Archive for 7 abril 2017

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Revista virtual IPSO JURE No. 36. Febrero 2017

7 abril, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Iniciamos un nuevo año 2017 y la coyuntura nacional abarca integralmente los asuntos de corrupción derivados de las investigaciones del caso LAVA JATO, un problema no solo de Brasil sino ya en rigor de la comunidad latinoamericana. Pocas veces la sociedad se ha visto expuesta a una coyuntura que abarca un significativo número de eventos vinculados a la corrupción en muchos niveles, tanto públicos como privados, dejando una estela de sinsabor generalizado por el impacto no solo institucional de estos problemas, sino por la trascendencia social misma de cómo hacer frente a la corrupción, y a través de cuáles medios forzar una respuesta congruente frente a estos delicados problemas.

Para nosotros, jueces en ejercicio, y finalmente juzgadores de muchas de las vicisitudes judiciales a partir de estas controversias, la idea es más objetiva en cuanto al contexto en que estas situaciones han ocurrido: hay necesidad de reforzar los medios de vigilancia desde el Gobierno mismo, desde la implementación misma de las normas de control sobre la función público-privada, y desde la propia sociedad civil.

Creemos que ésta es una tarea primordial que compete a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto es exigible diseñar herramientas que establezcan fórmulas de adecuado control para que estos problemas o bien desaparezcan, o en su caso, se reduzcan a su mínima expresión. Y efectivamente, allí donde no hay un control adecuado de la función pública, o donde el ente privado ejerce función corruptora activa sin una real labor de fiscalización de los entes públicos, pues precisamente se desarrolla sin amenaza la corrupción misma.

En este mismo problema es importante no dejar de lado una dimensión de este problema: los controles deben asegurar reglas de equilibrio material, esto es, ni ser blandas en exceso en su diseño, ni impedir el desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios en el país bajo un suerte de controlismo draconiano. Al respecto, la previsión legal de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos que impliquen concesiones del Estado, nos parece una adecuada propuesta a implementar.

Y en ese contexto de propuestas a desarrollar, ¿cuál tarea nos corresponde a los jueces? Más que una función preventiva, nos es propio actuar cuando el problema alcance los ribetes de una acción con contenido penal, y es aquí donde para que sea eficaz la acción de la justicia, los jueces seamos escrupulosos mensajeros del derecho fundamental al debido proceso en todas las fases del juzgamiento.

En efecto, los jueces no pueden juzgar desde y por los medios de expresión, o desde cuál tribuna del Poder Legislativo se propone sancionar con mayor severidad a las personas involucradas en actos de grave corrupción.  Tampoco nos toca determinar si el modelo tecnocrático de desarrollo del país llegó a su fin.

Es imperativo formal para los jueces ser enfáticos en el respeto escrupuloso de las reglas del derecho fundamental al debido proceso, precisamente para que tenga lugar la eficacia necesaria de las sentencias eventualmente condenatorias que se impartan en su oportunidad. Por tanto, el juzgador debe estar imbuido, además de las regulaciones legales y constitucionales de la normativa de nuestro país, también de la perspectiva de los estándares de los derechos humanos vía control de convencionalidad en los procesos a su cargo, y así corresponderá sancionar, con la dureza que la ley permita, los actos probadamente graves de corrupción.

Bajo ese enfoque, procesar desde una perspectiva de juicios paralelos, es decir, cuando la sociedad civil emite una suerte de sentencia popular previa sin haber evaluado críticamente los hechos de relevancia jurídica en estos actos de corrupción, deja abierta una puerta difícil de cerrar, en tanto y en cuanto, precisamente esos flancos débiles que abre un juzgamiento apresurado, insuficiente y no respetuoso de la constitucionalidad exigible, pueden implicar situaciones en las cuales se declare la responsabilidad internacional del Estado, en referencia a infracciones contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

De las cuatro características que Sócrates destacó corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, creemos que la última es de suma relevancia: si hay prueba suficiente que corrobore la responsabilidad del acusado, la sentencia penal a imponer es casi inamovible, aún así sea revisada por las instancias superiores del Poder Judicial.

Esa regla de cuasi inamovilidad de contenidos a que nos referimos, implica la suficiencia de las reglas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en los casos de corrupción a examinar. El juez no resuelve desde una perspectiva aislada de cuanto expresan los medios de comunicación, o cuánto imputa la sociedad civil. La exigencia clave es determinar que los juzgamientos sean escrupulosos de los derechos fundamentales concernidos en cada uno de estos procesos y que las sanciones a imponer, sean fiel expresión de la vigencia efectiva de un Estado Democrático y Social de Derecho. Hacer lo contrario y desvincularse de las formulaciones y exigencias que demandan estas mega investigaciones y juzgamientos, solo propiciará caos, desorden y desasosiego en la lucha frontal contra la corrupción.

Nuestro país debe volver a la necesaria senda de la institucionalidad, mas ello demanda de los jueces una actitud de consecuencia con los derechos fundamentales a ser debatidos en los procesos a su cargo.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

 

En este número 36 consignamos los siguientes artículos:

 

Reglas y principios: un debate material entre el noble sueño y la pesadilla

Edwin Figueroa Gutarra

 

Interpretación jurídica e imperio de la ley

Manuel Atienza Rodríguez

 

La prohibición de enajenar y gravar: reforma del artículo 882° del Código Civil

Ximena Llontop Guzmán

 

Régimen Mype tributario: no apto para microempresarios

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d41728040af5987a10aebc8403f88d6/IPSO+JURE+36+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d41728040af5987a10aebc8403f88d6

 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela. 

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 37, mayo 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de mayo de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

IPSO JURE 36 Nota La Republica 07abr2017

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sentencia límites a la inmunidad parlamentaria

6 abril, 2017

Estimados amigos:

En la misma lógica de nuestro post anterior, resulta de interés revisar, desde una perspectiva argumentativa, cómo se construye la justificación correspondiente al límite, entendemos también retiro por sus efectos prácticos,  de la inmunidad parlamentaria en el vecino país de Venezuela.

La inmunidad parlamentaria es una basamento real del Estado de Derecho y como tal, solo procede su retiro en circunstancias realmente extremas, fundamentalmente asociadas a la consumación de un delito flagrante, mas no en el caso del ejercicio regular de un derecho, como sucede al solicitarse la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Estimamos que este tipo de peticiones sigue sus cauces propios, en tanto un pedido constituye el ejercicio del derecho fundamental de petición, mas no de concesión de la pretensión que se persigue.

De todos modos, en democracia es saludable el debate de argumentos y justificación de razones, y aunque no dejamos de poner este fallo en nuestra categoría “Sentencias en observación”, recomendamos su atenta lectura.

Sentencia Venezuela TSJ Límites de la inmunidad parlamentaria

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Asunción de competencias legislativas del Parlamento.

5 abril, 2017

Estimados amigos:

La categoría “Sentencias en observación” de este blog fue creada en la línea respetuosa de discrepar con altura sobre fallos cuyos argumentos no compartimos total o parcialmente.

En esa tendencia de reflexión, creemos prudente, ponderado y razonable incluir en nuestro blog la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en relación a las competencias legislativas que asumía este órgano jurisdiccional respecto del Parlamento de ese país.

Si bien es cierto, esta sentencia fue luego modificada parcialmente por el mismo órgano jurisdiccional, observemos que a los jueces se nos conoce por nuestras resoluciones, por los argumentos que invocamos para la estimación o denegatoria de un derecho.

Desde esa posición, nos parece de interés contrastar el razonamiento jurídico de ese alto Tribunal para llegar a la conclusión que plantea. La sentencia construye, es pertinente afirmarlo, un tejido de justificaciones, unas veces con claridad conceptual y otras, no . Para todo efecto, una crítica constructiva siempre parte de un profundo conocimiento de la cuestión en debate y en ese sentido, para opinar, como en este caso, es exigible una lectura racional de los fundamentos del fallo.

Sentencia Venezuela TSJ Asume funciones del Parlamento

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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