Archive for 30 diciembre 2012

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Los números de 2012

30 diciembre, 2012

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2012 de este blog.

Aquí hay un extracto:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 160.000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Haz click para ver el reporte completo.

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Revista virtual IPSO JURE 19. Noviembre 2012

27 diciembre, 2012

 

PALABRAS DEL DIRECTOR. Edición 19, noviembre 2012

 

Estimados amigos: 

Cerramos el año 2012 con una nueva edición que nos permite resumir, a grandes rasgos, la existencia de nuestra revista a lo largo de 3 gestiones presidenciales de nuestra Corte Superior de Justicia, fundamentalmente a partir del aval de los doctores Jimmy García Ruiz, Ricardo Ponte Durango y Carlos Silva Muñoz, quienes en su momento otorgaron el visto bueno para aventurarnos a la hazaña intelectual de que los jueces puedan reproducir sus pensamientos a partir de sus propios enfoques del derecho. 

Es cierto que la Academia, entendida en su sentido lato, informa el derecho y fija sus estructuras, sus campos de acción y determina sus contenidos, y sin embargo, el propósito inicial de nuestra revista fue abrir un espacio para que los propios jueces expresaran su opinión acerca de cómo ven igualmente el derecho y cómo contribuyen, desde una perspectiva pragmática, a enriquecer sus latitudes materiales. 

Y quizá debamos retroceder hasta ese anecdótico trabajo de Eugenio Bulygin cuando se indagaba: ¿”Los jueces crean derecho?”, premisa que a su turno fue planteada en la idea de discutir si en los fallos los jueces creamos derecho o si producimos algún otro tipo de acción. Pues bien, el maestro ruso argentino Bulygin considera que los jueces en estricto no creamos derecho sino que establecemos reglas al interior de los procesos y a partir de las mismas, rediseñamos el derecho en cuanto a sus diversos contenidos. 

Personalmente, advierto que seguimos una misma línea de acción: la Academia y los teóricos del derecho perfilan un incesante enriquecimiento de nuestra disciplina, al tiempo que los jueces acogemos esas concepciones abstractas para perfilar las decisiones jurisdiccionales en función al caso concreto, enriqueciendo el ámbito material pues constantemente perfilamos decisiones en función a cuestiones fácticas que tienen naturaleza cambiante. Y como refiere Marina Gascón Abellán, necesitamos mirar no solo la quaestio juris sino la quaestio facti del problema, es decir, destacar la cuestión de los hechos en el problema para desde ese entorno, volver a mirar la dimensión normativa del problema y por lo tanto, se trata de un ir a y venir respecto al problema jurídico, el cual exige una solución integral respecto de los juristas. 

Bajo esos estándares, IPSO JURE nació con esa inquietud y hoy, tras 19 ediciones, creemos que el objetivo ha sido cumplido con creces: hemos creado un nombre a nivel nacional y hemos significado un espacio para los jueces a nivel nacional e internacional. Y a la vez, hemos dado cabida, luego de un inicio interesante de la actividad intelectual de jueces, a fiscales, abogados, académicos del derecho e inclusive, en un último tramo, a estudiantes de la disciplina. Por tanto, hemos querido satisfacer el ideario democrático de ser horizontales en cuanto al acceso y de algún modo verticales, cuando se trataba de propiciar el ingreso solo de buenos trabajos de investigación. 

Aspiramos a seguir produciendo IPSO JURE y a tratar de seguir mejorando nuestros contenidos permanentemente. Si pensamos en términos kantianos, creemos que es un imperativo categórico que no podemos soslayar.   

Hasta la próxima edición.   

El Director

 

 

INDICE

 

Autonomía judicial, dd.ff. y sistema interamericano

Entrevista al Dr. Samuel Abad Yupanqui

 

El proceso de amparo: alcances, dilemas y perspectivas

Edwin Figueroa Gutarra

 

Principio de colaboración de poderes

Ricardo Corrales Melgarejo

 

El ¿principio? de oportunidad en la normativa penal colombiana

Amanda Gallego Blandón

 

Teoría de la intensidad de las garantías constitucionales en la justicia penal en Salta

Daniel Alejandro Escalante

 

Estudios sobre la nocion de los derechos fundamentales y su naturaleza social

Bady Omar Effio Arroyo

 

El proceso de inconstitucionalidad de las leyes y el efecto de las sentencias normativas en el ordenamiento jurídico peruano

Martin Tonino Cruzado Portal

 

Escudriñando el CAS: desnaturalización de la relación de trabajo

W. Luis Bravo Montalvo

 

La relativización del estudio del impacto ambiental en el Perú

Oscar Augusto Francisco Jurado Arenas

Jorge Rolando Llanos Garcia

 

Reflexiones sobre los límites del principio de autotutela administrativa

Cindy Vanessa Suárez Vásquez

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eed71804df498b3b4fdb69c7fcd6993/IPSO+JURE+19+Versi%C3%B3n+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eed71804df498b3b4fdb69c7fcd6993

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Saludos de Feliz Navidad y Año Nuevo

24 diciembre, 2012

 

Apreciados amigos:

En  esta ocasión de suyo especial vayan mis afectuosos saludos de Navidad y Próspero Año Nuevo para todos los colegas seguidores de este blog, cuyo número se ha incrementado ostensiblemente este año desde todas las latitudes del planeta, en material expresión de que hoy somos una aldea global.

La fecha es muy especial pues nos reencontramos con una parte de nosotros mismos cuya esencia es compartir con los nuestros, con los demás y en esa lógica, es tiempo de hacer un alto en los quehaceres del Derecho Constitucional. los Derechos Humanos y la Argumentación Jurídica. Que esta sea vuestra mejor Navidad!!!

Esperamos fervientemente que el próximo año sigamos compartiendo inquietudes, aspiraciones y experiencias.

Saludos navideños,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sociology of Law and Political Action. Toulouse, France. September 3 to 6, 2013

21 diciembre, 2012

Call for Papers: Sociology of Law and Political Action

Sciences Po Toulouse is organizing, in collaboration with the Research Committee on Sociology of Law of the International Sociological Association (ISA/RCSL), with the support of the European Network on Law and Society (RED&S), a Congress which will take place in Toulouse, from September 3 to 6, 2013, on the theme: “Sociology of Law and Political Action”

The Calls for Papers are available on the site of the Congress in the “Call for Papers” section: http://2013rcslcongress.sciencespo-toulouse.fr/call-for-papers

Abstracts are submitted online, by completing the form presented on the same page. The deadline for submission of abstracts is planned on February 1st, 2013, last deadline. We hope that you will be many to participate in this meeting. More informations on the site of the Congress: http://2013rcslcongress.sciencespo-toulouse.fr/welcome

Fuente: http://www.iacl-aidc.org/en/news

Best regards,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 0007-2012-PI/TC. Caso FONAVI. Examen constitucional de ley aprobada en referendum

20 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión de sumo interés por sus referencias a la viabilidad de examen constitucional de leyes aprobadas en referéndum, es la STC 0007-2012.PI/TC, la cual puede ser leida en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00007-2012-AI.pdf .

Una cuestión de interés es que si, desde la teoría clásica del poder ilimitado de los ciudadanos( vox populi, vox Dei), si el pueblo asume la condición de Poder Constituyente y el referéndum sería una expresión de ese poder, ejercido en la oportunidad convocada para el efecto, frente a esa concepción, se opone la del Tribunal, el cual afirma que sí es posible el examen constitucional de una ley avalada en referéndum pues en rigor, el ejercicio de este acto democrático es una expresión de poder constituido.

En esa lógica, se hace revisable una norma que avaló por mayoría un importante número de ciudadanos al votar positivamente por la devolución del FONAVI.

La parte relevante de la sentencia expresa lo siguiente:

18. (…) cuando el pueblo se pronuncia democráticamente en un referéndum, no lo hace como un poder jurídicamente ilimitado, sino como un poder constituido, y por consiguiente, limitado, esencialmente, por el respeto a la Norma Fundamental. De ahí que el artículo 1 de la Ley 26300 establezca que los derechos de participación ciudadanos, entre los que se incluye el de referéndum (artículo 2, literal c), se ejercen de conformidad con la Constitución. Y es que como ya tuvo oportunidad de destacar este Tribunal, en tal caso “el pueblo actúa en calidad de poder constituido, pues si actuara como poder constituyente no podríia ser objeto de limitaciones jurídicas más allá de las que él mismo pudiera autoimponerse” (cfr. STC 0014-2002-PI, F.J. 116).

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03919-2010-PC/TC. Caso Juan Peralta Cueva y otros (jueces de Lambayeque). Nivelación de sueldos jueces del Poder Judicial.

19 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión jurisdiccional que creó fricciones inclusive al interior del propio Poder Judicial fue la STC 03919-2010-PC/TC, la cual puede ser leída  en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03919-2010-AC.html, a propósito del pedido de 53 jueces del Distrito Judicial de Lambayeque a efectos de que se cumpliera el artículo 186 inciso 5, literal b del DS. 017-93-jus (Ley Orgánica del Poder Judicial). norma referida a la nivelación de sueldos de jueces de distintos niveles con respecto a los haberes de los jueces supremos.  

Aún cuando ser parte en el proceso nos impide mayores comentarios pues el proceso aún se encuentra en trámite, creemos que es importante evaluar los argumentos del Tribunal Constitucional en la medida que estima la demanda y señala que procede el pedido de los demandantes en razón de que así lo prevé la norma. Por lo tanto, se trata de solicitar el cumplimiento de una norma y no de crear nuevas obligaciones.

La parte relevante de la decisión señala:  

7.  Si bien es cierto la STC 0168-2005-PC/TC ha establecido como uno de los requisitos de procedencia de las demandas de cumplimiento que el mandato que se pretende ejecutar no se encuentre sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, este Tribunal entiende que dicho requisito no debe ser interpretado en el sentido de anular cualquier ejercicio de interpretación que realice el juez al momento de examinar la ejecutoriedad de un mandato que se pretende hacer cumplir a través de este proceso constitucional. Razonar de ese modo podría llevarnos a absurdos como el de considerar que una norma legal o un acto administrativo por más claros y determinantes que sean si son contradichos por normas o resoluciones de rango inferior, ya no podrían hacerse cumplir, dado que dichas normas o actos habrían determinado la aparición de una controversia compleja, en cuanto a la interpretación de la norma o el acto prevalente. Dicha interpretación estricta del requisito dispuesto en la STC 0168-2005-PC/TC haría prácticamente impracticable cualquier razonamiento jurídico elemental, como la aplicación del principio de jerarquía normativa; condenando al demandante a seguir un proceso mucho más lato como el proceso contencioso administrativo, cuando el mandato pudo fácilmente hacerse cumplir a través del proceso de cumplimiento.

En esta línea, por ejemplo, no puede entenderse como controversias complejas o sujetas a interpretaciones dispares la presencia de mandatos contenidos en leyes o actos administrativos que deriven su definición, de un modo claro, a otras normas o actos administrativos que los complementen y que definan de un modo indubitable qué es aquello que se debe cumplir.

8. En el presente caso el mandato que pretenden hacer cumplir los demandantes (artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder Judicial) si bien debe ser completado con lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ y contrastado con otras disposiciones normativas alegadas por la parte demandada, que contradecirían lo ordenado en el artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, pues la exigencia de remisión o contraste no supone necesariamente la existencia de una controversia interpretativa compleja, dado que –como se verá en el caso de autos- la remisión y el contraste pueden ser resueltos fácilmente y con la suficiente claridad. Así, el artículo 186º, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS dispone literalmente que “el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema, el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, …”, por lo que resulta meridianamente claro que la homologación está referida al total  de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema por cualquier concepto. 

9. El referido total de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema incluye, por tanto, el monto de S/. 7617.00 nuevos soles establecida mediante Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ. El hecho de la recepción de este monto, considerado bajo el concepto de “bono por alta función jurisdiccional” ha quedado plenamente acreditado mediante las declaraciones juradas anexadas en el expediente (fojas 176-180), donde se aprecia fehacientemente que el monto total de lo que percibe un vocal supremo asciende a S/. 23217.20 nuevos soles, monto al que si se le resta los S/. 15600.00 nuevos soles que ganaban los vocales supremos hasta antes de la mencionada resolución administrativa, queda claro que la asignación por dicho concepto fue de S/. 7617.00 nuevos soles.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03681-2010-PHC/TC. Caso Ernesto Schutz. Ley de Contumacia y renuencia a comparecer al proceso

18 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión que este año marcó el debate en temas de habeas corpus fue la STC 3681-2010-PHC7TC, caso Ernesto Schutz, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03681-2010-HC.html, la misma que inicialmente fue declarada fundada y luego revocada ( un hecho inusual pues normalmente se produce la publicación de una sola decisión).

Se verificó, luego de la publicación, que no habían los votos suficientes para formar resolución, y llamado a dirimir el magistrado Calle Hayen, se produjo la desestimación de la demanda.

Lo interesante del caso fue poner de relieve el tema de la literalidad de la Ley 26641, Ley de Contumacia, en tanto si esta figura es declarada al interior de un proceso penal, no se produce la prescripción de la causa.

Si bien esta figura colisiona con el derecho fundamental al plazo razonable, creemos que el Tribunal, antes que optar inicialmente, en su primera decisión, por acoger el tema de falta de motivación , tenía las herramientas objetivas para desestimar la demanda, pues efectivamente ya hay jurisprudencia constitucional consolidada en el sentido de que solo en caso de rehuir a los emplazamientos, comprobadamente,  no se produce el archivamiento del proceso. Bajo esta pauta y solo bajo este razonamiento, la Ley de Contumacia, dada la obstrucción al desarrollo del proceso, sí sería aplicada, con exclusión de otro tipo de situaciones.

Ernesto Schutz alegaba prescripción del proceso y al mismo tiempo, invocaba la nacionalidad suiza desde ese país, elemento este último que representaba un impedimento de procesamiento por parte de la justicia peruana.

Una parte de la sentencia así lo expresa:

5. (…) debe tenerse presente que en las SSTC 04118-2004-HC/TC y 07451-2005-PHC/TC se estableció que “tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho”.

6.        En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84º del Código Penal, ya que ordenó –mecánicamente– la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que “la Ley N.º 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso”. 

Por consiguiente, este extremo de la demanda tiene que ser estimado.

A futuro, deberá evaluar el juez constitucional si existe una actitud de renuencia a comparecer al proceso y solo invocándose este argumento, como causal de justificación, no habrá colisión con otros derechos fundamentales.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

Blog of the IACL, AIDC

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Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI