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Más exigencias a abogados. Estrategias de defensa jugarán un rol de primer orden. Artículo

8 octubre, 2012

 

MÁS EXIGENCIAS A ABOGADOS.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA JUGARÁN UN ROL DE PRIMER ORDEN 

 

El I Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral aporta avances relevantes en el conocimiento de pretensiones en la vía laboral, facultando a los jueces de trabajo a conocer de la pretensión de reposición en caso de despidos incausados y fraudulentos en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión única. 

Las correlaciones que se generan entre el Derecho Constitucional y el Derecho del Trabajo, a partir de este I Pleno incrementan sus contenidos dado que en adelante, habrá de evitarse el escenario de que existiendo una afectación al derecho al trabajo, la vía laboral ordinaria no pueda ser competente para el conocimiento de este tipo de pretensiones,  pues la práctica arrojaba un balance muy complejo: la reincorporación en el empleo, como premisa de cierre de un proceso con vulneración al derecho al trabajo, solo podía tener lugar en el proceso de amparo y no así en el proceso laboral, el cual contemplaba solo la reposición cuando se planteaba un despido nulo, forma de despido que la doctrina española  refiere como radicalmente nulo por ser ante todo discriminatorio. 

Una perspectiva material, a partir de este I Pleno, expresada en algunos foros académicos,  es la eventual reducción del amparo laboral, el cual resulta habilitado, es importante precisarlo, para conocer los despidos incausados, fraudulentos y nulos. Y la lógica de la idea de reducción es puntual: si el juez de trabajo ha de conocer dichas pretensiones, en adelante no será necesaria la jurisdicción constitucional respecto a esta materia. 

No compartimos dicha premisa en razón de que la diferencia entre el proceso de amparo y el laboral, ostenta una diferencia material relevante: la existencia de etapa probatoria. En efecto, aquí jugará un rol de primer orden la previsión del abogado pues en caso de que la vulneración al derecho al trabajo resulte ostensible, elevada y flagrante, sí se habilita la vía del amparo para que el juez constitucional restituya el derecho conculcado, en tanto nos referimos al contexto de una vulneración manifiesta. A su vez, el conocimiento de la pretensión debe ser sencillo, expeditivo y rápido, conforme prevé el artículo 25[1] de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma a partir de la cual podemos construir una consolidada idea de tutela de urgencia, que a su turno exige un pronunciamiento pronto, presto y célere por parte  del juez que conoce la afectación a un derecho fundamental. 

Distinto es el contexto del proceso laboral, en el cual se desarrolla, en forma más amplia, el derecho al contradictorio, la posibilidad de ofrecer pruebas y de poder sostener un debate más amplio a propósito de la dimensión de las pruebas. 

En esa lógica de premisas, no será propio que los jueces con competencia constitucional declaren improcedentes las demandas de amparo, a efectos de remitirlas al juez de trabajo, si de la pretensión fluye objetivamente que existe una agresión flagrante al derecho al trabajo, y ello en razón de un argumento central: la jurisdicción y las competencias constitucionales han sido diseñadas a efectos de una pronta restitución de los derechos conculcados y en el norte de que las vulneraciones ostensibles al derecho al trabajo en su contenido constitucionalmente protegido, o en su núcleo duro, sean reprimidas con las herramientas que informan los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Fundamental. 

Por tanto, es importante la previsión del contexto probatorio a plantearse respecto del conocimiento de la pretensión, en tanto y en cuanto, ése habrá de ser el baremo para dilucidar si la pretensión se deriva a la vía del amparo o a la vía del proceso laboral. 

Finalmente, resulta importante que las pretensiones, a partir de los argumentos de la defensa, sean debidamente delimitadas. Ello ha de beneficiar enormemente el trabajo de los jueces y por cierto, habrá de evitar onerosas cuestiones de competencia a resolver por parte de las Salas Superiores a efectos de establecer si es el juez constitucional de primera instancia o a su vez, lo es el juez de trabajo, quien ha de conocer la pretensión. Con ello evitamos la mora en los procesos. Una de las cuestiones que más se demanda a los jueces, es la resolución oportuna de las controversias. Creemos que está en nuestras manos desarrollarlo de esa forma.     

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURIDICA 425, El Peruano, 18 de setiembre de 2012 


[1] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Enlace PDF: http://www.elperuano.pe/Edicion/juridica.aspx  

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One comment

  1. Excelente. Aprecio y envidio mucho su forma de redactar: claro, preciso y concreto.



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