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IX Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial del Perú. Chiclayo. Agosto 19 de 2016. Sesión mañana

19 agosto, 2016

Viernes 19 de agosto de 2016

Mañana

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Exposiciones

 

Sistema de evaluación y control de la magistratura

 

  • Ana María Aranda Rodríguez (Perú). Juez Supremo. Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA

El tema a desarrollar en esta oportunidad se refiere a la efectividad frente a conductas disfuncionales, el nuevo Reglamento y mejora de los procedimientos. La OCMA está integrada actualmente por 17 magistrados contralores de distintas partes de país. La actuación se produce de oficio o por propia iniciativa con ocasión de las visitas. Uno de los objetivos primordiales es combatir la corrupción, así como velar por una prestación efectiva del servicio de administración de justicia.

Entre las estrategias de trabajo de OCMA existe una función preventiva y una correctiva.

Los deberes de los jueces han sido previstos por la Ley 29277, Ley de Carrera Judicial. Entre ellos, uno que destaca es la independencia de los jueces, quienes se deben solo a la Constitución y a la ley. Se prohíbe a los jueces ejercer actividad lucrativa con la sola excepción de la docencia universitaria.

Entre algunas conductas disfuncionales reiterativas, existe la omisión del deber de presentar la respectiva Declaración Jurada. En adición a ello, está la inobservancia del horario de trabajo, retardo en la administración de justicia, actuar en un proceso pese a estar prohibido, entre otras conductas.

Entre algunas novedades del Reglamento Disciplinario de OCMA, tenemos la incorporación de algunos principios. Además, se acortan trámites, las investigaciones terminan en la ODECMA distrital. OCMA revisará en segunda instancia.

Del mismo modo, la suspensión preventiva se aplicará siempre que no se configure en flagrancia. Hemos optado por el reconocimiento vía premios OCMA, en retribución a las gestiones de ODECMAS que hacen una función preventivo/correctora adecuada.

Hemos considerado como propuesta, de igual modo, que el Jefe de ODECMA pertenezca a una Corte distinta en su función contralora. Para ello se requiere el previo consentimiento del interesado y que el Consejo Nacional de la Magistratura reconozca esta calidad en los respectivos concursos.

De otro lado, tenemos una Ley de Participación Civil y buscamos la implementación de una mayor participación de la sociedad civil.

 

  • Susana Castañeda Otsu (Perú). Juez Superior

Abordaré lo referido al sistema de evaluación y control de la Magistratura. En el caso Apítz Barbera y otros vs Venezuela se destaca la idea de que el sistema judicial se pueda ver sujeto a posibles restricciones indebidas, por órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por otros magistrados.

En el caso Chocrón Chocrón vs Venezuela se señala que el acceso a un cargo público se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución se cumplen razonablemente, y las personas no sean objeto de discriminación.

Hemos ido trabajando desde el primer Congreso de Jueces la propuesta de la eliminación de la ratificación de jueces y fiscales. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha seguido otra ruta de razonamiento pues en diversos fallos ha afianzado esta institución.

Debemos advertir que la sociedad no está contenta con nosotros. Este Congreso sirve para que reflexionemos al respecto. Debemos buscar empoderarnos como institución. Nos es necesario alcanzar una mayor legitimidad. La legitimación se alcanzará a través de fallos idóneos y eficaces.

No es congruente en nuestro país que un juez sea de justicia ordinaria, luego de la justicia constitucional y finalmente, de función contralora. Esto es contradictorio, no sucede en otro país. Las funciones deben ser a exclusividad y en ello tiene que trabajar técnicamente nuestro sistema.

Otro punto fuerte a abordar es que la no motivación de resoluciones sea una falta muy grave. Esto es un tema complejo. La Ley de Carrera Judicial exige, en su artículo 34.1, el deber de impartir justicia con independencia y respeto del debido proceso. El 48.12 señala que el acto u omisión debe vulnerar gravemente el cargo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha trabajado este tema vía una resolución pero la misma necesita de ciertas precisiones en cuanto a no motivación total o parcial.

De otro lado, dos fallos judiciales recientes en materia de violencia contra la mujer han sido objeto de cuestionamiento por parte de la sociedad civil. Lo pertinente es que las respectivas Cortes resuelvan con celeridad estos procesos.

 

Rueda de Preguntas

 

Pausa

 

Seguridad Ciudadana y reforma penal

 

  • Víctor Prado Saldarriaga (Perú) Juez Supremo

La problemática judicial de la pena justa y su impacto social es el tema que he de abordar. La inseguridad ciudadana ha sido identificada por diversos autores como un sentimiento de la población de ser víctima de un delito. Es un concepto que recorre transversalmente a las sociedades latinoamericanas. Esta idea ocupa el crecimiento de la criminalidad, de un lado, y de otro, que haya trascendido al temor y se convierta, mas bien, en una herramienta para la gobernanza. Se gobierna, entonces, partiendo de la idea de la influencia del delito. Se trata del gobierno de la penalidad. Estudios recientes muestran que esto es cierto.

En julio del año pasado, el Gobierno solicitó facultades delgadas para el crecimiento de la economía del país y a la vez, pidió facultades para esto. El Poder Legislativo se opuso a este pedido y al día siguiente, la opinión pública fue contraria a esta negativa.

El estándar ideal del pueblo respecto a la justicia es una acción oportuna y equitativa frente a los conflictos sociales, entre los cuales destaca la criminalidad.

En un Congreso de Jueces sobre esta misma materia en Cañete en 2014, recogía los reclamos de la población respecto a la aplicación de las penas suspendidas, o el problema de la benevolencia en la aplicación de las penas.

Las recientes situaciones de las últimas semanas plantean otra pregunta: ¿es el Poder Judicial injusto y machista? Otra discusión planteada es el problema de la pena justa, como en el caso Buscaglia, el de una mujer que abofetea a un policía en el Aeropuerto de Lima y es condenada, por esta acción, a poco más de 6 años de pena privativa de libertad.

La población reclama por la aplicación de esta pena, algo poco usual en la comunidad. Hago notar solo la lectura de este caso, sin entrar a detalles de calificación.

La marcha “Ni una menos” planteó conceptos agraviantes contra el Poder Judicial. Esto nos lleva a algunas conclusiones: falta la aplicación de un enfoque de género en el razonamiento y justificación del fallo y de la penalidad aplicada en delitos violentos contra las mujeres. Hay desinformación teórica y malas prácticas en el procedimiento de determinación de penas justas. El juez penal debe aplicar penas justas y si no lo hace, se convierte en un mecanismo de arbitrariedad. Se encuentra, muchas veces, motivación aparente.

Tenemos un sistema de determinación de la pena, vigente desde el 2013. No observarlo puede constituir causa de prevaricato.

El principio de pena justa no es un concepto valorativo, no es un axioma moral. Debemos construir guías operativas, cartillas, en las cuales se explique cómo realizar esta tarea. Se requiere, entonces, promover temas de prevención general. Debemos optar por implementar mejor nuevos enfoques sobre estos riesgos.

En conclusión, requerimos del compromiso con un futuro diferente. Hagamos que los jueces del Perú apliquen penas justas.

 

  • Iván Sequeiros Vargas (Perú) Juez Superior

Estas reuniones nos sirven para evaluar la marcha del sistema de justicia, ver qué estamos haciendo. Aplicar penas es un acto humano, muy sublime, donde cada juez debe tomar conocimiento de lo que está haciendo respecto a las penas procesadas, donde trabaja su sentido común.

La aplicación textual de la norma nos lleva, muchas veces, a situaciones como las que estamos viviendo. La pena justa se aplica en función del caso. De esta forma, tenemos una tarea que es reivindicarnos ante la sociedad, básicamente a través de penas justas.

Nos debemos preguntar, también, qué hemos hecho. Nos han insultado y ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Debemos responder? No nos merecemos esos insultos.

El Derecho existe para tratar de hacer las cosas justas. El sistema no busca la impunidad de las personas. Cuidado que hay doctrina para todos los gustos.

Hay relación entre seguridad ciudadana y reformas penales. No debe verse esto como un tema de responsabilidad judicial. Se suele atribuir al Poder Judicial problemas en la aplicación de la pena. Sin embargo, esto no funciona así. Volvemos a preguntarnos: ¿qué debemos hacer? Debemos estar unidos pues ello permite institucionalizar. Requerimos ser consistentes e identificarnos con nuestra institución. Esto implica combatir la precariedad del sistema judicial.

En el Perú no necesitamos más reformas judiciales. Necesitamos de reformas de las personas que trabajan en el Poder Judicial, vía una mayor capacitación. Requerimos reformular las políticas de ingreso del elemento humano al Poder Judicial, labor en la que están involucrados el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura.

 

 

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