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Prólogo “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Guido Aguila Grados. EGACAL. 2014.

16 abril, 2017

Estimados amigos:

Revisando algunos de nuestros archivos, verificamos un singular prólogo del libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”, del profesor Guido Aguila Grados, Editorial San Marcos y EGACAL, Lima, 2014, una de cuyas varias ediciones nos correspondió prologar en el año 2014 por deferencia del propio autor.

Dado que el mensaje del libro es siempre de actualidad, nos permitimos adjuntar nuestras líneas de presentación de dicho trabajo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

“La Constitucionalización del Derecho en el Perú” 

El desarrollo de obras críticas, analíticas y conceptuosas de la realidad del ordenamiento constitucional, demanda una especial sensibilidad para proyectarse a esa especie de sentimiento constitucional de la cual alguna vez nos hablaba Lucas Verdú. Y reafirmamos esa noción de vinculación sensible pues se hace necesario desarrollar una especial lectura entre líneas de los aportes materiales que se generan día a día desde la lectura de nuestra Constitución, de su conjunto de disposiciones y normas, enunciados lingüísticos y sentidos interpretativos, así como de la frondosa jurisprudencia que desarrolla la magistratura constitucional, para encontrar los mensajes de relevancia que la realidad constitucional trasunta en nuestro diario devenir.  

Guido Águila Grados, joven y brillante profesor de Derecho Constitucional de las generaciones más recientes, me concede el alto y quizá inmerecido honor de desarrollar la presentación de su libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Luego de leerlo, me queda la muy grata satisfacción de encontrar un estudio muy bien encaminado a propósito de los temas en común que implican la vigencia activa del constitucionalismo de portada que empuja incesante este siglo XXI y de los conceptos materiales que integran esta nueva forma de vivir el Derecho de nuestros días.

Muchas de las reflexiones contenidas en el libro que comentamos, orientan su posición a la defensa del arraigo del protagonismo de nuestra Constitución hoy en día, superando el vestigio kelseniano de la existencia de una Carta Fundamental como norma estática en la cúspide del ordenamiento jurídico. Destaca el carácter que Águila Grados marca, a lo largo de todo el libro y en oposición al esquema del maestro de Austria, de la vinculatoriedad de la Norma de Normas, y de la transformación que sus contenidos hoy implican. Ese protagonismo no es gratuito. Tiene lugar después de haber vencido el constitucionalismo de hoy, si es pertinente la expresión, los rezagos de un positivismo jurídico que se mantuvo como lema del razonamiento jurídico por largo tiempo desde sus esbozos en el siglo XVIII, su afianzamiento histórico en el siglo XIX y su reconocimiento como pauta de procedimiento en la primera mitad y un poco más del siglo XX, cambiando entonces, por esta irrupción de la Constitución, nuestro bagaje de discernimiento en temas de derechos fundamentales.

Una Constitución, como refiere Águila Grados, es un documento ligado a la distribución del poder, y como tal se le tiene asignada una tarea prioritaria: eliminar el exceso de poder, distribuir proporcionalmente, en una idea de pesos y contrapesos, ese extraordinario poder de modo equilibrado, como lo defiende Manuel Aragón en diversos estudios. Y he ahí el reto para las sociedades modernas pues no basta una estricta separación de poderes, sino es necesario, indispensable y de suyo impostergable, que entre esos poderes exista un adecuado equilibrio que constituya el punctum dolens del constitucionalismo moderno hoy, equilibrando las relaciones de poder y por tanto, eliminando esas abruptas manifestaciones de desnivel en el devenir de los derechos protegidos por la Constitución.   

Comenta Águila Grados diversas reflexiones del maestro italiano Guastini para referirse en clave negativa, a una “Constitución invasiva, entrometida”. Sin duda éste es un aporte valioso de la obra pues erigimos la Constitución como un mecanismo de equilibrio entre  las relaciones de poder. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando ese poder resulta desbocado y se extralimita, a manera de un Ulises desatado, como sugiere Elster? Pues precisamente se produce el descontrol de la Constitución y por lo tanto, se rompe el equilibrio de poderes al tiempo que tiene lugar una exigencia de racionalizar ese poder “desbocado” que represente, por ejemplo, un desbocado hiperactivismo judicial.

Reviste importancia, igualmente y en el esquema de la obra, lo que Águila Grados denomina el “destronamiento del principio de legalidad por el de constitucionalidad”, expresión de suyo valiosa que traduce, con creces, la corriente que hoy pone a los principios, valores y directrices que emanan de la Constitución, como el ángulo de referencia para la dilucidación de aquellos problemas que hoy atañen a los derechos tutelados por la Constitución.

Sin embargo, en ese margen de reflexión, equilibrio y prudencia necesarios, convengamos en que si bien ha sido destronado el principio de legalidad, es necesario respetar sus bases de legitimación. El principio de legalidad seguirá existiendo en cuanto representa el primer ángulo de los problemas que requieren interpretación desde la Constitución.

En efecto, bajo la idea de una justicia excepcional, los principios que hoy informan el ordenamiento jurídico, de algún modo han de ser respetuosos, prima facie, por preferir la aplicación del principio de legalidad en aquellas controversias que no denoten sino un rango de menor complejidad. ¿Y ello por qué? Por cuanto ésa es, a grandes rasgos, la nota de equilibrio que debe demarcar un ordenamiento jurídico prudente: respetar los alcances del principio de legalidad y solo si éste, más que por insuficiencia antes que por deficiencia, no responde a las necesarias respuestas que exige la Constitución, entonces sí tiene lugar la plena aplicación del principio de constitucionalidad, entendido como el concepto ethos y pathos de la justicia constitucional. 

De esa forma, respetamos los espacios del legislador y la presunción, cuando menos inicial, de conformidad con la Constitución que involucra la aplicación del principio de legalidad.

La obra desarrolla con acierto, también, la tesis de que derechos sin garantías, son afirmaciones programáticas desprovistas de valor normativo. La noción que referimos parte de la propuesta de que una Constitución adopta tres tipos de normas: principios, derechos y garantías, mixtura que representa una conjunción de relevancia pues no es posible ejercer la defensa de un derecho fundamental sin que exista una textura material del mismo como principio, recordando a este efecto la marcada tesis de Dworkin respecto a que los derechos fundamentales son el mejor ejemplo de principios. A su vez, tales derechos no pueden ser ejercidos sin que exista un rango mínimo de garantías necesarias para el ejercicio de dichos derechos.     

Y sobre estas mismas ideas, de producirse lo que el autor llama “infidelidad constitucional”, asumida como la situación que acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de una norma o acto manifiestamente contrarios a la Carta Fundamental, pues se generan los espacios necesarios para que prevalezca el principio de constitucionalidad en forma plena, así como tiene lugar, igualmente, esa mixtura de principios, derechos y garantías para una vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como para la observancia de la cláusula de supremacía constitucional que desde el histórico fallo del Juez Marshall en 1803, en el leading case Marbury vs Madison, acota que los gobiernos no  están formados por ángeles y de ahí la necesidad de una teoría afianzada de control constitucional. 

Un primer segmento de la obra en comento aborda las aristas propias del tránsito del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho, sugiriendo la idea de un nuevo escenario en el ordenamiento constitucional.

Un segundo segmento de la obra examina la constitucionalización del Derecho y examina los conceptos de Constitución rígida, proyecta el concepto de garantía jurisdiccional de la Constitución, analiza la premisa de fuerza vinculante de la Constitución, pone líneas de énfasis en relación a la denominada “sobreinterpretación” de la Constitución así como orienta criterios sobre la apreciación directa de las normas constitucionales. Aporta, igualmente, alcances adicionales sobre la interpretación conforme a las leyes y discierne sobre la influencia de la Constitución respecto de las relaciones políticas.

Estos temas de la segunda sección constituyen el análisis crucial de la obra de Águila Grados pues es allí donde reside la fuerza argumentativa del libro que aporta a la academia. Con singularidad discierne estos conceptos desde una vertiente fuerte: la importancia del concepto de constitucionalización del Derecho y al modo de la proclama de Gustavo Zagrebelsky respecto al “Derecho dúctil”, reexamina qué ha sido el Derecho desde una vertiente positivista y fundamentalmente, qué es hoy desde la visión de un derecho constitucionalizado que ha cambiado la perspectiva del Derecho de nuestros días.

La tercera parte de la obra dirige sus objetivos a un tema vital en el panorama constitucional y es el referido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como principal fuente del Derecho Constitucional peruano. Examina conceptos relevantes propios derivados de la jurisprudencia constitucional, entre sentencias interpretativas, normativas o manipulativas, la doctrina constitucional y el precedente constitucional. Consigna, de modo descriptivo y útil, una referencia a materias temáticas respecto a fallos relevantes del Tribunal Constitucional.

En suma, nos encontramos frente a una obra puntillosamente trabajada y que a su vez constituye un importante aporte a la doctrina nacional, tan necesaria ahora que las relaciones de poder se vuelven complejas por el fenómeno de irradiación e impregnación de los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos, y más aún, cuando la oposición de facultades en los Poderes reconocidos, sufre una importante transformación a partir de la recategorización de la fisonomía de los Poderes propiamente dichos en sus ámbitos funcionales.

En perspectiva, las premisas principales de Águila Grados respecto al fenómeno de la constitucionalización del Derecho, constituyen una importante descripción de en cuál escenario nos encontramos. Y sin embargo, quedan aún muchos temas en el tintero. Queda aún por definir en cuánto más debe cambiar ese escenario para importar una verdadera situación de equilibrio de poderes y en qué medida ese escenario de constitucionalización del Derecho represente una verdadera reafirmación de las relaciones de poder. Y en ese contexto, que no sea una constitucionalización que simplemente termine por convertirse en el positivismo jurídico de nuestros días, o bien, una simple y mecánica tendencia a constitucionalizar el Derecho. Creemos que esos objetivos constituyen un anhelo a materializar para un siguiente trabajo del autor. 

Edwin Figueroa Gutarra    

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