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La separación de poderes y Hamilton. Artículo

6 mayo, 2014

LA SEPARACIÓN DE PODERES Y HAMILTON

 

La vieja polémica generada a partir de “El Federalista 78” de Hamilton[1] esbozó la premisa de un necesario control de los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo desde la función judicial de control de los actos de poder, a cargo en propiedad del Poder Judicial.

La  propuesta de Hamilton fue muy criticada pues un Poder que reunía la condición de satisfacción del principio mayoritario como el Legislativo, elegido a partir de un acto regular de depósito de la voluntad popular, era a su vez controlado, desde los roles de control jurisdiccional, por quienes precisamente no representaban sino un principio contramayoritario, en la medida que los jueces eran en rigor designados, en los sistemas históricamente más remotos, por el Poder Ejecutivo y no devenían  elegidos por voluntad popular como sí sucedía con los representantes al Congreso.

La contradicción acotada parecía ser más que legítima en la medida que los jueces no eran realmente designados por la expresión de un medio de democracia directa, como voluntad de los ciudadanos, sino por un criterio ajeno propiamente al acto de elección que caracteriza el voto popular. En consecuencia, aseveraba la crítica, no se justificaba la legitimidad de ese control ajeno a una democracia material.

La justificación de Hamilton a estas críticas en “El Federalista 78” superó los márgenes de las cuestiones observadas: no se trataba de poner a un poder por encima del otro, sino en propiedad, apuntaba el pensador norteamericano, que la legitimidad de las decisiones del Poder Legislativo, precisamente obtenían validez, es decir, compatibilidad con la Constitución, a partir de ese control judicial que suponía una examen de constitucionalidad de las decisiones de poder del legislador.

Ahora bien, podemos aportar, en esfuerzo de la idea crítica de función de los jueces, un esbozo de autorregulación de los propios poderes, es decir, que el Poder Legislativo enmiende sus propias decisiones y que se produzca una suerte de self restraint, o ejercicio de autocontrol.

Prima facie ésta es una idea que puede lograr un rango de aceptabilidad: podríamos pensar que una norma expedida por el Poder Ejecutivo, en el legítimo ejercicio de las funciones de regulación que también le asisten, o bien que una norma expedida por el Poder Legislativo, dentro de las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, no sean compatibles con el ordenamiento constitucional, y que validada esa propia auto verificación, opten estos Poderes por un cambio de posición, y justifiquen un ámbito que implique la modificación de los aspectos incompatibles con ese orden material de valores que implica el efecto vinculante de las Normas Fundamentales.

Sin embargo, no es en estricto una situación que las más de las veces ocurre, simple y llanamente porque no existe el necesario consenso en democracia para este efecto. Es usual que el Poder Legislativo, salvo excepciones de rigor, justifique una norma con rango de ley en el sentido de que se han cumplido los procedimientos formales para la adopción de la norma.

No le faltaría razón al legislador para esta justificación y sin perjuicio de ello, advirtamos que no basta la justificación de un procedimiento formal sino el necesario escenario de validación material de la norma con la Carta Fundamental. Es decir, no basta visualicemos solo un aspecto formal de la norma en cuanto a la vigencia de la misma, lo cual expresa solo un control de legalidad, sino un ámbito de legitimidad de la misma, entendida a partir de su compatibilidad con la Constitución.

Nos vemos, entonces, ante un escenario contradictorio: quienes no satisfacen en apariencia la condición del principio mayoritario, enmiendan jurisdiccionalmente posiciones de quienes sí justifican esa exigencia del principio de la mayoría.

Aquí admitimos el argumento de Hamilton en el sentido de que es precisamente ese control judicial el efecto de legitimación de las decisiones del Poder Legislativo, sea para aprobar la norma adoptada, perfeccionando su ámbito de legitimidad con respecto a la Constitución, o bien para efectuar los ajustes necesarios, unas veces inaplicándola si optamos por el control difuso de constitucionalidad de la norma, a cargo de los jueces; o bien expulsándola, desde la perspectiva kelseniana, del ordenamiento constitucional, sea por medio de un Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional, dadas las imperfecciones de rigor con el orden material que identifican nuestras Normas de Normas.

Valdría una interrogante de rigor: ¿rompemos la teoría de separación de poderes de Montesquieu al afirmar que un Poder puede corregir los actos formales de otro? Nuestra respuesta sería negativa, en la medida que reafirmamos la dimensión del concepto de separación de poderes a través de una noción material de equilibrio de poderes.

 

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURIDICA 502, El Peruano, 06 de mayo de 2014

[1] HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. México, 1957.  EnGARGARELLA, Roberto.  La dificultad de defender el control de constitucionalidad de las leyes.  Isonomía. 6, abril de 1997.  p. 56

Fueron 85 ensayos publicados entre octubre de 1787 y mayo de 1788 bajo el seudónimo de Publius, para motivar a los ciudadanos de Nueve York a ratificar la Constitución de Filadelfia de 1787.

Enlace PDF: http://www.elperuano.pe/Edicion/suplementosflipping/juridica/502/files/juridica502.pdf

 

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