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VIII Congreso Iberoamericano para la Cooperación Judicial. Madrid, 26 de noviembre de 2014. Sesión tarde

26 noviembre, 2014

Panel I: 17.00- 18.30

Foto del panel

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Derechos Sociales

Moderador: Edwin Figueroa Gutarra, Juez Superior y Vicepresidente de REDLAJ en materia de Cooperación Laboral  (Perú)

 

Fernando Salinas Molina, Ministro del Tribunal Supremo, ex Vicepresidente del CGPJ (España)

Uno de los fundamentos de la REDLAJ es el rubro de los derechos humanos sociales, los cuales ya están considerados no solo en el ámbito nacional sino internacional. Ellos exigen interpretación a través de la Constitución y las Convenciones. El Tribunal Constitucional ha afirmado, además, que exigen interpretación a través de la jurisprudencia de los Tribunales supranacionales o de la Comunidad Europea, por razones de su política económica social.

Otra cuestión es ver cómo se articulan estos derechos sociales. La Ley de la Jurisdicción Social en España ha logrado que las materias de orden laboral, impugnaciones de actos administrativos, entre otros temas, se controlen por el orden jurisdiccional social. Todo esto es competencia del juez social, quien pretende ser el juez de tutela de los derechos fundamentales sociales.

Hay un proceso especial de tutela que exige la Constitución. El juez no puede declarar la inconstitucionalidad de la ley sino, si una norma vulnera la Constitución, habrá de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que ha de ser resuelta por el Tribunal Constitucional.

En esos procesos existen todas las garantías necesarias. La ley no solo se contenta en establecer este proceso de tutela sino va estableciendo otros preceptos como medidas cautelares, medidas anticipadas orientadas a garantizar los derechos sociales. La medida es concedida por el juez de lo social.

Otro aspecto es el tema de que cuando hay vulneración de un derecho fundamental, cualquier juez puede actuar. Si el empleador incumple un contrato de trabajo, en determinados casos ordenará la continuación de la prestación laboral. Un salto importante es que se ha permitido la prevención  integral de los riesgos laborales, los cuales se llevan al orden jurisdiccional social. En materia de acoso, inclusive, se puede acudir al proceso de tutela.

Cito una sentencia del Tribunal Europeo de D.HH. TEDH contra España, de 06 de octubre de 2010. Se trata de un trabajador respecto del cual existía un caso de orden civil por daños. El trabajador se había infectado de SIDA y pidió se respete su privacidad en el juicio civil incoado. El Juez civil necesitaba saber la determinación  de los detalles del caso y por ello se publicó su caso con nombres e información completa. El trabajador sintió  vulnerada su intimidad y recurrió hasta el TEDH.  Incluso el Conejo General del Poder Judicial fue condenado por un caso en el cual se afectó la protección de datos.

En la carga de la prueba se ha reproducido el criterio constitucional respecto a la exigencia de acreditar la prueba. El demandado, satisfecha esa exigencia, debía desvirtuar lo imputado. En casos de accidente, será el empleador quien demostrará que se han cumplido las condiciones necesarias.

El proceso de tutela abarca, además, no solo al trabajador, sino a todos quienes están vinculados a la relación de trabajo. Un caso en el cual hay empresas vinculadas cuyos trabajadores prestan una relación determinada y existe conflicto entre ellos, ha señalado el Tribunal Constitucional, es susceptible de que se emita condena hacia terceras empresas en lo social, si se demuestra que hay una vinculación entre empresas diversas y trabajadores.

El Tribunal Supremo exigía que el daño moral debía probarse. El Tribunal Constitucional ha determinado que el daño moral debe determinarse a partir de la vulneración del derecho fundamental.

La reparación íntegra de las consecuencias es un concepto mucho más amplio. Conduce a una interpretación extensiva del daño causado.

 

Joaquín Aparicio, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Castilla La Mancha (España)

El tema que se me ha asignado se orienta a una perspectiva de la Unión Europea sobre los derechos sociales, que son derechos que se van progresivamente afirmando.

La Constitución española exige que la interpretación de los derechos sociales debe hacerse de acuerdo con lo determinado por los Tribunales Supranacionales a los cuales se sujeta España.

Tenemos tres de estos espacios: el TEDH cuyo sistema de garantías se define por la Corte de Estrasburgo. En adición a ello, en relación a la Carta Social Europea, se precisa y exige una especie de Tribunal que emite declaraciones de fondo cuando hay violación de derechos sociales protegidos. En el caso de la Unión Europea, no es ella un Estado pero se parece a ello, y sus pronunciamientos permiten entender que los Estados asumen una pérdida de competencia en asuntos específicos. Una norma supranacional goza del derecho de primacía sobre el Derecho del Estado. No se trata de ningún trámite especial  para esta prevalencia.

En cualquier caso, en relación a los derechos fundamentales, se plantea graves aporías. Encontramos problemas en relación a la libre prestación de servicios con los derechos de contenido social. Se exige el respeto de no discriminación por razones de nacionalidad. Hoy el trabajador puede buscar trabajo en cualquier país de la Unión Europea y no se le puede discriminar. Por ejemplo, el español en Suecia debe ser tratado sin discriminar su nacionalidad. Se busca una homogeneidad en el tratamiento laboral.

La libertad de circulación de servicios es otro tema que nos preocupa. Igualmente se exige que las empresas no sean discriminadas en relación al país en el cual se preste el servicio. Por ejemplo, respecto a la externalización productiva, las partes de un automóvil pueden ser hechas por empresas de distintos países, lo cual implica respeto por un comercio de servicios. El problema que se plantea es cómo esta prestación de servicios debe manejarse por desplazamientos de trabajadores. La cuestión es cuál ordenamiento jurídico debe aplicarse.

Puede haber empresas que se funden en países de estándares sociales más bajos. Puede provocarse en el país de acogida una especie de dumping social, solicitando se respete el régimen de origen.  Se rompe aquí el principio de armonización.

 

Antonio Gomes de Vasconcelos, Profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais – UFMG y Magistrado Federal (Brasil) 

Deseo plantear algunos desafíos para la efectividad de los derechos sociales en nuestros ordenamientos.

Las directrices político económico- sociales exigen del Estado promesas de inclusión social. En ese orden, los Poderes Judiciales asumen una tarea importante que demanda protagonismo en defensa de los derechos sociales. Desde el punto de vista de la efectividad, hay una carencia de los derechos sociales.

Planteo una necesidad de protagonismo del Poder Judicial en estas reformas a fin de no significar una mera estrategia discursiva. Es indispensable distinguir las disputas ideológicas entre concepciones distintas: liberales y las opuestas a ellas, básicamente de raigambre neoconstitucional.

La concepción liberal enfoca un papel estabilizador del Estado de Derecho, se centra en la idea de la seguridad jurídica. Se centra en la pluralidad de la reforma. En esa concepción, el Poder Judicial PJ deber rápido y eficaz en el funcionamiento de los mercados. Se debe asegurar el flujo de capitales. Los Tribunales deben abstenerse de recurrir a un activismo judicial redistributivo.

En la idea de un proyecto neoconstitucional, el Estado se extiende a otros ámbitos. Se remarca aquí la idea de un Estado de Derecho que se convierte en instrumento para el proyecto de constitucionalización de la sociedad. El Poder Judicial se convierte en el guardián de la democracia. Se convierte en vigilante de los demás Poderes. El activismo es inherente a la labor judicial. El Poder Judicial asume su cuota de responsabilidad a través de un rol más proactivo.

Llegamos a un punto en el cual debemos definir si el Poder Judicial asume una tesis de defensa de los mercados o se orienta por una tesis neoconstitucional. En América Latina los derechos sociales afrontan una tesis de baja efectividad, aspecto que se refleja en los tribunales pues esta situación nos plantea un juez objeto si se orienta a la tesis del mercado. Mi idea es que la implementación de reformas del liberalismo es ilegítima en relación a los derechos sociales. El activismo judicial, amparado constitucionalmente, es una exigencia para los tribunales. Ello exige una reformulación del Estado Social y el perfil del juez aquí se encuentra en construcción.

 

Foto del Pleno del Panel al final de la sesión. En su orden, Fernando Salinas, Joaquín Aparicio, Edwin Figueroa y Antonio Gomes.

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Panel Derechos Humanos: 17.00- 18.30

Este Taller fue desarrollado en forma simultánea al anterior y sus contenidos fueron:

 

Moderador: Juvenal López Rocha, Magistrado y Directivo de REDLAJ (Bolivia)

 

Luis Ernesto Vargas Silva, Presidente de la Corte Constitucional (Colombia)

 

Jackeline Yalán Leal, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima- Ventanilla Noroeste (Provincia Constitucional del Callao (Perú)

 

Jorge Jiménez Martin, Magistrado, Profesor del Área de Instrucción de la Escuela Judicial de Barcelona (España)

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