h1

Sentencias constitucionales. Contencioso administrativo. Sanción a policía. Caso Marco Altamirano

15 marzo, 2019

Resultado de imagen para fotos corte superior lambayeque

Estimados amigos:

Reiniciamos el colgado de las partes pertinentes de los varios fallos de nuestra Sala en temas de relevancia con relación a los derechos fundamentales.

Es cierto que nuestra competencia cambió hace algún tiempo y de revisar solo procesos de la libertad- habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, en segunda instancia – y de control normativo – acción popular en primera instancia- nuestra competencia ahora, como Primera Sala Laboral del Distrito Judicial de Lambayeque, Perú, se orienta a procesos contencioso administrativos y previsionales.

Constituye cuestión de importancia, en ese sentido, apreciar que, en perspectiva, todos los conflictos normativos de la justicia ordinaria, potencialmente pueden representar colisiones entre derechos fundamentales . Prueba de este ejercicio es que varias de las partes pertinentes con relevancia constitucional de la Sala Plena Vacacional de febrero de este año 2019, fueron colgadas en semanas recientes. En esa misma dinámica, corresponde ahora incluyamos tanto las menciones a referencias iusfundamentales de nuestros fallos en materia laboral, así como el PDF de la respectiva resolución.

Y como detalle histórico, precisamente este blog nació en julio de 2010 con esa intención de hacer transparentes las decisiones de la Sala Constitucional de Lambayeque, en una época en la cual aún se proyectaba implementar el Sistema Integrado Judicial SIJ, que ahora en 2019 sí permite el acceso, en línea, a un gran número de decisiones del Poder Judicial.

Desde ese punto de vista, tan solo reforzamos un ejercicio de transparencia de los jueces, es decir, se trata antes una obligación que de una facultad.

En esta oportunidad incluimos un fallo- Expediente N° 02683-2014-0-1706-JR-LA-04- que declara infundada una demanda de impugnación de sanción de un policía en actividad, en razón de que no cumple con comunicar la acción de intervención a un ciudadano, omisión que significó una lesión al deber de transparencia de toda autoridad.

  1. Es pertinente complementar lo antes expuesto con una observación al mismo accionar del policía sancionado, pues la omisión de la redacción del acta de intervención al ciudadano afectado, así como haber omitido la comunicación de rigor a la Central 105 además de no solicitar los registros del vehículo intervenido, aspectos que a su vez generaron una sanción de 11 días de rigor, han implicado una lesión al deber de transparencia en la actuación de la autoridad, base angular en la configuración de un Estado democrático de derecho.
  1. En efecto, sostiene el Tribunal Constitucional[1] que ” lo que verdaderamente caracteriza a un sistema democrático constitucional es su naturaleza de “gobierno del público en público” (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho público, la regla es la transparencia, y no el secreto.” De esta forma, siguiendo los parámetros del maestro de Turín,[2] una actuación policial que omite deberes de transparencia, en propiedad alude a un desempeño que queda en el marco de una conducta antes secreta que discrecional, en tanto aquella implica una infracción al principio de interdicción de la arbitrariedad, en tanto la última corresponde a un rango de decisiones que, sin lesionar el debido procedimiento administrativo, cumple el requisito de legitimidad.
  1. En consecuencia, la resolución de sanción que en este proceso se impugna cumple los estándares de un control de legalidad,[3] de constitucionalidad[4] y de convencionalidad,[5] en cuanto la Administración ha ajustado su acción a la observancia de los derechos fundamentales del administrado en relación a la sanción impuesta.
  1. El referido control de legalidad alude a que la norma en cuestión se encuentra vigente y cumple condiciones mínimas de aplicabilidad, lo cual se traduce también como observar caracteres de racionalidad. A su vez, el control de constitucionalidad implica, sustantivamente, satisfacer condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, entendidos como caracteres base de un control de constitucionalidad. Finalmente, el control de convencionalidad nos remite al deber de observancia de los estándares normativo- jurisprudenciales prefijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, esencialmente los artículos 8, referido a garantías judiciales, y 25, en referencia a protección judicial, del referido instrumento supranacional.    

[1] STC 2050-2002-AA/TC. Caso Ramos Colque. Fundamento jurídico 24.

[2] Norberto Bobbio (Turín, Italia, 19099- 2004) alude incluso, extremando la idea de una democracia ideal,  a una casa de cristal en la que no hay amnesias. Por tanto, si la democracia es el gobierno del poder público en público, las actuaciones de todas las autoridades deben ser transparentes y de ahí la configuración de un poder que se hace visible, oponiéndose a ello las autocracias donde el poder mantiene condiciones de secretismo y ocultamiento. Vid. GARCÍA CASSADO, Pablo. Norberto Bobbio y el poder invisible.

Recuperado de  file:///C:/Users/usuario/Downloads/dyo2_garciacasado%20(2).pdf

[3] El principio de legalidad en materia sancionatoria impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). Vid. STC 2050-2002-AA/TC. Caso Ramos Colque. Fundamento jurídico 8.

[4] Se considera superado el test de constitucionalidad de la norma cuando ésta no es incompatible con el ordenamiento constitucional y por lo tanto deviene en legítima. A este respecto, no basta que la norma cumpla el requisito de legalidad, o de existencia técnica, sino que bajo los principios de unidad y concordancia práctica, dicha regla se subordine a la Constitución. Sucede lo contrario cuando la norma es ilegítima y en caso ello suceda, corresponde su inaplicación o expulsión del ordenamiento jurídico.    

[5] Señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (la que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana.” (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). Vid. STC 2050-2002-AA/TC. Caso Ramos Colque. Fundamento jurídico 12.

SALA LAB 13mar2019 2683-2014 Confirma sentencia infundada Impugnación sanción Policía Nacional

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

2018 Posts - IACL-IADC Blog

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

A %d blogueros les gusta esto: