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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Debido procedimiento administrativo

6 febrero, 2013

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE Nro: 1238-2012-PA/SPJ

DEMANDANTE: JOSE REAÑO FUENTES

DEMANDADO: LUIS CACERES CERVANTES Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 17 días del mes de diciembre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Narciso Oliva Sánchez contra la sentencia de fecha 05 de julio del 2012, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos y deja sin efecto la expulsión sindical del demandante.

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 75-81) solicita se declare sin efecto la Resolución Nº 002-CDN-FEDCUT-ESSALUD-2012 en el extremo que declara infundado el recurso de apelación del demandante contra la Resolución Nº 004-S- CUT-HB-AAA-RAL-JAV-ESSALUD-2012, de fecha 26 de marzo del 2012. Dicha resolución expulsa al actor de la organización sindical y sin embargo, la organización demandada adolecía de legitimidad gremial para obrar en cuanto adoptó la decisión. Alega el emplazante vulneración a su derecho a la libertad sindical.

La contestación de la demanda (p. 127-135) deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de legitimidad para obrar del demandado. En cuanto al fondo, solicita que la demanda sea declarada infundada. Precisa que la sanción impuesta al demandado se debió a que éste irrumpió, en estado de ebriedad y junto con otros afiliados del sindicato, en la asamblea convocada para la elección del Comité Electoral. El juzgado declara no contestada la demanda por extemporánea.

La sentencia apelada (p. 137-142) declara fundada la demanda por considerar que la sanción impuesta en contra del accionante, consistente en su expulsión del sindicato, no se encuentra arreglada a lo dispuesto en el Estatuto y que no existe material probatorio suficiente que acredite que el actor haya incurrido en una conducta notoriamente perjudicial a los intereses comunes del Sindicato. Indica que la demandada habría vulnerado el derecho al debido proceso y por ende, el derecho a la defensa del actor.

La apelación interpuesta (p. 147-151) precisa que el Juzgador no ha realizado una adecuada valoración de los medios de prueba y que existe una marcada contradicción entre lo resuelto y lo alegado por el accionante. Asimismo, precisa que no es facultad del Juzgador subrogarse en la voluntad de la Asamblea General e interpretar cómo se deben aplicar los Estatutos, en tanto tal atribución se halla reservada al órgano máximo de la institución.

FUNDAMENTOS 

§ Debido procedimiento administrativo 

1. El desarrollo de nuestra jurisprudencia constitucional ha afianzado, dentro del derecho fundamental al debido proceso, la configuración del debido procedimiento administrativo como un elemento material sustantivo de derecho continente que representa el debido proceso.[1] La premisa es que aún cuando los actos particulares gozan de un margen de autonomía propiamente dicha, si existen aspectos sancionadores en la decisión de la Administración, la resolución a emitirse deberá proscribir todo acto de arbitrariedad pues ésta es incompatible con un Estado Democrático y Social de Derecho.

2. En efecto, la interdicción de la arbitrariedad resulta un elemento fundamental en el respeto, observancia y vigencia de los derechos fundamentales, y como tales, los actos administrativos inter privatos, o entre particulares, en caso de ser sancionatorios, igualmente se encuentran afectos a un control constitucional bajo el principio de irradiación de los derechos fundamentales.

§ Análisis del caso concreto

3. Esta Sala de Derechos Fundamentales estima pertinente confirmar la decisión cuestionada toda vez que la parte emplazada no cumplió con la normatividad estatutaria sindical concerniente al caso que nos ocupa.

4. En efecto, se puede advertir de la Resolución Nº 041-2012-GR-LAMB/DRTPE-DRGDLGAT (p. 3-5), la cual tiene por no presentada la solicitud de inscripción de la nueva Junta Directiva del Sindicato Centro Unión de Trabajadores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo,  que existen una serie de irregularidades, consistentes en la falta de actualización del padrón de los asociados, así como un número incorrecto de afiliados a la fecha de presentación del pedido, entre otros aspectos, lo cual da lugar a la falta de eficacia de los actos y decisiones de la Junta Directiva.

5. En ese orden de ideas, a la fecha de interposición de la sanción en contra del accionante, consistente en la expulsión definitiva del mismo del Sindicato, la Junta Directiva no se hallaba legitimada conforme a ley, aspecto que es reseñado con amplitud por el A quo en los fundamentos jurídicos 11 y 12 de la decisión impugnada.

6. Lo antes acotado es de suma relevancia pues queda en claro que son potestades, atribuciones y prerrogativas de la Junta Directiva o de la Asamblea, según corresponda, sancionar a los asociados que incurran en manifiestas infracciones a los Estatutos de la organización y sin embargo, la imposición de sanciones debe gozar de condiciones habilitantes previas como la idoneidad del órgano sancionador, aspecto que no ocurre en el caso de autos, en el cual observamos un conjunto de deficiencias en los actos administrativos ejecutados por el ente sancionador.

7. De la misma forma, la exigencia de motivación en la imposición de la sanción al demandante, es otra condición que no puede ser soslayada en tanto de la constatación de la resolución de expulsión (p. 7-8), solo verificamos la referencia a la irrupción del actor en estado de ebriedad mas no existe ninguna otra fundamentación idónea, suficiente y congruente respeto de la falta atribuida, como circunstancias, oportunidad en la cual los hechos ocurrieron, descripción específica y detallada de los hechos cometidos por el sancionado, entre otros aspectos sustantivos, lo cual debe ser asimilado como una grave omisión al deber de motivar, más aún si se trata de una decisión sancionatoria por parte de la Directiva Sindical.

8. En tal sentido, la separación del actor del Sindicato por la supuesta comisión de falta grave no puede surtir los efectos legales del caso por incumplimiento de normas esenciales del debido procedimiento administrativo.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,  CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos y deja sin efecto la expulsión sindical del demandante 

Publíquese y notifíquese.

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 4289-2004-AA/TC. Caso Oliver Pinto

4. El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo, encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si la administración resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional.(…)  

La garantía constitucional de la motivación del acto administrativo sancionador 

6. En la STC 2192-2004-AA/TC, este Tribunal señaló que “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado democrático de derecho, que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”.

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