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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Despido fraudulento. Valor del bien

14 octubre, 2013

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2084.2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: CESAR ROJAS ALVA

DEMANDADO: EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 25 días del mes de marzo de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por César Rojas Alva, contra  la sentencia de fecha 09 de octubre de 2012, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p.17-25) y solicita se declare nula e inaplicable la Carta Notarial de fecha 23 de mayo de 2011, a través de la cual se le comunica el cese de su relación laboral. Pide se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración constitucional, y se ordene su inmediata reposición a su puesto de trabajo como operador de maquinaria pesada. Precisa que la causal alegada por la demandada – haberse querido apropiar de unos ángulos de fierro- no es válida para resolver su contrato de trabajo de duración indeterminada. Alega vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, derecho de opinión, derecho al debido proceso, derecho a la legítima defensa, y derecho a la continuidad en el trabajo, dada su condición de afiliado sindical. 

La sentencia apelada (p. 113-116) señala que el empleador ha seguido el procedimiento de despido pues ha imputado cargos y el trabajador ha contestado los mismos. 

La impugnación formulada por el accionante (p.142-144) incide en que su despido fue ejecutado sin causa justa para dejar sin efecto su contrato de trabajo de duración indeterminada, al tiempo que precisa que la demandada actúo faltando a la verdad legal, incurriendo en un despido nulo por el hecho de ser afiliado sindical.

 

FUNDAMENTOS 

§ Sobre el despido fraudulento   

1. El fundamento octavo de la sentencia 206-2005-PA/TC, de naturaleza vinculante, define el despido fraudulento estableciendo que:

“Se configura cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, siendo procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.”

2. En forma complementaria, la sentencia 976-2001-AA/TC, de fecha 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco, señala en su Fundamento 15, sobre despido fraudulento que:

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002(…) En tal caso, este Tribunal consideró que “El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica…”. (Fun. Jur. N°. 6). Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia, entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas“. En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. “    

 

§ Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la emplazada no ha cumplido las reglas mínimas de exigencia formuladas en la propia revocatoria de improcedencia liminar de demanda de 03 de enero de 2012, (p. 54), en la medida que no se aprecia en autos que se hubiere descartado si los medios aparentemente sustraídos por el actor eran o no medios emergencia en caso de problemas de baterías así como si la sustracción de tales bienes implicaba una forma de lesividad patrimonial al empleador, es decir, si había un valor económico de los mismos. 

4. En efecto, el alegato del demandante resulta uniforme en el sentido de que los bienes aparentemente sustraídos no tenían mayor valor (p. 40) y que únicamente servían para situaciones de emergencia – golpes con varillas- cuando fallaba la batería del tractor que manejaba. 

5. Frente a esta imputación, no apreciamos descargo alguno del empleador, de lo cual cabe inferir que efectivamente tales fierros o ángulos no tenían mayor valor económico y que por el contrario, con los mismos se efectivizaba su trabajo en caso de problemas con la batería del tractor, a la cual había que golpear. 

6. De otro lado, tampoco hay una actividad de descargo en el sentido de acreditar cuando menos la preexistencia de dichos bienes y al mismo tiempo, de verificación de su valor, para efectivamente concluir que su disposición implica lesividad patrimonial para el empleador. 

7. Ciertamente que la figura de la apropiación frustrada en el ámbito laboral de la actividad privada no exige valoración económica. En propiedad la doctrina laboral concluye por un juicio de prescindencia del valor económico del bien. 

8. Y sin embargo, advirtamos que nos encontramos frente a una valoración de orden iusfundamental por cuanto frente al argumento del demandante en el sentido de que estos bienes habrían sido sustraídos, la emplazada solo refiere una intervención y decomiso (p. 98), y acota la misma, por otro lado, que hay un servicentro donde se reparan los vehículos de la empresa (p. 99),  para concluir que no es razonable devolver la confianza al trabajador (p. 100) a raíz de los hechos producidos. 

9. Estando a lo expuesto, el argumento de prescindencia del valor económico – premisa de connotación sustantivamente laboral- no resulta sostenible en sede constitucional pues efectivamente de ser cierto el argumento del demandante en el sentido de que estos bienes o “fierritos” no tienen valor alguno,[1] se le llegaría a despedir, si seguimos la argumentación de la demandada, por bienes sin valor alguno, con lo cual arribamos a una conclusión apagógica o absurda en tanto se despediría respecto de un bien sin rango económico. 

10. En consecuencia, nos encontramos frente a un despido fraudulento en tanto el empleador considera que se ha sustraído un bien que de acuerdo a los propios actuados, no tiene valor, lo cual nos permite inferir la construcción de un argumento de configuración de despido fraudulento, precisamente porque el empleador no demuestra, no obstante la acotación de la Sala, el descargo suficiente respecto a esta imputación. 

11. Bajo esa pauta, concluimos que el empleador ha basado su accionar en un razonamiento mecánico de la existencia de apropiación frustrada, sin mayor exigencia de rigor en el procedimiento previo al despido, al igual que no sustenta en su contestación, a pesar de lo reseñado por la Sala, la cuestión vinculada al valor de los bienes aparentemente sustraídos.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda y DISPONE la reincorporación del demandante en su misma plaza de trabajo o en una de igual categoría. Con costos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI

 


[1] Frente a lo cual no ha y descargo categórico del empleador: Vid carta de despido (p. 3) 

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