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Derecho de prueba y motivación. Academia de la Magistratura. Zavaleta Rodríguez, Castillo Alva. Lima, 02 de octubre de 2013

3 octubre, 2013

 

Academia de la Magistratura

Ciclo de conferencia sobre Derecho de prueba y motivación

Lima, octubre 02 de 2013

 

Roger Zavaleta Rodríguez – Docente especializado

La valoración de la prueba y su motivación

Un tema un tanto olvidado es el de los hechos.  ¿Por qué es importante la motivación? En cualquier narración judicial es indispensable que los hechos estén presentes. Es necesario que haya una descripción de los hechos del caso.

Cuando se trata de problemas de prueba, esta situación es mucho más importante. Según Ferrajoli, es una garantía de cierre del sistema. No podemos saber cuáles fueron las inferencias del juez si no es a través de la motivación.

Debe señalarse cómo se pasa de la hipótesis de la prueba a sus conclusiones. Si no ha se valorado hipótesis alternativas y se las ha descartado, estamos ante problemas de prueba.

Estos criterios constituyen un tema en el que hay que reconocer 2 concepciones: una categoría psicologista que nos dice cuál es la causa de la decisión; y de otro lado, hay una concepción racionalista de la motivación, es decir por qué se ha tomado esa decisión.

En nuestro contexto existen algunas normas que nos hacen pensar en una concepción psicologista. Debemos precisar que no podemos llegar a la certeza. La epistemología de la ciencia señala que solo llegamos a verdades aproximativas. 

En el proceso rige el principio de libre valoración de las pruebas mas ello debe tomarse en un sentido correcto, vinculado a la concepción racional de la prueba. El juez es libre. Es un criterio negativo pues el juez no está vinculado a una prueba tasada. Ello no quiere decir que no esté el juez vinculado a criterios racionales. Hablamos aquí de una valoración  epistemológica y por lo tanto, debe estar sujeta su interpretación a las reglas epistemológicas de la ciencia.

Una concepción racional exige condiciones esenciales, entre ellas, que no se haya excluido ninguna prueba relevante para la solución del caso. La relevancia jurídica logra que el medio de prueba acredite un hecho principal en relación a las normas aplicables.

La pertinencia de los medios probatorios implica que no se rechace la prueba sobreabundante. Las pruebas van sumando.

La fiabilidad implica que el medio sea auténtico y creíble. No deben existir problemas de percepción e interpretación. ¿Habrá extraído el juez el medio probatorio tal cual? ¿O habrá cometido una falacia?

¿Cómo garantizamos que estos errores no se cometan? Si el juez extrae el dato probatorio de manera fidedigna. La fiabilidad implica posibles errores: se puede saltar de la valoración individualizada a la valoración conjunta. La valoración individual es sumamente trascendente pues debe partirse de datos verosímiles.

La película “12 hombres sin piedad” es un buen ejemplo de estos problemas de fiabilidad.  A pesar de que 11 hombres están de acuerdo en un asunto de culpabilidad y solo 1 en contra, luego de la discusión propia del caso, optan por una posición de absolución.

La suficiencia de los medios probatorios genera 2 momentos: primero, el valor que le damos a la prueba, y en segundo orden, el valor que le damos a la prueba. ¿Cómo pasamos del dato probatorio al hecho probado? Toulmin lo llama la “garantía”. Si  tenemos una hipótesis, es importante verificar con qué la acreditamos, qué respaldo tenemos al respecto. Concurren aquí las máximas de la experiencia. Son generalizaciones de una multiplicidad de casos y son el resultado de una inducción generalizadora. Por ejemplo, los perros ladran a los desconocidos y no a los conocidos.

Hay máximas hipercodificadas e hipocodificadas.  Por ejemplo, el caso primero corresponde al hincha que salta ante un gol, ello permite inferir un enlace claro, que su equipo va ganando. En el segundo caso, hay hipótesis que se contradicen. Aquí no caben los entimemas, es decir, de razonamiento implícito. Es necesario aquí explicitar por qué se pasa a una conclusión determinada. Un ejemplo de ello es el caso Giuliana Llamoja, una causa que aborda cuestiones complejas a dilucidar.

La hipótesis para ser valedera no debe ser refutada. Hay un sesgo de confirmación solo si se validan las pruebas a favor de una determinada posición si no se evalúan las pruebas que aporta la otra parte. 

Una concepción racional de la prueba exige también que se ha valorado individualmente cada medio probatorio, que la hipótesis judicial sea confirmada  por los medios de prueba que las inferencias hayan sido formuladas a partir de generalizaciones fundadas en el conocimiento científico y que este convencimiento sea debidamente sustentado.

 

 

José Luis Castillo Alva- Docente especializado

Patologías de la motivación de la valoración de la prueba

Voy a centrarme en una patología muy específica: la prueba omitida. El deber de motivar las decisiones estatales no solo parte de normas legales y constitucionales, sino también convencionales en referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH ha establecido un mayor campo de acción.

Si un juez o fiscal es removido del cargo, mínimamente debe sustentársele las razones de su cese. Una inhabilitación exige pues motivación.

¿Por qué se motiva? Tres ideas fuerza al respecto: primero, una referencia de validez de las decisiones estatales en tanto existe un deber de motivar; segundo, la exigencia de legitimidad, entendida como una exigencia de racionalidad discursiva. En tercer lugar y como aspecto central, hay fundamento democrático para esta obligación, es la idea más fuerte. En democracia, las ideas deben deliberarse. No basta un acto de imposición sino que se delibere y se discuta. Se exige la proscripción de la arbitrariedad y controlar los poderes del Estado. El poder debe tener límites.

La idea de las democracias constitucionales es de límites al poder y de control de todos los actos estatales. De no haber motivación, no hay posibilidad de control. No es una mayor carga al juez sino es propio de las buenas reglas de un gobierno democrático, más aún si se lesionan derechos fundamentales.

¿Cómo controlamos el poder de los jueces? Exigiéndoles motivación.

La prueba omitida es un problema de varias latitudes. El Tribunal Constitucional español ha sostenido  que no hay la obligación de valorar todas las pruebas. Por ello podemos preguntar: no valorar una prueba ¿genera problemas?

Lo ideal en todo proceso es que haya límites mínimos y máximos. Mínimos, porque deben valorarse todas las pruebas incorporadas al proceso. Exige utilizar todas las pruebas disponibles.

La prueba omitida plantea tres cuestiones:

– Si no se actúa una prueba omitida, el acto judicial es nulo. Se dice aquí que se vulnera el derecho de prueba.

– El principio racional del discurso justificatorio. Si no se valora toda la prueba, hay afectación a la máxima racionalidad de la discusión.

– No basta que la prueba se haya admitido o actuado. Se requiere que se trate de una prueba decisiva. Este es el tema más interesante: habiéndose podido actuar en el proceso y no haciéndose ello, el destino del proceso pudo ser completamente distinto. Por ejemplo, la prueba que acredita la coartada. Aquí es necesario ser cautelosos: si hay un movimiento migratorio, debe verificarse respecto al país de destino, si se aterrizó o si hay boleto de viaje.etc.  Se exige una valorización esencial de los hechos.

Considero que el caso Llamoja es un ejemplo de un razonamiento incorrecto en sede constitucional pues se omiten pruebas esenciales. En dicho caso, la hija mata a su madre en una gresca en casa. Ignoró el Tribunal Constitucional que a pesar de la constatación judicial y fiscal, había una gaseosa con un raticida. Preguntada Llamoja por ello, asevera que quiso matar a su madre. Este hecho es ignorado por el Tribunal, lo cual implica un problema de motivación. De la misma forma, respecto a la gresca misma, se omite que la madre cayó al suelo. Se deja de lado que la madre, moribunda, es conducida al baño y que se limpió la sangre y que además se bañó. Se ignoran pues las reglas de las máximas de la experiencia pues si esto no es homicidio, ¿a qué se puede llamar homicidio? Más se omite valorar que lo que se razona.

Debiendo  haber anulado un voto- el dirimente- se anula toda la sentencia, lo cual es un error grave. 

Saludos cordiales.

Edwin Figueroa Gutarra

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