Archive for 7 enero 2013

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El derecho a la igualdad. Ensayo

7 enero, 2013

 

Estimados amigos:

En la fecha hemos insertado un ensayo intitulado: DIMENSIONES DEL DERECHO A LA IGUALDAD: AVANCES Y RETROCESOS. ¿ENTRE ESCILA Y CARIBDIS?”,  un análisis doctrinario jurisprudencial que aborda las facetas del derecho a la igualdad desde la perspectiva de las decisiones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a lo cual sumamos algunos casos de la jurisprudencia comparada.

El ensayo en mención se encuentra disponible en este blog en la Sección Páginas. Su enlace es

https://edwinfigueroag.wordpress.com/t-derecho-a-la-igualdad/

Dicho ensayo ha sido publicado tambén en GACETA CONSTITUCIONAL No. 59. Noviembre 2012. pp. 281-305

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Entrevista al Dr. Samuel Abad Yupanqui. IPSO JURE 19. Autonomía judicial, DD.FF. y sistema interamericano

5 enero, 2013

 

ENTREVISTA AL DR. SAMUEL ABAD YUPANQUI

 

IPSO JURE entrevistó al Dr. Samuel Abad Yupanqui (Profesor del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico y socio del Estudio Echecopar. Doctorado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú), a propósito de un tema de suma relevancia como lo es la relación entre autonomía judicial, dd.ff. y sistema interamericano.

 

IPSO JURE IJ: Dr Abad Yupanqui, ¿cuál es su apreciación respecto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual la Sala del Dr Villa Stein expresa una posición distinta a la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos?  

SAMUEL ABAD YUPANQUI SAY: Realmente se trata de una lamentable sentencia dictada el 20 de julio del presente año que no sólo demuestra un claro desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino a la vez la pretendida utilización de un fallo con fines políticos para tratar de evitar que los hechos cometidos por el Grupo Colina durante el régimen del Ing. Fujimori puedan ser calificados como delitos de lesa humanidad. Es preocupante que puedan existir algunos jueces que pretendan instrumentalizar sus decisiones con fines ajenos al Derecho. Ello explica que luego los restantes magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema hayan tratado de explicitar sus opiniones evidenciando cierto margen de discrepancia. Una sentencia de tal naturaleza ha contribuido a deslegitimar la imagen de la Corte Suprema y a evidenciar que al interior de ella existen notables discrepancias. Por ello, la misma fue anulada luego que la Corte Interamericana, en el marco del proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso “Barrios Altos”, haya determinado que aquella contradecía lo dispuesto por su sentencia. 

Frente a esta situación, al Consejo Nacional de la Magistratura se le presenta un reto importante pues tiene que evaluar si esta situación justifica una sanción; para ello, deberá buscar un razonable equilibrio entre el margen de argumentación del que gozan los jueces, el desacato a una sentencia dictada por la Corte Interamericana y la posibilidad de cometer una inconducta funcional.

 

IJ: ¿Podemos referir, en ese caso, un contexto de autonomía judicial?  

SAY: Los jueces deben sustentar sus sentencias en base al ordenamiento jurídico vigente y éste comprende no sólo la Constitución sino también los tratados sobre derechos humanos e incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso concreto, además, existía una sentencia de la Corte Interamericana dictada en el caso “Barrios Altos” que era sumamente clara sobre el particular. Por ello, no considero que se afecte en absoluto la autonomía judicial. 

 

IJ: ¿Considera Ud. que los derechos fundamentales en los procesos en la justicia peruana pueden no necesariamente coincidir con la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O se daría una infracción de a vinculatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

SAY: Considero que se daría una manifiesta contradicción. Como mencionamos hace un momento, en nuestro ordenamiento jurídico las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forman parte de nuestro Derecho. Así, por ejemplo, lo reconoce expresamente el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional cuando señala que El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 

La citada disposición se incluyó para visibilizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces. Y es que en materia de derechos humanos estamos viviendo un proceso de globalización y, por tanto, no existe una “jurisdicción doméstica” inmune al Sistema Interamericano. 

 

IJ: ¿Considera Ud. que existen límites a la vinculatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

SAY: Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos DEBEN cumplirse. Un Estado que asumió la competencia contenciosa de la Corte no puede utilizar el argumento de que existen límites para negarse a cumplir un fallo de dicho Tribunal. Como se recordará durante el gobierno del Ing. Fujimori se pretendió desconocer la competencia contenciosa de la Corte y se argumentó una suerte de “retiro unilateral” que fue rechazada en forma contundente por el Sistema Interamericano. A ese penoso pasado no debemos volver jamás. 

Por ello, precisamente, el 07 de setiembre del presente año, la Corte Interamericana en el marco de la supervisión del cumplimiento de su sentencia y ante el lamentable fallo de la Sala Penal presidida por el Sr. Villa Stein dispuso que el Estado peruano debe adoptar todas las medidas necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a su sentencia. Fue importante que ello haya sucedido para evitar la sensación de impunidad que generó dicha sentencia.

 

IJ: Finalmente, si hablamos de un control de convencionalidad- ¿los jueces peruanos se encuentran obligados a ello?  

SAY: Se habla del “control de convencionalidad”, en sentido amplio, para resaltar el deber de los jueces de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación efectuada de la misma por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así por ejemplo, lo entendió la Corte en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile cuando señaló que el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (párrafo 124). De esta manera, si una ley es contraria a la Convención, el juez debería aplicar ésta última y dejar de lado la ley. Así por ejemplo, si una ley permite la amnistía o una resolución suprema  dispone el indulto en casos de graves violaciones a los derechos humanos (desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales) deberían ser inaplicadas por los jueces. 

En lo personal no me cabe la menor duda que los jueces deben respetar los tratados sobre derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que los interpretan, pues forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, considero que a nivel judicial el “control de convencionalidad” no es más que el deber que tienen todos los jueces de respetar la Constitución y, de ser el caso, hacer uso del control difuso. Y es que en nuestro país, la Convención Americana es un tratado sobre derechos humanos que cuenta con jerarquía constitucional y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por todos los jueces. A ello se une que los derechos reconocidos por la Constitución deben ser interpretados por los jueces de conformidad con las decisiones de la Corte Interamericana. Por ello, considero que la expresión “control de convencionalidad”, en estricto, debería reservarse para el rol que cumple la Corte Interamericana de hacer prevalecer la Convención y su jurisprudencia sobre las decisiones de los Estados, para declarar, por ejemplo, que carece de efecto jurídico alguno una ley de amnistía o un indulto en los supuestos antes mencionados. 

En definitiva, lo relevante en una democracia es que los jueces deben velar indesmayablemente por la vigencia de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esos son los principios y valores que caracterizan a un juez demócrata y que lo distinguen de un juez autoritario.

Muchas gracias, Dr. Abad Yupanqui. Le expresamos nuestro reconocimiento por permitirnos la deferencia de abordar estos temas. 

Enlace web IPSO JURE 19:

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5eed71804df498b3b4fdb69c7fcd6993/IPSO+JURE+19+Versi%C3%B3n+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eed71804df498b3b4fdb69c7fcd6993

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Reporte periodístico revista virtual IPSO JURE 19

3 enero, 2013

 

Estimados amigos:

Iniciamos este año 2013 adjuntando el enlace al reporte de diario publicado en “La República” sobre nuestra revista virtual IPSO JURE 19, destacando entre nuestros artículos una entrevista al Dr. Samuel Abad Yupanqui intitulada “Autonomía judicial, dd.ff. y sistema interamericano.”

IPSO JURE ha cumplido luego de 19 ediciones, 4 años y medio en el espacio virtual, siendo un medio de difusión horizontal al difundir artículos de jueces, fiscales y académicos del Derecho.

IPSO JURE 19 Reporte diario La República

Feliz 2013!!!

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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