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Sentencia 03622-2021. Querella por difamación agravada caso Cesar Acuña contra Christopher Acosta

18 enero, 2022

 

Estimados amigos:

En nuestra condición de jueces titulares, tenemos ciertas restricciones para expresar nuestra posición sobre procesos en trámite, y sin embargo, la sentencia del caso Christopher Acosta, una querella por difamación entablada por César Acuña, con sentencia condenatoria, expedida hace pocos días, nos hace retrotraer el debate sobre la ponderación entre dos derechos fundamentales relevantes: el derecho al honor y el derecho a la libertad de informar.

La gran interrogante al respecto, y para ello traemos a colación una de las controversias más importantes sobre Perú, cuando tuvimos oportunidad de hacer un curso de Derechos Humanos en la Washington College of Law de la American University en Washington D.C. EE.UU., en 2009, era si las querellas penales de nuestro país debían ser «desmontadas» para, conforme al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derivar toda discusión de este tipo a la vía ulterior, esto es, al ordenamiento civil, en el cual se pudiera discutir ampliamente estos temas y sus incidencias sobre daño personal, lucro cesante y daño emergente, con las exigencias de relaciones de causalidad que correspondan.

Ciertamente es una discusión inacabada y, sin perjuicio de ello, nuestra dinámica realidad, nos permite atender a los esbozos que ya plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), la misma que establece lo siguiente:

  1. Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática. 

Adjuntamos el texto del fallo.

Sentencia querella penal caso Acuña Acosta 10ene2022

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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