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STC 03919-2010-PC/TC. Caso Juan Peralta Cueva y otros (jueces de Lambayeque). Nivelación de sueldos jueces del Poder Judicial.

19 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión jurisdiccional que creó fricciones inclusive al interior del propio Poder Judicial fue la STC 03919-2010-PC/TC, la cual puede ser leída  en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03919-2010-AC.html, a propósito del pedido de 53 jueces del Distrito Judicial de Lambayeque a efectos de que se cumpliera el artículo 186 inciso 5, literal b del DS. 017-93-jus (Ley Orgánica del Poder Judicial). norma referida a la nivelación de sueldos de jueces de distintos niveles con respecto a los haberes de los jueces supremos.  

Aún cuando ser parte en el proceso nos impide mayores comentarios pues el proceso aún se encuentra en trámite, creemos que es importante evaluar los argumentos del Tribunal Constitucional en la medida que estima la demanda y señala que procede el pedido de los demandantes en razón de que así lo prevé la norma. Por lo tanto, se trata de solicitar el cumplimiento de una norma y no de crear nuevas obligaciones.

La parte relevante de la decisión señala:  

7.  Si bien es cierto la STC 0168-2005-PC/TC ha establecido como uno de los requisitos de procedencia de las demandas de cumplimiento que el mandato que se pretende ejecutar no se encuentre sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, este Tribunal entiende que dicho requisito no debe ser interpretado en el sentido de anular cualquier ejercicio de interpretación que realice el juez al momento de examinar la ejecutoriedad de un mandato que se pretende hacer cumplir a través de este proceso constitucional. Razonar de ese modo podría llevarnos a absurdos como el de considerar que una norma legal o un acto administrativo por más claros y determinantes que sean si son contradichos por normas o resoluciones de rango inferior, ya no podrían hacerse cumplir, dado que dichas normas o actos habrían determinado la aparición de una controversia compleja, en cuanto a la interpretación de la norma o el acto prevalente. Dicha interpretación estricta del requisito dispuesto en la STC 0168-2005-PC/TC haría prácticamente impracticable cualquier razonamiento jurídico elemental, como la aplicación del principio de jerarquía normativa; condenando al demandante a seguir un proceso mucho más lato como el proceso contencioso administrativo, cuando el mandato pudo fácilmente hacerse cumplir a través del proceso de cumplimiento.

En esta línea, por ejemplo, no puede entenderse como controversias complejas o sujetas a interpretaciones dispares la presencia de mandatos contenidos en leyes o actos administrativos que deriven su definición, de un modo claro, a otras normas o actos administrativos que los complementen y que definan de un modo indubitable qué es aquello que se debe cumplir.

8. En el presente caso el mandato que pretenden hacer cumplir los demandantes (artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder Judicial) si bien debe ser completado con lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ y contrastado con otras disposiciones normativas alegadas por la parte demandada, que contradecirían lo ordenado en el artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, pues la exigencia de remisión o contraste no supone necesariamente la existencia de una controversia interpretativa compleja, dado que –como se verá en el caso de autos- la remisión y el contraste pueden ser resueltos fácilmente y con la suficiente claridad. Así, el artículo 186º, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS dispone literalmente que “el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema, el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, …”, por lo que resulta meridianamente claro que la homologación está referida al total  de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema por cualquier concepto. 

9. El referido total de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema incluye, por tanto, el monto de S/. 7617.00 nuevos soles establecida mediante Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ. El hecho de la recepción de este monto, considerado bajo el concepto de “bono por alta función jurisdiccional” ha quedado plenamente acreditado mediante las declaraciones juradas anexadas en el expediente (fojas 176-180), donde se aprecia fehacientemente que el monto total de lo que percibe un vocal supremo asciende a S/. 23217.20 nuevos soles, monto al que si se le resta los S/. 15600.00 nuevos soles que ganaban los vocales supremos hasta antes de la mencionada resolución administrativa, queda claro que la asignación por dicho concepto fue de S/. 7617.00 nuevos soles.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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One comment

  1. Considero la interpretacin del TC tcnicamente correcta, pero el trasfondo de lo que se decide es de cuidado. En el sector pblico se est recurriendo excesivamente al tema del incremento de los sueldos como si se tratara de un derecho incontestable, en algunos casos se apela a que el monto es insuficiente y en otros -como en el caso de los jueces- a que la avala la ley. Recientemente los congresistas se elevaron sus remuneraciones MEDIANTE LEY. En el caso particular de magistrados y congresistas, sus sueldos son -comparativamente- los ms altos de la administracin pblica, qu justifica el incremento de tales sueldos de manera sustantiva, en donde queda la proporcionalidad cuando se elevan sueldos en montos considerables para algunos funcionarios -3000, 4,000.00 , S/5,OOO,OO y hasta ms-, mientras los efectivos de las fuerzas armadas y trabajadores judiciales y fiscales bregan por incrementos de 200 y 300 nuevos soles. Puede decirse, sin embagues, que el incremento de los congresistas y de los magistrados es necesario y proporcionado? o el argumento central y nico es que la ley as lo manda. Porque de ser as, el mensaje a la poblacin es claro: obtn del parlamento una ley que ordene el incremento de tu sueldo. La historia nos ensea que los pases que optaron por incrementos remunerativos excesivos -basados en un periodo de bonanza econmica para el erario pblico- como parte de una poltica de ‘sueldos altos’ luego han sufridos las consecuencias. No se trata de que los magistrados de otros pases ganen ms que los magistrados peruanos, se trata de ponderar si la realidad econmica, social y psicolgica del pas lo permite. Conviene abrir ms el abismo remunerativo entre magistrados del PJ y sus trabajadores judiciales?. Si apostamos por desentronar a la ley en el mbito jurdico (postulado radical del denominado estado constitucional de derecho) entonces hay que ser consecuentes con ello, aun cuando ello implique reducir algunas aparentes ventajas. Saludos

    Date: Wed, 19 Dec 2012 13:59:11 +0000 To: jusprofesionaldr@hotmail.com



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