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Derecho de prueba y motivación. Academia de la Magistratura. Talavera Elguera, Ezquiaga Ganuzas. Lima, 03 de octubre de 2013

4 octubre, 2013

 

Academia de la Magistratura

Ciclo de conferencia sobre Derecho de prueba y motivación

Lima, octubre 03 de 2013

 

Pablo Talavera Elguera- Docente especializado

Derecho a la prueba en el Derecho peruano

He de abordar mi tema desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

La racionalidad en la valoración de la prueba es un aspecto que se viene renovando constantemente. El derecho a la prueba es una exigencia que se deriva de esta racionalidad jurídica. El sistema jurídico debe tener márgenes en lo referido al derecho a la prueba. Hemos de hablar de corroboración.

Siendo uno de los fines del proceso penal la averiguación de la verdad, cualquier elemento que se incorpore al proceso penal debe ser valorado. Desde una perspectiva epistemológica, esto tiene sus matices en el Derecho Penal. No todo lo que proporciona una información relevante va a ser incorporado al proceso penal.

No vamos a tener disponibles todas las fuentes de la prueba. Jordi Ferrer ha tratado primigeniamente este tema. El concepto de prueba disponible queda relacionado con esta idea de aquello que permite la naturaleza de los medios de prueba.

Hay otros intereses y valores que deben ser priorizados. Así, por ejemplo, hay métodos a través de los cuales podemos alcanzar la verdad pero el Código los prohíbe si se afecta la dignidad de la persona. De este modo, la epistemología es un concepto que sirve.

En la STC 010-2002-PI&/TC se estableció que el derecho a la prueba era un derecho fundamental, que formaba parte de ese haz del derechos que componen el debido proceso.

Se ha entendido que el derecho a la prueba abarca la prueba de refutación, es decir, la posibilidad que tienen las partes de refutar las pruebas que presenta el Ministerio Público. A su vez, se debe interpretar restrictivamente aquellas concepciones que limitan la incorporación de los medios de prueba.

Otra noción básica del Tribunal es que se trata de un derecho de configuración legal, es decir, el legislador establecer los márgenes del derecho a la prueba. Ello no significa que se pueda admitir legislación que vacíe de contenido este derecho fundamental.

La prueba está vinculada al juicio oral y sin embargo, es la etapa intermedia, en nuestro sistema, donde se incorporan los medios de prueba.

El Tribunal ha ido más allá. En la STC 4831-2005-PHC/TC se admitió la posibilidad de amparar el derecho a la prueba en sede de investigación.

El derecho a la prueba tiene también una dimensión subjetiva. La valoración racional de la prueba implica la garantía de la motivación.

En rigor se incorporan las fuentes. La prueba típica es aquella prevista en los ordenamientos procesales penales. Se puede emplear medios de prueba atípicos, es decir, no previstos por el sistema. Hay un principio de libertad de prueba pero a su vez existen limitaciones al respecto.

Existe un derecho a que los medios de prueba sean admitidos. El CPP señala solo 2 elementos: que sea prueba pertinente y que no esté prohibida por la ley. Luego vienen los criterios de conducencia y utilidad, aunque debe señalarse que son aspectos complejos que merecen una cuidadosa dilucidación.

Con el antiguo Código Procesal Penal, se podía reservar la prueba. Esta práctica ya se ha dejado de lado. No se manejaban las categorías de utilidad y conducencia. Es en estos casos en los cuales hay un número importante de decisiones del Tribunal Constitucional, pues se admitieron pruebas pero no se actuaron.

La idea en la admisión y en su actuación es la maximización de la actividad probatoria.   

Cuando nos referimos a la valoración, aludimos  a su condición racional. A este respecto, la STC 1014-2007-PHC/TC, caso Luis Salas Guevara, refiere que el derecho a la prueba comprende la conservación de la prueba.

En cuanto a los límites, los de naturaleza intrínseca están vinculados a la naturaleza de la prueba. Son sus caracteres: pertinencia, conducencia, licitud y utilidad, entre otros aspectos. La utilidad, por ejemplo, no puede ser vinculada al tema de eficacia, pues ésta se corrobora recién al final de la actividad probatoria. 

El derecho a la prueba no puede ser analizado a partir de aspectos básicos sino de cómo se ha valorado su aplicación.

 

 

Javier Ezquiaga Ganuzas-  Catedrático de Filosofía del Derecho del País Vasco

Difusa distinción entre el hecho y el Derecho

La legitimación se configura del modo como se ejerce la función judicial. No se trata solo de dar cuenta a las partes cómo se resuelve sino de dar cuenta de cómo se ejerce ese poder. Aquí nos preguntamos cómo se ejerce este deber constitucional de motivación. 

Los análisis del los procesalistas en España son insatisfactorios y aún muy confusos. No hay una adecuada distribución de roles. Todo lo que tiene que ver con la cuestión factual es aún un tema por trabajar.

La quaestio iuris y quaestio facti se manifiestan en el estilo judicial, cada sistema tiene su nombre. En la propia estructura de la sentencia se manifiesta esta división.

¿Es posible hacer una separación entre los aspectos factuales y las cuestiones materiales? He podido revisar este tema en la Constitución peruana y he constatado que sí, en tanto se distinguen en diversas normas las cuestiones de hecho y derecho.

Esta distinción tiene mucho que ver con la aplicación del silogismo pues desde Beccaria existe la distinción de las premisas fácticas y normativas. El juez vendría a ser un poder neutro pues sería un mero aplicador del derecho pues vienen las premisas dadas.

Cualquier decisión judicial se puede reconstruir a partir de un silogismo. El problema reside en que en esta forma de presentación, la selección de la norma jurídica es un problema muy complicado. Además, las cuestiones interpretativas respecto a la norma van a determinar la conformidad o no de la norma con la Constitución.

Es inevitable que en algunos casos haya un margen de subjetividad. Cualquier enunciado normativo puede presentar problemas interpretativos. En relación a ello, no solo se trata de aspectos lingüísticos, sino que existen múltiples problemas al respecto pues podemos hablar de sistematicidad, entre otras cuestiones.

La subsunción, de otro lado, no es siempre pacífica. Determinar las consecuencias jurídicas de un caso igualmente es un aspecto complejo.

La discrecionalidad también exige aportar razones. Cuanto mayor sea el margen de maniobra, la intensidad de la motivación aumenta. Por ejemplo, determinar el plazo razonable exige una motivación reforzada.

La aplicación del derecho en forma de silogismo es una aplicación ideológica. Esto se corresponde con el diseño constitucional de la función judicial, la cual se debe ceñir al concepto de Estado Democrático y Social de Derecho.

Esto se proyecta a la exigencia docente de no presentar una visión  descriptiva de la realidad social. Se exige, por el contrario, un análisis más profundo.

Poco ayuda la justificación externa (cuestión valorativa) si no se construye adecuadamente. Los hechos están presentes en la premisa normativa como factual. No son 2 mundos separados y voy a intentar una explicación.

Cualquier norma presenta un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Los supuestos de hecho están insertos en la norma, tienen carácter normativo.

¿Qué clases de hechos conforman la quaestio iuris? Actúan como criterio de relevancia jurídica de los hechos factuales. Los supuestos de hecho funcionan como criterios relevantes.

No solo los hechos del caso deben tenerse en cuenta sino que debe interpretarse esa disposición normativa.

No se puede afirmar la existencia de un significado correcto de los términos. Debemos desterrar los términos de corrección y verdad. De alguna manera, no nos planteamos términos de carácter general sino que debe existir una real conexión con el caso.

Hay hechos determinados descriptivamente. Los problemas se presentan cuando los hechos son determinados valorativamente pues debe determinarse, por ejemplo, si se afectó el pudor. Hay que determinar si esa afectación es grave o no es grave. El juez deberá tener en cuenta sus valoraciones personales o, de corresponder, las del medio social donde vive.  Nuestras sociedades son cada vez más plurales.

Hay otro modo de referirse a los hechos: el modo relacional, trata sobre aspectos materiales pero también institucionales pues dan a los hechos nuevos sentidos normativos.

Hay hechos vinculados a la premisa factual. Suele ser considerada ésta un problema de prueba. La premisa factual no solo tiene que ver con hechos. El Derecho está presente y hay consecuencias relevantes, desde la inadmisión de las pruebas ilegales.

La verdad material, según Taruffo, no es algo que esté fuera del proceso. Lo ideal es que entre al proceso. Esta es una imbricación que lleva a hablar de la construcción del caso. Es un círculo  hermenéutico que refleja cuestiones factuales relevantes.

Estas reflexiones nos llevan a plantear de un modo diferente la motivación. Nos debemos replantear la estructura de la sentencia judicial. Quizá no tenga sentido una alegación descriptiva sino una conjunción de lo que dicen los jueces y las partes, al mismo tiempo, en una especie de examen conjunto. Quizá, según Toulmin, se deban integrar los elementos normativo y factual. Aquí pueden trabajar una serie de propuestas.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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