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STC 0791-2014–PA/TC. Caso Mateo Castañeda. Tribunal Constitucional nombra Fiscal Supremo.

4 mayo, 2014

 

Estimados amigos:

Honda discusión y controversia ha generado en estos días en el país una decisión del Tribunal Constitucional en el sentido de nombrar Fiscal Supremo al demandante Mateo Castañeda Segovia, en el proceso de amparo seguido contra el Consejo Nacional de la Magistratura (decisión que puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00791-2014-AA.pdf), a raíz del no nombramiento del demandante en el concurso público regular 2011.

Por su importancia transcribimos precisamente las partes más importantes de la sentencia, excediendo nuestra posición tradicional de solo incorporar algunas líneas cuando comentamos una decisión del Tribunal. La razón es muy puntual: creemos que es importante un análisis minucioso del caso pues las líneas críticas a expresar, deben involucrar un examen integral de la controversia.

Ciertamente no es potestad del Tribunal Constitucional el nombramiento de Fiscales Supremos. Ello afecta la tesis del reparto de competencias que enuncia el artículo 154 de nuestra Carta Fundamental y sin embargo, la cuestión central es, siguiendo el razonamiento del examen de necesidad ( o gravosidad, como hemos sostenido en muchos trabajos en este blog a propósito del principio de proporcionalidad): ¿había otra solución menos onerosa?

El caso fue objeto de un análisis muy amplio entre jueces y fiscales en la sesión que dictamos ayer en el curso de Ascenso de la Academia de la Magistratura en el Módulo “Teoría constitucional y democracia”, pues precisamente la jornada de ayer el tema abordado fue “Justicia constitucional”. Precisamente el suscrito fue quien asumió la elaboración de un resumen de la sentencia en comento para la etapa taller de la reunión.

Consideramos que el debate ha de ser muy extenso en estos días.

 

EXP. N. ° 00791-2014-PA/TC (EXP. N. ° 01044-2013-PA/TC)

LIMA- MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2014, el Tribunal Constitucional (…)

 

ASUNTO

Recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 01044-2013- PA/TC, interpuesto por don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia (…) contra la Resolución (…) expedida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que declaró la sustracción de la materia y el archivamiento del proceso.

 

ANTECEDENTES

a. Demanda y sentencia del Tribunal Constitucional

Con fecha 19 de mayo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando que se declare la nulidad del Acuerdo N.° 0178-2011 adoptado por mayoría y contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011, que resolvió no nombrarlo Fiscal Supremo en el marco de la Convocatoria N.° 002-2010-SN/VCNM, pese a que ocupó el tercer puesto del cuadro de méritos (…)

Mediante STC N.° 04944-2011-PA/TC de fecha 16 de enero de 2012, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda considerando que el acto lesivo cuestionado había vulnerado los derechos del actor al debido proceso y a la motivación de las resoluciones y en consecuencia, nulo el Acuerdo N.° 0178-2011, ordenando al CNM emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado, y a sus miembros, volver a votar su decisión (…)

b. (…) Mediante Resolución N.° 13, de fecha 17 de agosto de 2012, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima resolvió declarar nula la sesión N.° 2202 del CNM del 08 de junio de 2012, en el extremo que decide no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo; y en consecuencia, “ORDENA que los Consejeros del CNM vuelvan a emitir nuevo pronunciamiento, sujetándose de manera estricta a lo dispuesto por el TC en su sentencia de fecha 16 de enero de 2012, aclarada mediante resolución de fecha 16 de abril del mismo año” [f. 854. tomo I].

En cumplimiento de ello, mediante Acuerdo N.° 1615-2012, contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria del CNM de fecha 29 de noviembre de 2012, el CNM resolvió “No nombrar al señor MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PÚBLICO, al no haber alcanzado el voto confirme de los dos tercios del número legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con el artículo 154 inciso 1 de la Constitución Política” [f. 899, tomo 1].

Con fecha 26 de diciembre de 2012, el recurrente solicita al Juzgado que declare la nulidad del Acuerdo N.° 1615-2012 R. 1031, tomo II]. Finalmente ante los pedidos de conclusión de proceso de la demandada y de nulidad del actor, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.° 23 de 21 de enero de II 13 [f. 1059, tomo 0], resuelve declarar por cumplido el mandato ordenado en la Resolución N.° 13, y ordena la conclusión del proceso y su archivo definitivo.

c. Primer recurso de apelación por salto

Con fecha 30 de enero de 2013, el actor interpone recurso de apelación por salto contra la Resolución N.° 23, de fecha 21 de enero de 2013 [f. 1143, tomo II].

Mediante STC N.° 01044-2013-PA/TC de fecha 9 de setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por la parte demandante, al considerar acreditada la renuencia del CNM en cumplir la sentencia constitucional de fecha 16 de enero de 2012, (…)

d. Etapa de ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC

Mediante Acuerdo N.° 1835-2013 contenido en el Acta de Sesión N.° 2482, de fecha 15 de noviembre de 2013 [fojas 1416 del Tomo ni], el CNM resolvió declarar que los postulantes Hinostroza Pariachi y Castañeda Segovia “no alcanzaron el requisito constitucional del voto conforme de los dos tercios del número legal de los siete miembros que actualmente conforman el Consejo Nacional de la Magistratura”. (…)

Mediante Acuerdo N.° 1988-2013 emitido en Sesión de Pleno N.° 2498, de fecha 18 de diciembre de 2013 [fojas 1650], el CNM decidió no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo. Ese mismo día, mediante Acuerdo N.° 1990-2013 contenido en el Acta de Sesión N.° 2499, de fecha 18 de diciembre de 2013 [fojas 1645], el CNM resolvió nombrar como Fiscal Supremo a la Dra. Zoraida Ávalos Rivera, quien figuraba en el primer puesto del cuadro de méritos elaborado por el Consejo, a raíz del concurso irregular ya mencionado, donde además figuraban los postulantes Nora Miraval Gambini (2° puesto) y José Pereira Rivarola (3° puesto)(…)

e. Segundo recurso de apelación por salto

Con fecha 09 de enero de 2014, el recurrente interpone recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC, y contra la Resolución N.° 38 expedida por el juez de ejecución [fojas 1522].

 

FUNDAMENTOS

§1. Sobre el derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales (…)

4. La ejecución de las sentencias en sus propios términos, ha dicho este Tribunal en la STC N.° 01939-2011-PA/TC, constituye una garantía a favor de las partes procesales, esto es, “tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado [Carballo Piñeiro, Laura. Ejecución de condenas de dar (tratamiento procesal adaptado ala nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, Bosch, 2001, p. 30]. En ese mismo sentido, ha reconocido que: “[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución” (…)

§2. Análisis de la controversia

6. De autos se desprende que la controversia de autos consiste en determinar si, en fase de ejecución de sentencia, se ha desvirtuado lo decidido por este Tribunal en la STC N.° 01044-2013-PA/TC, que declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por la parte demandante, y ordenó al CNM proceder a nombrar, entre los postulantes que quedan en carrera, esto es, don César José Hinostroza Pariachi o don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, a aquel que corresponda desempeñarse como Fiscal Supremo, conforme a las bases y reglamentos vigentes al momento de realizarse la convocatoria para dicha plaza. (…)

10.Sin embargo, en el caso de autos nos encontramos frente a una situación en la que el recurrente ya cuenta no solo con una sentencia dictada a su favor, sino demás con otra que complementa la anterior ante los nuevos hechos o actuaciones ocurridas o desarrolladas por la parte obligada, esto es, el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, no procede declarar la sustracción de la materia ni mucho menos el archivo del proceso, sino determinar de qué manera se deben ejecutar las decisiones emitidas por este Tribunal y que tienen la calidad de cosa juzgada. (…)

12. Como lógica consecuencia de lo expuesto, no corresponde ya que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo del proceso —pues existen dos sentencias sobre el particular—, sino únicamente recordar que en tanto no se ejecuten las sentencias dictadas en sede constitucional, en sus propios términos, no solo se afectan los derechos inicialmente demandados —debido proceso y a la motivación—, sino también los derechos de acceso a la función pública y a la presunción de inocencia, así como a la ejecución de las resoluciones judiciales.

13. Como correlato de ello, corresponderá que el CNM, con esta u otra conformación, procedan a ejecutar las sentencias emitidas, las que se mantienen subsistentes ante el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. (…)

§2.2 Sobre la ejecución definitiva de la STC N.° 01044-2013-PA/TC en el presente caso

14. Resuelta así esta cuestión previa, el Tribunal Constitucional debe entrar a analizar el modo en el que deberá ejecutarse la STC N.° 01044 2013-PA/TC, en concordancia con lo establecido primigeniamente en la STC N.° 04944-2011- PA/TC; ante la reiterada renuencia y rebeldía del CNM.(…)

19. En definitiva, a este Colegiado no le queda margen de duda de que todos los actos procedimentales posteriores a la notificación de la STC N.° 01044-2013-PA/TC a la parte demandada, y que tuvieron por objeto desacatar lo finalmente resuelto, creando una supuesta “sustracción de la materia” allí adonde simplemente no podía haberla, no hacen otra cosa que demostrar una conducta procesal inaceptable por parte del CNM, completamente alejada de los principios de buena fe y rectitud que deben presidir la etapa de ejecución de las sentencias constitucionales(…)

20. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que, ante la evidencia de esta práctica abusiva adoptada (por el ) órgano demandado, y con el objeto de hacerle frente, debe atenderse a lo que dispone el artículo 44° del TUO de la Ley N.° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo (aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS) [de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, de conformidad con el articulo IX del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional] , en el extremo en que se señala: “son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”

21. En consecuencia, y en ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional considera que es necesario declarar la nulidad de todos los actos posteriores realizados por el CNM después de notificado con la STC N.° 01044-2013; lo que supone la nulidad de los nombramientos de las Fiscales Supremos Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini; por lo que debe nombrarse al demandante Mateo Grimaldo Castañeda Segovia como Fiscal Supremo del Ministerio Público, como reparación de su derecho conculcado(…)

22. El Tribunal Constitucional debe precisar, sin embargo, que ello no significa que la nulidad de tales nombramientos suponga la afectación de las actuaciones realizadas por dichas magistradas en el ejercicio de sus funciones, todos los cuales mantienen plena validez, por un criterio elemental de preservación de la seguridad jurídica (…)

Sobre la imposibilidad fáctica del reintegro de magistrados destituidos con violación de sus derechos humanos, cabe indicar que tal criterio ha sido avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias recaídas en los casos Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador, sentencia de 23 de agosto de 2013, párrafos 213 a 215; y Tribunal Constitucional vs. Ecuador, sentencia de 28 de agosto de 2013, párrafos 258 a 264. (…)

23. (…) debe declararse que el CNM, en coordinación con el Titular del Pliego Presupuestario del Ministerio y el Ministerio de Economía y Finanzas, deben habilitar dos vacantes presupuestadas para re-incorporar a las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini como Fiscales Supremos de dicha institución, como una medida de reparación para ellas.(…)

25. La potestad de este Tribunal para emitir una sentencia ampliatoria constituye una valiosa herramienta procesal para hacer frente a situaciones de renuencia como la producida en el caso de autos. Sobre ella, hemos afirmado en anterior oportunidad que “sólo pueden ser expedidas en la etapa de ejecución de sentencia, esto es, cuando la pretensión respecto del derecho constitucional vulnerado ha merecido pronunciamiento favorable y se ha ordenado su restitución, siendo su objeto sustituir la omisión por parte de la entidad vencida de acatar la sentencia en sus propios términos” [RTC N8 0174-2006-Q/TC, fundamento 3]. (…)

27. Sin embargo, de los hechos expuestos hasta aquí, ha quedado demostrado que el órgano demandado mantiene su renuencia a acatar una decisión de estas características, y que resulta previsible que lo siga haciendo en el futuro, tal como lo señaló en su Acuerdo N.° 1988-2013, de fecha 18 de diciembre de 2013(…)

28. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que, para reparar definitivamente el derecho de la parte demandante, no queda otra alternativa de solución que optar por la aplicación del artículo 59° cuarto párrafo del Código Procesal Constitucional [“Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regula la situación justa conforme al decisorio de la sentencia”], y en razón de la omisión del órgano emplazado y su desacato a la STC N.° 01044-2013-PA/TC, proceder al nombramiento del demandante como Fiscal Supremo del Ministerio Público, en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura.

29. Al hacerlo, el Tribunal Constitucional no desconoce que, según el artículo 154° inciso 1 de la Constitución, es competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura “[n]ombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles”. Sin embargo, y con el mismo énfasis, precisa que la me a adoptar en esta sentencia resulta excepcional y constituye una medida de a raí, para reparar de forma definitiva el derecho fundamental de acceso a la función pública de la parte demandante y al derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales. (…)

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto presentado por la parte demandante.

2. Declarar NULA la Resolución N.° 38, de fecha 26 de diciembre de 2013, que declaró la sustracción de la materia y el archivamiento del proceso.

3. Declarar NULO el Acuerdo N.° 1988-2013 contenido en la Sesión del Pleno del CNM N.° 2498, de fecha 18 de diciembre de 2013, por el cual no se nombra al actor como Fiscal Supremo.

4. Declarar NULOS todos los actos posteriores realizados por el CNM después de notificado con la STC N.° 01044-2013-PÁJTC; lo que significa la nulidad de los nombramientos de las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini; dejando a salvo las actuaciones realizadas por dichas magistradas mientras ejercieron sus funciones, los cuales mantienen plena validez.

5. NOMBRAR al demandante, señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, como Fiscal Supremo del Ministerio Público, en virtud del artículo 59° cuarto párrafo del Código Procesal Constitucional, y en sustitución de la omisión del órgano demandado; y ORDENAR al Consejo Nacional de la Magistratura que expida el título correspondiente al actor y tomar el juramento de ley en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, y en caso de renuencia, deben ser expedidos por el juez de ejecución.

6. ORDENAR, como medida de reparación a las magistradas Ávalos Rivera y Miraval Gambini, que el Consejo Nacional de la Magistratura, en coordinación con el Titular del Pliego Presupuestario del Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas, HABILITEN dos vacantes presupuestadas para re-incorporar a las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini como Fiscales Supremos de dicha institución.

7. Disponer que el juez de ejecución haga uso de todos los apremios y apercibimientos de ley para hacer efectivo el mandato de este Tribunal; particularmente, las medidas previstas en los Fundamentos 30 a 33 de la presente sentencia. (…)

Publíquese y notifíquese. SS. MESÍA RAMÍREZ- ETO CRUZ- ÁLVAREZ MIRANDA

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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One comment

  1. Buenas tardes

    Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, y siempre estoy pendiente de las publicaciones que realiza en su blog.

    Quisiera que me hiciera llegar su opinión sobre el siguiente tema:

    En Ecuador, los miembros de la Policía Nacional son sancionados con La Baja o destitusión y con arrestos disciplinarios de 24 horas a 60 días, ante el cometimiento de faltas graves. Como queda claro existe una clara restricción al derecho al trabajo y a la libertad de tránsito respectivamente, en cada una de las sanciones detalladas. Existe una opinión consultiva emitida por la CIDH, en que determina que para restringir el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana, se necesita de ley tal y como lo refiere el artículo 30 de la Convención, pero esta ley debe ser en sentido formal, de acuerdo a esta opinión consultiva.

    Las sanciones a que hago referencia están contempladas en un acuerdo ministerial que expide el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, es decir, una ley en sentido material y no formal.

    Cree usted que se esta vulnerando el principio de legalidad previsto en la Constitución y en la Convención Americana?; y de ser así, cree ud. que debería inaplicarse dicho reglamento disciplinario, en lo referente a las sanciones, tomando en cuenta el principio de aplicación directa de la Carta Fundamental? y ello no conllevaría a dejar sin régimen disciplinario a la Policía Nacional, con su correspondiente coste para el Estado y la sociedad en sí?

    Este tema lo estoy desarrollando para mi tesis de grado, previa a la obtención del título de abogado.

    Le agradecería mucho su opinión al respecto, y si también me podría conceder una entrevista, y enviarle unas cuatro preguntas y que me responda con su firma electrónica, pues me parece muy importante la opinión de un jurista en el área del derecho Constitucional como usted, y que tanto a desarrollado los estudios en torno a la teoría y protección de los derechos humanos.

    Gracias, saludos cordiales.

    PDTA: El enlace en donde se encuentra la opinión consultiva es el siguiente:

    http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf



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