ARGUMENTACIÓN Y RAZÓN
Las relaciones a plantear entre argumentación y razón han de ser muy estrechas. La argumentación jurídica nos enseña a construir las razones con las cuales sustentamos una decisión con relevancia jurídica. En ese iter, la razón constituye per se una necesaria justificación para sostener la validez del argumento a plantear.
Podemos figurarnos, entonces, que la importancia de la argumentación jurídica radica en que ella permite la plasmación de las justificaciones del juzgador a propósito de su decisión. Inicialmente el juez se encuentra frente a un problema, identifica a qué alude la controversia sometida a su conocimiento y luego de ello, realiza un examen exhaustivo de los hechos. El contexto de descubrimiento habrá de informarle que será necesario recurrir a su bagaje de conocimientos para asumir determinada posición, será exigible adoptar una posición frente al problema jurídico suscitado y luego de ello, habrá que comenzar a construir la decisión, cuidando de separar en forma ordenada sus argumentos, los cuales unos habrán de constituirse, los complementarios, como obiter dicta, o razones complementarias, y otros tantos, como ratio decidendi, o justificaciones principales del fallo.
En todo ese ejercicio, habrá de observarse que el esquema de justificación interna sea compatible con el uso de las reglas de la lógica y es en la justificación externa, al desarrollarse la explicación material de las premisas, que habrá de observarse la importancia de construir buenos argumentos, buenas razones y buenas justificaciones a propósito de la decisión que cierra el conflicto o que en su caso, implican un análisis razonado de la decisión.
Algunas veces podremos preguntarnos, como hacía García Figueroa, que si los jueces han resuelto durante mucho tiempo solo con su conocimiento de la norma y el examen directo de los hechos, y así parecen haberlo hecho durante muchos siglos, ¿por qué esos parámetros hoy tendrían que cambiar? En otros términos, ¿porqué no podremos justificar como se hacía antaño y solo se optaba por validar una decisión siempre que hubiera cuando menos elementos razonables de un ejercicio mínimo pero suficiente de justificación? La respuesta es puntual: porque los parámetros de exigencia de justificación han cambiado sustancialmente.
Argumentar en el siglo XIX se circunscribía al contexto de potestades del juez en el Estado Legal de Derecho, en el cual la norma legal, la ley representaba el punto más alto de interpretación y argumentación para el Derecho. Hoy esos parámetros han cambiado en varios aspectos: ya no tenemos en estricto un Estado Legal de Derecho, que es el punto de partida del constitucionalismo moderno, sino existe un Estado Constitucional, en el cual la exigencia de justificación es mucho mayor, pues hoy existe un conjunto de derechos- los derechos fundamentales- para los cuales la simple exigencia de justificación en base a la ley es notoriamente insuficiente.
Y no porque la ley haya perdido su valor. No es así en modo alguno. Se trata de que la ley sigue siendo el primer punto de referencia para la resolución de los conflictos, y sigue manteniendo el primer rango de fuente del Derecho respecto a la argumentación en la solución de conflictos. Y sin embargo, la cuestión de que la ley no pueda responder de modo convincente a controversias como las relativas al derecho a la dignidad en su contenido constitucionalmente protegido[1], como el derecho a vida si se trata de una cuestión de zanjar posiciones respecto al origen de la misma[2], o como las fronteras propias entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información, entre otras asuntos de actualidad, nos llevan a pensar en que efectivamente se necesita otros parámetros argumentativos frente a la importancia creciente de los derechos fundamentales.
Es en esa perspectiva que la argumentación cumple una función primordial dentro de la justificación externa en tanto en su decurso los jueces propiamente interpretan las normas de origen legal y constitucional, así como proceden a una lectura de los hechos de acuerdo a las controversias propias de la controversia materia de examen. Es decir, el proceso de interpretación, tan importante en el derecho, se produce cuando argumentamos, denotándose un efecto de interrelación muy estrecho entre argumentación e interpretación, no de rango mayor a menor ni viceversa, sino de inter ejecución de ambos ejercicios racionales pues al argumentar, realizamos interpretación de la norma y los hechos, y al interpretar, igualmente desarrollamos un ejercicio de argumentación.
Podemos perfilar, en conclusión, que toda pretensión, al igual que toda decisión jurisdiccional, representa un ejercicio de construcción de argumentos y un argumento, asume la forma de una razón. Tanto los abogados como los jueces y fiscales se encuentran obligados a que sus argumentos constituyan razones valederas, consistentes y coherentes, con marcado énfasis de responsabilidad para los jueces en mayor grado pues existe un mandato constitucional de motivación, cuya infracción implica incurrir en vulneración[3] de un derecho fundamental.
Edwin Figueroa Gutarra
Doctor en Derecho
Publicado en JURÍDICA 568, El Peruano, 22 de setiembre de 2015
[1] STC 2016-2004-AA/TC. Caso Correa Condori. F.J. 16.
[2] STC. º 02005-2009-PA/TC. Caso ONG Acción de Lucha Anticorrupción, de la Píldora del día siguiente. F.J. 4.2
[3] STC 00728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja.
El fundamento jurídico 7 describe las siguientes categorías contrarias a una debida motivación: Inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencias en la motivación externa, motivación insuficiente y motivación sustancialmente incongruente.
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Pensamientos de Derecho Constitucional 