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XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Bogotá, Colombia. 18 de setiembre de 2015. Tarde

18 septiembre, 2015

Universidad Externado de Colombia.

18 de setiembre de 2015. tarde

 

Mesas de trabajo en simultàneo

Temas desarrollados:

  • Funciones públicas y nueva relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional y los escenarios jurídico- globales
  • El Poder Judicial
  • Presidencialismo y democracia en América Latina
  • Poder Legislativo: elementos para superar la crisis del principio democrático
  • Los nuevos retos de la organización territorial
  • La economía y el Estado-aparato
  • Conflicto, justicia transicional e instituciones del Estado

 

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Conferencia de cierre

Luigi Ferrajoli. Profesor de la Universidad de Roma

Per una rifondazione garantista della separazione dei poteri/ Por un replanteamiento garantista de la separación de poderes

Las democracias se ven amenazadas hoy en día por diversas razones.  En la época de formulación de los poderes el concepto se orientó a la independencia de los mismos. Pero esa tripartición ya no es suficiente como tal para garantizar una efectiva separación entre poderes.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen la calidad de poderes compartidos. De otro lado, respecto de los derechos establecidos constitucionalmente, se han producido otros factores y como tales, no pueden ser asimilados a ninguno de estos poderes.

Es necesario repensar esta tripartición, pensar una modificación de esta tipología. Se requiere una bipartición de funciones de gobierno.

Una primera parte se refiere a los poderes públicos; una segunda, a la separación entre poderes, como base de la democracia política.

Las distinciones  y separaciones entre los poderes tienen su fundamento en fuentes de legitimación distintas, entre ellos el cuidado de los intereses políticos generales. Si los poderes no están separados debidamente, no solamente se confunden sino desnaturalizan su ejercicio.

Los poderes privados querrán someter a los poderes políticos. De ahí la necesidad de garantías nuevas e idóneas entre los distintos tipos de poderes.

Montesquieu enfatiza el sometimiento a la ley de la Administración y del Poder Judicial, marca un énfasis en esto. Sin embargo, el trabajo del juez es una labor cognitivo, no se puede someter al poder político.

El Poder Judicial presenta un poder contramayoritario, y como doce Dworkin, virtualmente contra todos. Las garantías que tutelan los jueces requieren de una aplicación de la ley, de concepciones que no vienen necesariamente de la mayoría. Se trata de fuentes de garantía primaria y por eso  mismo, están separadas de las funciones propias de gobierno.

El principio de legalidad se manifiesta en diversas formas.  El fundamento de la jurisdicción es lo que dispone la ley. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con el aforismo “Autorictas non veritas, facit legem” pues presenta diversas interpretaciones en perjuicio de las democracias.

Las funciones secundarias de garantía se refieren a la estructura administrativa. Implican voluntad y conocimiento: voluntad del gobierno, en relación al primer punto. Lo segundo se da en función del alcance de las garantías.  La función de garantía primaria se vincula al principio de legalidad. Hoy en día hay complicaciones en el sistema de fuentes. Se crean nuevas figuras constantemente. Podemos proyectar más de 30,000 figuras delictivas, lo cual puede suponer una bancarrota para el Derecho Penal.

En lo cualitativo, cada vez es más confuso el lenguaje, no se entiende lo que dispone el legislador, lo cual compromete la certeza del derecho. Esto a su vez implica debilitamiento de las funciones de garantía. Esto es una crisis de la capacidad reguladora de la ley.

Esta crisis de la política se explica con la progresiva declinación de los poderes institucionales. Hay una neutralización de las fuerzas y los poderes sociales.

Como segunda parte de mi exposición, señalo la separación entre partidos políticos y Estado. Las organizaciones políticas están separadas  y los partidos políticos sufren una desintegración progresiva. Hay un alejamiento entre representantes y representados. Los partidos políticos deberían decidir la dirección política, hacer las candidaturas, y no pedir directamente funciones de gobierno. Hablo de Italia como caso referencial pero el problema es mundial. Los partidos han perdido su representación sobre la sociedad. Hay una distancia notable con la sociedad. Esto se puede superar si los partidos vuelven a ser órganos de la sociedad.

La separación entre poderes públicos y privados es más que necesaria para la democracia. El poder siempre se vinculó con los poderes públicos mientras que los poderes privados son desarrollados como poderes salvajes en la globalización.

La ausencia de reales separaciones produce conflictos en las democracias, afectando las funciones de garantía primaria y secundaria.

Las respuestas a estos problemas son pues políticas y jurídicas. Lamentablemente no podemos ser optimistas por la anomia actual en las sociedades.

 

Palabras finales

Diego Valadès. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

Nos emociona llegar a este momento. Este Congreso ha tenido innegables aciertos pero principalmente es un encuentro humano. Escuchar al maestro Ferrajoli nos ha de permitir los marcos conceptuales de futuros encuentros académicos, bajo la idea de las tensiones mayoría- contramayoría.

El premio Héctor Fix Zamudio es una distinción honorífica instituida en homenaje a uno de los fundadores del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional IIDC y en esta oportunidad y para este año tiene lugar su entrega en la persona del Dr. Armin von Bogdandy, presidente de la Sección Alemana del IIDC.

Considero que nos vamos satisfechos pues éste ha sido un gran Congreso.

Como anuncios finales, señalamos que la Asamblea de la institución ha decidido realizar en febrero de 2017 el XIII Congreso del IIDC en México D.F. De igual forma, hacemos pública nuestra declaración en defensa del derecho a la libertad de expresión en el hermano país de Venezuela, la misma que haremos llegar a la Organización de Estados Americanos y al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

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