Archive for 17 diciembre 2012

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STC 00037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Aplicación del principio de proporcionalidad, seguridad jurídica y ejecutores coactivos

17 diciembre, 2012

 

Estimados amigos:

Los conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional suelen ser de dimensiones singulares a propósito de sentencias del supremo intérprete que, en procesos de amparo contra resolución judicial, precisamente dejan sin efecto decisiones jurisdiccionales que representan fallos de cierre de la justicia ordinaria.

Uno de estos caso es la STC 00037-2012-PA/TC, de fecha 25 de enero de 2012, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00037-2012-AA.html , la cual declara fundada una demanda de amparo interpuesta por Scotiabank contra la Corte Suprema y declara nula una resolución expedida por la Sala Civil Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del expediente CAS. N.º 3313-2009.

En tanto que la decisión de la Corte Suprema se había circunscrito a la aplicación del artículo 3ro del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, que preveía exigencias de rigor e inscripciones a los ejecutores coactivos, el fallo del Tribunal, vía aplicación del principio de proporcionalidad, llega a la conclusión de que no es exigible la aplicación de la norma en los términos referidos por la Corte Suprema, y que corresponde determinar una regla de proporcionalidad en el sentido de ser exigible la inscripción del ejecutor de acuerdo a la exigencia propia de campo en la cual se desenvuelve la labor de este funcionario. 

La parte relevante de la sentencia señala lo siguiente: 

Examen de necesidad

57. (…)  el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. (…)

Examen de proporcionalidad en sentido estricto

63. (…)el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada.

La decisión en comento generó sendos comunicados del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial manifestando su oposición y desacuerdo frente a la situación consumada y sin embargo, deviniendo revisora la función del Tribunal Constitucional respecto de fallos de la Corte Suprema, quedó anotada la necesidad de expedirse nueva resolución en los términos fijados por el Tribunal.

Detalle particular lo constituyen los votos singulares, en desacuerdo, de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Distorsión de locación de servicios en consultores

14 diciembre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.   : 3385-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: HEBERT TAPIA CARUAJULCA

DEMANDADO: COFOPRI

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 18 días del mes de setiembre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Jorge Guizado Salcedo, Procurador Público del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, contra la sentencia de fecha 08 de marzo de 2012 que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Hebert Tapia Caruajulca y ordena su reincorporación laboral.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 236-244) solicita se declare nulo y sin  valor legal alguno el despido de hecho e incausado de fecha 01 de agosto de 2011 y se ordene la reincorporación laboral del demandante en el mismo cargo, nivel y remuneración que tenía hasta antes del cese en su puesto de arquitecto consultor de la entidad demandada. Precisa haber ingresado a laborar con fecha 01 de junio de 1999 bajo un contrato de locación de servicios. Alega vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso en su aspecto constitutivo a la defensa y al trabajo. 

La emplazada contesta la demanda (p. 260-266) y solicita que la demanda se declare improcedente pues solo ha existido contratos estándar de consultoría con el accionante, habiendo existido voluntad y autonomía de las partes en los contratos celebrados. 

La sentencia impugnada (p. 271-274) estima la demanda por considerar que el accionante fue despedido de manera incausada en tanto las actividades que desempeñaba se encontraban en relación directa con el objeto de la institución demandada. Considera, de igual forma, que la relación suscitada entre las partes cumple con los requisitos de un contrato de trabajo y, finalmente, que los contratos civiles se desnaturalizaron y se convirtieron en contratos de naturaleza indeterminada. 

La impugnación formulada (p. 290-296) incide en la improcedencia de la demanda y precisa que el Juzgador realiza una interpretación errada de los contratos de locación de servicios y el servicio de consultoría individual, así como una interpretación sui generis de los elementos esenciales para tipificar la relación contractual como una de naturaleza laboral de tal  forma que aplica indebidamente el principio de primacía de la realidad. Considera, de la misma forma, que el demandante no ha acreditado ser titular del derecho que invoca y que no se ha generado vínculo laboral alguno.  

 

FUNDAMENTOS 

§ Sobre la locación de servicios 

1. Esencialmente para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza inclusive presta su concurso especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se laborales. 

2. En estas modalidades no hay sujeción a un horario, pues existe autonomía de quien presta el servicio y también la alternativa de no ser exigible prestar personalmente el servicio, es decir, delegar la prestación en terceros. Adicionalmente, no se generan obligaciones sociales de ningún tipo. 

3. En cuanto se refiere a la locación de servicios, esta modalidad de contratación se rige por los artículos 1764 al 1770 del Código civil, los cuales establecen las funciones contractuales de una comitente, locataria o empresa, es decir, quien solicita un servicio, y un locador, o servidor independiente, quien presta el servicio.

 

§ Distorsión de la locación de servicios y exclusiones 

4. La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales, la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral. De esta forma, las labores administrativas y sujetas a subordinación reciben el tratamiento de una contratación vía locación de servicios o de servicios no personales y generan, muchas veces por falta de previsión legal de los propios empleadores, y en los casos de comprobaciones objetivas en los procedimientos de inspección de trabajo, que la Autoridad Administrativa de Trabajo disponga, con los elementos de análisis del principio de primacía de la realidad, la inclusión de los servidores afectados en el Libro de Planillas de la empresa. Evidentemente estamos, pues, frente a criterios defectuosos en la correcta contratación del personal. 

5. No obstante ello, ¿podemos solo calificar de defectuosos dichos criterios disímiles en una locación de servicios? A juicio nuestro, no, pues no obstante el impedimento formal de no contratar en locación de servicios y servicios no personales a servidores que se saben van a desempeñar tareas propiamente laborales, muchos empleadores optan, a sabiendas, por aplicar esta modalidad en el supuesto no sólido de que se mantenga un statu quo en el cual se prevea que el servidor no va a reclamar. 

6. Y es cuando se produce la reclamación, con elementos de prueba veraces, que son aplicables los efectos de las disposiciones constitucionales protectoras de la relación de trabajo.[1] Debemos advertir, en estos casos, que los procesos de amparo precisamente actúan como mecanismos restitutorios de los derechos constitucionales afectados y la posición del juzgador, en caso de existir el aporte de prueba suficiente, será de efectivamente conceder tutela de urgencia pues ésa es la naturaleza de los procesos de amparo laborales que denuncian la afectación de derechos fundamentales en materia laboral. 

7. En ese sentido, la labor del juzgador será la valoración razonada, suficiente y motivada de la prueba, para determinar, cuando corresponda, que se han producido supuestos materiales de desnaturalización de una locación de servicios, sea porque se estableció un horario de trabajo, sea porque existen instrumentos inequívocos que dan cuenta de la intención del empleador de contratar bajo los alcances de una relación de trabajo, o sea porque la Autoridad Administrativa de Trabajo constatar que efectivamente existe una relación laboral donde se pretende sustentar un contrato de servicios no personales( sic), entre otros supuestos.    

8. No se debe descartar, en relación a lo enunciado el eufemismo técnico –legal que a su vez implica, por extensión, un contrato de servicios no personales pues la naturaleza de la prestación de dicha opción contractual, supone que el locador no preste el servicio en forma directa y que lo pueda hacer a través de terceros. No obstante ello, es lugar común que siempre exija el empleador, sea en contratos de locación de servicios o en servicios no personales, en los hechos, que se exija la prestación personal del servicio.

9. Por oposición, constituye criterio de exclusión que la locación de servicios es dirigida en sus caracteres esenciales bajo el criterio marco que informa el artículo 1764 del Código Civil, entonces no corresponde amparar pretensiones de urgencia que denuncien afectaciones constitucionales. 

 

§ Análisis del caso concreto 

10. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, nos persuadimos de la suficiencia de la estructura silogística y principialista del fallo apelado, en tanto no resulta prohibido a la emplazada despedir a un servidor siempre que se cumplan los requisitos formales del caso para una contratación laboral. A este efecto, es importante atender a los enunciados de las pruebas proporcionadas por el demandante, consistentes en diversos contratos de locación de servicios para que desempeñe funciones de ARQUITECTO CONSULTOR de COFOPRI (p. 4-158) así como otros documentos colaterales. 

11. Y sin embargo, no obstante sus calidades de consultor, constatamos distintos documentos que desnaturalizan esta situación como por ejemplo los controles de asistencia de personal y formatos personal PCDPI (p. 214-223), los cuales consignan los horarios de trabajo del demandante así como de otros compañeros de trabajo, instrumentos que de plano desestiman una relación de consultoría propiamente dicha.  En ese sentido, creemos que no ha existido una política idónea de contratación al interior de la entidad emplazada en tanto la suscripción de los contratos en mención se fundamentaron bajo la existencia de simulación o fraude de las normas laborales, en razón de que a pesar de su condición de consultor, las labores desempeñadas por el accionante eran de naturaleza permanente, personal y a cambio de una remuneración.

12. En ese orden de ideas estimamos que los contratos suscritos se han visto desnaturalizados, lo cual conlleva a que se presuma una contratación a plazo indeterminado. Bajo esta pauta, corresponde confirmar la apelada por vulneración manifiesta del derecho al trabajo.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda y ordena la reincorporación del actor. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993 

 Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.  

 (…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.(…) 

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. (…)   

 Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.    

 Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización prácticas preprofesionales

12 diciembre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 110- 2012-PA/SPJ    

DEMANDANTE: GUISELLA VASQUEZ TORO  

 DEMANDADO: ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 13 días del mes de setiembre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Armando Chunga Bernal, Abogado de la Zona Registral II, sede Chiclayo, contra el auto de fecha 24 de mayo de 2012, que declara la nulidad de la resolución 3 de fecha 03 de mayo de 2012 y declara infundada la excepción de incompetencia. 
  2. Armando Chunga Bernal, contra la sentencia de fecha 05 de junio de 2012, que declara fundada la demanda de amparo de autos.  
  3. El Procurador Adjunto de la SUNARP, contra la misma sentencia.  

 

ANTECEDENTES 

La demanda de amparo interpuesta (p.43-58) alega la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, a la defensa y al debido proceso, a fin de que se declare nulo el despido arbitrario de fecha 06 de diciembre de 2011. Refiere la demandante que sus convenios de prácticas pre profesionales en los Registros Públicos de esta ciudad se han desnaturalizado luego de efectuar prácticas desde el 01 de abril de 2011. 

La contestación de demanda por parte de la Zona Registral (p. 210-234) rechaza la pretensión de la actora y refiere que la demandante en forma voluntaria solicitó la culminación de sus prácticas pre profesionales. Acota que no se encuentra prevista plaza alguna para la misma en el Cuadro de Asignación de Personal y que la demanda debe ser declarada improcedente. 

El auto impugnado (p. 271-272) declara nulo el extremo de haber dejado sin efecto el concesorio de apelación otorgado a la emplazada contra la resolución No. 1 (admisorio de demanda) así como declara infundada la excepción de incompetencia, decisión contra la cual la demandada formula impugnación (p. 282-289) en el sentido de que no se ha aplicado en forma debida el precedente vinculante 206-2005-PA/TC así como alude a problemas de motivación.     

La sentencia impugnada (p. 273-276) estima la demanda y ordena la reposición de la demandante. Considera como fundamento central que los convenios de prácticas de la actora se han desnaturalizado pues la misma realizaba labores propias de una trabajadora. Reseña que las actuaciones inspectivas del caso han verificado que se constató que la demandante cumplía labores en atención al usuario y caja, sin advertirse capacitación y formación. 

La impugnación formulada por la Zona Registral II (p. 282-289) señala que se ha desnaturalizado la esencia de un proceso constitucional y que no se ha valorado debidamente la renuncia de la actora a sus prácticas pre profesionales. 

A su turno, la apelación del Procurador SUNARP (p. 297-302) refiere que existe nulidad absoluta de la recurrida pues no ha habido un correcto emplazamiento del Procurador con la demanda y que por lo tanto, se ha configurado una situación de indefensión.

 

FUNDAMENTOS 

§ Las prácticas pre profesionales y sus exigencias 

1. En el ámbito normativo, las modalidades formativas laborales han sido delimitadas por la Ley 28518 y en tal sentido, el artículo el artículo 51 inciso 6 de la norma acotada precisa las circunstancias de desnaturalización de dicha actividad.[1] En forma complementaria, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 003-2008-TR[2] fija las restricciones a dicha modalidad formativa. Finalmente, el artículo 44º[3] de la Ley 28518 regula la duración de la jornada formativa.

2. Desde la jurisprudencia constitucional,[4] la delimitación de estándares decisorios ha asumido la posición de desnaturalización si las labores asignadas al practicante no coinciden con las tareas formativas propias de un convenio de esta naturaleza,[5] criterio que a su vez conduce a que las prácticas contrarias al sentido de las formalidades formativas, den lugar a una categoría de reconocimiento de relación laboral.  

 

§ Análisis del caso concreto

3. Es pertinente desestimar la apelación respecto del auto impugnado pues sin perjuicio de que se apela indistintamente contra la resolución 1 (admisorio de demanda) y resolución 4(auto que deja sin efecto la nulidad del concesorio dispuesto por la resolución 3 así como declara infundada la excepción de incompetencia), las impugnaciones formuladas son manifiestamente improcedentes. 

4. En efecto, respecto al admisorio debemos señalar que dicho acto procesal obedece a una consideración estimable respecto a un proceso a verificar y respecto del cual, aún corresponde una contestación que a su vez debe dilucidar la pretensión.

5. De otro lado, la excepción de incompetencia no es procedente si existe una probable afectación  a derechos fundamentales, cuestión que implica que el juez constitucional no pueda renunciar a las facultades que le otorgan la Constitución y la ley. En tal sentido, deviene insuficiente la impugnación respecto al auto del caso. 

6. Respecto al fondo, esta Sala considera, en relación a la primera impugnación de la parte demandada, que no se desvirtúa el juicio de valor emitido por el A-quo pues de la verificación efectuada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, se constató efectivamente que la actora se desempeñaba en labores de atención al usuario y caja (p. 13- 14), tarea ciertamente contraria a los fines formativos propios de un convenio de prácticas pre profesionales.

7. Bajo esta lógica, no debe restársele facultades al empleador para disponer las modalidades de contratación que considere pertinentes, mas resulta de suyo exigible que la modalidad que empleare, sea respetuosa de los derechos fundamentales de los servidores de la institución, situación frente a la cual no se puede oponer la ausencia de plaza en un Cuadro de Asignación de Personal, en tanto la prevalencia de respeto al derecho fundamental resulta mayor frente a disposiciones administrativas. De otro lado, esta Sala no ordena una modificación del CAP sino solo restituye la efectividad de un derecho conculcado. 

8. De la misma forma, el argumento relativo a que la actora renunció a sus prácticas y que por tanto ello da lugar  a la improcedencia de la demanda, queda desvirtuado en razón de que corren en estos actuados (p. 22-35), idénticas cartas de renuncia a las prácticas, tanto de otros beneficiarios como de la recurrente, aspecto que nos conduce a concluir que no ha habido una real manifestación de voluntad y que, por el contrario, se trata de un instrumento que resulta contrario al derecho fundamental al trabajo, en tanto tiene los visos de una imposición del empleador. 

9. De la misma forma, en cuanto a la segunda impugnación, correspondiente a la Procuraduría SUNARP, si bien la demanda no formula el emplazamiento al Procurador, es de advertirse que el admisorio de demanda (p. 60), en forma clara, determinante y objetiva dispone el emplazamiento al Procurador de la entidad emplazada, con lo cual no existe indefensión alguna, debiendo desestimarse de plano este argumento. 

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto que declara la nulidad de la resolución 3 de fecha 03 de mayo de 2012 y declara infundada la excepción de incompetencia, y la sentencia que declara fundada la demanda de amparo de autos.  

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Ley N. º 28518. Artículo 51.- Desnaturalización de las modalidades formativas

Se desnaturalizan las modalidades formativas y se entiende que existe una relación laboral común en los siguientes casos: (…)  

6. La existencia de simulación o fraude a la Ley que determine la desnaturalización de la modalidad formativa. 

[2] Decreto Supremo Nº 003-2008-TR Artículo 1. 

Las personas que se capacitan bajo alguna modalidad formativa regulada por la Ley Nº 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales, no pueden desarrollar su actividad excediendo las jornadas específicas establecidas en la referida Ley, ni realizar horas extraordinarias. La vulneración de este derecho constituye un supuesto de fraude tipificado en el numeral 6 del artículo 51º de la Ley Nº 28518.  

[3] Ley N. º 28518. Artículo 44.- Duración de la Jornada Formativa

La jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona en formación y por ende dependerá del tipo de convenio suscrito, no pudiendo exceder de los siguientes límites:  

2. En los Convenios de Prácticas Profesionales: No mayor a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 

[4] STC 5247-2011-PA/TC. Caso Juana Medina 

5. (…) se ha acreditado que la actora reemplazaba a personal permanente de la sociedad demandada, ya sea por vacaciones de éstas u otros motivos, desnaturalizándose esta modalidad formativa que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional y ejercitarse en su desempeño, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51º, numeral 6, de la Ley N.º 28518, en el caso de autos se está frente a uno de los supuestos de fraude a la ley, motivo por el cual se ha desnaturalizado el convenio de práctica celebrado por las partes, deviniendo en un contrato laboral a plazo indeterminado. 

[5] STCV 827-2011. Caso Giuliana Arce 

5. (…)  es pertinente resaltar que a la actora se le asignaron, como practicante, labores de apoyo en la Oficina de Cobranza Judicial, cuando en realidad cumplía con todas las labores de Gestor Legal, tales como recepcionar, tramitar y entregar demandas y escritos en los diferentes juzgados del Distrito Judicial de Arequipa, como se acredita, tanto con los documentos obrantes a fojas 61-A, 63 a 66, 68 a 71, 73 a 77, 79, 81 y 85 de autos, como con el Manual de Organización y Funciones de la Sociedad emplazada, obrante a fojas 38, en el cual se detallan las actividades a realizar en el cargo de Gestor Legal. Dicha irregularidad también constituye una causal de desnaturalización de la modalidad formativa por fraude a la ley.

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“Retos del constitucionalismo hoy”. Colegio de Abogados de Iquitos. 07 de diciembre de 2012

6 diciembre, 2012

 

Estimados amigos:

El Colegio de Abogados de Iquitos nos extiende una cordial invitación para disertar el tema “Retos del constitucionalismo hoy” el próximo 07 de diciembre de 2012 a las 19 horas en sus instalaciones en esa ciudad.

Hemos de tener una agenda recargada pues en la Corte Superior de Justicia de Loreto,  igualmente, hemos de exponer el tema “Garantías constitucionales” unas horas antes y en la mejor previsión de compartir con los colegas del oriente peruano, las vicisitudes del constitucionalismo democrático, en el modo enunciado por de Otto, y de una democracia constitucional, en los supuestos proyectados por Lowenstein y Krause. Planteamos como reflexión central: ¿ son sinónimos o cuáles son sus diferencias sustantivas? ¿ cómo encontramos el constitucionalismo del siglo XXI en el Perú? ¿ cómo vemos nuestra jurisdicción constitucional? , entre otras cuestiones.

Esperamos colgar algunos materiales pronto.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Cierre actividades VI Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial. Toluca, México, 30 de noviembre de 2012

1 diciembre, 2012

VI Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial.

“Justicia sin fronteras: desafíos al crimen organizado, interculturalidad y familia”

30 de noviembre de 2012. Escuela Judicial del Estado de México.

 

Cuarto panel: FAMILIA Y FRONTERA 

Moderadora: Virginia López  Valencia (México)

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Guerrero. Miembro del Consejo Consultivo y Fiscal de la REDLAJ

 

Panelista: Jackeline Yalán Leal (Perú)

Jueza Superior de la Corte de Piura

Vicepresidenta de acceso a la Justicia, discapacidad y grupos vulnerables de la REDLAJ

 

Relatora: Doris Rodríguez Alarcón. (Perú)

Jueza Superior de Lima – Perú.

 

Tema 1: Salomón Saavedra Dorantes (México)
Vice Presidente para Cooperación en materia familiar de la REDLAJ
“Derribando mitos en la justicia familiar”

En la mayoría de las Constituciones se ha estructurado la protección a la familia. De la misma forma, existe todo un conjunto de normas legales que inciden en el núcleo familiar. Sin embargo, es una constante que advirtamos una forma de perorata pues no estamos frente a una real protección de la familia. Esto es preocupante pues necesitamos de perspectivas de protección de la problemática familiar.

Nos hemos desempeñado algún tiempo anterior en la magistratura y a pesar de los avances logrados, nos damos cuenta de que no hay avances sustantivos en la protección a la familia.

Me corresponde hacer especial referencia a un caso de familia que problematiza lo que expongo: una abuela reclama la convivencia con su nieto pues el padre, a la muerte de la madre, lo sustrae del ámbito familiar. La demanda y las medidas provisionales son presentadas, debiendo resolverse estas últimas en forma inmediata. La juez encomendada rechazó la demanda bajo el argumento de que la copia de la demanda no era idéntica a la original. Formulada la apelación, la Sala revocó parcialmente la decisión de la jueza, razón por la cual se recurrió al juicio de garantía, es decir, a un   amparo, competencia del juez federal. Este último juez, juez de distrito, estimó la demanda por considerar vulnerados algunos derechos fundamentales. Sin embargo, no se agota el principio de exhaustividad porque no se tocaron las medidas provisionales y ése era el objeto principal del litigio.

La Sala respectiva aún debe pronunciarse mas nos deja la reflexión de la necesidad de incidir necesariamente más a fondo en la defensa de los derechos fundamentales.

 

Tema 2: Salvador Mondragón Reyes (México)

Magistrado de Circuito

“Feminicidio”

Este tipo de encuentros logra una constante: que podamos pensar en la posibilidad de construir herramientas en común para conocer problemas similares.

Un primer problema teórico es diferenciar entre violencia de género y violencia contra las mujeres. Aquella incluye a esta última así como otros tipos de violencia contra personas con orientación sexual distinta.

La violencia es el instrumento que mantiene cierta forma de dominio contra las mujeres. Hay diversas formas: maltrato físico, de gradación de su dignidad, la muerte., etc.

El feminicidio es la forma de violencia más fuerte contra las mujeres. Es un concepto que se desarrolla en los años 90, va más allá de la muerte de las mujeres. Existe una violencia sistémica en esta figura. Hay 2 elementos s destacar: la misoginia (odio a las mujeres) y la impunidad (que se puede predicar de cualquier sistema que justifique la violencia contra las mujeres, ya sea justificando o atenuando la responsabilidad del victimario).

En América Latina, la Convención de Belem do Pará (Brasil), o Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, representa el instrumento que orienta las bases para arrojar elementos respecto a la violencia contra la mujer.

El feminicidio comienza a adquirir importancia a partir de ciertos crímenes en Honduras y México. Se destacó elementos de orientación por el sexo de las víctimas. No se debe confundir con las cifras de criminalidad en general, a analizar desde el Derecho Penal.

México ha recogido esta figura en diversos Códigos Penales. Solo 9 Estados no tienen esta figura en sus Códigos. Algunos de sus elementos son: la víctima siempre es mujer, la motivación del victimario es desprecio, odio o discriminación, etc.

Respecto de esta figura, se busca proteger no solo el valor vida sino también una forma de especial valor. Este tipo especial permite describir una problemática muy particular. En algunos Códigos se exige extrema violencia.

En el caso Campo Algodonero se sanciona a México por la desaparición de 3 mujeres, de 15, 17 y 20 años. Desaparecieron en 2001. La Corte Interamericana señaló que hubo un grado importante de impunidad contra las personas que cometieron esos delitos.

Esta problemática arroja una conclusión importante: se exige una cultura de respeto contra las mujeres. Se hace necesaria, también, una política educativa para la disminución de esta cáncer social.

 

Tema 3: Ángel Pelayo González Torre (España)

Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria de España

“Nuevos modelos de Familia” 

Voy a empezar sin referencia a la familia tradicional. Me he de referir a los cambios en los modelos familiares. Hay una serie de factores que contribuyeron para este cambio.

Hay factores como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la disminución de la tasa de natalidad, la aparición de uniones de hecho, la disminución de la presión social sobre el modelo clásico de familia, cuestiones de reproducción asistida, maternidad subrogada, etc.

Hay factores políticos como la pérdida de peso del modelo tradicional de familia, la pérdida de la libertad personal. Hay factores legales, también, como el impulso del divorcio, etc.

Todas estas circunstancias generan cambios en el modelo de familia. La respuesta del Derecho podría cerrarse en el modelo de una familia tradicional y sin embargo, ello no sucede en España. La diversidad resulta difícilmente gestionable.

Los nuevos modelos no determinan una crisis del modelo de familia tradicional. Lo que sí genera es la idea de la existencia de otros modelos. Es difícil, de esa forma, determinar un concepto de familia, dadas tantos nuevos modelos

Hoy ya no son factores fundamentales la creación de prole, etc, sino el desarrollo de la felicidad, los desarrollos personales.

En España, por Ley de 01 de julio de 2005, se modifica el Código Civil para que las personas de un mismo sexo puedan adoptar niños en las mismas condiciones que una familia heterogénea. Esta situación ha sido validada por el Tribunal Constitucional español recientemente.

De la misma forma, se ha instituido el matrimonio homosexual. Cuestión a definir es el contenido esencial de este derecho. El constituyente español ha considerado el matrimonio bajo condiciones de acceso en situación de igualdad.

El Partido Popular recurrió a impugnar la norma. Consideró que la heterosexualidad es parte de la tradición jurídica y que la filiación adoptiva debe ser igualmente heterosexual.

El 06 de noviembre de este año, el Tribunal Constitucional ha desestimado la demanda y se ha referido a la idea de garantía institucional, bajo la idea de preservación de una institución en cada tiempo y lugar. Por tanto, hay un margen para el legislador a fin de definir la figura. Pasa de una interpretación histórica a una interpretación evolutiva, considera una sentencia de Canadá respecto a unión de personas entre el mismo sexo. Se refirió a que la Constitución es un árbol vivo y que el legislador debe actualizar esos principios constantemente. Concluye que el matrimonio homosexual no afecta la institución del matrimonio. El Tribunal se refirió al aspecto científico del tema en el sentido de que no se afectaba el interés superior del niño en casos de adopciones.

Aragón Reyes, magistrado del Tribunal, dice en su voto que el Tribunal hacía sociologismo jurídico aunque coincide con el fallo final por otras razones.

 

Tema 4: Elvia Barrios Alvarado (Perú)

Ministra de la Suprema Corte de Perú. Presidenta de la REDLAJ.
“El Matrimonio Homosexual. Familia y perspectivas”

El matrimonio homosexual no es un tema reciente. El matrimonio se creó bajo la idea de una unión heterosexual. Hoy no está en cuestionamiento el modelo tradicional sino su vigencia como el único posible en una sociedad de cambios, su desraigambre del Derecho Romano que veía a la unión entre el varón y la mujer como un paradigma.

La gran problemática hoy es la institucionalización del matrimonio homosexual en diversas legislaciones. Hoy apreciamos, con el matrimonio homosexual, la desjerarquización del pater familia, entre otros aspectos.

Se pensaba antes que la homosexualidad era una enfermedad mental. Empero, en un amicus curiae ante el Tribunal Supremo de California, se dijo que la homosexualidad no era ningún tipo de situación anormal sino una expresión de la sexualidad humana.

Estamos hoy ante 6 géneros sexuales: masculino, femenino, gay, lesbiana, transexual y bisexual.

La homosexualidad se entiende aún, en algunos sectores, como estereotipos de desorden sexual y ello no es así. Corrientes activistas exigen una aprobación legislativa a favor. El homosexual en buena cuenta reclama una familia en sus relaciones afectivas. La pregunta es ¿cuál tipo de familia reclama? La familia siempre ha sido vista como una institución fundamental por sus múltiples papeles. No hay repuesta unívoca sobre qué es familia

En la visión habermasiana, la familia tiene un matiz ideológico, bajo rangos de universalidad. Frente al concepto vertical de la familia tradicional, hoy hay modelos horizontales, bajo nuevas reglas. Lo unívoco se reemplaza por nuevas formas de organización familiar.

El matrimonio homosexual es un tema vinculado a derechos humanos universales. Ergo, tienen el derecho a protección normativa.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha conspirado el derecho a contar matrimonio en forma amplia, sin restricciones objetivas. Las ideas opuestas justifican que este tipo de uniones no pueden generar la procreación en condiciones normales. Sin embargo, esto es no es un argumento determinante.

Hoy nos enfrentamos a nuevas formas de confirmación familiar. Estas nuevas familias ya pueden procrear bajo diversas formas: vientre de alquiler, fertilización asistida, etc. Hay un derecho a la libertad reproductiva. Se configuran hoy nuevas formas de parentesco. Adicionalmente ¿cuáles consecuencias se generan en los niños cuando son criados por parejas gays? Estudios hoy señalan que no hay consecuencias negativas y que estas personas están aptas, es también mi posición, para ser buenos padres.

Estamos frente a un sinnúmero de interrogantes a las cuales aún debemos responder. Las sociedades deben asumir dos líneas de acción: reconocimiento de estas uniones así como las cuestiones de parentalidad vinculadas a esta materia.   

 

Panelista: Jackeline Yalán Leal (Perú)

Jueza Superior de la Corte de Piura

Vicepresidenta de acceso a la Justicia, discapacidad y grupos vulnerables de la REDLAJ

En relación a las exposiciones anteriores, es importante poner de relieve que antes era impensable la separación entre matrimonio y familia. Esta era la perspectiva jurídica tradicional. Hoy, desde una perspectiva tradicional, la familia se encuentra a merced de las nuevas conductas sociales que han generado un cambio en la estructura familiar. La familia no está en crisis sino que ha evolucionado. Son familias con nuevas estructuras, como por ejemplo, familias ensambladas, reconstituidas, etc. Hay un caso del Tribunal Constitucional peruano que trabaja el tema de las familias ensambladas, fijando estándares respecto a la viabilidad de reconformación de estas familias. Acotó que los hijos de estas familias no pueden ser discriminados.

El Dr. Salomón Saavedra hizo un aporte acertado a efectos de la necesidad de sensibilizar a los jueces. Respecto a la exposición del Dr. Mondragón, es necesario igualmente trabajar disminuyan las diferencias de género. Dice el dicho: cría a un hombre y educarás a un ciudadano; cría a una mujer, y educarás una familia. Se trata de máximas que deben orientarse a poner de relieve los valores de la familia, cuales fueran sus características.

 

Relatoría:

La Relatora Doris Rodríguez Alarcón señaló, con profunda emoción, que los expositores han tocado puntos de una realidad que no podemos dejar de apreciar en su dimensión e importancia. Indicó que los últimos 50 años han sido vertiginosos en los cambios sociales y ello ha traído consecuencias extraordinarias respecto a la familia.

Las exposiciones han sido impecables respecto a los temas tratados y nos hacen reflexionar sobre los nuevos parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional, en especial, a partir de decisiones de los Tribunales Constitucionales. El propio sistema interamericano ha comenzado a fijar, de igual forma, importantes estándares en materia de familia, lo cual nos hace pensar en que hay mucho por hacer.

 

Clausura del evento  

Sergio Medina Peñaloza (México)

Dirigió un mensaje de despedida acotando que fue muy grato trabajar en estos 3 días, agradeciendo la presencia de todos los presentes en esta Aula Magna.

 

Elvia Barrios Alvarado (Perú)

Agradeció a 2 personas de este país en especial, por haber sido pilares fundamentales para la realización de este evento: Virginia López, por las largas horas de trabajo para que estas jornadas se llevaran a cabo con éxito. De igual forma, a Salvador Mondragón por sus contribuciones para la realización del encuentro anual de la REDLAJ en la sede de la Escuela Judicial. Agradeció a todos los demás por su apoyo y por el esfuerzo para que la  integración sea una realidad.

Se pasó un video ilustrativo de agradecimiento y finalmente, dio por clausurado el evento.

 

Reunión de Junta Directiva

Fue elegida Argentina como la sede del evento REDLAJ para noviembre de 2013

 

Reunión de cierre

Concluida la sesión, quedaron invitados todos los asistentes a la comida de rigor (almuerzo) en el Salón Anturios en el centro de Toluca, al término del cual fueron entregados diversos obsequios a los ponentes de estas jornadas por parte de la Escuela Judicial de Toluca.

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