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LIBRO “Derecho Constitucional. Estudio sistemático y comparado de los derechos fundamentales de la persona y de la estructura del Estado.” Lima, 2012. Edwin Figueroa Gutarra. Presentación de César Landa Arroyo.

15 octubre, 2012

 

Estimados amigos:

Nos hemos visto honrados con la presentación del Dr César Landa Arroyo en nuestro último libro  “Derecho Constitucional. Estudio sistemático y comparado de los derechos fundamentales de la persona y de la estructura del Estado”(tomo I, 415 pp.; tomo II, 502 pp., Editorial San Marcos, Perú, 2012), y dada la importancia del caso, transcribimos el contenido de los comentarios de presentación del maestro Landa.

La obra abarca un análisis interpretativo de la Constitución en la idea de estudio de las instituciones más representativas del Derecho Constitucional, tanto en cuanto a derechos fundamentales y la compleja definición que los mismos merecen, así como abarcamos un examen de la estructura del Estado y de en qué medida la jurisprudencia constitucional ha desarrollado criterios reguladores.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

 

PRESENTACIÓN 

Hace veinte años que se produjo el auto golpe de Estado del entonces Presidente Alberto Fujimori, quien con el auspicio de la cúpula de las Fuerzas Armadas y el apoyo de los medios de comunicación y los grupos empresariales, lograron dejar sin efecto la Constitución democrática de 1979 y las instituciones representativas del pueblo; para instalar un Estado de facto en el cual el poder no se sometía al derecho, sino cuando le fuera necesario.  

Por eso, a pesar de derrotar al terrorismo y a la hiperinflación, también fortaleció la corrupción y la violación de los derechos humanos, desde los niveles gubernamentales más altos, como nunca antes se había conocido en la historia de la República. Por eso, el ex Presidente Fujimori, su asesor presidencial Montesinos, la cúpula militar, algunos empresarios televisivos, magistrados del Poder Judicial e incluso del Tribunal, entre otros, se encuentran purgando condenas penales, las han cumplido o están prófugos de la justicia.  

Ello pone en evidencia que el Estado Constitucional no es un medio para determinados fines, por más necesarios o urgentes que sean, sino que sobretodo es un fin en sí mismo; que obliga a resolver los problemas sociales, económicos, políticos o culturales, dentro de las normas constitucionales; inclusive si hay que reformarla. Por eso, no es aceptable que para realizar la democracia constitucional, en determinadas circunstancias, se viole la misma; porque, no hay Democracia sin Estado de Derecho, ni Estado Derecho sin Democracia.

Con la caída del régimen de Fujimori-Montesinos, se da inicio a la transición democrática a finales del año 2000; proceso en el cual el Estado Constitucional peruano inicia una nueva etapa fundada en el respeto del orden jurídico, de la división del poder y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Si bien la Constitución de 1993, herencia del régimen fujimorista no ha podido ser sustituida, sí se han producido reformas constitucionales unas más sustanciales que otras, que han permitido que los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y Humala,  con mayores o menores grados de compromisos democráticos-constitucionales, hayan podido llegar al poder por el voto popular y ejercer sus funciones constitucionales.

En todo este proceso, la Constitución Política de 1993 ha jugado un rol democratizador del proceso político, gracias a la interpretación que ha realizado de la misma el Tribunal Constitucional; al punto que algunos críticos conservadores han señalado que el Tribunal ha hecho una segunda Constitución en algunos rubros, cuando se han afirmado los derechos fundamentales, sobre todo los de carácter socio-económicos  -laborales y pensionarios- y procesales –debido proceso y autonomía procesal-, venidos a menos en la Constitución de 1993.  Ese rol ha sido posible durante la primera etapa de la transición democrática, cuando el TC jugó un papel de árbitro o mediador de los conflictos constitucionales, sobre la base de un compromiso constitucional en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción; que en los últimos  años han venido a menos, sobre todo con relación a ésta última bandera. 

Esa tarea interpretativa propia de un proceso democratizador del Estado y la sociedad, puso de manifiesto que la fuerza normativa de la Constitución es un instituto dinamizador del fortalecimiento de  los derechos fundamentales y de la transformación jurídica de la Constitución en una norma exigible judicialmente de su cumplimiento[1]. Esta concepción es propia del Estado democrático constitucional, en la medida que  incorpora las lentas y progresivas transformaciones políticas, sociales y económicas de la comunidad democrática, expresada en los viejos y nuevos derechos y libertades, mediante su protección razonable de la justicia constitucional; por cuanto, en un Estado democrático y social no hay derechos absolutos sino relativos, es decir  dentro del supremo orden jurídico-constitucional. 

Por ello, si la Constitución no quiere quedar reducida a una pura especulación normativa, tiene que ser analizada desde una perspectiva de los derechos fundamentales, porque es así como adquiere una dimensión objetiva y una eficacia real. En este sentido, la obra Derecho Constitucional que nos plantea el autor en dos tomos, en su primer volumen se inicia con un preludio sobre el carácter interpretativo de la Norma Suprema, poniendo en evidencia el rol que ocupan los jueces constitucionales y los limites con que éstos deben actuar, para no quebrantar el principio de la división del poder; asimismo, a continuación realiza un análisis de los derechos fundamentales civiles, políticos, sociales y económicos, consagrados del artículo 1º al 89º de la Constitución, en función del análisis y crítica según el caso de la jurisprudencia constitucional.   

Como la fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales se convierte en el motor que dinamiza a la sociedad y al Estado, también se crean tensiones democráticas y antidemocráticas acerca de su validez y vigencia. En este contexto histórico y conceptual, adquiere pleno sentido que se identifique el carácter abierto –jurídico y político- de la Constitución; por cuanto de ello se podrá derivar las dimensiones y límites de los derechos fundamentales.  

Pero, el carácter abierto de la Constitución no significa que albergue cualquier valor o principio social, sino a aquellos que con lealtad constitucional defienden y promueven el Estado democrático y social de Derecho. Por cuanto “la Constitución no es un puro nombre, sino la expresión jurídica de un sistema de valores a los que se pretende dar un contenido histórico y político. Y es, en última instancia, desde este prisma valorativo, desde donde hay que interpretar y entender la justicia constitucional”[2] 

Ello se pone de manifiesto a lo largo de esta primera entrega del autor, quien no se limita al tradicional análisis exegético de la norma, propio del positivismo constitucional, ni solamente de la jurisprudencia constitucional, característico  del neopositivismo constitucional, sino que utiliza la doctrina nacional y comparada, para formular sus apreciaciones jurídicas sobre la jurisprudencia constitucional sobre los derechos fundamentales, siempre ponderadas y acomedidas a nuestra forma de Estado social y democrático de Derecho. Lo cual es propio de su talante profesional, como Vocal de la Corte Superior de Lambayaque y Profesor de Derecho Constitucional, sin que por ello deje de establecer con claridad sus puntos de vista constitucionales. 

Finalmente, quiero señalar que los estudiosos del constitucionalismo peruano encontrarán en esta obra, las herramientas para entender los avances o repliegues en la tutela de los derechos fundamentales a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo cual constituye un punto de partida, tanto para la reflexión académica y/o profesional, como para impulsar su debate  y su reforma: necesaria en unos casos y urgente en otras. 

París, 5 de abril de 2012. 

César Landa Arroyo


[1]     Hesse, Konrad. Escritos Constitucionales. Madrid: CEC, 1983, pp. 59-84.

[2]     De Vega García, Pedro. Estudios político constitucional. México: UNAM, 1987, p. 285.

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