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Jueces, Poder Legislativo y Constitución. Artículo

23 febrero, 2014

JUECES, PODER LEGISLATIVO Y CONSTITUCIÓN 

 

Los conflictos intra poderes nos conducen a reposicionar aquella añeja idea de Montesquieu a propósito de la separación de poderes, resultando una concepción aún más relevante la noción del equilibrio de poderes, pues efectivamente una sola idea de separación resulta huérfana de significado material en tanto la premisa de equilibrio le confiere a esta afirmación de división visos de legitimidad.

La dación de la reciente sentencia sobre proceso competencial por parte del Tribunal Constitucional en el expediente 002-2013-CC/TC el 12 de diciembre último, habilitando un fallo a favor del tema remunerativo de los jueces del país, y la dación de la Ley 30125, ese mismo día, aparentemente contrariando los efectos de la sentencia aludida, nos conducen a una interrogante muy sui generis en teoría constitucional: ¿puede modificar una ley lo decidido en una sentencia?

Desde la perspectiva de la teoría de los hechos cumplidos,[1] el efecto prescriptivo de la norma es inmediato. Las leyes asumen la naturaleza de mandatos definitivos y en ese sentido, el concepto de vigencia confiere a las leyes un efecto de aplicabilidad inmediata, en tanto su condición de mandatos del todo o nada, all-or-nothing-fashion, como les solía denominar Ronald Dworkin,[2] no permite admitir una discusión sobre su aplicabilidad. Tal prerrogativa del Poder Legislativo constituye un aspecto angular en el escenario de atribuciones de este estamento.

Sin embargo, es viable desarrollar, desde una lógica constitucional, junto al concepto de legalidad de la norma, la idea de legitimidad, entendiendo ésta como un examen de compatibilidad con la Constitución. La ecuación sería muy puntual: si esa norma es compatible con la Carta Fundamental, pues ha de validarse su aplicación y por tanto satisface 2 exigencias técnicas: vigencia y validez.

En el segundo caso, es decir, si tras un control de constitucionalidad, esa norma no deviene compatible con la Constitución, la jurisdicción constitucional determinará, conforme a la previsión kelseniana, o bien su expulsión del ordenamiento jurídico, con lo cual desarrolla el Tribunal Constitucional su tarea de legislador negativo, o de lo contrario, determina cualquier otro juez constitucional, la inaplicabilidad de la norma por no satisfacer la exigencia de compatibilidad con los principios, valores y directrices que informan el ordenamiento constitucional.

En consecuencia, resulta cierta la atribución del Poder Legislativo a efectos de pretender viabilizar los efectos de una sentencia a través de la dación de una norma determinada, y sin embargo, tal atribución no es indeterminada ni constituye, en modo alguno, una zona exenta de control constitucional en la medida que la premisa de la interpretación correctora extensiva,[3] permite, efectivamente, realizar un control de constitucionalidad de esa norma, a efectos de satisfacer esa necesaria exigencia de proporcionalidad que toda norma demanda para satisfacer los principios de unidad de la Constitución y concordancia práctica[4] que caracterizan la interpretación constitucional.

En esa medida, podemos responder condicionadamente a la pregunta inicialmente formulada pues una norma efectivamente podrá modificar los efectos de una sentencia mas a condición de no desnaturalizar la interpretación de la Norma de Normas desde una perspectiva apagógica, es decir, de resultados contrarios a la progresividad de los derechos fundamentales que las decisiones jurisdiccionales pudieran reconocer.

Por tanto, no será sostenible una proposición de vigencia de la teoría de los derechos adquiridos en tanto nuestro ordenamiento constitucional ha orientado su posición interpretativa hacia la tesis de los hechos cumplidos, asumiendo así que la nueva norma se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Sin embargo, debemos conferirle valor a la interpretación judicial, a cargo de los jueces de la Constitución, para examinar desde la perspectiva de una valoración imparcial, si la nueva norma es proporcional con la Constitución.

Tal control de los jueces constitucionales, sean los del supremo intérprete de la Constitución o de los jueces del Poder Judicial facultados para el control de las normas y su compatibilidad con la Lex Legum, es necesario, a pesar de las críticas de Gargarella[5] en torno al cuestionamiento respecto a que un poder supuestamente antidemocrático, como el de los jueces, era capaz de corregir lo decidido por los legisladores, cuya elección sí provenía de mandato popular.

Conforme a la explicación que hace Hamilton en El Federalista 78 queda pues reafirmada la necesidad de un control de constitucionalidad, no a efectos de reafirmar un poder sobre otro, sino porque los jueces constitucionales, al revisar una norma, están en condiciones de reafirmar la supremacía de la Constitución.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURIDICA 488, El Peruano, 28 de enero de 2014

[1] Vid STC 008-2008-PI/TC Caso Ley del Profesorado. FF.JJ. 72 y 73.

[2] DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously, CambridgeMass., Harvard University Press. 1978. p. 24

[3] Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136.

[4] Vid STC 5854-2005-PA/TC. Caso Lizana Puelles. F.J. 12.

[5] GARGARELLA, Roberto. La dificultad de defender el control de constitucionalidad de las leyes.  Isonomía. 6, abril de 1997.  p. 55-57

Enlace PDF: http://www.elperuano.pe/Edicion/suplementosflipping/juridica/488/files/juridica488.pdf

 

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