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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Medida cautelar. Alcalde de Chiclayo.

3 octubre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

Expediente Judicial N° 1247-2012-32-1706-JR-CI-03

Demandante   :       ROBERTO TORRES GONZÁLES.  (LENY PATRICIA VÁSQUEZ CASTRO]

Demandados  :       JUECES SUPERIORES DE LA SEGUNDA SALA PENAL  DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Materia          :        PROCESO DE AMPARO [Medida Cautelar] 

Ponente         :       Señor Rodas Ramírez

 

Resolución Número  :   CUATRO

 

En Chiclayo, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil doce, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los Jueces Superiores Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Es materia de revisión el auto contenido en la resolución número siete, de fecha dieciséis de julio de dos mil doce, que declara infundadas las oposiciones a la medida cautelar concedida por resolución número uno [de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce] propuestas por los Jueces Superiores José María Balcázar Zelada y Margarita Zapata Cruz; así como por el Procurador Público del Poder Judicial, por apelación concedida a dichos justiciables.

 

ANTECEDENTES 

1.- Por escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, obrante a folios cuarenta y siete a sesenta y cuatro, el demandante don Roberto Torres Gonzáles, a través de su apoderada, solicita medida cautelar con la finalidad que se suspendan los efectos jurídicos de la sentencia N° 33-2012 emitida por los Jueces Superiores de la Sala de Apelaciones de Lambayeque en el expediente N° 1488-2011-96-1706-JR-PE-06 y se ordene mantener el estado de las cosas anterior a la supuesta violación a sus derechos constitucionales invocados como son: derecho a la tutela procesal efectiva, derecho de defensa, derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley [principio del Juez Natural], derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho [debido proceso sustantivo], derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y derecho a la observancia del principio de legalidad procesal penal.   

2.- Mediante resolución número uno de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, el juez de primera instancia resuelve admitir dicha medida argumentando, principalmente, que se denota de la sentencia materia de cuestionamiento “que pese a ser una sentencia que revoca la de primer grado no se ha desarrollado prima face de modo suficiente las razones de hecho y de derecho por las cuales no se considera atípico lo contenido en el artículo 388 del Código Penal”; así mismo que en cuanto al derecho fundamental a un juez imparcial expresa: “ … con la Resolución Administrativa N° 196-2012-CED-CSJLA/PJ de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce por la cual se le concede licencia por motivos de salud al juez superior co demandado Balcázar Zelada, la cual comprendía desde el dieciséis hasta el veintidós de mayo, siendo el caso que intempestivamente lo suspende y retoma sus actividades, a ello debe aunarse las notas periodísticas en el diario CICLÓN- Edición de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce páginas cuatro a cinco, así como en el diario CORREO- Lambayeque, página diez- que incluyen secuencia de fotografías en el primero de los diarios indicados- de una supuesta reunión del magistrado antes indicado con allegado a la primera regidora de la Municipalidad de Chiclayo; en el mismo sentido aparece en el diario PERÚ 21. NORTE página seis de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce- quien tendría intereses en la sucesión del cargo del demandante producto de la inhabilitación contenida en la resolución judicial- sentencia- materia de demanda en el presente proceso de amparo…”.

 

FUNDAMENTOS 

3.- De conformidad con el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, constituyen presupuestos para el despacho cautelar la apariencia del derecho invocado, el peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión; supuestos que deben aparecer para el juzgador, prima facie, de la fundabilidad de la demanda y de los medios probatorios anexados a la solicitud cautelar. 

4.- Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable y como tal, no constituye una declaración de certeza del derecho sometido a debate sino una mera probabilidad de su existencia a favor de la persona que la propone en resguardo del derecho que viene sustentando en el proceso de mérito. 

5.- La doctrina, en lo que concierne al supuesto de verosimilitud en la concesión de una medida cautelar, ha denominado fumus bonus juris o el “humo del buen derecho” en la premisa de que la pretensión cautelar aparentemente denota que el juicio de valor a emitir podría merecer un sustento final en la decisión de fondo.      

6.- De otro lado, el Tribunal Constitucional, respecto a los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de legalidad, ha indicado: 

“La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa” [STC Exp. N° 00065-2011-PHC/TC. Fundamento jurídico 6, publicada en la página web del TC el 15/03/12]. 

“El principio de legalidad penal se configura también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuales son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que la conducta prohibida se encuentre prevista en una norma previa, estricta y escrita y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica”.        

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

7.- En el presente caso, el recurrente, en el proceso constitucional de amparo que sigue contra la Sala de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia, por la supuesta violación a sus derechos constitucionales: derecho a la tutela procesal efectiva, derecho de defensa, derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley [principio del Juez Natural], derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho [debido proceso sustantivo], derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y derecho a la observancia del principio de legalidad procesal penal, en vía cautelar solicita que el órgano jurisdiccional suspenda los efectos jurídicos de la sentencia N° 33-2012 emitida por los Jueces Superiores de la Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque en el expediente N° 1488-2011-96-1706-JR-PE-06 seguido contra Alberto Torres Gonzáles por el delito de Peculado de Uso en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y se ordene, se mantenga el estado de las cosas anterior a la supuesta violación a sus derechos constitucionales invocados.  

8.- En tal sentido, corresponde en el presente cuaderno analizar si la solicitud cautelar cumple o no con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional. 

9.- Es así, que del estudio y análisis de los hechos y pruebas que se acompañan a la solicitud cautelar, se advierte que lo que se encuentra en debate en el presente incidente es el contenido mismo de la sentencia expedida por la mencionada Sala de Apelaciones; circunstancia particular que nos permite inferir, si partimos de la premisa de que toda resolución judicial constituye una valoración de la prueba actuada en un proceso regular, lo cual se haya revestido de una presunción juris tantum sobre su regularidad o legitimidad; este Colegiado estima que no se puede determinar prima facie que tal pronunciamiento sea resultado de un proceso irregular, lo cual nos permite afirmar que no se cumple con acreditar la verosimilitud de los derechos que se reputan como afectados. 

10.- En cuanto al requisito del peligro en la demora, tampoco resulta evidente la necesidad de urgencia, pues la demanda de amparo en el proceso principal no sólo ha sido admitida a trámite, sino que además el juez de primera instancia la ha declarado fundada y ha sido impugnada; por lo que se ha elevado a esta Sala Superior habiéndose, incluso, programado fecha para la vista de la causa, la misma que se llevará a cabo el día cinco de setiembre del año en curso, por lo que este Colegiado estima pertinente que, al resolver el fondo del proceso de mérito será donde se determinará recién respecto a la denunciada supuesta irregularidad de la resolución que motiva el amparo. 

11.- Consecuentemente, como quiera que el artículo 15 de la norma procesal señalada exige la concurrencia copulativa de todos los requisitos para despachar tutela cautelar y al no haberse acreditado satisfactoriamente la apariencia del derecho ni el peligro en la demora, debe relevarse de pronunciamiento respecto de la pertinencia del pedido cautelar con la pretensión intentada en el principal. 

Por las consideraciones y normas expuestas, la Sala Especializada en Derecho Constitucional, REVOCA la resolución número SIETE de fecha dieciséis de julio de dos mil doce que declara infundadas las oposiciones a la medida cautelar concedida por resolución número uno de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, propuestas por los Señores Jueces Superiores José María Balcázar Zelada y Margarita Zapata cruz; así como por el Procurador del Poder Judicial y, reformándola, las declara FUNDADAS, en consecuencia, deja sin efecto la medida cautelar cautelar concedida mediante resolución número uno de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, disponiendo su devolución.

 

Sres.

Huangal Naveda

Rodas Ramírez

Figueroa Gutarra

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