Archive for 12/02/19

h1

Sentencias constitucionales penales. Omisión de asistencia familiar. Conversión de pena efectiva a prestación a servicios a la comunidad. Caso 5603-2018-25-1706-JR-PE-04

12 febrero, 2019

Estimados amigos:

Materializando el aviso de colgar nuestras resoluciones a partir de los fallos emitidos en la Sala Penal Vacacional que presidimos en este mes de febrero de 2019, adjuntamos los considerandos de la parte pertinente de la decisión, en las cuales el suscrito ha sido ponente, solo en cuanto compete a la parte de la fundamentación que consideramos de orden iusfundamental.

El caso en mención corresponde a una conversión de pena efectiva a prestación a servicios a la comunidad en razón de que el sentenciado había cumplido con el pago del íntegro de la obligación. Sin embargo, dadas diversas sentencias previas con pena suspendida ( no efectiva), el juez había aplicado 3 años 5 meses de pena efectiva.

2.7.- Debemos poner énfasis, de otro lado, en la importancia que reviste para efectos del presente caso, que el condenado hubiera cumplido con el pago de la obligación dineraria puesta a cobro, y a este respecto, el decisorio de la sentencia reconoce el pago de la obligación en forma taxativa. Bajo esta pauta, hemos de afirmar que uno de los propósitos esenciales indirectos de este tipo de procesos, como sucede en el ilícito de la omisión de asistencia familiar, es el cumplimiento de una obligación económica de origen alimentario, situación que merece mayor sustentación, conforme pasamos a describir. 

2.8. Desde una perspectiva principal, este delito sanciona a la parte que incumple un deber, aspecto que también merece entenderse como una protección a la parte agraviada en cuanto se lesiona el bien jurídico que la familia representa, y de allí que sea imponible una condena penal. Sin embargo, es menester también asumir que hay un componente económico determinante para la configuración de este delito, y ello reside en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, situación que provoca abandono tanto moral como material de la familia por parte del imputado, y de ahí la justificación persecutora por parte del Estado a través del Ministerio Público.

2.9. A pesar de lo sustentado, el pago de la obligación alimentaria, a pesar de no hacer desparecer totalmente el efecto dañoso del incumplimiento, sí resarce en parte la falta de retribución económica a los agraviados, premisa que nos conduce a afirmar que la lesión grave al derecho fundamental a la protección de la familia, como sucede con la omisión de asistencia familiar si se pagare la obligación, disminuye proporcionalmente su efecto dañoso, y ya no estamos frente a una afectación manifiestamente grave del contenido esencial de dicho derecho, sino frente a una afectación de orden medio, si aludimos a la teoría de la ponderación entre derechos fundamentales que propone Robert Alexy, profesor de la Universidad de Kiel en Alemania.

2.10. Por otro lado, resulta cierto otro aspecto relevante: ¿cómo cumplir con las obligaciones alimentarias hacia los agraviados si el imputado es recluido en prisión? Aquí advertiríamos dos escenarios: si el incumplimiento de la obligación es total, consideramos que la actividad sancionadora y punitiva del Estado se justifica. Sin embargo, un segundo escenario es que, en ese contexto de persecución penal, el obligado cumpla parcial o totalmente con la obligación, situación que, de suyo, implica otro tratamiento penal, ya no de orden gravoso, sino que asuma entender el contexto de las cosas como la aplicación de los principios pro homine y de dignidad de la persona humana, principios de argumentación que reconducen el debate jurídico dejando de lado la inflexibilidad de las reglas y dando oportunidad a la aplicación de los principios.  

2.11.- Por tanto, se justifica de este modo una decisión jurisdiccional que revoque la pena efectiva aplicada y disponga su reconversión a prestación de servicios a la comunidad, sin perjuicio de exhortar al sentenciado para que a futuro cumpla con sus obligaciones alimentarias en el tiempo, plazo y modo establecidos, pues de por medio se encuentra una obligación económica de orden alimentario que es impostergable, ineludible e inaplazable.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Anuncios
I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

2018 Posts - IACL-IADC Blog

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI