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XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Bogotá, Colombia. 16 de setiembre de 2015. Tarde

17 septiembre, 2015

Universidad Externado de Colombia.

16 de setiembre de 2015. tarde.

 

Sesión tema 2

Estructura contemporánea del Estado constitucional

 

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Martin Loughlin (Reino Unido)( en inglés)

Profesor de Derecho Público. London School of Economics

The Constitution in the contemporary state

Deseo señalar algunos puntos de carácter histórico. Las Constituciones constituyen el vehículo de los derechos de los ciudadanos. Son instrumentos de enorme importancia. Surge una pregunta en relación a estos temas ¿Podemos hablar de un constitucionalismo negativo? Debemos responder que tenemos el compromiso de construir un constitucionalismo positivo.

Las Constituciones hoy son un marco de política de acción. Le otorgan un sentido especial al Derecho. Conciben un sistema de reglas, una forma de hacer derecho sobre los derechos de las personas. En esa situación, es un conjunto de normas elaboradas y se discuten en ese marco las ideas de legalidad y legitimidad. Nos preguntamos si estos conceptos son suficientes.

En los últimos 30 años las Constituciones han cambiado la vida política de las naciones. Viejos regímenes se han transformado y hoy estamos ante la nueva cara de los derechos. Quiero referirme a ello como una organización reflexiva. Fenómenos como la privatización ponen a prueba este resurgir de los derechos.

Las Constituciones consolidan hoy sistemas más sólidos. Son también una regla del orden legal. Son guardianes de los derechos y practican los valores de la sociedad. Este trastorno de lo negativo a lo positivo, tiene implicancias que nos conciernen. Expresan un orden objetivo de valores. Se supera el concepto solo positivo de la ley.

La superlegalidad es un concepto que no tiene cabida en el constitucionalismo de hoy. Los sentidos estrictos de legalidad no son una cuestión compatible con el Derecho Constitucional.

 

Carlos Ayala Corao Presidente de la Sección Nacional Ven del IIDC. (Venezuela)

Estructura contemporánea del Estado constitucional.

Los constitucionalistas hemos olvidado algunas categorías importantes del Derecho Constitucional.

No puedo dejar de señalar que vengo de un país en donde hoy no hay certeza de la separación de poderes, en el cual se adoptan medidas radicales en el nombre de la soberanía y de la Constitución, y sin embargo, no existe respeto por los valores constitucionales.

Hoy tenemos una tendencia al desgaste de las instituciones vinculadas al quehacer constitucional. El Derecho Internacional determina el ámbito de validez del Derecho Constitucional, decía Kelsen hacia mediados del siglo XX.

Soberanía de los actores y respeto internacional por los dd.hh. son valores que son recogidos hoy por las Constituciones. La soberanía implica deberes y derechos, los Estados están sometidos al principio contractualista de los derechos. Los Estados asumen obligaciones hacia los individuos, en primer lugar, y hacia los derechos colectivos, en un segundo orden. Los dd.hh. han impuesto la idea de que ya no dependen de la voluntad de los Estados sino de valores más altos.

Además de estos principios, tenemos reglas imperativas de ius cogens, que se generan fuera de la corriente contractualista de los tratados.  Este tipo de reglas hacen que los derechos sean respetados, por ejemplo, la prohibición de torturas, la noción de pacta sunt servanda, etc. No pueden alegar los Estados cuestiones de Estado interno para escapar a obligaciones supranacionales. Los Estados asumen un principio de protección colectiva.  Ya la Corte IDH ha abordado el concepto de garantía colectiva.

Importa preguntarnos por el concepto de supremacía constitucional. Las Constituciones tienen que sujetarse al Derecho Internacional. Algunos países han adoptado la idea del bloque de constitucionalidad. Esto nos lleva a preguntarnos por el sistema de fuentes del Derecho. ¿Habrá una despedida estatal del concepto clásico de las fuentes del Derecho?  Una tríada de conceptos relevantes hoy en día es: democracia, estado de derecho y  DD.HH.

Debemos preguntarnos como Lincoln en Gettysburg si la democracia viene del pueblo, es para el pueblo y existe por el pueblo. Todo esto no es teoría del Derecho Constitucional. Un alcance de esto es el actuar de Cortes Constitucionales sobre actos de referendo, privilegiando la prevalencia de los dd.hh.

 

Pablo Santolaya Machetti. (España) Vicepresidente de la Asociación española de constitucionalistas

El control judicial de los actos parlamentarios.

Una situación a dilucidar es cómo entender que los jueces puedan revisar actos propios del Parlamento. Hoy en día es necesario hacer una interpretación conjunta de la Constitución y por tanto, toda persona sometida a un orden de dd.hh., no puede excluirse de ese control. Los jueces están obligados a hacer un necesario control constitucional desde la perspectiva de los dd.hh. Lo importante es la mayor protección que puedan los jueces dispensar.

En otro rubro, la doctrina de los actos internos se supera en España a partir de 1988 cuando decisiones del Tribunal Constitucional establecen la revisabilidad de actuaciones del Parlamento español ´por afectaciones a derechos tutelados por la Constitución.

 

Néstor Pedro Sagües (Argentina)

El Congreso como intérprete de la Constitución.

Hay posiciones diversas sobre las relaciones entre Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo. Las posturas marxistas niegan al Poder Judicial efectuar control de constitucionalidad. Es la vieja tesis de la revolución de octubre, todo el poder para los soviets.

Una segunda postura la encontramos en ordenamientos que han definido al Poder Legislativo como intérpretes de la Constitución. Ejemplo: Bolivia y Ecuador.

Una tercera posición se refiere a que el Poder Legislativo tiene potestades restringidas, es una posición intermedia, para interpretar la Constitución.

En un siguiente orden, tenemos la actuación conjunta entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo. Ejemplo: en Uruguay se habilitó al Poder Legislativo a dictar leyes interpretativas. Ello no quita al Poder Judicial la potestad de hacer control.

Una última opción es la condición del Congreso de intérprete condicionado de la Constitución. En Argentina se presentó este caso. El Congreso efectuó control constitucional sobre leyes que ya habían sido derogadas.

Podemos preguntarnos cuál es el mejor tipo de control de constitucionalidad. Lo cierto es que las potestades del Congreso al respecto se encuentran en franca retirada. Hay profundas crisis de representatividad de los Congresos. Igualmente, se ha caído el mito de que el pueblo es la voz de Dios. Esto solo tiene un efecto referencial.

Por  último, casos como el de Argentina revelan la situación de una cantidad considerable de leyes inconstitucionales expedidas por el Congreso.

Un Tribunal Constitucional no es inconstitucional porque ha sido creado conforme a reglas democráticas.

Se formó, al final, un panel para la discusión de los temas abordados.

 

Sesión temática 3

Diseño institucional e inclusión de la diversidad

 

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Elizabeth Salmón. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Perú)

La inclusión

Este es un tema muy complejo que requiere la acción de los Estados. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH no hay un concepto univoco para entender la idea de inclusión. Esto no quiere decir que este término no tenga contenidos. Igualdad significa visibilizar la diversidad. De otro lado, el SIDH configura un verdadero modelo de inclusión. Diversas colectividades pueden acceder a derechos sin transformarse. Por lo tanto, inclusión implica adoptar políticas públicas para la realización del principio de igualdad. Implica también manejar un enfoque de políticas públicas.

De otro lado, la gestión de la diversidad se encuentra demarcada por la idea de un modelo democrático. Quiere ello decir que no es tan libre el aspecto de ejecución sino que debe seguir determinadas pautas.

Hay un modelo que busca eliminar la diversidad. Se dice que hay que marginar a los grupos diferentes. El Estado decide si quiere ser excluyente. Hay algunas experiencias: apartheid en Sudáfrica, los judíos en Alemania .etc. Hay otros modelos más discretos y que existen en la actualidad.

En un modelo de inclusión tiene relevancia la noción de tolerancia. La igualdad es un aspecto muy complejo pues no toda diferenciación supone discriminación negativa.

La igualdad se funda en la dignidad. Tiene un contenido de ius cogens, pues no admite pacto en contrario ni pueden los derechos ser suspendidos en modo alguno respecto de ningún espacio o lugar.

La igualdad ha sido construida también por la Corte IDH, se ha apuntado a situaciones reales para que el Estado cuente con herramientas para superar esa desigualdad formal y real. Esto va en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos SIDH con que el Estado adopte decisiones específicas, las cuales son acciones intencionales para solucionar problemas colectivos. El contenido del principio de igualdad se incluye en una denominada política pública. Los Estados deben entonces tomar acciones. Los dd.hh. sirven para dotar de fortalezas a las políticas públicas, le dan direccionalidad a éstos, cierran las brechas de desigualdad.

Esta forma de hacer política pública nace en las NNUU, durante el mandato de Kofi Annan, para que la inclusión constituya parte básica de la acción de los Estados.

Inclusión y democracia son conceptos vinculados. Puede haber una democracia no inclusiva, es decir, que no se dé plenamente. Por ejemplo, la Carta Democrática fue recogida en su concepción material por la Corte IDH en el caso Castañeda Gutman. Por lo tanto, dicha Carta ya no es solo soft law.

La justicia transicional no está diseñada para solucionar las brechas de exclusión. Sin embargo, aquella no puede dejar de plantear medidas al respecto. Se hace necesario pues que los países no deban perder sus oportunidades de ser más inclusivos.

 

Joshua Mittroti Ventura. Agencia colombiana para la Reintegración

Escenarios de inclusión para la población desplazada

Me ha correspondido trabajar con personas desplazadas. Trabajar con personas no es trabajar con números. Atendemos como institución una población dispersa en todo el territorio nacional. En Colombia debemos romper marcos de violencia. Niños muy pequeños tienen como referente a gente metida en la guerra.

Hemos atendido unas 48,000 personas que se han retirado de las FARC y otros grupos. Se han desmovilizado y al respecto el Estado debe adoptar medidas. Un 90% de ese grupo de 48,000 personas padecían problemas psicológicos. Ello requiere medidas por parte del Estado. 13 millones de pobres hay en Colombia. Los círculos de violencia no solo están en las poblaciones, lo están también en nuestra sociedad. 75% de desmovilizados son analfabetos. El 46% de estos grupos dicen haber sido incorporados a los grupos armados como menores de edad. Hoy el 76% de quienes ingresaron a estos grupos están comprometidos con la legalidad. En la guerra la mujer se vuelve hombre. Hace todo lo que los hombres deben hacer en relación a trabajos físicos, no se hace diferencia alguna. 22,000 personas de estos grupos han aprobado su primaria. 500 hoy son profesionales. 9,500 desmovilizados hoy trabajan. Por tanto, el Estado tiene el reto de fomentar las condiciones de una mejor inclusión. Estas acciones requieren políticas de Estado.

Se formó, al final, un panel para la discusión de los temas abordados.

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