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Libro “La prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima 2016, 224 páginas

29 noviembre, 2016

Estimados amigos:

Nos es grato anunciar con singular beneplácito la publicación de nuestro último libro “La prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” (Gaceta Jurídica, Lima 2016, 224 páginas), estudio que aborda la importancia de la prueba en los procesos constitucionales.

Si bien en estricto no existe etapa probatoria en el proceso constitucional, no podemos dejar de aludir a la relevancia de la valoración probatoria por parte del juez constitucional, quien guiado por la tesis de la teoría del acto reclamado, se circunscribe a determinar si existe una omisión o comisión de agravio a derechos fundamentales y, principalmente, si tal figura es legítima o ilegítima, con lo cual, si ocurre el segundo supuesto, recién se determina la estimación de una demanda por manifiesta vulneración a derechos fundamentales.

Transcribimos la parte introductoria de nuestro trabajo.

 

 

Introducción 

Dentro de la idea de abordar el examen integral de diversos derechos fundamentales, GACETA JURIDICA nos encomienda una nueva responsabilidad y ésta se refiere al tratamiento constitucional del derecho a la prueba, sus alcances, su tratamiento jurisprudencial y las previsiones de evolución de dicho prevalente en nuestro ordenamiento. Nuestro enfoque habrá de desarrollarse principalmente desde la evolución de la doctrina constitucional y desde la previsión de cuál ha sido la posición jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional así como de otros órganos jurisdiccionales en relación a la prueba. 

El derecho a probar se inserta como componente del derecho al debido proceso, un derecho de envergadura mayor y naturaleza macro que a su vez comprende diversos derechos integrantes y cuyo punto de partida, en el ámbito normativo, se ve enunciado a partir del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referido a garantías judiciales,  en cuanto toda persona efectivamente tiene derecho a determinados elementos formativos del debido proceso. 

Bajo esta pauta, derechos de base inicial como el derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a ser oído, entre otros, constituyen una faceta que organiza, cimenta y otorga contenido material a este derecho continente denominado debido proceso. Y ciertamente, el derecho a la prueba fluye en forma material del derecho al debido proceso, pues sin prueba no es posible la realización de aquel derecho. 

Cabe como anotación al margen que el artículo 8 de la Convención Americana fundamentalmente enfoca su sentido hacia los procesos penales, en tanto el procesado o imputado, goza de un conjunto de garantías mínimas; y sin embargo, el desarrollo jurisprudencial de los países conformantes del sistema interamericano de derechos humanos, ha determinado como consecuencia, asumir el efecto de irradiación de estas garantías mínimas, como aspectos vinculados al debido proceso respecto a todo tipo de procesos, entre ellos constitucionales, civiles, laborales, etc. 

En consecuencia, el debido proceso y su componente el derecho a probar, asumen una naturaleza transversal, es decir, de efectos de irradiación en todo el Derecho, en tanto la prueba constituye efectivamente el ángulo material de relevancia preferente en toda controversia con trascendencia jurídica. 

Delimitamos un primer ámbito de nuestro trabajo al referirnos a los estándares del derecho probatorio y enseguida, abordamos una definición del derecho a la prueba, su evolución, sus categorías procesales así como los principios vinculados a la misma, entre otros temas. 

Una segunda faceta que hemos de trabajar relaciona el derecho a la prueba con los derechos fundamentales, en tanto aquí ocurren diversas figuras que es importante poner de relieve. El derecho a probar desde el Derecho Procesal como disciplina autónoma, ha logrado una importante consolidación respecto a los medios de prueba, las fuentes de prueba, el objeto y los modelos de prueba, así como su función. En este trabajo queremos asumir, partiendo de esas mismas ideas, cuál ha sido el avance desde el punto de vista constitucional.  

En un tercer ámbito, trabajamos la delimitación entre prueba y argumentación, en la medida que un buen argumento precisamente pone de relieve cuál ha sido el contexto de prueba que ha trabajado. Y al respecto, hemos de enfatizar algunas nociones que la doctrina considera necesario remarcar sobre la valoración integral de la prueba, cuáles son sus alcances y cómo ello constituye una exigencia también para el juzgador, habida cuenta que no es un buen argumento una valoración aislada de la prueba.  

En un cuarto orden de temas preferentes, ponemos énfasis en el desarrollo constitucional de este derecho a nivel de nuestro Tribunal Constitucional, principalmente, siendo necesario remarcar aquí algunas sentencias relevantes que a juicio nuestro, marcan una evolución de la delimitación del derecho a la prueba.   

Entre otros fallos, la STC 06712-2005-HC/TC, caso Magaly Medina, delimita el sentido constitucional del derecho a la prueba, fijando las exigencias con que deben contar los medios probatorios. 

De otro lado, la STC 0655-2010-PHC/TC, caso Quimper Herrera, establece los caracteres de la prueba prohibida, fija su naturaleza jurídica y precisa sus efectos.  

Luego de este análisis, tiene lugar el análisis de otros fallos en esta misma perspectiva: el tratamiento constitucional del derecho a la prueba desde diversas interpretaciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. 

Queremos consignar aquí igualmente, dada su importancia, qué ha fijado el Poder Judicial respecto al derecho a probar, más aún si es este Poder del Estado quien asume una labor filtro de las controversias iusfundamentales, en la medida que solo las sentencias denegatorias en los procesos constitucionales llegan al Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una tarea marcadamente residual de análisis de posiciones denegatorias de los jueces constitucionales del Poder Judicial, elemento de valoración que se traduce en que el Tribunal Constitucional fundamentalmente conoce decisiones judiciales que desestiman pretensiones constitucionales. Pues bien, en esa labor de filtro los jueces del Poder Judicial han ido fijando criterios sobre prueba que es importante reseñar. 

En un quinto orden de ideas, analizamos el contexto de ubicación sistemática del derecho a la prueba en el ámbito interamericano de derechos humanos, pues se trata de un escenario trascendente. Agotada la vía interna, de ser el caso, la controversia se traslada a un escenario supranacional que ostenta diversas características peculiares. 

Finalmente y en la idea de puntualizar, nos parece pertinente reseñar, en un sexto segmento de trabajo, cuán importante ha sido en el Derecho Comparado la delimitación del derecho a la prueba y al respecto, ponemos como tema de debate la importancia del certiorari en el modelo anglosajón y cuál sería su influencia respecto a la prueba en el Derecho nacional.  

En suma, planteamos un ambicioso bosque de conceptos que a su vez pretende perfilar una noción en clave pragmática del derecho a probar, noción que en el transcurso de los últimos años se ha ido fortaleciendo en la jurisprudencia constitucional y cuyos esbozos necesitan ser conocidos por los intérpretes del derecho, en esencia todos quienes nos vemos vinculados a esa necesidad de homogenizar criterios de lectura de los derechos fundamentales. 

Es así cierta esa premisa haberleana de que formamos los seres humanos una fraternidad de intérpretes pues la naturaleza omnicomprensiva de los derechos humanos, entre ellos el derecho a probar, denota un esfuerzo conciliador de criterios. Este estudio se suma a ese propósito en la idea de recoger nociones clave de la interpretación sobre el derecho a la prueba. 

 

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

One comment

  1. Enbuenahora por el aporte académico.

    Felicidades

    ________________________________



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