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STC 04293-2012-PA/TC. Caso Consorcio Requena. Dejan sin efecto control difuso administrativo.

4 mayo, 2014

 

Estimados amigos:

El Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto a través de la STC 04293-2012-PA/TC (la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04293-2012-AA.pdf) la aplicación de la figura del control difuso por parte de los órganos colegiados de la Administración Pública con alcance nacional.

Si bien es cierto que un estudio de “La Ley” ( vid http://laley.pe/not/1276/los_tribunales_administrativos_no_ejercieron_activamente_el_control_difuso_/) señala la escasa aplicación del control difuso administrativo en los últimos años desde el precedente vinculante Salazar Yarlenque (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.html), no resulta menos cierto, a juicio nuestro, que se desperdicia una oportunidad extraordinaria para afianzar el ejercicio de esta potestad histórica que la Corte Suprema de EE.UU. consagró en el caso Marbury vs Madison (1803), para efectos de la inaplicación de una norma contraria a la Constitución.

Refiere la resolución en comento:

33. (…) c. (…) permitir que los tribunales administrativos u órganos colegiados realicen control difuso de constitucionalidad, afecta el sistema de control dual de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución y reservado para el Poder Judicial y/o el Tribunal Constitucional, según corresponda, conforme a los artículos 138° y 201° de la Constitución, respectivamente. 

En ese sentido, incluso afecta al principio de división de poderes, dado que se permite que un tribunal administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controle las normas dictadas por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, solo puede ocurrir en un proceso jurisdiccional y no en uno de naturaleza administrativa.

Bajo estos argumentos, prevé el decisorio de esta sentencia:

4. DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente por la forma o por el fondo.

Es importante acotar que el voto del magistrado Urviola Hani, Presidente del Tribunal, recoge una posición distinta, la cual compartimos precisamente porque coincidimos con la idea de que se deja de lado un concurso que pudo ser valioso e importante- el de los Órganos Colegiados de la Administración Pública con alcance nacional (los cuales no son en realidad numerosos)- en la calificación de situaciones que pudieran contravenir nuestra Carta Fundamental.

Apreciemos pues que los jueces no deberíamos resolverlo todo y sin en esa tarea de impartir justicia existen órganos calificados, más aún sujeta a control final por parte del Poder Judicial), pues resulta de suma utilidad ese ejercicio mutuo de compartir la delicada tarea de resolver controversias que eventualmente afecten la supremacía normativa de la Constitución.

Señala el voto singular del magistrado Urviola:

17. (…)Estimo que la mejor solución no sería eliminar el precedente vinculante sobre control difuso administrativo, sino por el contrario, mejorarlo, adicionando por ejemplo una nueva regla que incorpore el procedimiento de consulta u otro similar ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, cada vez que un Tribunal Administrativo Nacional aplique el control difuso sobre una ley, siempre y cuando dicha decisión no sea impugnada judicialmente por las partes.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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