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“Procesos constitucionales”. Academia de la Magistratura PROFA. Chiclayo, 24 de noviembre de 2012

23 noviembre, 2012

 

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura nos extiende una cordial invitación para el dictado del Módulo  “Procesos Constitucionales” como Profesor principal en el marco del XVI Programa de Formación de Aspirantes PROFA los días 24 de noviembre y 15 de diciembre del año en curso en esta ciudad. 

Por su relevancia, incluimos la Presentación de los materiales de estudio a propósito del encargo de organizar las lecturas de trabajo, evaluaciones de rigor y coordinaciones a nivel nacional.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

Presentación

El conjunto de lecturas y sentencias que hemos organizado para el dictado de este Módulo de Procesos Constitucionales pretende recoger, en esencia, algunos de los criterios más relevantes en la impartición de justicia constitucional, siempre en la perspectiva de que los criterios de orden procesal que conducen los procesos constitucionales presentan criterios diferenciadores con relación a la posición que detenta la justicia ordinaria.  

¿Querrá ello decir que existe una subordinación de un tipo de jurisdicción frente a la otra, sobre todo si el Tribunal Constitucional decide en última instancia las causas vinculadas a proceso constitucionales? No es ésa la premisa más correcta pues no se trata de subordinación de jurisdicciones sino de prevalencia de una de las mismas sobre la otra, en función a los caracteres propios que importan los juicios constitucionales respecto de los derechos fundamentales.  

No olvidemos que el Poder Judicial resulta el guardián y defensor de estos derechos desde los dos primeros bastiones que representan los jueces constitucionales de primera y segunda instancia. En consecuencia, son las decisiones del Tribunal Constitucional las que han de dirimir las controversias constitucionales bajo un criterio de hacer prevalecer sus decisiones, fundamentalmente por cuanto constituyen última instancia en los procesos constitucionales de la libertad y por cuanto tiene el Tribunal la atribución de ejercer control normativo respecto de los procesos de inconstitucionalidad y competenciales.   

Ahora bien, no se trata de una prevalencia meramente formal a partir de la Constitución misma y del Código Procesal Constitucional. Razones de orden material apuntan, en el mismo sentido, a considerar que las decisiones del Tribunal Constitucional resultan correctoras respecto de aquellas de las de la jurisdicción ordinaria, de la misma forma que extensivas en cuanto existe insuficiencia de las normas- regla que dilucidan los conflictos de la jurisdicción ordinaria y por tanto, es necesario ir más allá de la interpretación convencional. Del mismo modo, en el Derecho Comparado, fundamentalmente en Alemania, España y Colombia, se presentan experiencias similares en cuanto a la prevalencia de sentencias constitucionales, sean del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional, respecto a la jurisdicción ordinaria, generándose un denominado “choque de trenes” que es necesario tratar de evitar.  

Mas advirtamos un aspecto de notorio interés: es necesario que las decisiones de última instancia apliquen una suerte de activismo jurisdiccional restringido. Activismo en la medida que los procesos constitucionales asumen un rol de necesario rol enfático, dinámico, y de rigor de defensa de los derechos fundamentales, pero a la vez es necesario que dicho activismo, de por sí legítimo, también atienda a una necesaria mesura, a un self restraint o autocontrol en la dación de sus decisiones, sobre todo si aquellas corresponden a las categorías más complejas en la clásica tipología de Atienza respecto a los problemas fáciles, difíciles y trágicos.    

Y conviene resaltar esto pues los excesos en el ejercicio de atribuciones precisamente logra un fin contrario al fin de función integradora de las sentencias constitucionales, en tanto dan lugar a que el Tribunal Constitucional ya no sea el Guardián de la Constitución sino el Señor de la Constitución (der Hüter der Verfassung und nicht der Herr der Verfassung) y a que secuencialmente, existan proyectos de restricción de facultades, generados por el propio Poder Legislativo, respecto del Tribunal Constitucional, a raíz de sentencias que parecen haber evidenciado excesos por parte del supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, observemos, de otro lado, que necesitamos un organismo autónomo fuerte, sólido e independiente, sin sujeciones al poder político pues en muchas ocasiones precisamente es necesario corregir al poder político.  

En consecuencia, existe una importante necesidad de autolimitación en el mejor de los sentidos posibles, en tanto es importante partamos de que las decisiones jurisdiccionales constitucionales deben asumir un rol de defensa de los derechos fundamentales en el marco de los principios, valores y directrices que enuncia la Carta Fundamental, la cual exige ser interpretada a propósito  de la exigible demanda de  tutela al ser vulnerados los derechos especialísimos que ella defiende, pero al mismo tiempo, que exige mesura, ponderación y equilibrio adecuados, en tanto y en cuanto es importante redefinir el rol de los órganos vinculados a la solución de las controversias iusfundamentales.   

Rescatadas estas ideas, hemos querido graficar, con las lecturas adjuntas, el rescate de algunos conceptos sustantivos como la sociedad abierta de intérpretes de la Constitución, enunciado häberleano que identifica un criterio amplio en el sentido de que todos proyectamos la capacidad de ser intérpretes de nuestra Carta Magna.  

En la misma lógica, recogemos algunos conceptos de Zagrebelsky, a propósito de su importante experiencia como Presidente de la Corte Constitucional italiana y de la idea que sus obras transmiten en cuanto los derechos  fundamentales resultan también maleables y dúctiles, y no más derechos absolutos.  

En igual forma, es importante apreciar cuáles retos asume la jurisdicción constitucional en América Latina a partir de las inquietudes que presenta Néstor Pedro Sagües, y las implicancias del neoconstitucionalismo y la ponderación judicial que demarca Prieto Sanchís, a propósito de una técnica de interpretación constitucional como lo es la ponderación de intereses. A su vez, el neoconstitucionalismo implica una nueva forma de ver los derechos fundamentales en el marco de las normas- principio descritas por la Constitución.  

Adicionalmente, incluimos un  importante trabajo de Grández Castro respecto a las relaciones entre la justicia constitucional y la argumentación jurídica, en tanto resultan implicantes: la justicia constitucional desembarca en la argumentación constitucional y representa un tipo propio de construcción de argumentos, con caracteres propios y diferenciados respecto de los de la jurisdicción ordinaria.  

Concluido un grupo de lecturas sustantivas, incluimos un conjunto de criterios propiamente procedimentales respecto de los procesos constitucionales, a partir de ideas de Domingo García Belaúnde, Lorca Navarrete, Landa Arroyo y este autor, en la medida que ponemos de relieve la importancia de destacar los criterios de autonomía procesal que identifican los procesos vinculados a los derechos fundamentales, así como las particularidades procesales propias de los procesos constitucionales, los cuales presentan de suyo diferencias sustantivas respecto a los procesos de la jurisdicción ordinaria.    

Finalmente, incluimos un grupo de sentencias constitucionales que trasuntan esquemas procesales propios de las causas constitucionales y que han de colaborar, es nuestra intención, a que identifiquemos características propias de la tutela urgente y la necesidad de vigencia efectiva de los derechos fundamentales en los procesos constitucionales, que a decir de Gomes Canotilho, “son la Constitución de la Constitución.”. 

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