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Revista virtual IPSO JURE No.41. Aniversario de Corte Superior. Mayo 2018.

28 mayo, 2018

 

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Las vicisitudes diarias en nuestro ordenamiento jurídico y en especial aquellas que implican un cuestionamiento de la labor judicial, constituyen temas sensibles para la sociedad en toda la dimensión del problema que expresan. En esa línea, ejerciendo el derecho de crítica opinan los columnistas de diversos medios de comunicación así como profesionales del Derecho y los ciudadanos en general.

La capacidad de réplica del Poder Judicial frente a estos asuntos neurálgicos solo puede expresarse a través de los medios institucionales correspondientes, en la medida que existen restricciones institucionales respecto a asumir posición mediática, por parte de los jueces, respecto a procesos que manejan los mismos jueces. Es de esa forma que si un juez optara por querer declarar respecto a un asunto que le compete, es pertinente contar con la autorización del órgano de control para expresarse al respecto.

Nuestra mención al tema que antecede viene a propósito del rol que les corresponde a los demás jueces que apreciamos el contexto del problema que se analiza, dado que ciertamente no es una facultad irrestricta divulgar una tesis determinada respecto al tema materia de análisis, más aún si se trata de procesos en trámite y con el matiz de relevancia social especial, lo cual permite denominarlos casos emblemáticos. Y sin embargo, construimos una tesis de suma excepción cuando alegamos que creemos razonable que el resto de jueces podamos asumir una perspectiva pedagógica respecto al tema que concierne nuestro interés. Desde esta visión, es de suyo razonable que se ejerza esa potestad constitucional de un sana crítica de las decisiones judiciales, en nuestro caso como jueces, con las restricciones que la normativa impone.

En ese sentido, constituyen temas de suma actualidad los procesos sobre corrupción iniciados contra diversos ex mandatarios del país, y al respecto creemos que es importante velar por una marcha del debido proceso según estándares constitucionales. En especial, los jueces deben asumir una posición severa si el caso lo amerita, con restricciones incluso de la libertad individual si fuere el caso, mas estas decisiones deben inscribirse dentro de una mecánica de respeto irrestricto por los derechos fundamentales concernidos, no tanto porque le asista el derecho de defensa a un ex mandatario bajo criterios simplemente semánticos, sino porque el principio de socialización implica un tratamiento uniforme de todos los casos sin que existan distingos de ningún orden ni diferencia de personas.

De esa forma, si se ejecutan medidas cautelares como la prisión preventiva y las incautaciones de bienes inmuebles, medidas de por sí onerosas, el ejercicio de justificación requiere ser aún más elevado, no tanto porque se trata de un ex Presidente, sino porque el debido proceso en sus expresiones formal y material precisamente demanda un tratamiento de mayor rango de justificación si en rigor la gravosidad ha de ser mayor.

Desde ese enfoque, creemos que corresponde una especial preocupación de los juzgadores por fundamentar mejor sus decisiones, y de ese modo legitimar la función  jurisdiccional, a efectos de validar la perspectiva de los derechos fundamentales en su variante de tutela jurisdiccional negativa, esto es, si la parte solicitante va a ver denegada su pretensión o se van a afectar bienes jurídicos de trascendencia como la libertad o el patrimonio, pues corresponde una justificación mayor de las razones que invoque la justicia al respecto. A eso llamamos nosotros justificación constitucional de la función jurisdiccional.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 41 consignamos los siguientes artículos:

 

El proceso de transversalización del derecho constitucional. acuerdos y desacuerdos

Edwin Figueroa Gutarra

 

A propósito del caso de “La Manada”

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

¿Autonomía del delito de lavado de activos o el delito previo como elemento normativo del tipo? A propósito de la sentencia plenaria casatoria n° 01-2017/cij-433

William Dante Riojas Santisteban

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/36e6bf8045a2c8e4972dff04d51e568e/IPSO+JURE+41+Versi%C3%B3n+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36e6bf8045a2c8e4972dff04d51e568e

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 42, edición virtual e impresa por el Día del Juez, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 30 de junio de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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