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Jornadas Argentino-Chileno-Peruano-Uruguayas de Asociaciones de Derecho Constitucional. Lima. 28 de setiembre de 2012.

28 septiembre, 2012

Jornadas Argentino-Chileno-Peruano-Uruguayas de Asociaciones de Derecho Constitucional. Lima. 28 de setiembre de 2012.

 

28 de setiembre de 2012. Mañana

 

Primera Sesión Cerrada.

 

Tema de la  Sesión:

Control de convencionalidad

 

Presidente de la  Sesión: Ernesto Blume Fortíni (Asociación Peruana de Derecho Constitucional)

 

Argentina

Sergio Díaz Ricci

El término control es de origen inglés y aludía a las raíces cont rolo de verificación sobre algo preexistente. En nuestro caso, aquello preexistente son las convenciones, para lo cual aludimos a un control de convencionalidad en el ámbito interamericano. Y existe, aún más, un control de convencionalidad internacional que a su vez alude a instrumentos normativos internacionales.

Se utilizó por primera vez este término en el caso Mirna Mack Chang vs Guatemala, El artífice fue el juez Sergio García Ramírez, luego en el caso Tibi contra Ecuador se volvió a invocar la idea, y más tarde en el proceso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú.

El órgano contralor es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son los Estados los controlados. Nos interesan 2 direcciones: descendente: la Corte IDH controla al Estado, y ascendente, cuando el Estado aplica la Convención.

En el sentido descendente, tenemos en Argentina casos particulares que han significado intervención del Estado. En Torres Millacura vs Argentina (2011) no hay signos de responsabilidad estatal y sin embargo, se imputa al Estado la obligación de investigar.  En los demás casos, advertimos sentencias judiciales previamente existentes.

En el caso Cantos (2011), se determinó la aplicación excesiva de sumas a pagar en un proceso judicial. En el caso Bulacio se reabre el proceso por orden de la Corte IDH, similar a lo que sucedió en el caso Bueno Alves. En el caso Bayarri, referido a prolongación excesiva de la prisión preventiva en un delito común, la Corte IDH ordena la aplicación de criterios razonables.

Los casos referidos a Crímenes de Lesa Humanidad aluden a todo un tema de reapertura de investigaciones, a partir del caso Barrios Altos vs. Perú. Se asimila la desaparición forzada a un crimen de lesa humanidad.

 

Chile

Humberto Nogueira Alcalá                    

Debemos preguntarnos cuál es el objeto y fin de la Convención Americana. Creemos que potenciar la dignidad y los derechos contenidos en la propia Convención y a cumplir de buena fe las obligaciones que provienen de la Convención. De esa forma, los Estados deben respetar los derechos que provienen de la Convención /artículo 1ro de la Convención) así como adecuar su Derecho Interno a los mandatos de la Convención (artículo 2).

El control de convencionalidad se fija en 10 estándares. El caso Almonacid Arellano alude a los 4 primeros.  Primero: los jueces están obligados a actuar para que los efectos de la Convención no se vean mermados; 2do, las normas de Derecho Interno contrarias  la Convención carecen de efectos jurídicos; 3ro; el juez debe realizar control de convencionalidad desaplicando la norma interna, de ser el caso; y 4to, debe considerar no solo el Tratado sino la interpretación que la Corte IDH hace de la Convención.

En el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, se alegan 3 elementos  convencionales: 5to., la idea del efecto útil de las normas convencionales; 6to, el control ex officio, apareciendo ello en este caso, lo cual implica que ninguna persona está obligada a pedir la aplicación de la Convención pues el juez debe realizar esta tarea; 7mo, el marco de actuación del juez nacional debe realizarse dentro de las competencias que le asigna el ordenamiento jurídico nacional. No se agrega competencias nuevas.

El caso Cabrera Montiel agrega algo más: 8vo, todos los órganos del Estado deben realizar ex officio el control de convencionalidad. Un noveno elemento, según el caso Karen Atala vs. Chile, es la observancia y necesario respeto por los dd.hh. Un décimo criterio, que yo agrego, es que el control de convencionalidad no se aplica solo respecto de la Convención sino también del corpus iiuris, bajo una importante idea de progresividad.

En los años 70, ya el Tribunal Europeo de DD.HH. aplicaba criterios relativos a control de convencionalidad.

¿De qué tipo es este control de convencionalidad? Es multinivel pues se realiza en el ámbito nacional y en el ámbito interamericano, función esta última que se realiza en el ámbito de clausura.

De otro lado, la Corte IDH es un órgano intérprete auténtico y final.  La cosa interpretada de esa forma goza de un efecto de irradiación que se proyecta en sentido amplio.

Un elemento adicional es que se trata de un control subsidiario, que actúa solo cuando se hayan agotado los medios internos. Por economía procesal, los jueces nacionales deben resolver los casos por su proximidad al conflicto. De otro lado, el control de convencionalidad por los jueces nacionales es un voto de confianza a éstos.

 

Perú

Gerardo Eto Cruz              

Así como Marx decía que un fantasma recorre el mundo, de igual forma, parafraseo la idea: el control de convencionalidad recorre la América. El Tribunal Constitucional peruano ya ha referido el término control de convencionalidad en un proceso de inconstitucionalidad en el año 2006. En el caso Chocrón vs. Venezuela, ya se refiere que el Tribunal peruano es el órgano que aplica más este término.

Guevara Palacios refiere que el término apropiado es “bloque de constitucionalidad”. En lo personal, creo que se trata de un “bloque de convencionalidad”. Pero al margen de términos, se trata de irradiar el control de convencionalidad hacia el derecho de los Estados.

Son 2 cuestiones a discutir: ¿se puede pronunciar la Corte frente a la inconvencionalidad por omisión?; y ¿se puede determinar una forma de inconvencionalidad?

En varios casos el Tribunal Constitucional ha aplicado el control de convencionalidad: Sawawo Ito, Quimper Herrera, Salazar Monroe, presencia de los crucifijos en los tribunales, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad (D.L. 1097), etc.

 

Uruguay

Eduardo Esteva Gallicchio

En el Uruguay con reticencias se ha comenzado a aceptar el término “control de convencionalidad”, en razón de que no se ha prestado una atención integral a la evolución de estos conceptos.

Uruguay se debate en temas controversiales: se acaba de aprobar el aborto en su fase inicial (hasta las 12 semanas de embarazo).

Una sentencia de mi país – 365-2009 de la Corte Suprema de Uruguay no usa el término control de  convencionalidad como tal pero sus fundamentos hacen referencia a este tipo de control, aunque lo denomina  de constitucionalidad,

Se han generado problemas en mi país por este tipo de control: la Corte Suprema resuelve en forma definitiva pero vemos como problema, que todos los jueces, de acuerdo a los criterios del control de convencionalidad, deban aplicar la Convención. Ello parece ser una forma de aplicación difusa.

 

28 de setiembre de 2012. Tarde

 

Segunda Sesión Abierta

 

Tema de la  Sesión:

Emergencia económica

 

Presidente de la Sesión: Eloy Espinosa- Saldaña Barrera (Asociación Peruana de Derecho Constitucional)

 

Argentina

Mario Midón                                   

Cuatro instituciones han sido advertidas en la Argentina con el advenimiento de la democracia. Tales figuras se sustentaron en el común adagio de que la salud pública era el bien común. En ese contexto histórico, así como son retratados en los 4 jinetes del Apocalipsis, el hambre, la peste, la guerra y la muerte, Argentina ha tenido sus propias expresiones en el nuevo modelo emergencial, hacia bienes de naturaleza económica. Esta situación se ha reafirmado a partir de 1994.

Sin embargo, tales situaciones de emergencia han disminuido en su cuantía y se puede ya recurrir a la jurisdicción. Lo irregular, algunas veces, se volvió ordinario: lo transitorio, permanente, etc. Las emergencias argentinas se expresaron de manera sanitaria, forestal, agropecuaria, hídrica, económica, etc, solo faltando, diríamos en forma exagerada, la sentimental. Así se configuró un democratismo emergencial. Se le ha denominado, finalmente, emergentocracia.

Se ha querido construir la idea en la Argentina de que no se puede legislar si no es a través de la emergencia. Igualmente se abusa de la impunidad. La Corte ha reivindicado la idea de corroborar si se reúnen los requisitos de urgencia pero no ha examinado suficientemente, la necesaria concurrencia del Legislativo para avalar tales medidas, a efectos de velar la concurrencia del interés público. A todo esto debemos sumar la inexistencia de políticas de Estado.

Podemos concluir que Heráclito se equivocó pues la emergencia sí implica poder bañarse 2 veces y ello no representa una justificación de lo que sucede en nuestro país.

 

Chile

Miguel Ángel Fernández              

La idea de emergencia económica se vincula en Chile a la idea del gasto público, concepto sometido fuertemente al principio de legalidad. Un segundo principio es la fuerte presencia del Presidente de la República, solo él puede presentar los pedidos de naturaleza económica.

En materia de Ley de Presupuesto, es el Presidente quine hace la previsión  de gastos y la actividad del Legislativo es relativa pues solo puede restringir y no ampliar.

Un tercer principio es el control del gasto público.

A grandes rasgos este es el marco jurídico normativo.

Desde el punto de vista jurisprudencial, se han reforzado estos criterios. El TC chileno desaprobó inclusive un proyecto de ley de traslado de la sede del Congreso porque fue propuesto por el Poder Legislativo, no por el Presidente, e incidió en el gasto público contra la normativa existente. Se argumentó que el traslado representaba un fuerte gasto público.

 

Perú

Ernesto Blume Fortíni

El caso peruano parte de una Constitución económica neoliberal. No hay en nuestro país una figura de emergencia económica. El TC peruano ha tratado el tema de las emergencias en forma muy indirecta a través de la previsión de los Decretos de Urgencia DU, mecanismo que ha venido siendo utilizado sin las exigencias propias de este tipo de normas.

La tipificación de esta figura se ha previsto en nuestra Constitución como potestad del Presidente la emisión de este tipo de normas, pudiendo aludir a situaciones económicas o financieras.

El D.U. tiene fuerza de ley. La práctica revela que en el Gobierno de Belaúnde (1980-1985), se emitieron 667 D.U.  frente a 990 Leyes del Congreso; García, 1er gobierno, 1333 D.U. y 263 Decretos Legislativos D. Leg. vs. 848 leyes; Fujimori, 1655 D.U., 303 D. Leg. y 1377 leyes; Paniagua, 120 D.U., 12 D. Leg, y 139 leyes; Toledo, 205 D.U., 42 D. Leg. y 1349 leyes; García, 2do gobierno, 383 DU, 142 D. Leg. y 672 leyes.

Las cifras señaladas indican que todos los gobiernos han considerado los D.U. como una importante herramienta de regulación, y en muchos casos, hasta un 85% de las normas emitidas al respecto, implican desnaturalización de los fines reales del D.U.

Uruguay

Eduardo Esteva Gallichio

La Constitución uruguaya no prevé en su texto instrumentos similares a los nombrados como son Decretos de Urgencia u otros.

Las medidas prontas de seguridad (1830, primera Constitución formal) se vincularon a razones de orden económico en Uruguay. Pasó a utilizarse cual Decreto Ley. Su problema fue su control de legalidad pues quedaba exenta, muchas veces, del control jurisdiccional. Hoy, con las pautas modificadas, sí es objeto de control.

El año 2001 fue un año crucial en Uruguay pues se importó, en alguna forma, la idea del corralito argentino aunque ello fue objeto luego de las modificaciones necesarias.

En mi país el instrumento respecto de estos temas es el uso de la ley formal ordinaria, es la herramienta que corresponde aplicar.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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