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Sentencias constitucionales penales. Confirmación de prisión preventiva. Caso 14983–2018–28–1708–JR–PE–01

15 febrero, 2019

Estimado amigos:

El día de hoy colgamos la parte pertinente de un fallo que confirma la prisión preventiva de dos personas en un caso de robo agravado. Los insertos corresponden solo a la parte de fundamentación constitucional y todas estas resoluciones son expedidas en el marco de labores de la Sala Penal Vacacional del Distrito Judicial de Lambayeque durante el mes de febrero de 2019.

  1. En consecuencia, de la valoración conjunta de los agravios expresados por los abogados defensores, tenemos que sus argumentaciones formuladas en audiencia oral, incluso agotado el debate probatorio en observancia irrestricta del derecho al debido proceso, no resultan enteramente suficientes para desvirtuar la medida de prisión preventiva contra los ahora apelantes, y será exigible que se desarrollen nuevos actos de investigación a fin de hacer viable, si correspondiere, la pretensión formulada de revocatoria de la prisión preventiva dispuesta por el juzgador. 
  1. Es importante complementar la procedencia de la prisión preventiva dispuesta, señalando el cumplimiento de los manifestaciones centrales que fija San Martín Castro[1] respecto a la prisión preventiva, como mecanismo de la justicia penal: 1. Su absoluta jurisdiccionalidad; 2. Su patente excepcionalidad y no obligatoriedad; 3. La vigencia plena de principios transversales, de jerarquía constitucional; y 4. Su provisionalidad y temporalidad. 
  1. En relación al primer item y en relación a ambos imputados, se cumple el requisito de absoluta jurisdiccionalidad, en cuanto un juzgado penal, con las atribuciones que la Constitución y la ley le facultan, hace uso de su potestad de valoración para concluir que el ilícito de robo agravado descrito merece, por ahora, una restricción de la libertad de ambos apelantes, dada la incriminación de los mismos, a partir de la sindicación uniforme de la agraviada. 
  1. En un segundo plano, es importante poner de relieve la patente excepcionalidad y no obligatoriedad de esta medida, en cuanto conforme a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional sobre la materia,[2] los órganos jurisdiccionales deben considerar extraordinaria esta medida y no validarla como una disposición de aplicación regular. En efecto, solo la incidencia grave del delito acotado, el peligro procesal que los imputados por ahora representan y la prognosis de pena que el juzgador prevé al respecto, justifican la regla de la excepcional prisión preventiva dispuesta. Al respecto, podemos asumir que la medida aplicada cumple el requisito de aprobar un necesario control de convencionalidad. 
  1. De la misma forma, se cumple la vigencia plena de principios transversales, de jerarquía constitucional, entre ellos los de presunción de inocencia y dignidad de la persona humana. En relación al primero, se infringe en forma leve y por tanto constitucionalmente relevante, la presunción de inocencia de los imputados, dada su participación fáctica en los hechos materia de imputación. Esto no representa, en modo alguno, un veredicto anticipado de culpabilidad sino una gravosa restricción de la libertad individual, mas solo a través de una fundamentación incriminatoria suficiente, a partir de la relevancia de los hechos materia de imputación. 
  1. Respecto al segundo derecho fundamental enunciado- dignidad de la persona humana- igualmente podemos afirmar una afectación legítima media de dicho derecho, en cuanto solo una suficiente incriminación, así como una decisión jurisdiccional apoyada en razones de premisas fácticas y normativas, puede justificar, reiteramos de modo excepcional, la privación de libertad. Son pues requisitos que se cumplen en este caso. 
  1. Por último, se cumple el requisito de provisionalidad y temporalidad, en cuanto si la imputación decayera al surgir nueva prueba en el proceso, o de ser el caso, si se produjese una exculpación por parte del juzgador, sea por la infundabilidad de la pretensión o porque surgiese duda razonable, el mandato podrá cambiar a comparecencia restringida o simple, de ser idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Por otro lado, la temporalidad igualmente es satisfecha en cuanto el juzgador ha fijado un plazo de prisión preventiva- nueve meses- plazo al cabo del cual, si no hubiese sentencia condenatoria, habrá de ser exigible, de pleno derecho, la libertad de los procesados.

[1] SAN MARTIN CASTRO, César. Ponencia presentada en el VIII Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Pontificia Universidad Católica del Perú. Abril de 2018.

[2] 4780-2017-PHC/TC, caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. Fundamento jurídico 37

En esta línea de razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la aplicación de la prisión preventiva “debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática” (Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106; Caso Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 74; Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 106; Caso López Álvarez v. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 67; Caso Servellón García y otros v. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 88; Caso Yvon Neptune v. Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 107; Caso Bayarri v. Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 69; Caso Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 121). En la misma inteligencia, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos establecen que “[e]n el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso” (Regla 6.1).

 

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