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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Decisión de fondo. Alcalde de Chiclayo.

4 octubre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

Expediente Judicial N° 2012-01247-0-1706-JR-CI-03 

Demandante  :   Roberto Torres Gonzáles

Demandados :   Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones

                            [Corte Superior de Justicia de Lambayeque]

Materia         :    Proceso de Amparo 

Ponente       :     Señor Huangal Naveda 

Resolución Número   :   DIECINUEVE

 

En Chiclayo, a los once días del mes de setiembre del año dos mil doce, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los Jueces Superiores Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Es objeto de grado la sentencia contenida en la resolución número siete de fecha dieciséis de julio de dos mil doce, que declara fundada la demanda de amparo interpuesta por don Roberto Torres Gonzáles contra los Señores Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia y el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial.

 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, don Roberto Torres Gonzáles, interpone demanda de amparo contra los magistrados Superiores José María Balcázar Zelada, Jimmy García Ruiz y Margarita Zapata Cruz, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y contra el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, con la finalidad que se deje sin efecto la sentencia contenida en la resolución número veinticinco de   fecha veintidós de mayo de dos mil doce, emitida en el expediente N° 1488-2011-96-1706-JR-PE-06, que lo condena como autor del delito de peculado de uso en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución. Afirma el demandante que al emitirse la mencionada resolución se han vulnerado los derechos de defensa, al principio del Juez Natural, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a la motivación de la resolución judicial y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.

Los demandados, con fecha siete de junio de dos mil doce, deducen nulidad del auto admisorio, plantean la excepción de incompetencia por razón de la materia y contestan la demanda. Señalan que la recurrida deviene improcedente por cuanto el procesado dejó consentir la decisión que dice afectarlo al no haber interpuesto el recurso de casación previsto en la vigente norma procesal penal, y también sostienen que al fuero constitucional no le corresponde pronunciarse sobre atribuciones que son de la justicia ordinaria.        

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, el veintiuno de junio de dos mil doce contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente, toda vez que el propósito del proceso constitucional instaurado se dirige a suspender los efectos y alcances de la resolución judicial que ha determinado responsabilidad penal del demandante, supuesto este que el Tribunal Constitucional ha esclarecido precisando que el amparo no es un medio para replantear una controversia que ha sido competencia de los órganos de la jurisdicción ordinaria. 

El Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, mediante sentencia del diecisiete de julio de dos mil doce, estima la demanda con los argumentos siguientes: a)no puede exigírsele al demandante haber interpuesto recurso de casación, cuyas limitaciones las precisa el artículo 427 del Código Procesal Penal, y porque, además, se trata de un recurso inidóneo para salvaguardar los derechos fundamentales, lo cual permite relativizar la exigencia normativa concerniente al requisito de firmeza; b) ausencia de motivación en la sentencia penal cuestionada, toda vez, que no explican ni justifican el bien jurídico protegido por el tipo penal incriminado, tampoco se precisa el perjuicio económico; y no haberse desarrollado aspectos concernientes a la tipicidad penal conforme a lo estipulado en el último párrafo del artículo 338 del Código Penal; y, c) la conducta del Juez Superior Balcázar Zelada afecta la garantía de imparcialidad, derecho constitucional implícito, trastocada con la intervención del magistrado a quien se le había  concedido licencia por motivos de salud. 

La sentencia ha sido impugnada por los jueces demandados.      

 

 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio

La demanda tiene por objeto se declare la nulidad de la sentencia contenida en la resolución número veinticinco de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, recaída en el Exp. N° 1488-2011 que condena a don Roberto Torres Gonzáles como autor del delito de peculado de uso en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y le impone dos años de pena privativa de la libertad, por vulneración del derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, y, en consecuencia,  reponiendo las cosas al estado anterior a la violación constitucional se ordene a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones emitan nueva sentencia.    

 

Procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales

El artículo 200, inciso 1, de la Constitución establece que la Acción de Amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella. 

El Código Procesal Constitucional, en su artículo 4, estipula la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 

El Tribunal Constitucional tiene establecido que una resolución judicial no solo es irregular cuando afecta el derecho a la tutela procesal, sino también cuando lesiona otros derechos fundamentales. Y, con relación al amparo contra resoluciones judiciales ha especificado que se requiere que el agravio del contenido esencial de un derecho fundamental sea evidente y directo; es decir, que existan elementos razonables y notorios que justifiquen el control constitucional de una resolución.   

En ese sentido, el máximo intérprete de la Constitución también ha fijado el canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales y lo ha  expuesto en los términos siguientes: “a) Por el examen de razonabilidad, el Tribunal debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado, b) Examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio; c) Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental”. (STC Exp. N° 03179-2004-PA/TC, fundamento 23). 

 

Análisis del caso concreto 

1.- El demandante alega vulneración del derecho constitucional a la debida motivación de la resolución judicial, violación del principio de legalidad, incurrir en aplicación analógica y extensiva de la Ley penal, afectaciones a los derechos de defensa y al principio del Juez natural, perpetrados supuestamente, con la emisión de la sentencia contenida en la resolución número veinticinco del veintidós de mayo de dos mil doce, que lo condena como autor del delito de peculado de uso, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y le impone dos años de pena privativa de la libertad, aplicando un tipo penal que no corresponde por existir una exención expresa en el último párrafo del artículo 388 del Código Penal, así como la irregular participación del Juez Balcázar Zelada quien, encontrándose de licencia, integró la Segunda Sala Penal de Apelaciones.        

 

Resolución judicial firme  

2.-El término resolución judicial firme, aparece en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Cuando esta norma hace referencia a resolución judicial “firme”, quiere decir que la decisión jurisdiccional que se cuestiona debe revestir, ostentar o tener la calidad de cosa juzgada. En tal sentido una sentencia será firme y, en consecuencia, inimpugnable, en dos supuestos: 1) porque el afectado con ese pronunciamiento ha hecho uso de todos los recursos procesales aplicables al caso con el propósito de revertir la afectación que le produce la resolución y, 2) por haber transcurrido el plazo que las normas del sistema jurídico le proporcionan para interponerlos.

3.- El Tribunal Constitucional en diversos y uniformes pronunciamientos sobre el significado del término “resolución judicial firme”, ha precisado: “(…) que una resolución adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada” (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). También ha dicho que por “(…) resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la Ley procesal de la materia” (STC 4107-2004-HC/TC, fundamento 5)”. En otra ocasión indica que “La firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnativo y, por tanto, solo cabe cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control constitucional. Por lo tanto, la inexistencia de firmeza comporta la improcedencia de la demanda que se hubiese presentado, tomando en cuenta la previsión legal expresada en el mencionado código…” (STC Exp. N° 6712-2005-PHC/TC, fundamento 7). Y, reiterando esa misma línea, recuerda que: “[e]n materia de amparo contra resoluciones judiciales, este Tribunal tiene dicho que un requisito de procedibilidad para el cuestionamiento de un acto jurisdiccional es que se debe tratar de una resolución judicial firme. Una resolución judicial adquiere tal condición una vez que, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, prima facie, se han agotado todos los medios de defensa que la ley procesal específica establece” (STC Exp. N° 08055-2005-AA/TC, fundamento 3). 

4.- El jurista español Montero Aroca, comentando el tema del amparo contra resoluciones judiciales, enseña que normativamente se encuentra establecido en su país que cuando se plantea el amparo constitucional frente a una vulneración cometida por la actuación de un órgano judicial, se exige al demandante que haya agotado previamente todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. La razón de esa exigencia radica en que son los órganos integrantes del Poder Judicial a quienes les corresponde reparar las posibles lesiones de derechos invocados por los ciudadanos. “Se trata de evitar que quien considere vulnerados sus derechos fundamentales acuda per saltum ante el Tribunal Constitucional”… “y de procurar, en cambio, que la vulneración padecida encuentre remedio, de ser ello posible, ante los propios órganos de la jurisdicción ordinaria”.y, agrega que “[e]l agotamiento de “todos los recursos utilizables” no significa que se deban imponer todos los medios de impugnación imaginables, sino sólo aquéllos que existiendo y siendo procedentes según las normas procesales que resulten aplicables al caso, sean útiles y adecuados, por su carácter y naturaleza, para lograr la reparación del concreto derecho vulnerado”.[1]     

5.- Consecuentemente, resulta necesario analizar en el caso propuesto si la resolución que se cuestiona tenía la calidad de firme, o como argumentaron los emplazados si debió el sentenciado en la causa penal recurrir en casación para que, en su oportunidad, de ser necesario, pueda habilitarse el amparo. 

 

Sobre el recurso de casación 

6.- El recurso de casación aparece inicialmente en la Constitución de 1979 y continúa luego en la de 1993, señalando en su artículo 141: “Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley (…)”. Se comenta que indudablemente el propósito del Poder Constituyente era culminar con la larga tradición de que la Corte Suprema sea órgano de instancia impuestas por los códigos procesales. Actualmente  esa “(…) vieja discusión de la falta de preparación de los jueces y la necesaria amplitud del recurso de nulidad que garantizaría (…) una más efectiva tutela jurisdiccional de los justiciables, ha quedado pues clausurada. Garantizar la debida o correcta interpretación del Derecho Penal y Procesal Penal –tutela del derecho objetivo, como base de la justicia- y asegurar la unidad en la interpretación y aplicación judicial del Derecho Penal y Procesal Penal –afirmar la unidad jurídica como base de la seguridad jurídica- ; o fijar y unificar la interpretación jurisprudencial del derecho objetivo, es hoy en día, el eje esencial de la misión que tiene encomendada el Supremo Tribunal” [2]

7.- El destacado procesalista penal Alberto Binder enseña que la evolución de conflictividad social y la necesidad de un mayor control perfeccionaron al recurso de casación hacia formas más amplias, pero señala que tiene un límite infranqueable: “se trata, fundamentalmente, de un control sobre la sentencia y sobre sus fundamentos, ya que por imperativo del principio de inmediación no puede ir más allá de ese control”. Y, agrega, “Esto tiene, principalmente dos consecuencias: la primera, que el recurso de casación normalmente anula la sentencia y “reenvía” el caso al tribunal inferior para que dicte nueva sentencia, solo excepcionalmente anula (casa) la sentencia de primera instancia y dicta directamente sentencia correcta; por ejemplo: cuando el error en la aplicación del Derecho es muy evidente y no se necesita prueba para tomar una decisión en contrario (por ejemplo, se ha condenado por un delito que no existe), el juez revisor puede dictar un nuevo fallo”. “La segunda consecuencia es que el recurso de casación no puede controlar la valoración de la prueba como proceso interno del juez. Lo único que puede controlar es la expresión que de ese proceso ha hecho el juez, en la fundamentación de esa sentencia. De este modo, el control se limita a determinar si esa expresión o fundamentación de la valoración de la prueba ha seguido los pasos lógicos que normalmente aceptamos como propios de un pensamiento correcto”[3] 

8.- Sobre esta temática, refiere el autor peruano Pablo Sánchez Velarde, que: “la casación en materia penal constituye una de las instituciones procesales de mayor arraigo en la doctrina, que permite la formación de la jurisprudencia suprema. Para Claus Roxin la casación es un recurso limitado, permite el control in iure, lo que significa que “la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal”. Y agrega otra definición considerando que la casación es “… un medio de impugnación extraordinario, con efectos devolutivos y a veces suspensivo y extensivo, mediante el cual se somete al Tribunal Supremo el conocimiento, a través de unos motivos tasados, de determinadas Sentencias y Autos definitivos dictados por órganos colegiados con el fin de lograr la anulación de la resolución recurrida, todo ello con el fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de Derecho material o procesal, aplicables al caso”[4]. 

 

El recurso de casación en el Código Procesal Penal 

9.- La norma procesal penal acotada, en su inciso 4 del artículo 427 establece que, de manera excepcional, será procedente el recurso de casación, aún cuando la situación jurídica del justiciable no se hallara dentro de los supuestos señalados en los incisos 1, 2 y 3 del citado artículo, a efectos que sea la Sala Penal de la Corte Suprema quien, discrecionalmente, así lo declare si lo considera necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Esta facultad que confiere el mencionado 427.4 es conocido como recurso excepcional de casación. 

También el Código Procesal en su artículo 429, estipula las causales para interponer el recurso de casación, siendo estas las siguientes:

  • Si la resolución ha sido expedida con inobservancia de las garantías constitucionales de naturaleza procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.
  • Si la resolución incurre o deriva de una inobservancia de las normas procesales sancionadas con nulidad.
  • Si la resolución importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.
  • Si la resolución ha sido expedida con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.
  • Si la resolución se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional. [5]  

Como se podrá apreciar, el demandante se encontraba facultado para interponer el excepcional recurso de casación (427.4), más aún si del detalle de las afectaciones que se han narrado al instaurar el presente proceso constitucional de amparo, se advierte que éstas se engloban a plenitud dentro de los supuestos que, como causales, tiene establecidas la referida norma procesal (429). 

 

¿Debió utilizar el recurso de casación el demandante? 

10.- El Colegiado considera que el sentenciado Torres Gonzáles dejó consentir la resolución que dice afectarlo, cuando pudo interponer el recurso de casación excepcional contra la resolución número veinticinco de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo y, al haber omitido ese trámite, se incumple con el requisito especial de procedibilidad del amparo contra resoluciones judiciales, esto es, la firmeza de la resolución que causó el agravio, conforme lo prescribe el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

11.- Resulta necesario aseverar que es errónea la afirmación del demandante cuando, de manera reiterativa, sostiene que no se encontraba obligado a interponer el recurso de casación para posteriormente poder instaurar el proceso de amparo; alegación que la sustenta en la norma permisiva contenida en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional que dice: “No será exigible el agotamiento de las vías previas si por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable” (como lo manifiesta el defensor en sus conclusiones escritas). 

En el caso penal específico, el demandante debió necesaria e indefectiblemente hacer uso del recurso de casación. En lo absoluto puede asemejarse ese mecanismo procesal penal con la vía previa establecida en la norma procesal constitucional, por cuanto esta vía resulta equiparable a un requerimiento o recurso de carácter previo frente a la vulneración perpetrada por un órgano del poder ejecutivo o de la administración pública, a efecto de que sea la administración misma quien cuente con la posibilidad de pronunciarse y remediar la lesión sufrida (principio de autotutela).

12.- El caso planteado por el accionante se refiere al reclamo de un alto funcionario público que denuncia haber sido afectado con una sentencia condenatoria presuntamente arbitraria, subjetiva y lesiva de un conjunto de derechos y principios constitucionales; es decir, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, ejerciendo arbitrariamente el poder del cual se encuentra investido habría aplicado un tipo penal para reprimir una conducta que la propia norma material describe como atípica. 

13.-  Si era ese el comportamiento de los jueces que afectan sus derechos de defensa, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley (principio del Juez Natural), el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho (Debido Proceso Sustantivo), derecho a  la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la observancia del Principio de Legalidad procesal penal”, como lo expresa en la demanda, indudablemente correspondía al máximo fuero penal determinar si la actuación jurisdiccional inferior se dirigía correctamente a reprimir penalmente una conducta delictiva o a empecer a un ciudadano que ejerce el más alto cargo en nuestro Gobierno Local; consecuentemente, con toda razón y legitimidad, el condenado se hallaba en la obligación de agotar la jurisdicción penal (totalmente expedita de conformidad con el artículo 427.4 de la norma procesal en mención), haciendo uso del excepcional recurso de casación a fin que la Sala Penal de la Corte Suprema lo declare procedente en su oportunidad,[6]y proceda a corregir la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter  procesal o material, la indebida aplicación, la errónea interpretación, ausencia o deficiente motivación, etcétera, en que, supuestamente, habría incurrido la Segunda Sala Superior de Apelaciones de Chiclayo. 

14.- Las causales que dan sustento a la interposición del recurso de casación aparecen explícitas en el mencionado artículo 429 del Código Procesal Penal, específicamente en los cuatro primeros incisos: desde la inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material hasta cuando, del texto de la resolución,  se evidencie la falta o manifiesta ilogicidad de la motivación. Solo con lo concerniente a la aplicación o no del supuesto de atipicidad, se tenía razón suficiente para que prospere el recurso de casación en la Sala Penal Suprema, toda vez, que sobre este tema, se advierte, en primer lugar, las manifiestas y ostensibles decisiones contradictorias del Juez Especializado Penal y de la Sala Superior, pues mientras el primero considera que la conducta del acusado Roberto Torres Gonzáles “(…) se encuentra dentro de la excepción típica prevista en el último párrafo del artículo 388 del Código Penal…”, los jueces demandados estiman que la conducta del acusado no se engloba dentro del supuesto de atipicidad porque: “La exclusión “vehículos motorizados” del género “vehículos”, a que se contrae el primer párrafo del citado artículo, se justifica no por su adscripción a un servicio público sino por criterio de funcionabilidad: “estar destinado al servicio personal por razón del cargo, excepción que como tal debe interpretarse en forma restringida”. En segundo lugar, la existencia de otros pronunciamientos también discordantes, entre ellos la sentencia del veintitrés de agosto de dos mil diez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el juzgamiento de Luis Alberto Mena Núñez, a quien se le incriminaba haber utilizado un vehículo asignado por el Poder judicial, donde los jueces Supremos asumieron que la conducta del procesado se ubicaba en el último párrafo del artículo 388 del Código Penal que configura un supuesto de atipicidad, y procedieron a absolverlo de la acusación fiscal. Y, en tercer lugar, la opinión de la doctrina nacional que, acerca de esta temática no resulta unánime, puesto que, mientras algunos autores consideran que la última parte del numeral en referencia, señala que: “la exención parece ser absoluta…para todo uso privado que dé el funcionario al vehículo motorizado que se le haya entregado para que cumpla con las funciones públicas”, como lo refiere Abanto Vásquez[7]; en tanto, otros publicistas, consideran que el último párrafo del artículo 388 “cumple una función comunicativa dirigida al magistrado a fin de restringir en casos excepcionales la aplicación del peculado específico de uso…” “es decir excluir la excepción, en situaciones de uso o disfrute de vehículos motorizados que desbordan los cometidos del uso personal por razón del cargo…” conforme lo señala Rojas Vargas [8].  

15. – El Legislador, normativamente también considera que sea el propio Poder Judicial quien repare las posibles lesiones de los derechos fundamentales cometidas mediante resoluciones judiciales, lo cual viene implementando legislativamente (como ocurre con el recurso de casación) y, asimismo, esa pretensión es la que exhibe los acuerdos plenarios o precedentes judiciales adoptados en diversas materias para que sean los jueces de la jurisdicción ordinaria quienes respeten escrupulosamente los derechos humanos. Resulta pertinente glosar el comentario de la distinguida docente y publicista española Marina Gascón, con relación al respeto que asume el Tribunal Constitucional de España frente a cuestionamientos formulados contra resoluciones judiciales, señalando que “(…) al reconocer la independencia judicial, la Constitución garantiza la absoluta libertad interpretativa de los jueces y tribunales, salvo, los eventuales mecanismos de unificación de jurisprudencia a través de los recursos legalmente previstos”, y agrega, “Por ejemplo, ante la manifiesta desigualdad en la aplicación judicial de la Ley (casos sustancialmente idénticos resueltos de modo distinto por diferentes jueces o tribunales), se ha recurrido a veces al Tribunal Constitucional español, a través del amparo por infracción del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la ley, solicitándole que unificase (o que se obligase a unificar) jurisprudencia. El Tribunal se ha negado reiteradamente alegando que la independencia judicial reconocida por la Constitución impide cercenar la libertad interpretativa de los jueces y tribunales. Y que, por eso, a salvo de los eventuales mecanismos de unificación de jurisprudencia legalmente previstos, como el recurso de casación, nada puede hacerse”. [9]     

 

Excepcionalidad de amparos y hábeas corpus contra resoluciones judiciales 

16.- La tendencia en nuestro país para que la justicia constitucional controle las decisiones jurisdiccionales en materia penal es bastante restringida y ello solamente ocurre en supuestos excepcionales que afecten en forma manifiesta y ostensible la tutela procesal efectiva y la libertad de las personas, como lo muestran los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales de hábeas corpus y de amparo contra resoluciones judiciales; es más, sobre estas pretensiones la Alta Corte enfatiza que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia donde se debe debatir el principio de legalidad penal, la tipicidad, culpabilidad y menos la valoración de pruebas efectuadas por la justicia penal. 

17.- En ese sentido, resulta necesario recordar los pronunciamientos que respecto al tema ha desarrollado la Alta Corte: sobre el tipo penal ha dicho lo siguiente: “[…] no puede acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como es la determinación del tipo penal o la responsabilidad criminal, que son incumbencia exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un  proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo como han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria” (STC Exp. N° 1230-2002-HC/TC, fundamento 7). Sobre el juicio de culpabilidad y valoración de pruebas ha enfatizado: “[…] el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para la revisión de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza” (STC Exp. N° 7219-2006-PHC/TC, fundamento 10). Sobre tipicidad y subsunción, refiere: Es bien cierto que, como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no son ni deberían ser objeto de revisión en estos procesos. Al fin y al cabo, ni la justicia constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni aquella resulta una tarea que entre en el ámbito de competencia de los jueces constitucionales. Como nuevamente lo ha expresado su par español, mediante estos procesos se ha “encomendado proteger los derechos fundamentales (…), conociendo de toda calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios que viole o desconozca (…) derechos, pero carece de aquel carácter en relación con procesos comunes que resuelvan derechos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva de los jueces y tribunales su interpretación y decisión, fijación de los hechos y subsunción, así como la precisión de las consecuencias jurídicas (…), aunque se apoyen en errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas o, en definitiva, en la injusticia de las resoluciones, porque ello le convertiría [al juez constitucional] en órgano de control de la mera legalidad, ejerciendo funciones que no le atribuye la Constitución” [cf. STC 104/1985]. (STC Exp. N° 2758-2004-HC, fundamento 7). 

18.- La referida tendencia del máximo Órgano de Control de la Constitución, también ha sido expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe N° 45/04 ante la petición 0369/2001 a favor de Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, quien cuestionaba el proceso penal donde se le condenó por el delito de peculado, la que fue declarada inadmisible en aplicación de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando: “La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado en la Convención. Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en si mismo, la petición debe ser rechazada (…). La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención, pero no puede hacer las veces de un Tribunal de Alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia”. “En el presente caso, la Comisión considera que el peticionario tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos judicialmente en las diversas instancias a las que acudió y que el hecho de existir una sentencia desfavorable no implica de modo alguno una violación de los derechos consagrados en la Convención. La Comisión no encuentra elementos de juicio que permitan afirmar que ha existido arbitrariedad en el procedimiento judicial sino una simple disconformidad con la calificación jurídica” (fundamentos 42 y 43). 

 

En cuanto al cuestionamiento del Juez Superior Balcázar Zelada 

19.-El demandante discrepa de la actuación del Juez Superior en la sentencia emitida con fecha veintidós de mayo de dos mil doce; sin embargo, no existe norma alguna que inhabilite al magistrado Balcázar Zelada en suscribir la citada sentencia de la data señalada; es más, era su obligación participar en el proceso, conforme así lo regula el inciso a)  del artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Sobre la motivación de las resoluciones judiciales 

20.- En lo que concierne al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución del Estado señala que ésta consiste en la obligación de los jueces de expresar las razones o justificaciones que sirven de sustento a sus decisiones. Sobre esta garantía resulta ineludible acudir a lo que ha expresado el Máximo Intérprete de la Constitución en la STC Exp. N° 1480-2006-AA/TC, donde precisa que “[e]l derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. Y, agrega: “[e]n tal sentido, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”

La Sala Superior demandada determinó la responsabilidad penal del demandante Torres Gonzáles como autor del delito de peculado de uso, a partir del análisis dogmático de uno de los elementos del delito incriminado, desarrollando los juicios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y realizando una valoración conjunta de las pruebas presentadas por las partes. Asimismo ha argumentado y expuesto las razones de la interpretación restrictiva de la causal de atipicidad contenida en la última parte del artículo 388 del Código Penal. Indudablemente la argumentación desarrollada en la sentencia del veintidós de mayo de dos mil doce en sede penal, colma las exigencias de una debida motivación.  

21.- En razón de lo expuesto precedentemente y advirtiéndose, además, que la sentencia impugnada que declaró fundado el proceso de amparo se ha omitido señalar los elementos razonables y notorios que justifiquen el control constitucional de la resolución emitida por los Jueces Superiores demandados; asimismo el juzgador de la instancia inferior no ha observado el canon para el control constitucional de la decisión que era objeto de cuestionamiento, tal y conforme lo tiene establecido el Tribunal Constitucional y que corresponden a los exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia; ejercicio necesario a fin que, con escrupulosa rigurosidad, pueda declararse la nulidad de un pronunciamiento de la justicia penal; razones por la cual debe revocarse la sentencia impugnada.  

Por las consideraciones expuestas y normas citadas, en aplicación del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, REVOCA la sentencia contenida en la resolución número siete de fecha dieciséis de julio de dos mil doce, que declara fundada la demanda de amparo interpuesta por don Roberto Torres Gonzáles contra los Señores Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, José María Balcázar Zelada, Jimmy García Ruiz, Margarita Zapata Cruz y el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial y, reformándola la declara IMPROCEDENTE. Consentida y/ó ejecutoriada que sea la presente, dispóngase su publicación en el diario oficial El Peruano, conforme a ley y devuélvase.

 

Sres.

Huangal Naveda

Rodas Ramírez

Figueroa Gutarra 

 

El VOTO singular del señor Rodas Ramírez es como sigue:

 

El suscrito se adhiere al voto del Juez Superior ponente, agregando lo siguiente: 

1.- Que el nuevo Código Procesal Penal propone la posibilidad de presentar medio de defensa cuando se presenta una situación jurídica como la propuesta por el actor, es decir, que don Roberto Torres Gonzáles, en la jurisdiccional penal [ordinaria] tenía expedito su derecho de cuestionarla formulando la excepción de improcedencia de la acción, conforme lo estable el artículo 6º numeral 1, inciso b) del Código Procesal Penal, porque considera que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente [conforme lo argumenta en la justicia constitucional] debido a que: i) por estar ante un hecho atípico, la ley no lo ha previsto como delito; ii) no es justiciable penalmente; nos remitimos a un hecho que pudiendo ser claramente tipificado como delito, éste no es justiciable penalmente, es decir, se refiere a aquellos supuestos vinculados con el elemento sistemático de “punibilidad” o “penalidad”; a las condiciones objetivas de punibilidad y a las excusas  absolutorias. La excepción de Improcedencia de Acción es un medio de defensa opositora del ejercicio de la acción penal que busca extinguirla o anularla consiguiendo una conclusión anticipada mediante un archivamiento definitivo y que requiere para su configuración o procedencia de dos requisitos: a) que el hecho denunciado no constituya delito y,  b) que no sea justiciable penalmente

En cuanto al primero, comprende dos supuestos: i) que la conducta incriminada no se encuentre prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente; es decir, que la conducta realizada no concuerde con ninguna de las legalmente descritas, no es una adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo, encontrándose ante un caso de atipicidad absoluta, y, ii) que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación; esto es, cuando el hecho esta descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido; éste se plantea frente a la ausencia de cualquier elementos del tipo: sujeto- activo y pasivo-conducta- elementos descriptivos, normativos o subjetivos, y objeto- jurídico, estamos frente un caso de atipicidad relativa 

2.- Oportunidad para formular la excepción improcedencia de la acción.- Cuestión prejudicial regulada en el artículo 7.1, del Código Procesal Penal, se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia; [artículo 7.2] también se pueden deducir durante la etapa intermedia, conforme al artículo 350.b, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días podrían: b) deducir excepciones y otros medios de defensa cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos, así también, el artículo 416, inciso 1, literales a, b y e del Código Procesal Penal prevé que son apelables: las sentencias, los autos que pongan fin al proceso y los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable y el artículo 352, inciso 3, de la norma antes aludida expresa lo siguiente: De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento”, contrario sensu, la resolución desestimatoria es impugnable,  entendiéndose en etapa intermedia no etapa preparatoria, en razón que en la etapa intermedia falta muy poco para el fin el del proceso; además, se pueda contrariar la sentencia a emitirse.

3.- Revisado lo actuado, no corre prueba alguna que acredite que el actor haya hecho uso de este medio de defensa; es decir, si ha propuesto en debate los criterios que hoy pretende hacer valer en la justicia constitucional, lo cual pudo ejercerlo en la justicia ordinaria penal.

 

Sr.

Rodas Ramírez


[1] MONTERO AROCA, Juan – FLORS MATÍES, José; Amparo Constitucional y Proceso Civil; Editorial TIRANT LO BLANCH; Valencia – España, 2005.  Pp. 271 y 272.

[2] SAN MARTÍN CASTRO, Eugenio; Estudios de Derecho Procesal Penal; Editorial GRIJLEY, 2012. Pág. 502.

[3] BINDER, Alberto; Introducción al Derecho Procesal Penal. Pág. 270.

[4] SÁNCHEZ VELARDE, Pablo; El Nuevo Proceso Penal; Editorial IDEMSA, 2009. Pág. 421. 

[5] Es de resaltar  los comentarios y el trabajo estadístico que sobre el recurso de casación efectúa el procesalista Eugenio San Martín Castro en su obra Estudios de Derecho Procesal Penal, antes citada. La información muestra el reducido número de recursos de casación presentados desde el 2009 hasta el 18 de enero de 2010,  que, a juicio del autor, es consecuencia de la implementación parcial de Código Procesal Penal, “y la falta de preparación de los letrados en la formulación y formalización de los recursos de casación”; adicionalmente a ello se aprecia una actividad significativamente a su admisión por parte de la  Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encargada a exclusividad de esta tarea. Los datos registran haberse admitido mayormente casaciones típicas (Art. 427.1) y en menor número casaciones excepcionales (Art. 427.4). En cuanto a los motivos: casaciones constitucionales en mayor número (legalidad penal, debido proceso, derecho de defensa, motivación, presunción de inocencia). Ver presentación estadística del recurso de casación y las respectivas diapositivas conteniendo los gráficos de fojas 502 a 523 de esa investigación. 

[6] Admitir o rechazar el recurso de casación, es facultad discrecional de la Sala Penal Suprema del Poder Judicial. Ejemplo: Auto Casatorio N° 06-2007, Huaura, 24 de octubre de 2007, en dicho auto se consigna que el recurrente no solo no ha especificado la razón por la cual la Sala Suprema debe conocer dicho recurso, sino que el mismo carece de interés casacional. Diferente es la Casación N° 49-2011de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del 10 de julio 2012, cuyos fundamentos del auto de calificación que concede la casación, señala: “…sin embargo este Supremo Tribunal, considera que en el presente caso existe interés casacional para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial por la causal prevista…”.

[7] ABANTO VÁSQUEZ, Manuel; Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano. Palestra Editores; Pág. 325.

[8] ROJAS VARGAS, Fidel; Delitos contra la Administración Pública; GRIJLEY, 4ta edición, Lima, 2007. Pág. 543.

[9] GASCÓN ABELLÁN, Marina y otro; La Argumentación en el Derecho; Palestra Editores; Lima, 2005.  Pág. 24.

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