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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia del habeas corpus. Criterios caso Esteban Camarena

5 marzo, 2013

   

SALA MIXTA VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 6136-2012-PHC/SPJ

BENEFICIARIO: OSCAR HORNA DAVILA

DEMANDADO: VICTOR MONTEZA BASAURI Y OTROS

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 05 días del mes de febrero de 2013, la Sala Mixta Vacacional, integrada por los Magistrados Zamora Pedemonte, Silva Muñoz y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Oscar Horna Dávila contra la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2012, que DECLARA INFUNDADA la demanda de habeas corpus de autos.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone proceso de habeas corpus (p. 01-08) y solicita se declare la nulidad del juicio oral realizado por el Colegiado “B” de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incluidas las decisiones de la Sala Penal de Apelaciones y de la Corte Suprema, en el proceso 3591-2010 sobre cohecho pasivo propio, en agravio de la Dirección Regional de Salud. Acota que no obstante haber admitido el ahora beneficiario los cargos imputados por el Ministerio Público, se desaprueba la aceptación y se dispone la continuación de la audiencia para finalmente imponérsele 6 años de pena privativa de libertad, 03 años de inhabilitación y S/ 5,000 por reparación civil. 

La sentencia impugnada (p. 104-109) desestima la demanda pues considera que el Colegiado consideró, respecto a su decisión, la actuación de otros medios de prueba y que esta facultad le ha sido concedida por el artículo 372 del Código Procesal Penal. 

La apelación formulada (p. 2115-117) incide en que ningún extremo de la sentencia se ha pronunciado respecto a la obligación que tiene el juez de dictar la conclusión del juicio cuando el acusado acepta los cargos, así como que no se ha tenido en cuenta que una vez dada la aceptación de responsabilidad, no hay nada más en debate salvo algún cuestionamiento de la pena. 

 

FUNDAMENTOS

 

§ Las causales de improcedencia en los procesos de habeas corpus  

1. En vista de que la improcedencia del proceso constitucional de habeas corpus no ha sido delimitada en el Derecho Positivo, la respuesta jurisprudencial ha pretendido llenar ese vacío con la STC 06218-2007-HC/TC caso Víctor Esteban Camarena.[1]

2. Dicho fallo precisa los pasos conjuntos a determinar para la procedencia del habeas corpus, resultando útil para los jueces constitucionales la fijación de un grupo de pautas previas a efectos de determinar la protección del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos a ella, en relación a los actos denunciados como vulneratorios de dichos derechos. Un detalle de relevancia es la fijación de pautas procedimentales para la determinación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal y derechos conexos..

3. Con los pasos señalados, la amplia libertad de protección que identifica a este tipo de procesos podría traducirse, también, en una oposición entre las concepciones numerus apertus y numerus clausus. A este respecto, un razonamiento congruente podría incidir en que si este tipo de procesos no admite restricciones respecto a los derechos que defiende, no sería consecuente que admita causales de improcedencia. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional debe ponderar la existencia de un justo medio que permita, idóneamente, un adecuado balance entre las pretensiones que realmente inciden en la defensa de la libertad personal y sus derechos conexos, y no respecto de las formulaciones cuyo objeto es convertirse en mecanismos deux et macchina[2]

4. El habeas corpus debe seguir gozando de las extensas prerrogativas que le confieren la Constitución y la ley, en eso no existe duda alguna, mas de otro lado, resulta necesario equilibrar la balanza de la justicia constitucional y fijar contenidos de improcedencia cuando no concurren realmente justificaciones fácticas que desnaturalizan esta extraordinaria herramienta de protección de la libertad personal.      

 

§ Análisis del caso concreto

 

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta de los derechos enunciados por el actor en tanto los órganos jurisdiccionales A quo y Ad quem, desarrollan un ejercicio de motivación que, a juicio de este Tribunal, resulta cuando menos suficiente. 

6. Hemos de recurrir, para este efecto, a los pasos procedimentales que fija el caso Esteban Camarena, a fin de poder cerciorarnos del real contexto material de la demanda. 

7. En relación a que el juez constitucional deba identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por actos arbitrarios de la parte emplazada, consideramos que en apariencia se denunciaría una afectación al debido proceso como derecho conexo a la libertad individual, pues en rigor se refiere el demandante a que al no haber sido aceptada la responsabilidad formulada por el mismo procesado, entonces se le ha afectado en sus derechos. Y sin embargo, debemos ver cuál es la intensidad de esa afectación en tanto solo una vulneración gravísima debiera generar una demanda fundada. 

8. Respecto a la exigencia de que el juez constitucional deba identificar la verdadera pretensión del demandante, consideramos que, en rigor, el actor busca igualmente cuestionar la pena impuesta pues de la exposición de la demanda, habría previsto el actor que si se aceptaba su responsabilidad, entonces le habría correspondido una pena menor, dado el contexto a que obedece una admisión de cargos, lo cual genera un juzgamiento célere. Sin embargo, este objetivo no es determinante en cuanto a que deba necesariamente darse, en la medida que si el Colegiado no acepta la admisión de cargos, es potestad[3] del mismo considerar una denegatoria, sea porque la causa es compleja  o bien si advierte fundados motivos de la necesidad de llevar adelante el juicio oral.   

9. Por último, en cuanto a que el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus, nos persuadimos de que no hay vulneración de los derechos involucrados en tanto, reiteramos, el Tribunal ha ejercido una facultad que la ley le confiere y que no incide en un ámbito de subjetividad sino de discrecionalidad.  

10. Esta última diferencia es relevante en tanto los actos discrecionales no obligan al juez, dado su carácter de gradualidad, sino los actos taxativos que en sí constituyen mandatos de hacer o no hacer. Ciertamente el imputado admitió los cargos imputados y sin embargo, el Tribunal se reservó la potestad de realizar un control de legalidad de esa admisión de cargos y dadas las fundadas razones advertidas por dicho órgano, éste consideró llevar adelante el juzgamiento. A su turno, constatado el control de constitucionalidad que nos compete como órgano iusfundamental, no observamos trasgresión alguna a los derechos del beneficiario.  

11. Finalmente, no dejemos de lado que hubo una función correctora sin resultados contrarios por parte de los órganos superiores- Sala Superior y Corte Suprema- y por tanto, no habiéndose advertido situación alguna en contrario en la función nomofiláctica de los órganos de revisión, corresponde confirmar la decisión apelada. En esa lógica, consideramos que la demanda deviene improcedente.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

ZAMORA PEDEMONTE

SILVA MUÑOZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 062182-007-PHC/TC. Caso Esteban Camarena 

Este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia (…) debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta: 

a En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda, son plenamente identificables desde una lectura atenta de los hechos contenidos en la demanda.  

b En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que la demanda debe ser examinada en su conjunto.  

c. En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente.  

[2] Cfr. STC 0728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja 

40: (…) este Tribunal Constitucional considera que el hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes no puede ni debe ser utilizado como un deux ex machina, esto es, como algo traído desde afuera para resolver una situación, donde se pretenda replantear una controversia ya resuelta debidamente por los órganos jurisdiccionales ordinarios, sino que debe ser utilizado, sí y solo sí, cuando sea estrictamente necesario, con el único propósito [finalidad constitucionalmente legítima] de velar por que en el ejercicio de una función no se menoscaben la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales reconocidos a los justiciables, y que ello signifique una restricción al derecho a la libertad individual o los derechos conexos a ella.

[3] Código Procesal Penal. Artículo 372 Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio. 

1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil.

 2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. 

3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. (…)

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