admiten aún una alta desaprobación del Poder Judicial por parte de la ciudadanía, y aún cuando desde que se implementan estadísticas de la gestión judicial, el pico más alto de aprobación al Poder Judicial reconformado, de un tercio de la población, corresponde al retroceso democrático de 1992, sin perjuicio del alto respaldo ciudadano al autogolpe.[35] En 2012, sin embargo, algunas encuestas de aprobación nuevamente bordean el 30%.  

En esa forma, hemos de admitir que existe, en la misma forma que el alto estándar de aprobación, un problema de percepción por parte de la ciudadanía. Proponemos con ello afirmar que el Poder Judicial no ha “llegado” al ciudadano en la forma esperada. Al respecto, en vía de autocrítica, es razonable señalar que las propuestas de implementación de cambios propiciados desde el interior del corpus judicial, y los resultados tangibles en ciertas prácticas judiciales positivas, no han tenido la llegada esperada con el mensaje de impartición de justicia a nivel de buenos resultados, en la opinión ciudadana. 

No podremos negar, no es nuestra intención, que eventualmente existen focos de corrupción aislados y que la labor de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA, ha denotado una severidad singular en la aplicación de medidas de suspensión respecto a faltas previsiblemente graves. Sin embargo, es necesario señalar, en aras de un correcto redimensionamiento del problema, que una parte representativa de las medidas de suspensión de OCMA, ha sido objeto de revocatoria por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Ello en modo alguno implica avalar la corrupción, la cual desde ya denostamos, mas es prudente precisar que un análisis frío, racional y objetivo de las faltas cometidas por magistrados y auxiliares procesados, ha sido objeto de una ponderación, a nuestro juicio más equilibrada, por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano jerárquico superior y revisor respecto de las decisiones de la OCMA, y la decisión mayoritaria de aquel órgano, ha estimado como juicio de valor, el cese de varias medidas cautelares de suspensión y ello, en la razonable previsión de que las sanciones, por una cuestión de equidad, deben tener lugar, bajo una lógica procesal, una vez concluido el proceso investigatorio, oído el magistrado para ejercer su defensa, salvo excepciones de inconductas de función notoriamente incompatibles con el desempeño ético de los magistrados.

La generalización de las medidas cautelares de abstención, en buena cuenta de suspensión, rompen el conjunto de principios que, con rasgos adversariales, rigen el proceso penal: inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. Sin perjuicio de ello, si la falta es gravísima, como hemos señalado supra, convenimos en la aplicación de la sanción respectiva. Por oposición, el rango general, de última ratio, debería manejar el estándar de aplicar medidas cautelares de abstención solo, como manifestamos, para las situaciones disfuncionales de manifiesta gravedad.      

 

2.2.5. ¿Falta de autonomía? 

La falta de autonomía puede ser entendida como la interferencia o presión para la obtención de resultados en las decisiones de los jueces. Podemos aseverar, juiciosamente, que la ausencia de autonomía rompe el principio de imparcialidad que caracteriza la función judicial, mas ubiquemos la dimensión del cuestionamiento en su real nivel. 

No podemos manifestar,  tangiblemente, una falta de autonomía si no aludimos al contexto formativo del juez. La formación ética y moral de los jueces desaprueba la falta de autonomía de los jueces y las manifestaciones emblemáticas de autonomía la constituyen ejemplos de independencia de criterios en las tareas de los jueces y a su vez, igualmente por parte de los fiscales,[36] signos de que la autonomía es una convicción exigible en las tareas diarias de los magistrados. 

La crítica a la falta de autonomía puede ser igualmente entendida como una concepción vertical de la justicia, en el sentido de que los jueces subordinados pudieran eventualmente acceder a las presiones de sus superiores. Es nuestra posición que esto representa igualmente una práctica aislada por una razón muy poderosa: hoy en día hay más jueces titulares que provisionales y supernumerarios, situación totalmente distinta a la década de los 90, en específico 1998., año en el cual[37]” alrededor del 20% de los jueces son titulares, en tanto que el 80% restante corresponde a magistrados provisionales y suplentes.” Como podemos apreciar, hoy tenemos una situación precisamente inversa en la cual en promedio hacia 2012 existe un 80% a 90% de jueces titulares. 

Y es pertinente acotar que el juez titular no debe su nombramiento sino a un concurso público de méritos en el cual se vencen las vallas de evaluaciones escritas, curriculares, de entrevista personal y votación calificada. ¿Podemos entonces sostener que un juez titular pueda verse víctima de una concepción vertical de la justicia, en la premisa de que los superiores ejerzan actos de presión sobre los subordinados? Insistimos en que ésta no es una práctica usual en el Poder Judicial de hoy, afianzado con un alto número de jueces titulares.   

 

2.2.6. ¿Lenguaje judicial inadecuado? 

La abstracción de las resoluciones judiciales y su falta de llegada a la ciudadanía en términos claros, sencillos y de eficaz comunicación, es un conflicto que se va superando progresivamente.[38] 

Una experiencia  positiva en este rubro, consiste en la publicación del Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales, a cargo de Ricardo León Pastor,[39] precisamente orientado a hacer más eficaz la comunicación judicial. Se trata de un estudio que busca poner al juez en el lugar del ciudadano al momento de recibir una decisión judicial y como tal, busca que el usuario del sistema de justicia conozca aquello que transmite el juez el términos directos, claros y sencillos. 

De otro lado, la práctica de muchas Cortes del país, cuyas sentencias constitucionales se van publicando en el diario oficial El Peruano, son otra evidencia manifiesta de que el tema del estilo de redacción, va implicando cambios favorables, en parte bajo la pauta que ha establecido el Tribunal Constitucional a través de un esquema más “amigable” de composición.[40]

Convenimos en que el juez se aleja de su deber de comunicar eficaz y eficientemente[41] los alcances de su decisión si sigue recurriendo al estilo “sábana” de redacción, y si se produce un exceso de argumentación altamente abstracta. Sin embargo, no perdamos de vista que los conflictos complejos exigen un nivel prudente de abstracción en la medida que las controversias requieren un análisis exigente de las pretensiones jurídicas que involucran a las partes y los tecnicismos se justifican si es necesario realizar un profundo examen de las pretensiones. En ese norte de reflexiones, una buena argumentación es aquella que racional y razonablemente recurre a la doctrina del derecho y al examen minucioso de los hechos para que, contrastada con la interpretación de la ley, se produzca la comunicación de una decisión en términos de claridad, orden y sencillez.    

 

2.2.7. ¿Control interno o externo? 

En el tema de control debemos igualmente decidir si las tareas de fiscalización funcional de los jueces deben ser de orden interno, en cuyo caso el control corresponde a magistrados, o bien de carácter externo. La propuesta más extendida en este aspecto consiste en que el control corresponda, en materia de responsabilidad funcional, a órganos externos como el Consejo Nacional de la Magistratura. 

La propuesta guarda mucho de razonabilidad en tanto el control entre pares, es decir, magistrados que evalúan a magistrados, pudiera eventualmente verse impregnado de factores de cercanía, amistad y hasta compañerismo, y tales factores no deben prevalecer en un proceso de control. Sin embargo, ¿Por que la fórmula no es mixta? ¿Por qué dejaría de ser razonable que el control mixto signifique que, en órganos colegiados, la imposición de sanciones, las decida un ente que reúna las condiciones de análisis externo, pero que a su vez, involucre el concurso de un magistrado, sobre la base de un Colegiado de tres o más miembros, que pueda distinguir realmente si se produjo una situación disfuncional o si bien concurrieron otras causas que no ameritan imposición de sanción? 

Un sector importante de magistrados conviene en que el control debe ser racional, que debe procurar, de igual forma, buscar fórmulas de equidad en la aplicación de sanciones, sin hacer a un lado la severidad para cuestiones de conducta disfuncionales graves, mas es importante rescatar la cuota de equilibrio que implique evitar extremos: el rango de control interno solo entre magistrados, es decir, inter partes, y la evaluación externa que pudiera, esperamos que no sea así, distinguir una sanción donde realmente no existe una causal de responsabilidad funcional.        

 

2.2.8. ¿Es la carga procesal un mito?   

Resulta relevante reflexionar en qué forma nos hemos ido formando juicios de valor sobre un tema tan sensible como la carga procesal, el cual, en nuestra opinión, es uno de los temas de mayor incidencia en la tarea jurisdiccional.

En una investigación minuciosa sobre este ítem, Hernández Breña[42] logra explayarse exhaustivamente sobre las creencias o mitos que se tejen en torno a la carga procesal, estableciendo factores exógenos y endógenos que cuestionan ciertas creencias comunes respecto a la “carga procesal”. Constituye parte de su propuesta el uso de “parámetros objetivos, cuantitativos, medibles, verificables y confiables”, con el fin preciso de generar información útil para la toma de decisiones. 

En adición a ello, Hernández Breña cuestiona el supuesto de que “cada año ingresan muchos más casos al Poder Judicial” y afirma que el promedio constante de ingresos de expedientes, entre los años 1999 y 2006, se ha mantenido constante en 1 millón 65 mil expedientes, lo que denota que no ha habido incrementos sustancialmente importantes de mayor carga procesal en los años referidos. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto a la carga de expedientes por resolver, la cual sí muestra objetivamente incrementos progresivos: en el año 2001 llegaba a 533 mil expedientes en tanto que el 2005, llegó a 1 millón 146 mil expedientes. ¿Qué ha sucedido al respecto? ¿Significa ello que la carga procesal tiende a ser constante y que, por oposición, el número de casos que no llega a resolverse oportunamente, va en evidente incremento? No obstante ello, el supuesto de aumento progresivo se ha roto en el año 2006, atendiendo a que el número de expedientes por resolver en dicho año, presentó una reducción a la cifra de 1 millón 102 mil expedientes.

En relación a lo señalado y sin que esto signifique una exigencia de mayores recursos, una realidad tangible la constituye la precisión de que el ratio peruano promedio del binomio habitantes- magistrado es para Perú, de 7.7 jueces por 100,00 habitantes, en tanto que el promedio propuesto en el contexto internacional es de 10 jueces por cada 100,000,[43] superándonos largamente Europa,[44] y en ello, sí reside la diferencia de que debemos nivelar el ratio peruano con el rango internacional, no bajo la perspectiva de solo incrementar personal sino porque así se imparte justicia en los modelos judiciales desarrollados. Es inclusive necesario compararnos en número de jueces con nuestros países vecinos.[45] 

La reflexión antes puntualizada perfila otra inquietud: ¿hay un ratio ideal de producción por magistrado? No hay un estándar razonable y cierto en la práctica procedimental,[46] en razón de que tienen lugar muchas circunstancias complejas para la determinación del nivel de producción. En vía de ejemplo, un proceso penal con 149 coacusados[47] y que requiere se emita sentencia en juicio oral, una vez sentenciado, es contabilizado, a efectos de producción, como un solo expediente, al igual que un proceso de obligación de dar suma de dinero, cuya duración puede ser ciertamente corta si hay conciliación, también representa un solo número a sumar. Lo señalado evidencia que no existe una relación de proporcionalidad entre las cifras estáticas de producción y la complejidad de cada proceso. 

Señala Hernández[48]: “Países como Holanda o Alemania han abandonado esa visión tradicional; conforme a criterios técnicos, allá se pondera ahora la carga procesal según su complejidad. Por esa vía, las estadísticas toman mucha mayor racionalidad no solo para la fijación del nivel máximo de expedientes que cada juzgado puede racionalmente tolerar, sino también porque ello transparenta y vuelve más lógica la medición del trabajo del juez, de modo que se convierte en una poderosa herramienta de decisión. No es así como funciona el Poder Judicial en nuestro país, pero debería.”

Implementar entonces factores de medición especializados resulta una exigencia a fin de contrastar en qué medida un juez produce decisiones al interior de su Despacho. 

 

3.  BASTIONES FAVORABLES O BUENAS PRÁCTICAS

3.1. Justicia anticorrupción

Una de las facetas que mejor muestra la evolución de una justicia cuando menos autónoma, independiente y respetuosa de las garantías que conciernen al debido proceso, reconocido así por tirios y troyanos, es la realización de los juicios por corrupción en el seno de tribunales constituidos a dedicación exclusiva para estos fines.

La justicia peruana ha logrado aquí un alto nivel de legitimación en tanto se ha producido el juzgamiento de un considerable número de personas,[49] sin distingos de su posición ni poder político. El juzgamiento de un ex Presidente Constitucional de la República y la aplicación de una severa sanción por afectaciones graves a los derechos fundamentales a la vida, constituye una muestra ostensible de que la justicia peruana evoluciona hacia horizontes de mayor legitimidad. 

En tiempos remotos anteriores a este juzgamiento.[50] hubiere sido poco previsible el desarrollo de un proceso a un ex mandatario con todas las garantías de imparcialidad,[51] amplio respeto por el debido proceso y una motivación justificatoria amplia de la decisión del Tribunal que juzgó al ex Presidente. Sin embargo, para conocimiento de la comunidad jurídica internacional, tal juzgamiento se produjo en condiciones de observancia plenas por el derecho a la defensa y al contradictorio por parte del procesado, y así lo reconoció en su momento la crítica internacional.[52] En consecuencia, sí fue viable la ejecución de un mega proceso en condiciones de imparcialidad, equidad y observancia por los derechos fundamentales del acusado ex alto dignatario. Ello debe persuadirnos de que la justicia, en la imagen ciega que se grafica de ella, no puede aplicar distingos frente a quienes juzga y que el deber de resolver sin influencias externas,  es una propuesta materializable en el seno de un Estado Democrático y Social de Derecho.       

 

3.2. Transparencia judicial 

Los Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales,[53] proyecto auspiciado por la Comisión Andina de Juristas, representan, dentro del concepto de auditoría social, una de las mejores iniciativas respecto a las decisiones de los jueces en términos de transparencia y acceso a la información, a efectos de lograr un afianzamiento de la predictibilidad de las decisiones judiciales. 

El proyecto consistió en colgar en la web las resoluciones de los magistrados inscritos para este fin, a efectos de que todo ciudadano pudiera acceder a las líneas jurisprudenciales del juez cuyo historial de decisiones, entre autos y sentencias, era publicado en la web. De esta manera, era posible establecer un  rango de predictibilidad sobre las decisiones de ese juez, es decir cómo en vía de ejemplo, evaluaba la figura del ilícito de robo agravado, y conforme a ese criterio, era posible deducir cuál iba a ser la línea de pensamiento a aplicar a futuro respecto de un caso sustancialmente similar a aquel que parecía registrado virtualmente en la web del magistrado transparente.   

En su momento este proyecto fue objeto de un sonado reconocimiento público,[54] en la medida que se reconoció este esfuerzo singular de los magistrados imbuidos de transparencia por hacer públicas sus tendencias jurisdiccionales.  

 

3.3. Buenas prácticas gubernamentales 

La decisión de un  grupo de jueces civiles en la ciudad de Lima, de hacer más célere la entrega de copias certificadas a los usuarios que debían esperar la habilitación de día y hora para la recepción de los documentos solicitados, mereció un reconocimiento público de la institución Ciudadanos al Día.[55] 

Una de las propuestas más representativas fue, aparentemente, muy simple: en vez de que el ciudadano usuario del servicio judicial esperara a que se le habilite una fecha determinada para recibir las copias certificadas concernientes a su proceso, los jueces civiles optaron por verificar, únicamente, el abono correcto de los aranceles respectivos, y sobre esa constatación, decidieron remitir las copias certificadas al domicilio procesal del solicitante, sin mayor dilación que la verificación del cumplimiento de requisitos formales. 

El pragmatismo de la propuesta fue reconocido como una alternativa viable que inclusive contó con opinión favorable del órgano de control, a efectos de autentificar la validez de la iniciativa propuesta en el sentido de que, si se cumplía la meta de una justicia más célere a través de la pronta entrega de los documentos solicitados, entonces tal prontitud no configuraba causal alguna de responsabilidad, en el hipotético caso de que se pudiera acusar a los jueces de sospechosa prontitud. Por el contrario, la propuesta efectuada reducía sustancialmente las posibilidades de la corrupción menuda e implicaba un beneficio directo y concreto para el usuario de justicia.           

 

3.4. Una apuesta pendiente por la CERIAJUS

Una de las primeras interrogantes respecto al balance a la fecha del prolijo estudio desarrollado por la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Justicia CERIAJUS,[56] es cuánto de aquella sesuda propuesta de reforma del sistema judicial, se ha materializado. 

Hacer un diagnóstico después de varios años de la presentación pública de la propuesta de la CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia), puede llevarnos a ideas divergentes: de un lado, ha  sido un esfuerzo extraordinario por encontrar puntos en común para una reforma integral de la administración de justicia, cohesionando criterios y aportes de distintos estamentos de la sociedad civil.[57] De otro lado, las críticas más aciagas a la CERIAJUS involucran que se trató de un proyecto cuyos avances reales han sido mínimos, en consideración a que no ha existido real voluntad política para materializar los acuerdos adoptados. 

Nos inclinamos por asumir una posición intermedia: ponderamos que la CERIAJUS contiene buenas propuestas, algunas de ellas discutibles por su compleja puesta en práctica( como aquella de reducir la Corte Suprema a una Corte de Casación de 11 miembros, lo que de suyo implica una modificación constitucional y que sin embargo, puede advertir resultados auspiciosos en términos de reducción de la carga procesal) pero en suma, parte de los proyectos se ha materializado, lo que sin duda debe conducirnos a concluir que el proyecto CERIAJUS constituye un importante punto de partida de reformas sustanciales para el sistema de justicia. 

Ahora bien, ¿podemos adelantar una idea de las razones por la cuáles no se ha materializado íntegramente la CERIAJUS? Nuestro parecer es que, al margen del factor altamente subjetivo que puede implicar la falta de voluntad política, juega un rol trascendente el costo económico de la implementación del proyecto. Es así que el Resumen Ejecutivo de la CERIAJUS[58] consigna un requerimiento total de S/. 1, 346, 300,967, dividido en diversas áreas.[59] 

Sin perjuicio de lo expuesto, la propuesta de trabajo de la CERIAJUS no solo consideró una fría exposición de cifras, sino estimó necesaria la definición de criterios de corto, mediano y largo plazo. Por corto plazo se consideró un lapso no mayor a un año; por mediano, de uno a cinco años; y, por largo plazo, un término mayor a los cinco años. 

La CERIAJUS, en definitiva, constituyó un espacio global de discusión por la reforma de la justicia. El Resumen Ejecutivo de dicho proyecto señala[60]: “…nunca antes había sido posible crear un espacio de deliberación en el que participaran los diferentes actores institucionales de la justicia en el Perú y representantes de la sociedad civil para constituir las líneas maestras y diseñar las principales  medidas de la reforma del sistema”.  

Corresponde destacar que la CERIAJUS, como resultado de una convocatoria multidisciplinaria, se produce en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho y sobre la base de un amplio consenso entre las instituciones del sistema judicial y los representantes de la sociedad civil.

La propuesta de la CERIAJUS fijó como una de sus pautas basilares [61]permitir la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga en cuenta tres elementos esenciales: 

–          Garantizar la real vigencia de los derechos fundamentales dentro del más absoluto respeto por la autonomía e independencia jurisdiccional;

–          El Plan Nacional debe estar en función de atender las demandas de justicia y que los proyectos y actividades a desarrollar estén siempre en función de la mejora del servicio al usuario; y,

–          Las medidas de cambio deben otorgar y reforzar los elementos de la necesaria seguridad jurídica que permita la sana convivencia social y promueva el desarrollo económico del país.”  

La CERIAJUS incluyó determinados ejes temáticos[62] en el propósito de constituir una propuesta integral de reforma. El 16 de mayo de 2004 se presentó públicamente al país el Plan Nacional formulado, como hemos señalado supra, con participación de casi un centenar de personas, entre magistrados, abogados, especialistas, funcionarios pertenecientes a diversas entidades y por cierto los Titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Academia de la Magistratura, es decir, sin ánimo de exclusión de los principales actores en el sistema de justicia. 

La composición multidisciplinaria de la CERIAJUS nos retrotrae al viejo debate de si la reforma del sistema de justicia exige ser desarrollada solo por sus propios jueces, o si deben concurrir otros actores del escenario de justicia. En cuanto a la naturaleza cerrada de la reforma, es decir que solo los jueces puedan proyectar su reforma, creemos que esta propuesta ha perdido fuerza en el contexto de que es necesario recoger posiciones de todos los sectores. Por tanto, no hay autonomías absolutas ni espacios aislados de actuación judicial sino de interacción constante con otros organismos representativos de la sociedad. La segunda alternativa, la de una intervención mixta, nos parece más viable, al incluir el aporte de otros órganos del sistema de justicia. Y la premisa es razonable: la mejora del sistema de justicia exige el parecer de cómo visualizan los demás partícipes la institución judicial, y qué necesita mejorarse.

 

3.5. Ley de Carrera Judicial 

Un logro importante de la CERIAJUS lo constituye la Ley de Carrera Judicial, positivizada a través de la Ley 29277, publicada el 07 de noviembre de 2008, y aún con las imperfecciones de la misma, creemos que el saldo vigente material de la nueva norma regulatoria de la carrera del juez, resulta aprobatorio.    

La Ley de Carrera Judicial asume prestamente el propósito de diseñar las tareas del juez de manera sistemática, definiendo el ingreso, la permanencia y terminación del cargo de juez., poniendo énfasis en el diseño de la carrera del juez. En forma previa a la dación de esta nueva regla, ya existían disposiciones, aunque por cierto dispersas, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, entre otras regulaciones normativas, mas ninguna de ellas perfilaba una ordenada sistematización de la carrera judicial. 

No obstante las bondades de la norma, es motivo de preocupación que no se hubiere valorado el derecho a la libertad de expresión por parte del juez. En relación a ello, el artículo 47 de la norma prevé como falta grave: “comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso”, disfunción contra la cual el artículo 51 de la misma norma prescribe, en calidad de falta grave, la sanción de multa o suspensión, esta última en el rango de una duración mínima de 15 días y una máxima de 3 meses. 

Junto a la novedosa previsión de los principios rectores de la carrera judicial,[63] se prevén los objetivos de la norma[64] y las principales características de un juez.[65]

Un aspecto de importancia en la norma es la verificación de calidad de las resoluciones exige. Conforme señala JUSTICIA VIVA[66] la implementación de las siguientes herramientas es relevante: 

–           Protocolo para analizar la comprensión del problema jurídico y la claridad de la exposición;

–          Herramientas para analizar la coherencia lógica y la solidez de la argumentación;

–          Protocolo para analizar la congruencia procesal;

–          Herramienta para analizar el manejo de jurisprudencia, considerando la variable posibilidad del juez para acceder a ella;

–          Mecanismo para seleccionar la muestra de resoluciones  aleatoriamente. 

Sin perjuicio de ello, acotan los mismos autores que [67]para valorar correctamente la gestión de los procesos, el plan de implementación debe contemplar la construcción de: 

–          Herramientas para evaluar la calidad de las decisiones judiciales de impulso del proceso o la ausencia de ellas;

–          Herramienta para seleccionar la muestra de expedientes que serán analizados”.

 

3.6. El Acuerdo Nacional por la Justicia ¿solo buena voluntad?

Aún cuando su difusión y aplicación no han recibido un impulso sustancial en los últimos años, no podemos hacer a un lado la valiosa contribución del Acuerdo Nacional por la Justicia, instalado el 21 de noviembre de 2004 en la ciudad de Ayacucho, el cual significó un aporte propio del Poder Judicial a las líneas de trabajo de la CERIAJUS.

El Acuerdo Nacional por la Justicia, con líneas de trabajo definidas,[68] fue una labor independiente  a cargo de un grupo de reconocidos juristas- Raúl Ferrero Costa, Diego García Sayán, Marcial Rubio Correa, Oscar Schiappa- Pietra y María del Pilar Tello- y constituyó propósito del grupo de trabajo,[69] “un proceso de diálogo y participación ciudadana, llevado a cabo a través de audiencias y reuniones técnicas realizadas en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Lima, Trujillo e Ica. Se convocó a autoridades regionales y locales, jueces, fiscales y diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, para debatir y conversar sobre el modelo de justicia que el país requiere. Estos encuentros aportaron una mirada diversa, objetiva y enriquecedora. Los diagnósticos presentados por los respectivos Presidentes de Cortes Superiores de Justicia evidenciaron la dura realidad en la que trabajan los magistrados peruanos. “  

El Acuerdo Nacional consideró, adicionalmente, un conjunto de recomendaciones para el cumplimiento del mismo.[70]  

Los aportes resultan muy interesantesen la proyección de acciones institucionales. ¿Cuánto del Acuerdo Nacional se adoptó en la CERIAJUS? Muchas propuestas fueron absorbidas por la Comisión y al respecto, existe un estudio minucioso de los avances alcanzados,[71] vía adopción de acuerdos por la CERIAJUS. En consecuencia, qué mejor barómetro que supervisar cuánto de lo trabajado se convirtió en normas y ejecuciones de las propuestas formuladas. El diagnóstico, si bien es cierto no es completo por los requerimientos presupuestales exigidos, sí denota la conversión en varios proyectos de ley respecto de las propuestas inicialmente planteadas.    

 

3.7. Reconocimiento institucional: Premio a la Excelencia Judicial. 

La institucionalización del premio a la Excelencia Judicial[72] nos trae una honda reflexión: ¿es posible reconocer el trabajo de los magistrados que hacen una buena labor para sus instituciones? Si el trabajo eficaz y eficiente suele ser una constante en el régimen laboral de la actividad privada, ¿por qué no hacer una política institucional reconocer la gestión de los buenos magistrados? ¿O es que debe resultar ajena a los estándares de un buen Despacho la realización de una gestión eficaz y eficiente solo porque se trata del régimen público y presuponemos en este caso, que no existen los recursos institucionales?

La respuesta es brindada por la institucionalización de un reconocimiento a la gestión de magistrados involucrados con sus Despachos, habiendo incluido las categorías de postulación todos los estamentos del Poder Judicial, incluidos los jueces de paz, cuya tarea por cierto es relevante en tanto gozan de reconocimiento por parte de la población a las cuales benefician. 

La experiencia de reconocimiento, al haber sido institucionalizada, se repetirá bianualmente, y el sistema de postulación es de carácter abierto, supuesto que incentiva una plena participación.

 

3.8. Por una nueva cultura organizacional 

Es nuestra posición que instituir una cultura organizacional, directamente asociada a lograr mejores estándares de atención a partir de las premisas de visión y misión, es un perfil posible. Y en ese sentido, estimamos que en la aspiración a un estándar de cultura organizacional, es necesario que  el usuario del sistema de justicia se sienta satisfecho por el servicio a que ha accedido,[73] y que nos persuadamos que ello no es un imposible y tampoco constituye solo una expresión de buena voluntad. 

La cultura organizacional, de un lado, es la suma de creencias, valores y formas de desenvolvimiento y acción de una institución. De otro lado, en el campo judicial existen subculturas organizacionales a nivel de diversos Distritos Judiciales y también en diversas “zonas” especializadas de actuación jurisdiccional. Empalmar estas culturas organizacionales en una sola tiene un doble efecto positivo: forma a mejores personas para un mejor servicio y en otra vertiente, sirve para identificar que el Poder Judicial puede llegar a ser una óptima entidad de servicio. 

 Los retos de implantar una cultura organizacional exigen que los jueces tengan un conocimiento plausible de las ciencias de administración, bajo la premisa base de que no basta conocer de leyes sino de manejar factores de recursos humanos y de competencias creadas en dirección a un impulso eficaz de los valores de una organización. 

La cultura organizacional comprende diversos valores respecto de los cuales creemos conveniente pasar revista, entre varios pasibles de propuesta, a los más emblemáticos:  

Liderazgo: El magistrado es un líder formal (distinto al natural) en tanto su cargo genera el liderazgo. Por ello Luis Arana[74] expresa:” Ellos tienen la autoridad normativa y funcional y con su comportamiento contribuyen a crear la estructura del grupo.” Y efectivamente es así, en tanto un juez que dirige un Despacho o aquellos jueces que dirigen una Sala, son líderes naturales de ese órgano jurisdiccional.     

Con relación a las condiciones del líder, Pedro Angulo Arana, al desarrollar un estudio sobre el Despacho Fiscal, señala: “El Fiscal líder, debe convertirse en el catalizador activo de sus subordinados y para ello debe rehuir de lo negativo del liderazgo autoritario y del liderazgo permisivo, reuniendo en sus diversas expresiones, que se han revelado como superiores, para la gestión del Despacho: las características del líder democrático.[75] Esta reflexión es de suyo válida para el Poder Judicial en todos los ámbitos de actuación, desde los estamentos de jueces de paz en las comunidades más alejadas del país, hasta los jueces supremos de la República.  

Comunicación Organizacional: Comunicación significa esencialmente “saber escuchar”.  Es importante advertir[76] que “pocas personas son conscientes de la cantidad de tiempo que en su vida se dedican a escuchar, de lo mal que lo hacen y de lo costoso que ello les resulta. Menos todavía, son las que entienden lo importante que, en términos económicos, sociales y personales, puede ser escuchar bien. Mucho menos, los que saben lo que esto significa y lo difícil que es.” Así es válido preguntarnos: ¿es el juez un hombre que por naturaleza escucha? Creemos que sí, desde la formulación de la pretensión en la cual el abogado patrocinador transmite un mensaje que es aprehendido por el juzgador, trasvasando las audiencias en las cuales es vital el principio de inmediación, hasta la emisión de la decisión que pone fin al proceso, a través de la cual el juez procura transmitir, del modo más eficiente posible, la consistencia, justificación y solidez de su decisión. Más aún, se escucha a las partes que pierden una pretensión cuando éstas apelan de la decisión y el superior funcional ejerce una acción revisoria.  

Fortalezas del personal: En nuestra opinión, cada magistrado requiere conocer exactamente las fortalezas y debilidades de su personal, pues es parte de la tarea del juez identificar las habilidades del grupo humano de personas a su cargo, controlar y reducir las debilidades del mismo y entrenar al personal a su servicio. ¿Y cómo hacemos ello? ¿Solo poniendo a disposición de Presidencia de Corte al personal que no es el más idóneo? Aquí verificamos que lo recomendable resulta aplicar pruebas FODA,[77] las cuales permiten conocer mejor las calidades del personal. Es nuestra posición que ello logra un direccionamiento de la capacitación y antes que prescindir, es importante reforzar. 

El trato al personal: Unarelación de trabajo, más aún en el ámbito judicial donde la interacción con personas a diario es altísima, exige un trato con respeto, consideración y dignidad para el personal jurisdiccional. Las relaciones de trabajo hoy exigen horizontalidad antes que verticalidad. Un juez imbuido de esta forma de pensar tratará como iguales, bajo ciertas pautas de razonabilidad, a sus colaboradores en la tarea diaria de impartir justicia y no bajo una premisa de verticalidad que implique una diferenciación de “jerarquía”, mal encaminada bajo el supuesto de subordinación peyorativa.   

Angulo Arana señala[78]: “La disciplina, en parte, hace la condición mental del trabajador y la eficiencia del Despacho deviene de aquella. (…)Un primer paso práctico para inculcar disciplina es dar a todos los integrantes una idea clara de lo que van a hacer y el porqué lo tienen que hacer. Se aconseja, además, señalar las ventajas y desventajas específicas que reportarán a la  persona. A todos nos gustan los elogios y nos disgustan  enormemente las amonestaciones. Las recompensas y alicientes, pueden hacer mucho bien y sólo a veces (pocas) deberán usarse con mesura, justicia, amabilidad y firmeza. Ante la desobediencia  deliberada  no cabe otra cosa que una sanción inexorable.” 

La cita es muy válida en cuanto fija como parte de la cultura organizacional la necesidad de una disciplina armónica, no basada en un trato negativo.

La motivación al personal: ¿Podemos motivar al personal? En un estudio reciente ejecutado en nuestro país sobre las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú, auspiciado por el Great Place to Work Institute,[79] se determinó que el factor motivación constituía una base esencial en las organizaciones y a tal efecto, hay muchas formas de desarrollarlo, inclusive con costos mínimos: un saludo expreso de cumpleaños, un memorando de felicitación por una meta lograda, y en las organizaciones privadas, bonos extraordinarios. 

Sobre el sentido de esta reflexión, hay un tema urgente por superar: las remuneraciones de los servidores jurisdiccionales del Poder Judicial se encuentran entre las más bajas del sector público, muy lejos por cierto de entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT o instituciones tan cercanas en materia de justicia como Registros Públicos, cuyos rangos remunerativos de trabajadores difieren ostensiblemente de las que percibe el trabajador del Poder Judicial. Ello causa problemas de huelga, situación en la cual quienes más pierden, de muy lejos, son los usuarios del servicio judicial.[80] 

La interrogante válida es: ¿no es acaso una inversión de plazo inmediato y múltiples efectos positivos mejores condiciones de vida y laborales para los servidores judiciales? ¿No conviene un servidor bien remunerado para propiciar una mejor identificación institucional? ¿Podemos implementar una cultura organizacional si las remuneraciones son disímiles en una institución? Creemos que la respuesta debe traducir un margen de convicción por la reivindicación de una delicada labor como la asistencia y apoyo en la impartición de justicia. Si consideramos que este ítem no es de meridiana urgencia, difícilmente lograremos los estándares esperados.   

La forja de la cultura organizacional, entonces, va a representar un valor agregado para la institución judicial y en ello tienen competencia sus directivos, quienes dirigen Despachos. Si bien el día a día es absorbente y en realidad, permite un mejor muy reducido para actividades que no sean estrictamente las del Despacho Judicial, salvo las facultades por docencia universitaria, creemos que el juez que se identifique con convicción por una apuesta sólida por la cultura organizacional, podrá lograr mejoras cuantitativas en el órgano bajo su dirección. Es realmente en la interiorización de esta premisa que una nueva cultura organizacional, no ha de quedar simplemente en un cúmulo de buenas intenciones así como de loables y buenos propósitos, sino en resultados tangibles en el día a día del quehacer judicial.    

 

4. SUMAS Y RESTAS ¿EL SALDO ES INALCANZABLE?

Los ejercicios de contraste entre los bastiones contrarios a una práctica jurisdiccional idónea en el sistema de justicia, y por ende, el rescate de las buenas prácticas institucionales, no puede constituir una aproximación efectiva a un ejercicio de sumas y restas. Sin embargo, en mucho se acerca lo expuesto a un diagnóstico si deseamos puntualizar un balance de la realidad de la justicia peruana. ¿El saldo es positivo o negativo? Si es negativo ¿resulta impagable en términos de la aprobación de la gestión judicial por parte de la ciudadanía, la cual por cierto ha sido esquiva a este propósito desde muy antiguo?   

Existen problemas estructurales que no podemos dejar de reconocer: concurren efectivamente obstáculos de idiosincrasia en la cultura judicial y existe aún un tramo todavía extenso por recorrer, para consolidar una mejor imagen de la institución judicial. Sin embargo, desarrollado un balance juicioso, ponderado y equilibrado de los ítems antes trabajados, en cuanto a un diagnóstico de la institución judicial se trata, nos atrevemos a pensar, a la luz de las experiencias en ciernes previamente descritas, que no aramos en el mar cuando estimamos que el corpus judicial, a pesar de sus muchas carencias, es un Poder en forja de una legitimación que avanza  a paso firme. 

No podemos asumir posiciones radicales desaprobando lo encaminado por la ruta de la transparencia, un mejor servicio y una voluntad cierta por la prestación de un mejor servicio. Entonces, el saldo de sumas y restas exige ser positivo, a pesar de los innumerables diagnósticos contrarios a la gestión judicial.      

 

4.1. Un grupo de árboles no es el bosque 

No corresponde a un juicio de valor histórico, apegado a percepciones no realistas del quehacer judicial, la determinación de un saldo negativo. Las carencias reseñadas no pueden constituir un balance pesimista de la institución judicial y que todo lo avanzado se subsume en el supuesto de soluciones imposibles. Creemos que tal forma de pensar no se condice con las soluciones que exige una mejor impartición de justicia. Lograr legitimidad judicial, de otro lado, no puede construirse en base a una relación de desconfianza y recelo históricos, o propiamente de prejuicios fortalecidos por una visión unilateral del corpus judicial como una de las instituciones con mayor índice de corrupción. 

Lo expuesto en este trabajo apunta entonces a que la relación de confianza en el binomio comunidad jurídica- Poder Judicial no sea ponderada desde la óptica de que las carencias significativas de la institución judicial, puedan constituir, como árboles aislados, el bosque de la situación judicial in toto. Tal juicio de valor, atendiendo a lo expresado, constituiría un juicio de error histórico y sustancialmente unilateral de la institución encargada de resolver los conflictos jurídicos. 

Bajo esa pauta, la falta de legitimidad atribuida al Poder Judicial, debe ser entendida como un fenómeno sociológico de profundas raíces humanas respecto a la visión en conjunto del sistema de justicia. Que el corpus judicial haya manifestado carencias en lustros anteriores, significativas en áreas determinadas pero sobredimensionadas respecto a su estándar de rigor, puede conducirnos con suficiencia a una apreciación de que la institución judicial ha mostrado mejoras tangibles en los últimos años, a partir de las experiencias supra reseñadas.  

Entonces se hace exigible, fuera de ese unilateral juicio de valor histórico, que en vía de suma, los jueces se ganen la confianza de la ciudadanía, y a ello apuntan muchas de las iniciativas presentadas arriba. Esa relación de confianza debe ser apreciada a la luz de las acciones emprendidas por el corpus judicial, en propuestas de acción concretas, con resultados tangibles en el día a día, de cómo se imparte justicia en condiciones por cierto difíciles, como carencias logísticas y de importante infraestructura, y sin embargo, se logre medir esas acciones en producción judicial, en iniciativas con costo de todos los niveles, desde mínimos hasta altos, para repotenciar el servicio de justicia.

 

4.2. ¿Qué nos queda por hacer?    

La pregunta más importante a formular en este estudio puede ser expresada así: si hemos diagnosticado solo a grandes rasgos los bastiones en contra del Poder Judicial[81] y hemos invocado un conjunto de buenas prácticas que en realidad son muchas más¿ qué hacemos ahora para que nuestra propuesta no solo quede en un propósito noble y no sea fagocitada por la cruda realidad que parece enviarnos un aparente mensaje de que nada o muy poco se puede hacer, pues existe una idiosincrasia judicial negativa y sin aparente remedio?  

 

4.3. Valores de acción: eficiencia, confianza e institucionalidad 

Creemos que corresponde a los jueces trabajar en varios ítems, reformular en modo inmediato la agenda judicial de corto, mediano y largo plazo, y estimar una plataforma de trabajo realista y conciliadora sobre tres grandes ítems: eficiencia, confianza e institucionalidad. 

En materia de eficiencia hay muchos retos por cumplir. Pero ¿a qué tipo de eficiencia nos referimos? Señala René Ortiz[82]: “Para lograr una eficacia judicial administrativa es preciso que se desarrollen los sistemas de gestión y que se den las condiciones estructurales adecuadas (…). Esto, no atañe exclusivamente a los abogados ni a los magistrados, pero ellos deben ser oídos necesariamente”.  

Bajo esta pauta, creemos que las pautas de reformas no pueden ser radicalmente puras: ni los jueces solos deben conducir una reforma en una forma de autogobierno químicamente puro, ni corresponde que solo órganos constitucionales externos conduzcan la implementación de una reforma judicial. 

En el rubro confianza, un frío juicio de valor de un estudio de la Universidad Católica,  debe llevarnos a una honda reflexión. Según diagnostica la referida Universidad[83]“(…) entre la complejidad, el dinero y las influencias, elementos que serían parte importante del mundo del sistema legal peruano, ¿Cómo podría construirse una relación de confianza entre el aparato judicial y la ciudadanía dentro de este contexto?” La confianza inter- instituciones es necesaria. Somos conscientes de que al no gozar de una aprobación óptima de gestión ante la ciudadanía, existe un saldo histórico hacia la sociedad. Sin embargo, ni el dinero ni las influencias son una constante condicionante del trabajo judicial, salvo marcadas excepciones respecto a las cuales el órgano de control debe actuar, ni la complejidad de la relación Poder Judicial- ciudadanía, puede llevarnos a un juicio conclusivo de imposibilidad de acción.

En nuestra opinión, el corpus judicial debe trabajar arduamente para ganar su legitimidad y ello no es tarea de una sola gestión de la Corte Suprema sino abarca la construcción progresiva, a paso seguro, de una relación de confianza cuyo líder natural es el Presidente del Poder Judicial.

En el rubro institucionalidad, no existe alusión alguna al fenómeno empírico del “espíritu de cuerpo”, sino al respeto que corresponde al Poder Judicial como una de las principales funciones del Estado. Construir esa legitimidad tampoco involucra un “fortalecimiento institucional a secas” para convertir al corpus judicial en una zona exenta de control. Por el contrario, institucionalidad es un término respecto al cual entendemos una legitimidad del corpus judicial.

 

4.4. Plataformas de acción  

En esa línea de ideas, Linn Hammergren,[84] una estudiosa de las reformas en América Latina, señala tres medidas fundamentales respecto a qué hacer en el Poder Judicial peruano, una vez culminado su diagnóstico de la realidad nacional: 

(i)                    Atención inmediata a reactivar los sistemas de información institucionales y su uso para proporcionar una mejor descripción de aquello que el Poder Judicial y otras organizaciones del sector justicia están haciendo realmente, adónde van sus recursos y con qué resultados;

(ii)                 Uso de esas estadísticas, de otros estudios empíricos, las quejas registradas en encuestas(…), e información de otro programas de reforma en América Latina, para establecer un consenso sobre los problemas de alta prioridad que enfrentan y han sido creados por las instituciones del sector; y

(iii)                Desarrollo de programas de reforma para todas las instituciones, centrándose en aquellos aportes hechos por todos los mecanismos sectoriales y no sectoriales para resolver los problemas prioritarios.”

Las pautas referidas son de suyo muy gráficas sobre la agenda pendiente del Poder Judicial y a juicio nuestro, constituyen la esencia de nuestra proposición: ganar confianza a través de una visible eficiencia administrativa, genera una institucionalidad que logra legitimidad para la entidad judicial. 

Las propuestas de Hammergren aluden a mucho del tema confianza en tanto corresponde destacar lo positivo que viene haciendo el corpus judicial. Esto es significativamente vital en tanto también corresponde hacer un lugar a las buenas prácticas en la institución judicial y no resulta equilibrado partir a priori de una desaprobación de la función jurisdiccional. 

El consenso de los problemas prioritarios de la institución judicial a que alude Hammergren, igualmente ha de conducir a determinar en qué modo va ser más eficiente la labor judicial. Ello constituye un tema que no puede ser postergado en la agenda judicial en cuanto se exige un servicio de justicia más ágil, eficiente y eficaz.  

Por último, los aportes sectoriales y no sectoriales identifican las bases de una institucionalidad a ser forjada, pero en términos de legitimidad. Nada más lejos de la autarquía como mecanismo al interior del quehacer judicial. Vivimos en un mundo globalizado en el cual las relaciones son interinstitucionales en todo momento. En esa perspectiva, la interacción debe ser permanente mas ello debe igualmente redundar en la necesidad de que el Poder Judicial sea un referente de tareas que cada vez se hacen mejor.  

 

IDEAS A TITULO DE CONCLUSIÓN  

Graficados los criterios macro que anteceden, podemos esbozar algunas conclusiones en los términos que siguen: 

1. El Poder Judicial resulta una institución necesaria en el planteamiento de la teoría del contractualismo, relativa al equilibrio de poderes. Razones históricas apoyan y sustentan esta idea en el sentido de un corpus judicial independiente y autónomo. 

2. Los bastiones de críticas al Poder Judicial obedecen a un contexto que sigue, más que a una línea de realismo objetivo y verdad absoluta, a un conjunto de percepciones muchas veces insuficientes sobre la real dimensión de las instituciones en el corpus judicial. 

3. La idiosincrasia judicial de mejores estándares de gestión, representa una agenda pendiente pero en marcha en el Poder Judicial. No consiste, tenemos la convicción de que no es así, que solo subyazca en ella una cultura negativa. Diversas iniciativas y buenas prácticas nos persuaden de que el corpus judicial evoluciona hacia mejores estándares de legitimidad. 

4. El tema presupuestario exige una dimensión real de su incidencia. No es el problema principal del Poder Judicial pero sí una base de objetivos formales y materiales para la realización de un mejor servicio. Un presupuesto aporta, fortalece y no decide el destino de una institución. 

5. Las leyes inadecuadas no son un problema ancla del corpus judicial. La interpretación extensiva de la ley, la argumentación constitucional y el control difuso, devienen en herramientas eficaces para superar las contradicciones e insuficiencias del marco jurídico, sea por contradicciones o lagunas. 

6. La falta de predictibilidad en las decisiones judiciales viene siendo un tema que se trata a través de la promoción de Plenos Jurisdiccionales. nacionales, regionales y distritales.  Estos han sido promovidos por el corpus judicial en todas las áreas del Derecho. 

7. La corrupción judicial es un bastión tradicional de oposición a la gestión del corpus judicial. Sin embargo, no implica cuestiones absolutas, sin posibilidad de solución. Por el contrario, la corrupción es focalizada y necesita de la participación de la ciudadanía para su eliminación. 

8. La falta de autonomía no es un problema raíz en el corpus judicial. El ejercicio de independencia de los jueces es hoy una premisa garantizada por el Estado Democrático y Social de Derecho. El alto número de jueces titulares garantiza hoy un servicio independiente.  

9. El lenguaje judicial inadecuado es una plataforma que viene trabajándose desde perspectivas muy concretas: la capacitación. Hoy el Poder Judicial exhibe mejores resoluciones, con plausible justificación y adecuado formato. La capacitación en esta área viene siendo intensa por parte de la Academia de la Magistratura y organismos de cooperación técnica internacional. 

10. Creemos que el control del Poder Judicial debe ser mixto, en vía de coparticipación del Consejo Nacional de la Magistratura y el corpus judicial. Esta fórmula garantiza un control imparcial. 

11. La carga procesal, como estándar de gestión, exige una urgente revisión en la medida que sus mediciones no tienen en cuenta la complejidad del asunto. Se hace exigible un afinamiento de los criterios de producción.

12. El Poder Judicial exhibe, en la justicia anticorrupción, una práctica sólida en proceso de forjar mayor legitimidad, la cual es un ejemplo de debido proceso, garantías e imparcialidad. 

13. La transparencia judicial ha sido trabajada en una de las muestras más representativas de institucionalidad: los Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales. Los jueces, a través de esta fórmula, ya cuelgan sus sentencias en el espacio virtual. Esta propuesta ganó sendos premios a las Buenas Prácticas Gubernamentales y Ciudadanos al Día. 

14. Las conclusiones de la CERIAJUS constituyen uno de los retos de mayor vigencia para una reforma de la institucionalidad judicial. Creemos que su falta de implementación obedece no solo a un problema económico sino a decisiones sobre su ejecución por parte de los poderes del Estado. 

15. La Ley de Carrera Judicial constituye uno de los esbozos más sólidos de institucionalidad judicial. A través de la misma, apreciamos qué tipo de jueces debemos formar. Constituye el primer estatuto integral del juez. 

16. El Acuerdo Nacional por la Justicia constituye uno de los aportes más representativos del Poder Judicial,  para una comunión de criterios en aras de una mejora sustantiva del sistema de justicia. 

17. El Premio a la Excelencia Judicial representa la buena predisposición de la dirección del corpus judicial para el reconocimiento de gestión de sus integrantes. Dicho proyecto constituye una forma de motivación para que los jueces hagan mejor su trabajo. 

18. Creemos que es viable forjar una nueva cultura organizacional, la misma que deberá partir del concepto matriz de que los jueces son líderes de sus Despachos y lo deben ser de su organización. 

19. Sumar y restar bastiones en contra y a favor, a juicio nuestro, arroja un saldo aún positivo para el Poder Judicial. En ello trabajan los sectores más representativos del Poder Judicial que se identifican con el cambio. Si bien existe aún una importante deuda con la ciudadanía, en temas de aprobación, creemos que corresponde a los jueces trabajar intensamente en sensibilizar a la comunidad jurídica del país sobre la importancia de la actividad de impartir justicia. Ésta es de suyo compleja y exige participación de todos. 

20. Queda mucho por hacer en el Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, el corpus judicial ha consolidado propuestas de valor, las cuales deben continuar ostensiblemente conducidas por todos los jueces del país. El trinomio eficiencia, confianza e institucionalidad constituye una de nuestra premisas de trabajo en la agenda pendiente del corpus judicial. 

 

Publicado en IPSO JURE 18 agosto 2012, revista virtual de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo,  Becario del la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. iofg@yahoo.com 

[2] La postulación de la existencia de un Poder Judicial como aporte sustantivo a una cultura de institucionalización del equilibrio del Estado, constituye una de las aspiraciones del presente ensayo, enfocándonos en el área legal jurídica en relación a la propuesta de una nueva cultura judicial. Aportamos una visión temática general del corpus judicial en el propósito de destacar parte de las buenas prácticas de este Poder del Estado.  Propugnamos así las antípodas de una sociedad sin gobierno.

[3] MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu. El espíritu de las leyes. De l’esprit des lois (1748).

[4] HOBBES, Thomas. El Levhiatán.(1651) 

[5] LOCKE, John. Ensayo sobre el entendimiento humano. (An Essay concerning Human Understanding). (1690).  1690 

[6] ROUSSEAU, Jean Jacques. El contrato social. (1762). 

[7] ROUSSEAU, Jean Jacques. Op. cit. p. 63. 

[8] Luis XIV y su frase histórica “L´État c´est moi” (El Estado soy yo), plantean que en la persona del Rey se legitimaban las facultades de gobernar, legislar y juzgar. Los súbditos del Rey, en el Estado teocrático, preocupados por su instinto de supervivencia, trasladaban al Rey todas las facultades, inclusive a disponer sobre sus propias vidas. Ello explica en gran medida la aceptación de las decisiones del Rey, las cuales eran normas intangibles para los ciudadanos.  

[9] Cfr. RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190. 

[10] Cfr. PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001. 

[11] SCHMITT, Karl, Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Karl Schmitt, teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 26 

[12] Son herramientas para la nueva interpretación del derecho la ponderación de intereses( Robert Alexy), el principio de proporcionalidad  y los principios de interpretación constitucional( Konrad Hesse) 

[13] DE ZAN, Julio. Ética, teorías del derecho y función judicial. En La Ética, los derechos y la justicia. Konrad Adenauer. Uruguay 2004. p. 107. 

[14] Cfr. ARAGÓN REYES, Manuel. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. En Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7 Número 19. Enero- Abril 1987.   

[15] El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de gestión y dirección del Poder Judicial conjuntamente con la Sala Plena y el Presidente de la Corte Suprema. 

[16] Los artículos 138 a 149 de la Constitución de 1993 desarrollan las funciones del Poder Judicial.  

[17] Constitución Política 1993. Artículo 139. Principios y derechos  de la función jurisdiccional( entre otros): 

1.            La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.(…)

2.            La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  (…)

3.            La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

4.            La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

5.            La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, (…)

[18] Cfr. DARGENT BOCANEGRA, Eduardo. Justicia es igualdad: idiosincrasia judicial y reforma de justicia. Concurso de Ensayos Carlos Giusti ¿Cómo mejorar la administración de justicia en el Perú? Lima, 2005. 

[19] HERNANDEZ BREÑA, Wilson. El presupuesto del Poder Judicial 2003,2004 y 2005. Precariedad y ausencia de reforma. JUSTICIA VIVA, Instituto de Defensa Leal y Pontificia Universidad Católica. Lima, 2004. p. 13. 

[20] 5.98 mil millones de dólares. Oficina de Inspectoría de los EE.UU., 2007. 

[21] Oficina Administrativa de los Tribunales de los EE.UU. (2005); Centro Nacional de Tribunales Estatales (2004) 

[22] Sueldos judiciales (2006): Corte Suprema: $203,000. Tribunal de Apelación: $175,100. Tribunal de Distrito: $165,200. Quiebra/Juez de competencia limitada:$152,000 

[23] Curso Habilidades Gerenciales para la Gestión de Despacho. Programa de Alta Especialización en Dirección y Gerencia (2007), con participación de los 29 Presidentes de las Cortes Superiores del país, en convenio entre el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia y la Universidad de Ciencias Aplicadas. El objetivo del taller fue fortalecer su desarrollo de competencias directivas y gerenciales con el fin de coadyuvar a consolidar sus capacidades y conocimiento con las nuevas tendencias y herramientas de la dirección estratégica para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de justicia.  

Junto a este proyecto, existen numerosos proyectos de capacitación para todos los ámbitos del sector justicia, todos ellos en marcha, bajo la política de que no se puede dejar de lado que para una gestión eficiente y eficaz, se necesita personas capacitadas para dichos fines. 

[24] Participaron inicialmente en forma simultánea 2 grupos de magistrados superiores y funcionarios del sector justicia, así como, unos meses después, un grupo de jueces supremos, Presidentes de Corte Superior  y funcionarios de las principales instituciones de justicia del país. El curso tuvo lugar en la sede del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en la ciudad de Lima. 

[25]ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DEL BANCO MUNDIAL. Recomendaciones técnicas sustantivas a las Universidades para la mejora de la formación de estudiantes de las Facultades de Derecho que aspiran a la magistratura. Abril 2008. p. 3 

[26] Cinco grupos de alrededor de 30 profesionales cada uno, han sido formados en este proyecto y se prevé la formación de cinco grupos más en breve. Las becas son  porcentuales de acuerdo al lugar de residencia de los participantes.  

[27] En implementación desde mediados del 2008 para todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Una Corte de mediana envergadura, por ejemplo, dispone en 2012 de un presupuesto anual de S/ 60,000. para capacitación.

[28] Constitución 1998 Artículo 138°. 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo  proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior

[29] Cfr. STC. 5854-2005-PA/TC. Caso Pedro Lizana Puelles. 

[30] Cfr. STC 06712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina. 

[31] Cfr. STC 007-2006-PI/TC. Caso Calle de las Pizzas.

[32] En el proceso Barrios Altos, la jueza Antonia Saquicuray Sánchez, invocando la figura constitucional del control difuso, declaró inaplicable la Ley de Amnistía 26479  y, por lo tanto no procedía la liberación de los imputados del Grupo Colina por crímenes de lesa humanidad.

[33] Desarrollados a nivel nacional en todos los ámbitos: Constitucional, Penal, Civil, Familia, Laboral, Procesal Penal.  A este respecto, al 2012 el Centro de Investigaciones del Poder Judicial desarrolla una intensa labor de Plenos Distritales, Regionales y Nacionales. 

[34] GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Informe consolidado de evaluación semestral del Plan Operativo 2008. Lima, noviembre 2008. p. 4

[35] El 7 de abril de 1992, una encuesta de Apoyo en Lima indicaba que el 71% aprobaba la disolución del Congreso y 89%, la reestructuración del Poder Judicial. 

[36] La fiscal Ana Cecilia Magallanes Cortéz, fiscal del caso Barrios Altos y acusadora del Grupo Colina, fue galardonada con el Premio Integridad 2006, impulsado por la organización Transparency Internacional. La magistrada dedicó dicho reconocimiento a los “soldados anónimos” que lucharon y luchan contra la corrupción en el Perú y en todo el mundo. 

[37] EGUIGUREN, Francisco; SILES Abraham, GONZALES Gorki, y ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA, Eloy. AA.VV. Propuestas para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pág. 267. En Perú: Actores y Escenarios al Inicio del Nuevo Milenio: [Seminario, Lima, 28 y 29 de octubre 1999]. Pontificia Universidad Católica. Fondo Editorial, 2001.

[38] Cfr. Ministerio de Justicia de España. Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, constituida mediante acuerdo del 30 de diciembre de 2009. 

[39] LEON PASTOR, Ricardo.  Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia de la Magistratura y JUSPER. Lima, 2008. p. 19-21. 

[40] Los fallos del supremo intérprete de la Norma Normarum hoy se dividen en: asunto, antecedentes, fundamentos (los cuales se componen de una motivación doctrinaria y un análisis del caso concreto) y la respectiva decisión. El esquema denota un orden para que las partes involucradas en un conflicto, puedan advertir, de mejor forma, cuáles son los fundamentos de análisis lógico, argumentación jurídica, interpretación de la ley y los hechos, y motivación en general de una decisión judicial.    

[41] Vid. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Modernización del lenguaje jurídico. ¿Derecho a comprender?. Diario oficial “El Peruano”, Jurídica No. 404, 24 de abril de 2012.

[42] HERNANDEZ BREÑA, Wilson. 13 mitos sobre la carga procesal. Anotaciones y datos para la política judicial  pendiente en la materia. JUSTICIA VIVA. Setiembre 2007.    

[43] ALONSO, Pablo. Programa de Acceso de Mejoramiento a la Justicia en el Perú. En VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá. Octubre 2003. 

[44] España posee 9,8 jueces por cada 100,00 habitantes; Francia, 10,2; y Estados Unidos, 11.6. Diario virtual de noticias La Ley de España, 2 de enero de 2003. 

[45] BANCO MUNDIAL, DFIY y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Analizando los Presupuestos Judiciales de la Región Andina. Lima, 2009. Pág. 16.  Señala entre otras cifras: Bolivia, 9.8 jueces por 100, habitantes y Colombia, 9.5., Perú, 7.7; Venezuela, 6,7; Ecuador, 6.6; Chile, 6.2.  

[46] La Resolución Administrativa 108-CME-PJ de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha 29 de mayo de 1996, estableció estándares de carga procesal máxima razonable: 450 expedientes para juzgados penales, 880 en civiles, 600 laborales y 1,000 expedientes para juzgados de familia, mixtos y juzgados de paz letrados. 

[47] El caso Humala incluyó 149 procesados por la muerte de 4 policías en la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005. 

[48]HERNANDEZ BREÑA, Wilson. Op. cit. p. 23. 

[49] Extraoficialmente a junio de  2005, existían 150 procesos con cerca de 1600 procesados. 

[50] Nos referimos en estricto al período del fujimorismo, años 1990 a 2001. 

[51] César San Martín, Presidente de la Sala Penal que juzgó a Fujimori, fue distinguido en la lista “Los cien del año” del prestigioso diario “El País”. Fuente: El Comercio, diciembre 15 de 2009. p. 9.

[52] APRODEH. Comunicado de 04 de enero de 2008.

(DPA).- El juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos, cargo que lo expone a 30 años de cárcel, es un ejemplo para el mundo, sostuvo (…) el ex asesor de la ONU en casos de genocidios, Juan Francisco Méndez. El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, dijo en Lima que el juicio a Fujimori “es muy importante y es visto con mucho interés en el exterior”.

[53] La iniciativa, inédita en la historia judicial peruana, forma parte del Proyecto Auditoria Social al Sistema de Justicia de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), y comprendió la publicación de resoluciones (autos y sentencias) emitidas, en una primera fase, durante el año 2005 por 16 magistrados de 08 distritos judiciales del Poder Judicial, a través de su difusión en Internet y en CDs, con la finalidad de elevar los niveles de transparencia y mejorar la calidad del servicio de justicia. 

[54] Proyecto ganador de los premios Buenas Prácticas Gubernamentales, Creatividad Empresarial y Top 20 experiencias “Ranking de Buenas Prácticas ejecutadas por Jóvenes”.

[55] JUSTICIA VIVA. Informativo 21 de agosto de 2008.

Premio Buenas prácticas en gestión pública 2008(al Poder Judicial), en la categoría de simplificación de trámites, por la experiencia piloto “Medidas tomadas por jueces para mejorar la Administración de Justicia motivadas por su vocación de servicio”. Ésta fue una experiencia iniciada por la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por iniciativa de un grupo de jueces, creó un equipo de trabajo conformado por doce magistrados especializados en materia civil, a fin de identificar mejoras aisladas de gestión, implementadas de manera individual por algunos magistrados y que estén dando buenos resultados. 

Este grupo de trabajo identificó cinco mejoras en la gestión, que son las siguientes:

1.- Entrega de copias certificadas solicitadas, en el domicilio procesal.

2.- Devolución inmediata de anexos al declarar improcedente o rechazar una demanda.

3.- Entrega inmediata de certificados de consignación.

4.- Expedición inmediata de oficios y partes.

5.-Simplificación de la ejecución de otorgamiento de escrituras públicas mediante un formato de minuta standard.

[56] Ley 28083. Artículo 1º.- Objeto de la ley. 

Créase la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS-  con la finalidad de elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, que contenga una propuesta global y concertada de reforma de la administración de justicia.  

[57] Ley 28083. Artículo 2º.- Integrantes de la CERIAJUS. 

La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia estará conformada por:

  • El Presidente del Poder Judicial, quien lo presidirá.
  • El Fiscal de la Nación.
  • El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
  • Un representante del Tribunal Constitucional.
  • El Presidente de la Academia de la Magistratura.
  • El Ministro de Justicia.
  • El Defensor del Pueblo.
  • Dos representantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
  • Cinco miembros elegidos por las instituciones de la sociedad civil participantes en el Foro del Acuerdo Nacional.

[58] CERIAJUS. Resumen Ejecutivo. Lima. 2004. p. 3 

[59] Políticas anticorrupción, eticidad y transparencia: 11’764,454; Modernización de los despachos judicial y fiscal: 547’073,015; Recursos humanos: 1’470,000; Gobierno, administración y presupuesto: 6’797,700; Predictibilidad y jurisprudencia: 6’750,00; Reforma del sistema penal: 529’371,698; Adecuación normativa: 0; TOTAL 1,346’300,967 

[60] CERIAJUS. Preguntas y respuestas. Lima 2004. p. 28. 

[61] CERIAJUS. Resumen Ejecutivo. p. 1 

[62] La CERIAJUS se organizó en 10 Grupos de Trabajo Temáticos[62]: 

Medidas urgentes en el sistema de administración de justicia; Reforma parcial de la Constitución de 1993. Leyes Orgánicas y niveles de coordinación; Modernización y Gestión del Despacho Judicial y Fiscal; Recursos humanos: jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia; Gobierno y gestión administrativa del sistema de justicia. Presupuesto y cooperación técnica internacional; Políticas anticorrupción, eticidad y transparencia en materia de administración de justicia; Reforma del sistema penal; Modificaciones puntuales de Códigos y normas conexas; Acceso a la justicia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos; Predictibilidad y jurisprudencia.  

[63] Ley 29277, de la Carrera Judicial. Título Preliminar. 

  • Independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional. Los jueces están sujetos únicamente  la Constitución y a la ley;
  • Permanencia e inamovilidad de los jueces. Implica el derecho del juez a no ser trasladado sin su previo consentimiento;
  • Mérito. Implica que el ingreso, la permanencia y la promoción de la carrera judicial se rijan por un sistema de méritos;
  • Eticidad y probidad. Ambos con componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial;
  • Capacitación permanente;
  • Especialización. Se garantiza y preserva la especialización de los jueces; 
  • Debido proceso, tipicidad y legalidad. Las sanciones a los jueces, en caso de aplicarse, deben observar el marco de un debido proceso así como encontrarse plenamente tipificadas legalmente;
  • Organización funcional. Los niveles y el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces se sujetan a lo dispuesto en la Constitución y  la ley.

[64] La carrera judicial tiene como objetivos( artículo 1): 

  • Garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los jueces;
  • Optimizar el servicio de impartición de justicia.

[65] Las principales características de un juez son( artículo 2): 

  • Formación jurídica sólida;
  • Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos;
  • Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;
  • Conocimiento de la organización y el Despacho Judicial;
  • Independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho;
  • Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde el juez desempeña su función;
  • Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia;
  • Trayectoria personal éticamente irreprochable.

[66] VILLAVICENCIO RIOS, Alfredo.  BAZAN SEMINARIO, Cesar. SILVA CARPIO, Cruz.  BALAREZO REVILLA, Juan Luis, y GARCÍA YZAGUIRRE,  José. Fortalezas y debilidades de la Ley de Carrera Judicial. Informe técnico. JUSTICIA VIVA. Noviembre de 2008. p. 9. 

[67] VILLAVICENCIO RIOS, Alfredo.  AA.VV.  Op. cit. p.9. 

[68] El Acuerdo Nacional por la Justicia propuso políticas de Estado para un cambio estructural en el Poder Judicial, en las siguientes áreas: 

  • Fortalecimiento y autonomía del Poder Judicial;
  • Acceso a la justicia;
  • Lucha contra la corrupción;
  • Gobierno y organización descentralizada del Poder Judicial;
  • Presupuesto Judicial;
  • Personal y Recursos Humanos;
  • Modernización de áreas prioritarias de la justicia;
  • Enseñanza del Derecho y formación del magistrado;
  • Manejo adecuado de la carga procesal.

[69] Acuerdo Nacional por la Justicia. Informe final. Lima 2004. p. 3. 

[70] Fueron las propuestas: 

  • La formación de Consejos Consultivos de Coordinación por la Justicia en cada sede judicial del país;
  • La institucionalización por la Presidencia del Poder Judicial del seguimiento del Acuerdo Nacional por la Justicia a través de un órgano especializado que cumpla funciones de apoyo a las Cortes Superiores y desarrollo de lineamientos y estrategias específicas de trabajo;
  • La creación de una red de universidades para el cambio estructural de la administración de justicia;
  • La formación de una red de organismos de la sociedad para una justicia democrática;
  • El fomento desde el Poder Judicial de una campaña sostenida de difusión mediática de los avances y dificultades del proceso de cambio;
  • La incorporación al ordenamiento jurídico interno, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, de la Carta de Derechos de las Personas ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano, suscrita en Cancún, promoviendo su mayor difusión. 

[72] Lanzado el 29 de octubre del año 2007, este Premio, de alcance nacional, busca reconocer la dedicación de los magistrados, su comportamiento ético, la calidad de sus resoluciones, la celeridad, el buen manejo de su despacho y labores de gobierno que desempeñen, y el trato que dispensan a los justiciables y personal a su cargo. El Premio estructuró cuatro categorías de magistrados titulares: vocales superiores, jueces, jueces de paz letrados y jueces de paz no letrados. Igualmente incluye a los auxiliares jurisdiccionales. El objetivo del premio es la promoción de la eficiencia y la calidad de los servicios judiciales de cara a la sociedad. Por ello, persigue el reconocimiento y estímulo del buen desempeño profesional de los magistrados y auxiliares que prestan servicio en el sistema de justicia nacional.
Se estableció como Jurados a ex magistrados, filósofos, profesores universitarios y líderes de opinión, conformado por dos representantes de los foros académicos y tres de la sociedad civil.
El Premio a la Excelencia Judicial no considera un monto en dinero ni de otro contenido patrimonial, sino estímulos en forma de becas para su perfeccionamiento académico y profesional.

[73] Una pregunta clave es: ¿a pesar de sus carencias y problemas, puede el Poder Judicial aspirar a un ISO 9001, como estándar de calidad de atención? ¿O ello es solo para empresas privadas? 

[74] ARANA MEZA, Luis Pompeyo. Liderazgo. Universidad Nacional Federico Villarreal. Sección Grados y Títulos. Lima- Perú 2000. p.1 

[75] ANGULO ARANA, Pedro. Gestión del Despacho Fiscal. Materiales de la Academia de la Magistratura. VI PROFA. Lima, Octubre 2004. 

[76] STEIL JL. J. SUMMERFIELD y G. DE MARE. Cómo escuchar bien y entender mejor. Ediciones Deusto. Bilbao, España. 

[77] El examen FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es una prueba sencilla en la cual el servidor judicial describe cuáles son estos segmentos de su capacidad así como restricciones. Sobre estos resultados, podemos direccionar cuáles competencias reforzar y cuáles peligros disminuir.  

[78] ANGULO ARANA, Pedro. Op. cit. 

[79] El estudio se basa en dos herramientas: Trust Index y Culture Audit. El primero es una encuesta cuantitativa de 56 preguntas cerradas y 2 abiertas, que van dirigidas a los colaboradores de cada empresa participante. Esta prueba busca medir la percepción respecto al ambiente laboral en el cual se desenvuelve. La segunda es un cuestionario dirigido al área de Recursos Humanos, que tiene como fin conocer las prácticas y políticas de gestión humana aplicadas en la empresa. 

[80] Las huelgas implican la suspensión del Despacho y la reprogramación de todas las audiencias. Un aspecto clave a preguntarnos es ¿acaso no es conveniente servidores judiciales bien remunerados, a quienes se pueda imbuir de una filosofía de servicio, profesionalismo y entrega por la institución? ¿Por que restringir sus derechos fundamentales a sus remuneraciones y bonos de cumplimiento, inclusive sobre leyes ya aprobadas, por la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas a materializar el cumplimiento de una obligación ya aprobada y presupuestada? No es sencillo encontrar una respuesta a esta incómoda interrogante.        

[81] Escapa a nuestro fin que el presente diagnóstico abarque todas las áreas de críticas al poder Judicial así como todo aquello bueno que se ha hecho hasta hoy. Sin embargo, las líneas descritas pueden considerarse a grandes rasgos las reflexiones de mayor actualidad. 

[82] ORTIZ CABALLERO, René. Predictibilidad, eficacia e impacto social de las decisiones judiciales. En AA.VV. Reforma Judicial. Lima. Poder Judicial 1997. p. 58. 

[83] PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA. ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA. Octubre de 2009. p. 1 

[84] HAMMERGREN, Linn. La experiencia peruana en reforma judicial. Tres décadas de grandes cambios con pocas mejoras. En En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina. AA.VV. Consorcio Justicia Viva. Lima, 2004. p. 331 

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