Archive for 29 agosto 2018

h1

Realidad social y argumentación. Artículo

29 agosto, 2018

 

Realidad social y argumentación

 

El derecho riguroso es una especie de injusticia

Cicerón

 

El criterio de la realidad social o sociológico, en la clásica definición de von Savigny[1], exige que la interpretación se haga atendiendo a las circunstancias sociales y económicas del momento. Conforme decía Ortega y Gasset, el Derecho queda reducido a un mero hecho social.

El criterio de la realidad social merece una especial atención y bajo esta pauta, asume relevancia que el juez pueda ver más allá de su decisión, que pueda contextualizar cuál es el panorama que subyace a la dación de la decisión y cuáles implicancias genera en el contexto social su decisión. A esto le denominamos la trascendencia social de la decisión del juez.

El juez válidamente puede sustentar su posición, frente a un problema específico,  en el criterio de literalidad, asumiendo la dimensión normativa del caso como una disposición, para referirnos a términos de Guastini,[2] y encontraríamos una justificación suficiente en sentido formal para la viabilidad de la medida dispuesta.

Sin embargo, si observamos acuciosamente el criterio de la realidad social, entonces nos percatamos de las posibles consecuencias adversas de una decisión en consideración a que específicos perjuicios directos puedan extenderse a toda la colectividad. De esa forma, si el juez no observa las consecuencias sociales de su decisión al dejar de lado bienes jurídicos que conciernen directamente al problema, entonces por cierto se lesionan otros bienes jurídicos igualmente relevantes.

Desde esa dimensión del problema, el escenario social sí puede  constituir una variable a tener en cuenta y el conflicto producido, bien puede  implicar una solución distinta a la producida en su momento. En el propio sentido asignado por Guastini, si el juez opta por la aplicación de la norma, es decir, busca un sentido interpretativo distinto pero acorde con los principios, valores y directrices de la Constitución, entonces asumirá una posición distinta al criterio de literalidad, bajo reglas de razonabilidad y proporcionalidad.

Este enfoque de la realidad social no se agota solamente en la realidad misma, mas sí representa un punto de partida relevante. Los factores a dilucidar son múltiples, coadyuvantes respecto a la realidad social, y uno de ellos bien puede válidamente partir del enfoque cualitativo que impulsa el análisis económico del Derecho, elemento que puede servir de base sustantiva para encaminar una relación de coincidencia entre Derecho y Economía.

Sin perjuicio de lo expuesto, ¿debe  el juez siempre observar la realidad social en la decisión de los conflictos? No lo creemos así pues la antípoda o conclusión por cierto apagógica o contradictoria respecto de lo enunciado, se expresa en el escenario en el cual existen factores de presión externa y el juez, atendiendo a ese solo factor, resuelve con afectación de su independencia. Igualmente es otro escenario no deseable aquel que ocurre con la prensa cuando ésta efectúa lo que la doctrina denomina juicios paralelos, es decir, cuando la propia prensa resuelve una cuestión, fuera del escenario judicial, en el sentido que puedan asignar a priori los medios de comunicación a los hechos de un conflicto. Esto por supuesto desnaturaliza el juicio argumentativo. De ese modo, anticipa una condena en concreto sin que antes se hubiese oído al responsable, y sin que hubiera tenido lugar cuando menos una actividad probatoria que justifique las bases materiales mínimas contempladas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a garantías judiciales.

Y he aquí un grave problema para todo juez, a nivel nacional, cual es la enorme presión que suelen ejercer, en algunas ocasiones, distintos medios de comunicación respecto de procesos judiciales concretos. El juez, frente a tales vicisitudes, debe mantenerse independiente, rechazando las presiones que se pudieran ejercer en su contra. En modo alguno involucra un criterio sociológico de resolución de conflictos que el decisor racional pueda tener en cuenta que si falla de un modo determinado, la prensa pueda desatar una campaña de desprestigio o manifiesta oposición.

A mérito de lo expresado podemos inferir que existe una estrecha relación entre realidad social y argumentación, en tanto esta última representa el sustento de aquellas decisiones que eventualmente pudieran advertir el peso del denominado principio de previsión de consecuencias, elemento de análisis que bien puede involucrar que, de advertirse consecuencias contrarias mayores a aquellas que exprese el fallo, el juez deba modular los efectos de su decisión, racional y razonablemente, sin excesos, ajustando su decisión a la Constitución y la ley.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURÍDICA 684, El Peruano, 17 de abril de 2018

[1] Desde el siglo XIX, Savigny, como propulsor de la Escuela Histórica del Derecho, cuyo logro más acentuado fue su grandiosa sistematización del derecho romano, planteó cuatro criterios orientativos para la solución de los conflictos: gramatical, lógico, histórico y sistemático.

[2]  Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136.

 

Enlace web: file:///C:/Users/usuario/Downloads/juridica_703%20(1).pdf

Anuncios
h1

Casos Barrios Altos y La Cantuta. Corte IDH. Indulto a Fujimori.

28 agosto, 2018

 

Imagen relacionada

 

 

Estimados amigos:

Complementando un post anterior en relación a la resolución del Poder Judicial de Perú sobre el derecho de gracia respecto al ex Presidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca, adjuntamos una resolución vinculada, referida al indulto humanitario concedido al mismo sentenciado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió, en este caso, que el Estado peruano no había dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en los caso Barrios Altos y La Cantuta. De la misma forma, dispone mantener abiertos los procedimientos respecto a ambos casos. Finalmente, fija como plazo el 29 de octubre de 2018 para que tanto el Estado peruano así como las partes,  informen a la Corte respecto a a los avances de la jurisdicción constitucional sobre el control del “indulto por razones humanitarias” concedido al señor Fujimori.

De esta forma, la Corte IDH no asume un a posición directa sobre el indulto sino deriva a la jurisdicción constitucional de Perú definir internamente la situación jurídica del indulto concedido, a efectos de supervisar las medidas que se adopten.

Corte IDH Indulto Fujimori barrios altos_lacantuta_30_05_18

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

h1

Sentencias Poder Judicial. Fundada acción popular contra la no motivación de resoluciones

26 agosto, 2018

 

Resultado de imagen para fotos consejo ejecutivo del poder judicial peru

Estimados amigos:

Para su análisis y comentarios adjuntamos dos sentencias de interés en relación al siempre discutible tema de sanciones a jueces por el tema de no motivación o motivación parcial y problemas interpretativos, decisiones expedidas por la Tercera Sala Civil de Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en un proceso de acción popular, confirmando la Sala Suprema la decisión de primera instancia de la Sala Superior.

De inicio, nuestra posición es que el tema de no motivación corresponde al ámbito del recurso revisorio, pues si partimos de la naturaleza polisémica del Derecho, es decir de admitir como posibles diversos significados interpretativos para la posible solución de un problema con incertidumbre jurídica, entonces rebatir este problema no debe realizarse a través de procedimientos administrativos de sanción a jueces, sino vía la impugnación correspondiente. Y si existiere mala fe del juzgador, pues ello es un tema de prueba.

De otro lado, aludir a la exigencia positivista kelseniana de única respuesta correcta, como entenderíamos habría pretendido la Resolución que queda fuera del ordenamiento vía estas sentencias de acción popular, choca, de suyo, con la noción de encontrar la mejor respuesta posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas, a donde hoy apuntan los principios de razonabilidad y proporcionalidad en un Estado constitucional.

En consecuencia, respaldamos las decisiones de los órganos del Poder Judicial, al declarar fundada la demanda de acción popular contra la Resolución Administrativa 360-2014- CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para la sanción  administrativa por parte del órgano disciplinario respecto a supuestos de no motivación total o parcial.

PJ Sentencia accion popular Sala Superior 3ra Sala Civil Lima Motivación

PJ Sentencia accion popular Corte Suprema Motivación

Saludo cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

h1

Sentencia 0259-2018. Habeas corpus. Rodolfo Orellana. Derecho a la libertad de trabajo.

21 agosto, 2018

Estimados amigos:

Un caso que da para un margen de discusión sumamente amplio es el habeas corpus que revoca la sentencia de primera instancia que dio la razón al recluso Rodolfo Orellana, quien solicitaba en el Penal de Challapalca, Tacna, sur del país, poder ser designado como abogado de varios internos.

Mientras el juzgado de primera instancia estima la demanda y concede al beneficiario en parte lo solicitado, la Sala Superior (incluimos su decisión) revoca la sentencia, y alega como fundamento central de su fallo el derecho a la seguridad en los penales, entendiendo que este último bien jurídico podía verse afectado si el demandante lograba entrevistarse con sus patrocinados, dadas las medidas de seguridad que las autoridades penitenciarias debían adoptar, de haber sido viable la demanda.

La Sala aplica el test de proporcionalidad y subordina los derechos al trabajo ( debió ser “libertad de trabajo”) y a la defensa (determina son éstos los derechos afectados), ponderando más el derecho a la seguridad, derecho más satisfecho. Sin embargo, no se desarrollan los elementos centrales de los sub tests exigidos, pues el sub examen de idoneidad enfatiza la exigencia de identificar un fin de relevancia constitucional en la medida sometida a examen, así como el sub examen de necesidad exige la contrastación de dos medios fácticos, uno menos gravoso que otro, para ser bien definida la necesidad material de la medida analizada. Por último, el sub examen de proporcionalidad en sentido estricto demanda una escala triádica de valores- elevado, medio y débil- que asegure una determinada valoración de la intensidad de intervención de los derechos puestos en juego.

Acotamos un detalle fáctico final: si los internos regulares pueden dedicarse en el Penal a labores diversas, lo cual implica su acceso al derecho a la libertad de trabajo, ¿ cómo sustentamos que el ejercicio restringido de la abogacía, que acepta la decisión de primera instancia, pueda justificarse con un tratamiento diferente, que es finalmente la posición de la Sala Superior ?

Creemos que hubiera sido oportuno trabajar los 6 pasos del test de igualdad ( vid STC 0045-2004-AI/TC, caso PROFA), a efectos de poder llegar a una conclusión adecuadamente sustentada para determinar si estamos frente a una discriminación positiva o negativa.

El asunto ahora pasa a ser competencia- de interponerse recurso de agravio- del Tribunal Constitucional, el cual debe definir en qué medida se afectan o no los derechos a la libertad de trabajo y defensa.

Caso 259-2018 Habeas corpus Rodolfo Orellana Derecho a la libertad de trabajo

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

h1

Exp. 00649-2011. Decisión de la Sala Penal Nacional de fecha 09 de febrero de 2018. Caso Pativilca. Derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori.

16 agosto, 2018

Estimados amigos:

Por el enorme interés académico que el caso reviste, adjuntamos el enlace a la resolución de la Sala Penal Nacional sobre el caso Pativilca. Dicha decisión fue adoptada en relación al derecho de gracia otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, y marca importantes parámetros respecto a la figura del control de constitucionalidad y convencionalidad del Poder Judicial sobre actos del Poder Ejecutivo en el otorgamiento de este tipo de beneficios.

El decisorio declara que carece de efectos jurídicos la Resolución Suprema que concede el derecho de gracia por razones humanitarias al procesado ex mandatario,. En consecuencia, ordena la continuación del proceso penal respectivo, del cual fue excluido el beneficiario dado el derecho de gracia concedido.

Es importante marcar la validación del derecho de gracia como atribución excepcional del Presidente de la República en ejercicio, y sin embargo, precisa esta posición de la Sala la exigencia de cumplimiento de determinados requisitos para su concesión. Enfatiza, finalmente, la importancia del derecho a la verdad como criterio que colisiona con las posiciones de cierre respecto a las investigaciones sobre delitos contra la humanidad.

El enlace es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/68d8e4004482e6c9aa65fa01a4a5d4c4/Exp.+649-2011-0-J_Caso+PATIVILCA_Resol.+39.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=68d8e4004482e6c9aa65fa01a4a5d4c4

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

h1

Developments in Constitutional Courts. ICCON. August 13, 2018.

14 agosto, 2018

Estimados amigos:

La intensa actividad de la Sociedad Internacional de Derecho Público – International Society of Public Law– nos ofrece una descripción de las actividades de distintas Cortes Constitucionales y Cortes Supremas, que a su vez desarrollan control constitucional, en los 5 continentes.

Temas tan diversos y opuestos como la criminalización del adulterio, la validación de la no criminalización del aborto, o la viabilidad de la mutilación genital femenina en menores, entre otros importantes temas, constituyen parámetros de referencia de la discusión sobre el alcance y extensión de los derechos fundamentales en diferentes sociedades.

Este escenario naturalmente nos lleva a un enfoque de oposición a contrastar con nuestra realidad: ¿cuánta diferencia existe entre los estándares que dichas Cortes discuten y los de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Hemos avanzado más que dichas Cortes en la fijación de estándares? O finalmente, ¿cuáles serían los criterios de validación para que un estándar sea más ponderado que otro?

La discusión se plantea muy compleja por la naturaleza misma de los derechos fundamentales en la búsqueda de su esencia material de progresividad y no de regresividad.

Una breve referencia es incluida a continuación.

Developments in Constitutional Courts

  1. The Supreme Court of India concluded oral arguments in a case concerning the constitutional validity of the criminalization of adultery.
  2. The Constitutional Court of Mali rejected appeals from opposition parties alleging irregularities in the voting process for the election of the President and confirmed that second round voting will proceed according to schedule.
  3. The Supreme Court of Pakistan set aside an order from a subordinate court to restrain the Election Commission of Pakistan (ECP) from issuing the victory notification of Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) Chairman Imran Khan a certain constituency in Lahore and ordering the returning officer to hold a recount of all ballot papers.
  4. The Supreme Court of Brazil held public hearings on the decriminalization of abortion within the first 12 weeks of pregnancy.
  5. The Supreme Court of India considered the constitutional validity of the practice of female genital mutilation in the minority Dawoodi Bohra Muslim community.
  6. The Federal Constitutional Court of Germany held that making pension benefits contingent upon the transfer of an agricultural holding constitutes a factual interference with the freedom of property under Art. 14 of the Basic Law.
  7. The Spanish Supreme Court established that the views expressed by UN Human Rights Treaty Bodies in individual complaints are binding on the State.

Fuente: International Journal of Constitutional Law

http://www.iconnectblog.com/2018/08/whats-new-in-public-law-112/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

h1

STC 0001.2018-PI/TC. Caso regulación de grupos parlamentarios.

13 agosto, 2018

Estimados amigos:

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la STC 0001.2018-PI/TC, caso regulación de grupos parlamentarios ( la cual puede ser leída en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00001-2018-AI.pdf), por nuevos parámetros a propósito de las renuncias a conformaciones parlamentarias de origen, pretendiendo distinguir entre los conceptos de mandato representativo y mandato ideológico.

De esa forma, regula lo atinente a las consecuencias de las renuncias de parlamentarios a sus grupos iniciales y fija los márgenes de acción para la conformación de nuevos grupos, o en su caso, lineamientos para la formación de una bancada mixta. Cuatro votos desestiman la demanda aunque fijan, vía exhortación al Congreso, la necesidad de publicar los reglamentos internos de todos los grupos parlamentarios.

El decisorio de la resolución se expresa en la siguiente forma:

1. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 1 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR, siempre que el artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. De ello se desprende que los parlamentarios que se encuentren en dicha situación podrán conformar un nuevo Grupo Parlamentario, adherirse a uno ya existente o recurrir a la fórmula de configurar un Grupo Parlamentario mixto.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene.

3. EXHORTAR al Congreso de la República para que publique los reglamentos internos de todos los grupos parlamentarios que se hayan presentado ante el Consejo Directivo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI