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Sentencias constitucionales penales. Asesinato. Derecho penal del enemigo. Caso 01079-2015-93-1703-JR-PE-02

7 marzo, 2019

Estimados amigos:

Cerrando la selección de las partes pertinentes de un grupo de resoluciones que emitimos en sede penal durante la Sala Vacacional Penal de Lambayeque en febrero de este año, adjuntamos los extractos de una última resolución sobre un caso de asesinato, decisión que confirma una sentencia previa que imponía 21 años 6 meses de pena privativa de libertad al sentenciado.

Abordamos, colateralmente, un tema polémico como el Derecho penal del enemigo, figura que se opone al Derecho penal del ciudadano, este último más vinculado al respeto por los derechos fundamentales, antes que la posición básicamente reactiva que implica la primera figura. En todo caso, el debate siempre queda abierto para un Derecho Penal que se enmarque dentro de la observancia de los derechos que tutela la Constitución, tanto de la víctima como de los procesados.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

3.14. Es importante precisar, adicionalmente, que no podemos dejar de lado el drama humano, (denominado fragilidad de la condición humana[1] en términos de Cancado Trindade, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que representa toda sentencia penal condenatoria en relación a la extinción de una vida humana, pues no solo nos encontramos frente a una situación irreparable del bien jurídico vida, sino que se hace necesario, ineludible e impostergable, sancionar esa conducta contraria al ordenamiento jurídico por parte del agresor. Por lo tanto, se trata de un drama humano en doble ángulo de afectación.

3.15. De la misma forma y en relación al condenado, tal tipo de resolución constituye una vulneración legítima por parte del Estado respecto del derecho fundamental a la libertad individual, en un primer grado, y de un quebrantamiento del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en un segundo nivel de valoración.

3.16. Asumimos que el drama humano, respecto al agresor, se expresa en una privación de la libertad, uno de los bienes más preciados de la persona junto al derecho a la vida. Drama, porque constituye la sentencia penal una afectación permitida del proyecto de vida del responsable de la conducta penal cometida y en ese contexto, esa acción típica, antijurídica y culpable que ahora es objeto de reproche, permite que el Estado pueda desarrollar la persecución de esas conductas y pueda, provisto de las herramientas de una jurisdicción penal, desarrollar mecanismos y estándares que conduzcan a que los derechos fundamentales de los sentenciados sufran una vulneración legítima. ¿Por qué aludir a una vulneración permitida? Porque solo el accionar del Estado a través de los órganos jurisdiccionales penales y con respeto irrestricto del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, puede validar una lesión legítima del derecho a la libertad individual.

3.17. Esta conducta del Estado es necesaria para que no se configure un accionar arbitrario, irracional e irrazonable por parte de la autoridad, porque de lo contrario, la actuación del órgano jurisdiccional implicaría un contexto en el cual estaríamos frente a dos escenarios gravosos para los derechos fundamentales.

3.18. Un primer escenario sería el de recreada fórmula hobbesiana auctoritas, non veritas, facit legem,[2]es decir, que la autoridad y no la verdad haga la ley, y que la autoridad, por el solo hecho de ser autoridad, proceda a elaborar arbitrariamente la ley, y más aún la aplique como tal, sin prevalencia de la verdad, argumento típico de los Estados autoritarios. Por el contrario, en el Estado constitucional es la verdad el elemento conductor de los derechos fundamentales, y es la autoridad la que se somete al efecto de irradiación e impregnación de los derechos fundamentales.

3.19. Un segundo escenario se refiere a que de no existir los mecanismos necesarios para la afectación legítima de los derechos fundamentales de un sentenciado- entre estos últimos libertad individual, presunción de inocencia, dignidad de la persona humana, entre los más relevantes- nos encontraríamos frente a un Derecho Penal del enemigo,[3]Feindstrafrecht, en auge y prevalencia, y como tal, la justicia penal solo apuntaría a mecanismos de venganza irracional contra los agresores, escenario que se debe evitar.

3.20. Es así que precisamente el Estado constitucional, a través de los estándares de convencionalización de los derechos en materia penal, logra concretar uno de los fines más relevantes de la pena, cual es, antes que castigar la conducta punible, mirar “más allá” del contexto penal mismo, y perseguir la resocialización del sentenciado, vía prevención especial.

3.21. Por lo tanto, la misión del Estado de derecho, fórmula primigenia del Estado constitucional, apunta a que prevalezca el principio de interdicción de la arbitrariedad y que solo procedan graves afectaciones legítimas de la libertad individual, como lo representan las sentencias penales condenatorias que privan de la libertad, solo después de la rigurosidad que demanda un debido proceso. A juicio de esta Sala, dicho supuesto se cumple plenamente en el caso de autos, y por lo tanto es de validarse la sentencia penal que priva de la libertad al apelante por el término de 21 años y 6 meses, instrumento que ha sido respetuoso, en este caso en concreto, de las garantías judiciales que prevé el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

[1] Cfr. Voto razonado juez CancadoTrindade en caso Bulacio vs Argentina, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 18 de setiembre de 2003. Fondo, reparaciones y costas. Fundamentos jurídicos 8 a 16.

[2] Vid STC 0007-2012-AP/TC. Caso FONAVI. Sentencia de fecha 26 de octubre de 2012. Fundamento jurídico No. 20.

[3]En el sentido de optimizar la protección de bienes jurídicos a cualquier precio, a diferencia de un Derecho Penal de ciudadanos, el cual optimiza las esferas de la libertad pero sin violar los derechos fundamentales. Vid. URQUIZO OLAECHEA, José. Derecho Penal del enemigo. Recuperado de http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_inv_criminologica/revista/articulos_revista/DERECHO_PENAL_ENEMIGO.doc

Vid., extensivamente, JAKOBS, Gunther. Criminalización en el estadío previo a la lesión de un bien jurídico. En Estudios de Derecho Penal. 1ra edición, Madrid. Civitas .S.A. UAM Ediciones. Traducción de Enrique Peñaranda Ramos. Frankfurt, Alemania. Mayo 1985. Referencia del mismo autor Urquizo Olaechea.

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