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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia

24 marzo, 2014

SALA MIXTA VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1078-2013-SM-SPJ

DEMANDANTE: PEDRO SAAVEDRA CRISANTA

DEMANDADO: PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO-BAGUA Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 13 días del mes de febrero de 2014, la Sala Mixta Vacacional de Lambayeque, integrada por los magistrados Zamora Pedemonte, Silva Muñoz y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua, contra la sentencia de fecha 09 de octubre de 2013, en el extremo que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo y ordena la reposición del actor.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 34-41) solicita se declare inaplicable y sin efecto legal alguno el despido arbitrario efectuado por la demandada en contra del actor, materializado en la Resolución Ministerial Nº 0531-2010-AG,  y se ordene su reincorporación a sus labores en el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua. Precisa haber ingresado a laborar con fecha 02 de abril de 2002 como personal de apoyo a Tesorería y refiere que mediante Resolución 329-2009-AG.PEJSIB-4601, se declara la responsabilidad administrativa del recurrente por haber cometido falta laboral grave, imponiéndosele la sanción disciplinaria de despido por causa justa. 

La contestación formulada por la emplazada (p. 57-62) solicita al Juez desestime la demanda, declarándola improcedente o infundada. Hace mención a que el recurrente debió recurrir a la vía contencioso administrativa para impugnar una Resolución Ministerial y que la sanción de despido obedece a la existencia de responsabilidad por falta grave al haberse producido la sustracción de dinero por la suma de S/ 28,245.24. 

El Procurador Público contesta la demanda (p. 80-90) señalando que en aplicación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, corresponde sea conocida esta pretensión en la vía del proceso contencioso administrativo. 

La sentencia impugnada (p.249-260) estima la demanda al advertir que la emplazada ha emitido resoluciones administrativas contradictorias, declarando la nulidad de hasta 2 resoluciones a propósito del cese del actor. Considera, además, que el accionante ha sido victima de un despido arbitrario, al haberse establecido en la vía penal que el actor no era responsable del hecho imputado. Por consiguiente, dispone su reposición en forma definitiva, en el cargo que venía desempeñando. 

La impugnación formulada (p. 267-279) precisa que existe falta de congruencia en la parte decisoria de la apelada, en razón de que la decisión de la reposición no corresponde como consecuencia de la propia pretensión de la demanda y que esto denota un problema de motivación del juzgador. Considera, de otro lado, que no se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo pues la falta grave sí ha existido y como consecuencia de ello, se aplicó la sanción de despido. Estima, por tanto, que ha quedado acreditada la responsabilidad del demandante en aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

 

FUNDAMENTOS 

§ Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia   

1. Las posiciones que la jurisprudencia constitucional ha asumido en relación a la responsabilidad del trabajador que es luego procesado en la vía penal, han asumido distintos grados de valoración en razón de que las circunstancias pueden variar en mayor o menor grado de una forma u otra.   

2. En un primer orden, debemos determinar si nos encontramos frente a la configuración del ne bis in idem,[1] como manifestación de vulneración al debido proceso, en tanto sancionar 2 veces por un mismo hecho constituye efectivamente una agresión a un derecho fundamental, dado que se produciría la sumatoria de 3 elementos: sujeto, objeto y materia.[2] Esta situación contraviene los estándares de un debido proceso en cuanto involucra una persecución indebida y contraria a los derechos fundamentales. 

3. Sin embargo, no basta conceptuar una persecución prima facie o en modo genérico, pues deviene necesario identificar diversas situaciones al respecto: queda vedada una misma apreciación ante los hechos que suponen responsabilidad si una decisión administrativa es sancionatoria y la otra de carácter penal absolutoria[3] pues en dicha situación, nos encontramos frente a una sanción administrativa que partiría de la ausencia de razonabilidad en la aplicación de la sanción y de otro lado, frente a una situación de orden penal que considera que el acto de responsabilidad no existió. En dicho caso, la sujeción se produce en relación a la decisión administrativa respecto de la de orden penal. 

3. De igual forma, corresponde diferenciar una siguiente situación: cuando han tenido lugar  dos sanciones, una de orden administrativo y otra de índole jurisdiccional penal, cuyos contenidos coinciden, es decir, la decisión penal valida la posición de la Administración[4] en tanto admitimos que se trata de bienes jurídicos distintos: el alcance de la decisión administrativa protege el buen funcionamiento de la Administración y la sanción penal ha de enfatizar su acción hacia un bien específico al cual la normativa sustantiva penal le dispensa una protección determinada. En este caso, no hay infracción del principio ne bis in idem.

4. Podríamos derivar esta situación a un tercer escenario: que el hecho que da lugar a la sanción realmente no exista y así lo declare el juez penal. En ese caso, definitivamente la Administración partió de un hecho falso y por consiguiente, se materializa un alcance in extenso de la sentencia penal, la cual constata la contradicción en que incurre la Administración. En esta misma ruta de análisis, si el hecho propio de la sanción existe y así lo declara la autoridad penal, entonces es válido concluir que se trata de un contexto que se remite a que los bienes jurídicos a proteger son distintos, y por tanto, la imposición de la sanción administrativa como la penal deben conservar su rigor.     

5. El planteamiento de estas diversas vertientes de manifestación de las sanciones administrativas y penales nos conduce, entonces, a recalcar el rol que le corresponde al principio de presunción de inocencia[5] en la relación de trabajo en cuanto su contenido iusfundamental nos informa que la existencia propia de una absolución penal o una de sus diversas manifestaciones,[6] acredita la falta de razonabilidad en la imposición de la sanción de despido, la cual a su vez resulta excesiva en relación al hecho que la justicia penal constata no es constitutivo de responsabilidad. 

6. Ahora bien, ¿correspondería al empleador considerar la adopción de no despedir frente a un hecho que considere de suyo grave? La justicia constitucional no puede resultar invasiva respecto de las facultades de dirección del empleador y sin embargo, le exige un examen de razonabilidad respecto a la sanción de despido, en tanto ésta no es la única forma de sanción posible sino a su vez se configuran otras opciones viables en tanto, en función a la normativa propia interna de la empresa, podrá corresponder la imposición de otros tipos de sanción. Sin perjuicio de ello, sí es importante anotar que frente a la eventualidad de una absolución penal, queda la sanción administrativa en el ámbito de haberse excedido los márgenes de razonabilidad.      

 

§ Análisis del caso en concreto

7. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, 2 exigencias deben ser concurrentes respecto al acto vulneratorio: la demostración de los hechos objeto de afectación, o en su caso, acreditación de la fundamentalidad de la vulneración, y de otro lado, debe verificarse  la legitimidad o ilegitimidad del acto vulneratorio. 

8. En el caso que nos ocupa, no merece mayor análisis la cuestión de que existan resoluciones administrativas en apariencia contradictorias. La Administración asume una función reguladora y goza de la facultad correctora de revocar sus propios actos bajo determinados supuestos. Dadas esas características, corresponde ratificar los fundamentos que el juzgador de primera instancia determina a este respecto. 

9. Sí importa para efectos de este fallo centrarnos en el hecho relevante del suceso matriz que dio lugar a la sanción de despido del actor por parte del empleador, y tal situación es atribuida a que el actor habría entregado el dinero a una tercera persona luego de que el Tesorero de la entidad, le hiciera entrega de este mismo dinero. 

10. En específico, este hecho concreto- la entrega del dinero a un tercero- ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público en el proceso penal que nos ocupa, en tanto según la resolución de la Sala Mixta de Jaén (p. 91-94) se confirma la decisión del juzgador de tener por retirada la acusación fiscal. Ahora bien, tal retiro de acusación del propio Ministerio Público parte de la premisa propia de incongruencia de que no hubo forma de acreditar a quién se entregó el dinero faltante, pues la declaración del testigo del caso no cumple con los lineamientos del Acuerdo Plenario 02-2005, en la medida que no se pudo identificar al tercero que habría recibido el dinero al interior de la propia institución, más aún si existe un registro de ingreso. A esto ha de sumarse que la última persona que ingresó el día de los hechos a los ambientes en que se produjo la sustracción, es el señor Herli Oblitas Gonzáles e ingresó tal persona a las 12.30 horas, sin que éste luego haya sido identificado como quien recibió el dinero.   

11. Advirtamos que la sentencia penal enfatiza la inviabilidad de los argumentos de la parte ahora demandada pues el hecho base- la entrega de dinero a terceros- no goza del sustento fáctico necesario para lograr la incriminación necesaria en sede penal. Lógica distinta sería la que tendría lugar de haberse identificado, dentro de los propios ambientes de la institución, a quien habría recibido el dinero de manera ilícita, más aún si el acceso a estas entidades no es abierto sino restringido y por tanto, existe una carga en cuanto a la identificación de las personas. 

12. Resulta irrazonable, entonces, la imputación de responsabilidad en el ámbito administrativo cuando la decisión penal asume una función exculpatoria, y más aún, que no haya habido real imputación penal, resultado propio de que no haya existido una acusación directa del Ministerio Público. En esos términos, ha resultado irrazonable el despido laboral cuando ha excedido el propio margen de atribución de una responsabilidad que ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial resultan configuratorios de responsabilidad y por otro lado, resulta vulneratorio del respeto de la dignidad del trabajador en la relación de trabajo.[7] En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda.     

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

ZAMORA PEDEMONTE

SILVA MUÑOZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Sus raíces normativas supranacionales encuentran asidero en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). Artículo 8.  Garantías Judiciales

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

[2] STC 8123-2005-HC/TC. Caso Nelson Jacob Gurman 

27. Ahora bien, verificar la existencia o no de una persecución (…) requiere la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (eadem persona), identidad del objeto de persecución (eadem res) e identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi).” 

[3] STC 2050-2002-AA/TA. Caso Ramos Colque 

19. (…) b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).

Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC 47/1981), “(…) El principio nom bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado” (cursivas agregadas). Lo que significa que, en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado.

[4] STC 01864-2009-PA/TC. Caso Caleb Morán 

5. (…) los hechos que originaron tanto la sanción disciplinaria cuanto la condena penal son básicamente los mismos; no obstante, la empleadora sancionó al recurrente no por apropiación indebida de bienes de la empresa, sino por incumplimiento de sus obligaciones como Asistente de Almacén, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral; por su parte, el órgano jurisdiccional penal le impuso una condena penal por haber cometido ilícito penal; por consiguiente, no se ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que las sanciones que se impusieron al demandante tienen diferente naturaleza, puesto que una deriva de la responsabilidad disciplinaria en que incurrió por incumplimiento de sus obligaciones laborales y la otra de la responsabilidad penal que se le encontró como coautor de los delito de hurto simple y falsificación de documentos. 

[5] 05104-2008-PA/TC. Caso Sindicato Southern Peru 

9. Este Tribunal, en reiterada y uniforme jurisprudencia ha señalado que el derecho fundamental a la presunción de inocencia enunciado en el artículo 2°, numeral 24, literal f), de la Constitución, se proyecta también, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida. (…) 

[6] Sean el sobreseimiento, el retiro de acusación, la desvinculación del tipo penal, etc.

[7] BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos Fundamentales de la Persona y Relación de Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2007. p. 266. 

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