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Derecho de prueba y motivación. Academia de la Magistratura. Ramírez Jiménez, San Martín Castro, Ferrer Beltrán. Lima, 01 de octubre de 2013

1 octubre, 2013

 

Academia de la Magistratura

Ciclo de conferencia sobre Derecho de prueba y motivación

Lima, octubre 01 de 2013

 

Moderador: José Luis Castillo Alva- Instituto Constitución y Derecho

La prueba ha dejado de ser un tema solo de los procesalistas y ha comenzado a ser un tema de orden sustantivo en diversos países, entre ellos, Italia, con autores como Michelle Taruffo, y en España, con estudiosos como Jordi Ferrer y Javier Ezquiaga, nuestros ilustrados invitados esta noche.

 

Nelson Ramírez Jiménez- Docente especializado

Precedentes y predictibilidad judicial

El reclamo de la hora actual a nivel de ciudadanos que aspiran a respuestas jurisdiccionales sólidas, es la predictibilidad de los casos. No es posible que tengamos respuestas distintas frente a problemas similares. No somos un país federal con distintas Cortes Supremas y sin embargo, vemos en el nivel más alto de impartición  de justicia fallos jurisdiccionales distintos.

Un ejemplo que preocupa es, por ejemplo, la venta de bien social, tema que ha tenido calificaciones distintas a nivel de la Corte Suprema en Perú.

Se pierden pues valores jurisprudenciales y es necesario darnos cuenta de cómo se desempeña la justicia nacional en temas sensibles.

Las sentencias legitiman a los jueces por sus buenas razones. Creo que la teoría de la argumentación tiene que normar papeles en la búsqueda de estándares. Hay algunas inercias que son muy graves pues creemos en una justicia decimonónica.

No hay una visión apodíctica del Derecho, es propia la visión mecánica del Derecho, lo que ha impregnado nuestro sistema judicial. Hoy no es posible persistir en esta visión y en ello el constitucionalismo desarrolla un rol relevante. La Constitución ha pasado a ser la norma de normas y apunta a un sentido más perceptible de la visión de justicia.

Hoy se puede hablar muy poco de interpretación correcta y nos vinculamos mucho más a la lógica de una interpretación adecuada. Con Prieto Sanchís el rol del juez ya no es ser un servidor y defensor del gobierno, sino un defensor de los intereses del Estado republicano donde se respeten a mayorías y minorías.   

Hoy hablamos de creación y no de administración. Hay perfección sistemática y no hay por tanto lagunas. La visión del Derecho va abriendo trechos y en ello juega un rol relevante la diferencia entre disposición y norma. En Italia a este respecto hay una evolución importante a través de las sentencias interpretativas. La ley no se expulsa en su totalidad y se logra su adaptación. Respecto a Perú esto se hizo en relación a la legislación antiterrorista, conforme a preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué se reprocha sobre esta materia? El activismo judicial. Tenemos una tendencia a irnos a los procesos constitucionales pues son céleres, no hay etapa probatoria. Algunos califican a los jueces constitucionales como “legisladores motorizados” a raíz de estos tipos de fallos.

En el caso peruano tenemos una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que ordena al Consejo Nacional de la Magistratura nombrar a un Fiscal Supremo, lo cual puede entenderse como una invasión de funciones.

Debemos decir  que a más judicialismo, debemos oponer más y mejor razonamiento, lo cual corre a cargo de la defensa, aspecto propicio respecto a los casos difíciles. En esa forma se debe trabajar aspectos como enfrentar adecuadamente antinomias, lagunas, problemas de reglas y principios, y aspectos como complejidad de la legislación.

Decidir en justicia significa, también, abordar problemas de consecuencias y universalidad. En este aspecto, la existencia de los precedentes juega un rol fundamental. Si resolví un caso, estoy  “atado” a cómo resolví, lo cual constituye un tema de sumo interés.

Podemos preguntarnos si ciertos precedentes afectan la independencia judicial. Veamos que la casación asume un fin nomofiláctico. Antes de 1993, no existía la casación en Perú.

La sentencia 1935-2011 de la Corte Suprema es una decisión que eleva el nivel argumentativo pues no basta ya la mera interpretación sino se afianzan los temas de justificación externa.

Particularmente no creo correcto que a más de 20 años tengamos solo 4 Plenos Casatorios. Esto no es posible. ¿Hay indiferencia? La votación del último Pleno se realiza por 6 votos contra 4. Se discutió sobre un tema de posesión precaria. Observemos que no éste es un tema relevante. Pregunto: ¿hay indiferencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial?

¿Por qué es importante el precedente? Entre otras cosas, mantiene la coherencia y  preserva la igualdad. Cuidar el valor del precedente aporta a la cohesión constitucional, no podemos defender dogmas personales, no se defiende en aras de un valor superior.   

En esta lógica en la razonabilidad de las decisiones, vemos la utilidad de la diferenciación entre argumentos obiter dicta y ratio decidendi. No se puede discutir un aspecto colateral sino se requiere discutir las razones principales, lo cual es un campo de la ratio decidendi.  

El precedente es pues un camino para mejorar la justicia nacional y no afecta la autonomía del juez. Por ejemplo, un juez norteamericano no es un juez inválido por estar vinculado por el stare decisis. Ciertamente hay autonomía del juez pero no para interpretar como quiera hacerlo y por tanto, es importante acoger la importancia del precedente.

En este escenario, ¿pueden afectar las decisiones de la Corte Interamericana la jurisprudencia de los países? A Chile se  le obligó a modificar su Constitución, ni siquiera su ley, a propósito de una película- “La última tentación de Cristo”- pues la Constitución  chilena establecía cierto tipo de limitaciones. La Corte IDH señaló que la Constitución chilena violaba derechos humanos, lo cual nos lleva a que haya normas constitucionales que son normas inconstitucionales. 

Veamos que tenemos un sistema distinto de precedentes según la materia. ¿Por qué estas diferencias en temas delicados? Nuestro Código Procesal Civil tiene más de 20 años y 4 Plenos Casatorios.

 

César San Martin Castro-Juez Supremo

Prueba y presunción de inocencia

Se trata de 2 temas muy entrelazados. Dado el tiempo, deseo exponer algunas ideas básicas sobre lo que este problema entraña:

Primero abordaré algunas ideas básicas. Me he de concentrar en la prueba penal. Una primera idea tiene que ver con el concepto y la función de la prueba. Hay reglas de prueba que están vinculadas a esta garantía de derecho fundamental.

La prueba como actividad es la actividad de las partes, dirigida  a ocasionar la demostración necesaria para obtener la decisión del juez decisor sobre los hechos por ellas afirmadas. Al juez le corresponde desarrollar una labor de confirmación y en este rol juegan un rol varios principios como garantías que son introducidas al juicio oral a través de medios lícitos de prueba.

Ferrer señala que es importante diferenciar entre verdad y prueba.

Un segundo problema es el de las limitaciones que el proceso genera la actividad probatoria. La prueba no tiene una conexión conceptual con la verdad pero sí es la aproximación a la verdad el objetivo de la prueba.

Otra limitación es la función de la cosa juzgada, la cual impone una restricción a la discusión jurisdiccional.

El principio de libre valoración de la prueba exige la concurrencia de reglas de racionalidad general.

Una siguiente idea tiene que ver con los principios de la actividad probatoria.  

Adicionalmente, otra idea se refiere a los principios básicos como a los que regulan la prueba. Los principios básicos son: de contradicción, inmediación, concentración y oralidad. Me parece muy importante reconocer este último principio pues hay la tendencia a desnaturalizarlo. El registro oral obra como garantía y es un fiel reflejo de la audiencia. 

Prefiero hablar de la garantía y no principio de presunción de inocencia.

La presunción de inocencia ha sido reconocida en la Constitución de 1993 así como en la Convención Americana: toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia. Deber ser visto como un derecho a garantía, es un derecho pasivo del acusado y se proyecta a todo el proceso penal y se extiende a los procedimientos sancionatorios en general.

La presunción es una verdad interina y se trata de que no se inflija castigo alguno a un ciudadano inocente.

La presunción de inocencia es una regla de prueba. Debe haber condiciones de legitimidad de la actividad probatoria. Prueba es lo que ley dice que es prueba. No es cualquier fuente de información.

La prueba de cargo es suministrada por la acusación. Es indispensable para enervar la presunción de inocencia encontrarnos frente a actos de prueba. La prueba plenarial cumple con el requisito de oralidad.   

La prueba pre constituida debe cumplir con las condiciones de irrepetibilidad y la urgencia. Si no se dan, no puede “trasladarse” un acto de investigación  a un juicio oral. No todo lo del juicio oral es suficiente.

Finalmente no puede considerarse la prueba ilícita que es aquella que se obtiene con afectación de derechos fundamentales. Debe rechazarse desde el primer momento en que se enfoque. Hemos asimilado el concepto italiano al respecto pues es una prueba “inutilizable”, es decir, ni siquiera se debe abrir investigación.

Finalmente, en relación  a la presunción de inocencia como regla de juicio, debemos señalar que el estado de inocencia introduce una regla de juicio determinante. Ha de absolverse al imputado cuando la prueba es insuficiente. Si no hay prueba de cargo, es porque no se ha cumplido con el aporte de prueba necesario. Estamos ante un verdadero vació probatorio.

Prueba y presunción de inocencia son, entonces, supuestos inescindibles para desarrollar una motivación constitucional sin vulneración de derechos fundamentales.

 

Jordi Ferrer Beltrán- Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España

Me he de referir a algunas garantías en el proceso penal. En estos últimos años ha tenido una trascendencia fundamental el garantismo procesal, en seguimiento de autores importantes como Luigi Ferrajoli, en la línea de ir ofreciendo mayores protecciones y más efectivos derechos a los ciudadanos que inclusive se encuentren incursos en un proceso penal.

Desgraciadamente son garantías que se han centrado en el discurrir del procedimiento. Nos hemos preocupado por garantías procesales como el principio de contradicción, la exclusión de prueba ilícita, etc,

Sin embargo, un ciudadano que enfrenta un procedimiento penal ha de indagar a su abogado cuáles derechos tiene. El abogado ha de explicarle las garantías de que goza su patrocinado, entre ellas la presunción de inocencia. El ciudadano ha de preguntar: esta llamada presunción ¿qué me garantiza? El abogado ha de responder que no se le puede condenar si no hay prueba suficiente, que la presunción de inocencia es una regla de trato.

A pesar de ello, a este ciudadano se le dice pues que goza de esta garantía y no obstante ello, sabemos que puede ser puesto en la cárcel. Son éstas entonces ciertas formas de contradicción pues algunos derechos del ciudadano son sacrificados. Un derecho es sacrificado frente a otro.

Una pregunta que se desprende de esto es cuándo la prueba es suficiente y ésta es una cuestión incontestada. La suficiencia no es la misma en todos los momentos del proceso.

No busco ser apocalíptico pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español no ha cambiado en estos últimos 30 años y si ha habido cambios, ha sido para introducir algunas confusiones adicionales. Así no se alcanza un nivel de suficiencia necesario.

¿Y cuándo hay prueba insuficiente entonces? Los años aconsejan ser cautos y al respecto no hay verdaderos razonamientos conductores del Tribunal pues entre absolver o condenar, en cuanto a fundamentación, muchas veces no hay una verdadera diferenciación. Hay casos que son verdaderos paradigmas de arbitrariedad y por tanto, no son verdaderas garantías al ciudadano sino garantías fallidas y por tanto, el garantismo cae.

El método de valoración es un concepto relevante, se impone al quantum de la prueba. El asunto es: ¿cuándo es suficiente?

 Los estándares de prueba deberían ser reglas jurídicas, deseablemente legislativas. Debemos sustentar 2 reglas al respecto: primero, el estándar de prueba debe apelar a criterios intersubjetivamente controlables. Cuando se remite a la convicción judicial, éste elemento no es racionalmente controlable. Así el juez se convierte en infalible. En segundo lugar, el nivel de suficiencia probatoria puede y debe ser diverso respecto de distintas jurisdicciones. No se trata de encontrar en la ley procesal un estándar de prueba. No veo que el estándar penal deba ser igual al estándar civil. Se trata de evaluar el equilibrio adecuado.

El juez no puede condenar cuando le parezca sino debe justificar su decisión señalando que se cumplen las condiciones necesarias. Ésta es la clave de bóveda del garantismo y si ello no se trabaja adecuadamente, se nos cae el edificio.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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