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d. ¿ Rompiendo la congruencia procesal? Apuntes acerca del principio de elasticidad en sede constitucional

 

 EL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD EN SEDE CONSTITUCIONAL

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

INTRODUCCIÓN. 1. LA PERSPECTIVA CONVENCIONAL DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL. 1.1. ¿Qué entendemos por principio? 1.2. Principio de congruencia procesal y principio de legalidad. 1.3. La norma jurídica como expresión material del principio de congruencia procesal. 1.4. ¿Más principios que reglas? 2. DIMENSIONES DEL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD CONSTITUCIONAL. 2.1. Los principios procesales constitucionales. 2.2. El principio de elasticidad en su concepción primigenia. 2.3. Una nueva concepción del principio de elasticidad desde la perspectiva constitucional. 2.4. El principio de elasticidad constitucional en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 2.4.1. Caso Félix Tueros- Proceso constitucional reconvertido. 2.4.2. Caso El Frontón. Interpretación literal vs. Interpretación extensiva. 2.4.3. Caso Giuliana Llamoja- Habeas corpus fundado mas sin excarcelación. 2.4.4. Caso Vicente Walde Jáuregui- Amparo fundado sin reposición. 2.5. Valoración temática de los casos analizados. 2.6 ¿Prevalencia de las sentencias constitucionales? 3. HACIA UNA CONFLUENCIA DE CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD CONSTITUCIONAL. 3.1. Necesaria interrelación. 3.2. Criterios orientativos para una reinterpretación del principio de elasticidad constitucional. 3.3. El principio de elasticidad en el Derecho Comparado. En Alemania. En España. En Colombia. CONCLUSIONES

 

 

 

INTRODUCCIÓN

El principio de elasticidad en el ámbito constitucional es analizado en este ensayo en la perspectiva de establecer lineamientos sobre su aplicación en sede de derechos fundamentales. El tema propuesto nos inclina a trabajar las diferencias en su aplicación con relación al Derecho Civil, el Derecho Penal y otras disciplinas relevantes, objetivamente a partir de distintas ejecutorias de naturaleza constitucional relativas a controversias sobre pretensiones en la vía de urgencia, persuadiéndonos de la relevancia de un análisis de los alcances innovativos que confiere este principio.

Es importante precisar, en relación a la dimensión de este principio constitucional, que no estamos ante una facultad deus ex machina,[2](algo traído desde fuera para resolver una situación), del juez constitucional, sino ante una valoración interpretativa extraordinaria que nos permite exceder los márgenes del principio de congruencia procesal, premisa base de los procesos en sede ordinaria.

En ese orden de ideas, analizamos los criterios argumentativos de distintas ejecutorias del Tribunal Constitucional y fijamos un núcleo de ideas base que han de servir en su tarea jurisdiccional a los jueces constitucionales, sobretodo frente a procesos que revisten un alto nivel de complejidad por versar precisamente sobre pretensiones de urgencia. Y en especial nos referimos a los jueces constitucionales, pues ellos tienen la delicada tarea de impartir justicia en procesos cuya característica matriz de excepcionalidad, sumariedad y residualidad, permite puntualizar diferencias respecto de aquellos procesos que, bajo el marco de la estricta concordancia entre pretensión y sentencia, maneja la justicia ordinaria común.

Estimamos en el presente trabajo, de igual forma, que la aplicación del principio de elasticidad constitucional, no es potestad solo del juez constitucional entendido el ámbito competencial especializado, sino de todos los jueces de la justicia común y de allí, la necesidad de redimensionar la importancia de este principio.

Bajo la pauta descrita, desarrollamos la incidencia constitucional de varios fallos del intérprete de la Carta Magna, en sendas decisiones que sientan líneas argumentativas de interés para toda la judicatura. Al término del análisis, glosamos un conjunto de criterios procedimentales que en síntesis buscan guiar al juez constitucional en la emisión de las delicadas decisiones a impartir cuando se encuentran de por medio principios y derechos. Ello constituye el valor agregado del presente trabajo.

En concordancia con las ideas anteriores, podemos entonces afirmar que los alcances del principio de elasticidad constituyen aún un tema de encontradas posiciones en el Derecho, en la medida que su aplicación ha concitado diversas manifestaciones respecto a las potestades de los jueces constitucionales en la dilucidación de controversias que reclaman la tutela urgente de derechos fundamentales.

Así encontramos una posición sólida que aporta el argumento de la necesaria congruencia procesal entre la pretensión propuesta y la respuesta del juzgador frente al petitorio planteado, hasta la determinación de una nueva propuesta- la que nos permitimos sustentar- en el sentido de resolver los conflictos bajo cánones que superan el tema de la congruencia procesal en su versión clásica, para responder, bajo la premisa de la aplicación del enunciado constitucional de la tutela urgente, a las pretensiones sobre derechos fundamentales, invocando inclusive las líneas jurisprudenciales del principio de elasticidad que contempla el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[3].

Las interrogantes de relevancia a formular son: ¿hasta dónde pueden aplicar los jueces constitucionales el principio de elasticidad sin incurrir en una afectación del principio de congruencia procesal? ¿Puede acaso el juez constitucional exceder los límites de la congruencia procesal bajo el argumento de la necesidad de una tutela urgente? ¿Cómo funciona aquí el principio de autolimitación del juzgador constitucional, supuesto tan necesario en sede constitucional?    

Pretendemos en este trabajo, a partir del enfoque práctico desarrollado en nuestra jurisprudencia constitucional, plantear algunas ideas de relevancia que bien podrán aportar a que los jueces constitucionales pauteen su trabajo desde el fundamento de tutela de derechos fundamentales que concurre al resolver conflictos en los cuales se supera estrictamente el principio de congruencia procesal.

El problema igualmente se circunscribe a discernir si realmente el principio de elasticidad en sede constitucional efectivamente constituye una herramienta procedimental con la cual los jueces pueden sostener válidamente una teoría y práctica de control dinámico de los procesos, entendida ésta como la posición preferente que asigna la Constitución y la ley a los jueces constitucionales cuando de vulneraciones a los derechos fundamentales se trata, por oposición al control estático que significa verificar puntualmente la vigencia de la norma para su aplicación. Esto es, el control dinámico se circunscribe al análisis de validez de la norma y su necesaria compatibilidad con la Carta Fundamental, en tanto que la verificación del estándar de vigencia únicamente requiere y exige la concurrencia de una norma existente.

Rescatamos como problema en el curso de este estudio, de la misma forma, el tema de la prevalencia de las sentencias constitucionales por sobre las de los demás órganos jurisdiccionales[4], y si efectivamente dicho supuesto guarda concordancia- estimamos que sí- con el principio que analizamos en este trabajo. Perfilamos ello como controversia, en la medida que existe cierta resistencia de consenso en la judicatura respecto a que la jurisdicción constitucional efectivamente materializa un plexo de decisiones tuitivas de derechos fundamentales, cuya connotación extraordinaria, precisamente por cuanto defiende derechos vinculados a la dignidad de la persona humana, autoriza al juzgador constitucional a incorporar mecanismos interpretativos que superan el marco de rigidez del principio de congruencia en su faz hasta ahora conocida.   

1. LA PERSPECTIVA CONVENCIONAL DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL

 

1.1. ¿Qué entendemos por principio?  

Asumir la verificación del campo de acción de los principios, exige una delimitación conceptual. Resulta relevante que al pretender una delimitación del concepto de principio, nos preguntemos antes qué entendemos por principio, más aún cuando los principios no son estrictamente leyes, sino el espíritu o la esencia de la ley.

Los principios, esta es una definición preliminar, son líneas directrices, verdades anteriores y superiores a la norma legal. Como muy bien decía Carnelutti[5]los principios se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol está dentro del vino, representan el espíritu y la esencia de la ley”. Es el mensaje escrito o como muy bien se dice “se encuentra entre líneas”. Por esa razón, el Código Civil en su Título Preliminar dispone que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del Derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. (art. VIII). 

Carlos Bernal Pulido[6] define con acierto una proposición respecto a los principios y afirma:

“Los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción determinados. Los principios son mandatos de optimización (…)/ (A su vez) los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico. (…).”

 

1.2. Principio de congruencia procesal y principio de legalidad

La esencia interpretativa del principio de congruencia procesal reside en la observancia del principio de legalidad, aquel que Rubio Llorente[7] también denomina “principio de juricidad” y respecto al cual concuerda con Merkl[8] al acotar que “el carácter de ejecución de la ley(…) no puede ser afirmado si no  es partiendo del principio de legalidad”. Su concepción denota la necesaria observancia por parte del juzgador de responder en estricto el tema de la pretensión. 

Aporta a nuestro trabajo en sumo grado que la evolución del principio de legalidad hubiera estimado el concepto matriz de que la norma constituye un margen de aplicación suficiente frente al petitorio que se formula en sede judicial.

Cierto resulta que el juez, al resolver una controversia, atenderá a la respuesta primigenia que significa el petitorio. De esta forma, si la pretensión “a” abarca un petitorio de pago, es por cierto un supuesto firme que la respuesta del juzgador, igualmente habrá de ser la respuesta jurisdiccional al supuesto “a” y de amparar la pretensión, ordenará al deudor el pago de la obligación.

En sede civil, el principio de congruencia procesal, también denominado principio de vinculación y formalidad,  se plasma en el artículo IX del Título Preliminar de Código Procesal Civil[9], y su sentido interpretativo se orienta a que las formas procesales deben ser observadas en el proceso, salvo permiso en contrario. 

En el ámbito de los procesos penales, por la tesis de la inmutabilidad de la acusación fiscal, el juez penal no puede sino juzgar en base a los hechos que son materia de imputación por parte del titular de la pretensión punitiva del Estado. El juez, en este caso, se ve impedido de introducir hechos nuevos en vista del criterio de inmutabilidad que refiere la imputación del fiscal. Excepción de rigor se presenta cuando se produce una desvinculación de la acusación fiscal, es decir, cuando existe una variación de la imputación del tipo penal, mas esta figura, propia de derecho y que prohíbe determinar nuevos hechos,  obedece a una serie de exigencias que el juzgador penal debe respetar en atención a la valoración del ilícito penal.     

En sede administrativa, el principio de congruencia procesal es denominado principio de informalismo[10] y se expresa en un criterio de favorecimiento a las pretensiones de los administrados, bajo la premisa de que las formas procesales no constituyan impedimentos que obstaculicen la prosecución de la petición.

 1.3. La norma jurídica como expresión material del principio de congruencia procesal

El positivismo kelseniano trabaja una estrecha relación entre la regla o norma jurídica y el principio de legalidad, confiriendo a la regla un valor de expresión representativa de todo el edificio jurídico cuya identificación gráfica más conocida es la pirámide que consagra a la Constitución como norma en la cúspide del ordenamiento. Sin embargo, la norma de normas ostenta solo el valor de una norma más y no el de una supranorma prevalente a través de los principios.

El Estado Legislativo, a su turno, como expresión material del principio de legalidad, interpreta que el ordenamiento jurídico está conformado solo por normas y que por cierto, la ley constituye su demostración representativa sui géneris. La ley a su vez es identificada como el arquetipo de herramienta para la solución de conflictos en todos los ámbitos del derecho y frente a la ley, no hay poder que se pueda oponer.  Y es aquí por cierto destacable que la ley en su dimensión de canon interpretativo del principio de legalidad, encuentra su plasmación natural en el principio de congruencia procesal.

Así debemos inferir que la ley constituye una medida de expresión y respuesta que, en estricta proporción, corresponde a los caracteres básicos de la pretensión. Y la ley, a su vez, constituirá manifestación relevante de ese espíritu napoleónico que en su momento consagró la dimensión de la norma como expresión mayor de la filosofía del derecho, a tal punto que los profesores de derecho, imbuidos del Código Napoleónico de 1804, adoptaron la posición de puntualizar que no enseñaban el derecho como tal, sino el “Código de Napoleón”.

La veneración francesa a la ley, a la norma, no puede sino materializarse de modo sublime cuando hacemos la visita a la Tumba de Napoleón, junto al Museo de las Armas en el centro de París y en una de las estatuas de alto relieve, encontramos una inscripción, atribuida a Napoleón, con la frase que dice: “Mon seul code par sa simplicité a fait plus de bien en France que la masse de toutes les lois qui m´ont precedé”[11]. Esta experiencia de hondo contenido conceptual resulta sumamente descriptiva de esa concepción gala de la veneración por la simplicidad, por la forma de rasgos no complejos, por la tendencia a encontrar respuesta solo y únicamente dentro del espíritu de la norma y no más allá de ella, pues toda lectura que excediera el sentido de la norma, devenía en inapropiada e incompatible con el espíritu de la misma.

No previeron el genio de Napoleón y  los franceses exégetas de la ley que dos siglos más tarde, el panorama de enfoque de los conflictos devendría hacia un escenario en el cual, la elevada complejidad de los conflictos constitucionales, identificaría un plexo de principios procesales constitucionales que vendrían a dar lectura distinta al enfoque de resolver los conflictos única y objetivamente dentro del espíritu de la norma.

Es aquí donde en consecuencia adquiere fuerza contextual el principio de congruencia procesal en tanto va ser a través de la ley y del principio de legalidad, que el mismo va a consolidar su presencia en los escenarios procesales, como esa adecuada proporción entre la pretensión como punto de partida del conflicto, y la decisión como respuesta congruente, proporcional y suficiente a la controversia incoada.

Por excepción, toda interpretación que pudiera eventualmente exceder el marco interpretativo cerrado del principio de congruencia procesal, se convertiría en una respuesta inadecuada respecto del conflicto presentado. Y he aquí el rezago de una concepción inquisitiva procesal en tanto debía impedirse al juez excederse respecto a sus atribuciones. El juez de la Francia revolucionaria e imperial del siglo XIX debía circunscribirse entonces a una concepción mecánica de aplicación de la ley. Así lo reconoce Recasens Siches[12] cuando señala: “El pensamiento de que el derecho positivo se halla contenido por completo en la ley escrita se convirtió en una convicción predominante desde comienzos del siglo XIX, y sobre todo, hacia mediados de esa centuria, lo mismo en los países del continente Europeo y de Hispanoamérica, que en el mundo anglosajón. “

Agrega Recasens induciendo el concepto de logos:

“Este pensamiento fue el resultado de factores peculiares de aquella época, sobre todo de la trasnochada transposición del logos de lo matemático al campo de lo jurídico (…)”.

Merece comentarse la cita por su alocución al concepto matemático de transposición, y cuando procedemos al contraste de esta aseveración, con el marco que refiere el principio de congruencia procesal, nos percatamos de la similaridad de ambos conceptos. Al defender la congruencia procesal una estricta aplicación de la ley, en realidad también defiende una concepción matemática de aplicación de la ley en su forma positiva kelseniana, al proceso.    

 

1.4. ¿Más principios que reglas?

Los temas de congruencia procesal y elasticidad representan una realidad diaria para todos los jueces en la medida que el juzgador se ve impelido a emitir una decisión y la controversia puntual es: ¿aplicamos reglas o principios? Si se aplica una regla jurídica, la exigencia de congruencia procesal es inmediata. A su vez, si se trata de esbozar la prevalencia de un principio, deberemos tener en cuenta que como mandatos de optimización, están sujetos a otros criterios interpretativos. Dworkin, al diferenciar las reglas de los principios, alude a que las reglas expresan los problemas fáciles, en donde la subsunción es la herramienta por excelencia aplicable. ¿Y cuándo aplicamos principios? Cuando se trata de derechos fundamentales.

Prieto Sanchís[13], al hacer un estudio sobre la ponderación judicial, señala que “una de las características del neoconstitucionalismo es que los principios predominan sobre las reglas (…). La diferencia puede formularse así: cuando dos reglas se muestran en conflicto, ello significa que bien una de ellas no es válida, o bien que una opera como excepción de la otra (criterio de especialidad). En cambio, cuando la contradicción es entablada entre dos principios, ambos siguen siendo simultáneamente válidos, por más que en el caso concreto y de modo circunstancial triunfe uno sobre el otro.”

La percepción va siendo más clara con el argumento de Prieto Sanchís, quien propone en síntesis aceptemos la tesis de un nuevo tipo de Estado, uno que viene a denominar el neoconstitucional, expresión de desarrollo del Estado Legislativo, en el cual la ley era la norma por excelencia prevalente, y de otra parte, como evolución del Estado Democrático y Social de Derecho.

El principio de elasticidad, en consecuencia, vigente y válido en un Estado neoconstitucional, permite que los principios sean aplicados en forma prevalente en sede constitucional,, por encima de las reglas, bajo la pauta de adecuarse a los fines del proceso y en especial, de acuerdo a los requerimientos de la pretensión constitucional. Le confiere un mayor protagonismo al juez frente al legislador, cuya labor puede ser objeto de revisión por el juez constitucional, no bajo un mecanismo de estimar a un poder más importante que el otro, sino por cuanto toda tarea del legislador, debe subordinarse a la Constitución y el encargado de dicha valoración, por definición natural, resulta ser el juez constitucional.   

 

2. DIMENSIONES DEL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD CONSTITUCIONAL

 

2.1. Los principios procesales constitucionales

Un enunciado referencial de los principios procesales constitucionales nos resulta de utilidad para ubicar contextualmente el principio de elasticidad procesal. Mas antes de dicha ubicación, veamos cuál es la utilidad de la aplicación de los principios procesales.

Conforme señala Monroy Gálvez[14]( los principios procesales), “sirven para describir y sustentar la esencia del proceso”. Esta reflexión nos señala un criterio base para la plena aplicación de los principios procesales en el curso de la acción. Ellos informan y guían los actos procedimentales en el proceso. Constituyen pauta de orientación para el juez en la dilucidación de los actos procesales propios de la controversia. Mas advirtamos que no solo se trata solo de una facultad de aplicación. La doctrina discute el margen de imperatividad de su aplicación. Así señala Peyrano[15], “todo ordenamiento adjetivo incluye una norma convalidatoria de la imperatividad de los principios (procesales) que puede conceptualizarse de la siguiente manera: dado un vacío o conflicto normativo, debe buscarse la solución dirimente teniendo en cuenta el principio procesal respectivo”.    

El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional contempla los siguientes principios procesales constitucionales:

Dirección judicial del proceso

Alude al poder- deber del juez constitucional de controlar razonablemente la actividad de las partes. El juez no es solo un partícipe del proceso sino un conductor eficiente de la litis.

Economía

La economía procesal apunta a entender el proceso como un medio y no como un fin, esto es, debemos persuadirnos de que el proceso, en uso de recursos, no resulte más oneroso que el fin a lograr. De allí la premisa de que la tutela de urgencia implique un pronunciamiento final en el menor número de actos procesales, y explica, también con propiedad, que el proceso de amparo no contemple una etapa probatoria propiamente dicha, en el supuesto de que a mayor número de actos, el costo del proceso, en términos de tiempo y recursos, es igualmente mayor.

Inmediación

Aquí es necesario advertir que la inmediación no implica necesariamente el contacto con las partes, sino que el juez constitucional pueda canalizar ante sí la mayor cantidad de elementos que le permitan arribar a una decisión fundada en derecho, y a partir de ellos, concretizar el valor justicia.  

Socialización

En términos de Castillo Córdova[16], “el principio de socialización procesal (recogido también en el artículo VI CPC), exige del juez la capacidad de saber intervenir, a fin de que las desigualdades materiales que siempre acompañan a los litigantes, no entorpezcan la labor de llegar  a una solución justa”. En nuestra opinión, se procura la prevalencia del valor igualdad, como referente fundamental en todo proceso constitucional, haciendo a un lado las diferencias materiales entre las partes. 

Impulso de oficio

Couture[17] define el impulso procesal como aquel “fenómeno en virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo”. El enunciado referido se identifica con la premisa de que el juez constitucional tiene el deber de impulsar de oficio los procesos. Si asumimos que existe en nuestro conocimiento un proceso de tutela urgente, no podemos asumir que el mismo demore más allá de lo razonable. Por ende, la emisión de la decisión final se traduce en la exigencia de impulsar el proceso en forma diligente. 

Elasticidad

Este principio- nuestro objeto de estudio en este ensayo- se ubica en el artículo III del Código Procesal Constitucional, al igual que los otros principios. La base de su enunciado alude a la obligación del juez constitucional de adecuar la exigencia de las formalidades del proceso, al logro de los fines de los procesos constitucionales. ¿Cuáles son estos fines? Conforme al artículo II del mismo Código, son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

Pro actione

Se le conoce también como principio “favor processum”, e implica que si se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez constitucional declarará su continuación.

Gratuidad en la actuación del demandante

A efectos de que sean removidos todos los obstáculos de carácter económico para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Como excepción o matización a este principio, el juez constitucional tiene la potestad de imponer condena en costos de verificar la viabilidad de los mismos.

Nos interesa para fines de este estudio incidir en la valoración conceptual- procedimental del principio de elasticidad, cuya relación, es pertinente señalarlo, es de estrecha vinculación con el principio iura novit curia constitucional, el cual, según señala Luis Castillo Córdova[18], aparece enunciado en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional[19].  

 

2.2. El principio de elasticidad en su concepción primigenia

Planteémonos inicialmente qué es el principio de elasticidad. Una primera definición del mismo, en su concepción inicial, nos va a referir la “adecuación de las formas procesales”. Aquí encontramos una manifestación de interpretación extensiva, en la medida que si la pretensión no es suficiente ni idóneamente planteada, el juez, al decidir el derecho que corresponda a la causa, habrá de reconducir la decisión invocando la norma que correctamente corresponda al caso en cuestión. Así, evitamos que una pretensión sea desestimada de plano o en decisión de fondo, simplemente porque no se produjo la invocación de la base legal respectiva.   

En su versión procesal clásica, el juez definirá la pretensión de acuerdo al derecho que corresponda aplicar al caso, con lo cual la identificación con el principio iura novit curia es más que cercana. Si la tesis de la demanda no invoca correctamente los fundamentos de derecho que sustentan la  pretensión, o si se produce una interpretación normativa o fáctica que no constituye respuesta razonable al espíritu de la ley, el juzgador, en actitud cognoscitiva respecto de la prueba aportada y del derecho que concierne a la parte solicitante, emitirá decisión sobre el fondo del asunto aplicando el derecho que corresponda.    

 

2.3. Una nueva concepción del principio de elasticidad desde la perspectiva constitucional

La variación de criterios que implica el principio de elasticidad constitucional de la necesaria congruencia entre el petitum y la decisión final del juzgador, es decir, en cuáles condiciones puede configurarse una situación de excepción, nos brinda una nueva orientación interpretativa de esta poderosa herramienta procesal que en sede de derechos fundamentales, puede trasvasar la concepción argumentativa convencional que lo identifica en sede ordinaria.   

Nos explicamos. Tengamos en cuenta que no nos referimos a una circunstancia de trasgresión procesal manifiesta, o de un escenario procesal que, buscando la solución del conflicto pudiera afectar, de modo enunciativamente sustancial, el principio de congruencia en su concepción conocida. No es ésa por cierto la interpretación a la que aspiramos. Por el contrario, pretendemos identificar una respuesta constitucionalmente adecuada, basada en que la tutela de urgencia asigna otros lineamientos  interpretativos respecto de su dimensión convencional.

Cuanto queremos expresar, a modo de idea fuerza, es que el principio de elasticidad en sede constitucional, también llamado principio de prevención procesal o de autonomía, al ser aplicado en procesos de tutela de derechos fundamentales y de control normativo de la Constitución, va a reconducir el debate procesal y sustancial a dimensiones que exceden el marco del principio de congruencia procesal de modo manifiesto.

Ahora bien, surge la interrogante natural: ¿no sucede entonces que si se excede el marco procesal de congruencia, en realidad no se utiliza la perspectiva valorativa de los derechos fundamentales de la persona, como argumento deux et machina para exceder el criterio lógico de sindéresis que informa el principio de congruencia procesal? Creemos manifestar convicción cuando alegamos que no se trata de que la simple invocación a la existencia de derechos fundamentales, justifica exceder el marco de congruencia procesal. Nada más lejano de esta aseveración. En forma puntual, la existencia de principios, valores y directrices como pauta de interpretación constitucional faculta, esa es nuestra tesis, a determinar una vigencia meridiana del principio de elasticidad constitucional respecto de pretensiones en las cuales el principio de congruencia procesal resulta notoriamente insuficiente para resolver controversias sobre derechos fundamentales. Por consiguiente, la dilucidación de pretensiones sobre derechos fundamentales, entendidos estos últimos como mandatos de optimización que señalan los nortes de juricidad y moralidad básica, en la definición de Peces Barba[20], denota una aplicación extensiva del principio de elasticidad, el mismo que en sede constitucional se reviste de la fuerza suficiente para exceder los estándares de aplicación del principio de congruencia procesal.  

 

2.4. El principio de elasticidad constitucional en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Veamos algunos casos recientes de la jurisprudencia constitucional que nos pueden ayudar a conferirle forma sistemática al alcance del principio de elasticidad constitucional. En ellos se plasma el postulado central de este ensayo, cual es el reconocimiento de un marco de aplicación más amplio del principio materia de este estudio.

En los fallos que analizamos  a continuación, advertimos una fundamentación orientada a justificar que los procesos constitucionales, al contemplar el elemento urgencia como pauta de resolución de fondo de los conflictos referidos a derechos fundamentales, delimitan una nueva dimensión del principio de elasticidad constitucional. Podemos, en unos casos, inferir una visión amplia que supera con creces el principio de congruencia procesal en la versión estándar que conocemos convencionalmente. En otros casos, observamos la prevalencia del principio de literalidad frente a la interpretación amplia- el caso El Frontón es una evidencia representativa – mas la fundamentación en que se basa el voto en minoría concuerda plenamente con nuestra tesis y en esa línea de pensamiento, los fallos citados puntualizan cómo conceptuamos el principio materia de este estudio.

 

2.4.1. Caso Félix Tueros- Proceso constitucional reconvertido

En la STC 07873-2006-AC/TC, el Tribunal Constitucional decide la reconversión de un proceso constitucional de cumplimiento a uno de amparo, pronunciándose en decisión de fondo, luego de existir hasta dos pronunciamientos de improcedencia liminar de la demanda.

En el aspecto fáctico, es importante señalar que con fecha 26 de septiembre de 2005, Félix Tueros Risco interpone demanda de cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se ordene a esta entidad revisar la Resolución N.° 11823/77 y nivele su pensión de jubilación correspondiente a treinta y cuatro años y siete meses de servicios y aportaciones, basándose en que la Ley N.º 28407 autoriza dicha revisión, sobre la base de lo contemplado en los artículos 56º y 57º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR.

Con fecha 28 de septiembre de 2005, el Sexagésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente in limine la demanda de cumplimiento por considerar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148° de la Constitución y el artículo 218° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, los actos administrativos que causan estado deben ser impugnados mediante proceso contencioso-administrativo, previsto por la Ley N.° 27584.  A su turno, la Sala Superior confirma la apelada, declarándola improcedente por considerar los mismos fundamentos.

La sentencia determina en su parte resolutiva lo siguiente:

1. Declarar FUNDADA la demanda, entendiendo el presente proceso como un proceso de amparo. 

2. Ordena que la demandada expida una nueva resolución otorgándole al demandante pensión de jubilación del régimen especial del Decreto Ley N. º 19990, sobre la base de sus treinta y cuatro años de aportaciones; con el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

Fijémonos en un detalle relevante y es el hecho de que la demanda de cumplimiento es declarada improcedente de modo liminar, decisión que es a su vez confirmada en segunda instancia. Nos encontramos frente a un auto judicial con decisión  inhibitoria, resolución emitida por jueces constitucionales acusando el uso indebido de la vía del proceso de cumplimiento para la efectivización de una prestación al amparo de una norma pensionaria, de reconocimiento de reajustes de la pensión de jubilación.

No nos debe quedar duda alguna de que los jueces constitucionales invocaron el principio de legalidad para denegar la pretensión en vista de que la demanda había sido incorrectamente planteada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se pronuncia en decisión de fondo, no solo respecto a los autos de improcedencia, alegando entre otros argumentos relevantes, la avanzada edad del señor Félix Tueros- 91 años- y que a su vez, la pretensión sí gozaba de los fundamentos suficientes para ser acogida en la vía del amparo. De manera vinculante, establece ciertas reglas procedimentales que a futuro deberán ser aplicadas en casos de reconversión en procesos similares.

Ahora bien, observemos, de un lado, que concurre un argumento justificativo del Tribunal Constitucional en cuanto se trata de la avanzada edad del señor Tueros, y que la alternativa de derivar la pretensión nuevamente a la vía procedimental del amparo, reiniciando  el proceso  por una admisión a trámite de la demanda, habría significado un considerable término de meses que harían hasta ilusoria la pretensión del proceso constitucional del señor Tueros, más aún si se trata de una petición de tutela urgente.

Por otro lado, advertiríamos otro argumento procesal que justifica plenamente la reconversión en atención a que existen suficientes elementos de fondo para atender el fondo del asunto en vía de proceso de amparo. No obstante ello, ¿y el contradictorio? ¿Y el derecho de la parte emplazada a ser oída y a aportar las pruebas que justifican su posición? El Tribunal inclina su justificación hacia el argumento persuasivo de que los elementos de juicio de fondo, sí hacen viable una sentencia favorable.   

Sin embargo, observemos que el razonamiento del Tribunal Constitucional se produce respecto de un auto de improcedencia y no de una decisión de fondo. Esto constituye un dato contextual de suma relevancia en cuanto el razonamiento lógico jurídico que informa el principio de legalidad y su sucedáneo, el principio de congruencia, y va el supremo intérprete mucho más allá al aplicar el criterio de elasticidad que igualmente caracteriza al principio iura novit curia constitucional.

Si asumiéramos una óptica de análisis del problema desde el Derecho Procesal Civil, con certeza asumiríamos  que resultaría evidente el apotegma tantum apellatum quantum devolutum[21], es decir, de necesaria congruencia en el sentido de que si apelamos respecto de un auto, entonces tiene bastante lógica que respondamos al petitorio igualmente a través de un auto. No obstante esta regla, el Tribunal se considera habilitado para emitir una respuesta de fondo y ello se traduce, con fuerza interpretativa, en que en sede constitucional, el principio de elasticidad constitucional permite una interpretación que podemos denominar mucho más amplia, pues el juez constitucional, superando las formas procesales rígidas y conociendo el derecho más allá de las partes, determina que la decisión final, más elástica en forma y fondo que los términos que imperan en sede ordinaria civil, pueda contemplar un fundamento de tutela especial y pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Resulta importante admitir, en consecuencia, que en sede constitucional los jueces constitucionales disponen de herramientas mucho más eficaces y de amplio contenido procedimental, que determinan la concesión de tutela urgente en términos que también informa el principio pro homine y que contextualmente, han de facilitar un pronunciamiento favorable al afectado que busca una respuesta de urgencia en sede constitucional.     

 

2.4.2. Caso El Frontón. Interpretación literal vs. Interpretación extensiva

Nuestro objeto de estudio en este caso- un proceso de habeas corpus en sede constitucional- alude a un supuesto de aplicación del criterio literal como método de interpretación, frente a una lectura tuitiva amplia de protección de los derechos humanos, propiamente respecto de los crímenes de lesa humanidad.

Se trata del proceso de habeas corpus que, en sede constitucional penal, persigue la inaplicación de una decisión final del Poder Judicial, a fin de que no se siguiera investigando las muertes ocurridas en el Penal El Frontón en el año 1985.

Respecto a los hechos identificados en este proceso, la demanda interpuesta por Teodorico Bernabé Montoya, tiene como finalidad que se declare la nulidad de la resolución fiscal emitida por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, de fecha 14 de febrero de 2007, mediante la cual se resuelve declarar fundada en parte la queja interpuesta contra la resolución fiscal de fecha 24 de agosto de 2006, y se ordena al Fiscal Provincial formular denuncia penal en contra del demandante y otros. La imputación se refiere a  la presunta comisión del delito de homicidio calificado – asesinato, en agravio de Alfonso Esteban Gonzales y otros. Asimismo, se pretende que se declare la nulidad de la Denuncia Fiscal N. º 27-2007, de fecha 12 de marzo de 2007, que, en mérito de la mencionada resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, fue presentada ante la judicatura penal.

Alega el recurrente que las referidas resoluciones fiscales vulneran sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la prohibición de revivir procesos fenecidos, pues la denuncia fiscal ha sido presentada a pesar de haber operado la prescripción de la acción penal en relación con los hechos que son materia de acusación. Como cuestión de fondo, la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundada la demanda de hábeas corpus de autos.

El decisorio del Tribunal Constitucional, examinado el recurso de agravio constitucional formulado, expresa:

Declarar NULO el concesorio del recurso de queja recaído en el Exp. N. º 245-2007-Q/TC; en consecuencia, IMPROCEDENTE la queja de derecho e IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.

Disponer la devolución de los actuados a la instancia pertinente, para que siga su trámite conforme a su estado y a lo resuelto.

Si bien es cierto que en este caso el criterio de la mayoría- 4 votos- prevaleció en el sentido de que las decisiones denegatorias en procesos de tutela de derechos fundamentales, no pueden ser conocidas por el Tribunal Constitucional, debemos atender a que el criterio que representa la minoría- César Landa- destaca el criterio de interpretación pro homine y de vinculatoriedad que emana de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas caso Durand y Ugarte vs. Perú, respecto a la necesidad de investigar cuando existen crímenes de lesa humanidad.   

Podríamos advertir, desde el análisis inicial de este caso, que el presente proceso constitucional precisamente contempla una figura contraria a la tesis que esboza este ensayo, pues finalmente sería válido acotar que prevaleció la interpretación literal que consagra el artículo 202[22] de nuestra Norma Fundamental respecto a procesos con sentencias estimatorias, que en estricto no pueden ser conocidos por el Tribunal Constitucional.  

Sin perjuicio de lo sustentado, el voto en minoría de César Landa señala:

Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad

30. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad constituye, en un proceso constitucional, un principio que no admite discusión alguna. Su aplicación evita la impunidad y permite a los Estados cumplir con sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. La determinación de cuándo se está frente a un crimen de lesa humanidad constituye una labor jurisprudencial de particular importancia, a la que viene contribuyendo en forma decisiva la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los últimos años ha emitido importantes decisiones al respecto.

En este fundamento el magistrado Landa destaca la condición especial de los crímenes de lesa humanidad y cuál es la visión que aporta sobre esta materia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade a su vez:   

46. Lo que en el fondo se aprecia en la resolución de la mayoría es una posición del interpretativismo textualista que no se condice con la estructura de las disposiciones constitucionales, a partir de reconocer en ella normas-regla y normas-principio. Constituye un retorno al positivismo jurídico más radical cuyos adeptos afirman que la interpretación empieza y acaba en el texto mismo de las disposiciones. Si se asumiera este punto de vista se derivarían consecuencias de gravedad que pueden terminar afectando inclusive la esfera de competencias que este Tribunal ha ido perfilando a través de su jurisprudencia.”

La posición de Landa representa un cuestionamiento frontal a ese protagonismo manifiesto del principio de legalidad que esta decisión representa.

Adicionalmente, existe un contexto extraordinario respecto a este caso y es la investigación 42-2008-Lima, OCMA, que precisamente sanciona a los Jueces Superiores que intervinieron a nivel de Sala Penal en este mismo proceso.

La OCMA, al abrir proceso contra los Jueces Superiores que intervinieron en este proceso de habeas corpus, imputa los siguientes cargos:

Cargo: Haber omitido fundamentar los motivos por los cuales consideraban que en el caso concreto, no resultaba de aplicación el fallo obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Durand y Ugarte vs. Perú) en virtud del Pacto de San José de Costa Rica, y tampoco el motivo por el cual no resultaba de aplicación la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según lo previsto en el artículo 55° de la Constitución Política del Estado y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, habiendo resuelto sin sujeción a las garantías del debido proceso (Articulo 184° inciso 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial – para entonces vigente-), habiendo infringido asimismo el artículo 184° inciso 16 – para entonces vigente – (presunta infracción del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional); hechos que habrían generado una situación de desconcierto, pues la apreciación que se habría trasmitido es de incumplimiento de las Convenciones o Tratados Internaciones del que Perú es signatario; incurriendo así en presunta responsabilidad disciplinaria tipificada en los entonces vigentes incisos 1 y 2 del artículo 201° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su vez, la sanción disciplinaria impuesta es expresada en los siguientes términos:

SE RESUELVE:

PRIMERO.- IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN por TREINTA días, sin goce de haber a los Magistrados JORGE ALBERTO EGOAVIL ABAD, Y NANCY TIBURCIA ÁVILA LEÓN DE TAMBINI, en su actuación como Vocales Integrantes de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por el cargo precisado en el primer considerando de la presente Resolución.

SEGUNDO: IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN por DIEZ días, sin goce de haber al Magistrado MALZON RICARDO URBINA LA TORRE, en su actuación como Vocal (dirimente) de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por el cargo precisado en el considerando primer considerando de la presente resolución y conforme a lo expuesto en el considerando décimo noveno de la presente resolución.

En estricta justicia corresponde acotar que el argumento de defensa de los magistrados precisamente consistió en que los sucesos respecto de este caso, ocurrieron en el año 1985 y que por tanto, no era aplicable que retroactivamente, en forma peyorativa, se aplicara el tipo penal de los crímenes de lesa humanidad[23] que entró en vigencia en fecha posterior[24]. Sin embargo, advirtamos y he allí lo destacable de este caso, que precisamente la OCMA desaprueba el método de interpretación literal aplicado por los Jueces Superiores en razón de un mandato superior contenido en la sentencia Durand y Ugarte.

Indudablemente nuestro cuestionamiento literal pudiera ser eventualmente amplio en el sentido de la transformación de las reglas jurídicas que emanan del ordenamiento legal, más aún cuando conforme Norberto Bobbio[25], son los caracteres de unidad, coherencia y plenitud, los elementos sistemáticos que identifican todo ordenamiento jurídico: unidad por cuanto todas las normas se subordinan a la Constitución a modo de un plexo normativo ordenado en función a jerarquías; coherencia, por cuanto las incompatibilidades entre normas deben ser resueltas aplicando los métodos interpretativos de solución de antinomias, eliminando todo conflicto aparente entre normas; y plenitud, por cuanto no deben existir lagunas en el ordenamiento, y todo vacío debe ser llenado a través de fórmulas de autointegración y heterointegración.

Podemos entonces inferir que la interpretación del órgano de control, al concordar con el mandato de la sentencia Durand y Ugarte[26], en realidad opta por una interpretación más abierta y amplia del principio de elasticidad, en la medida que recusa precisamente a los jueces que emitieron la decisión estimatoria de habeas corpus, no haber contemplado un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a su turno  refleja, de modo directo, la insuficiencia de la interpretación literal a que se ciñeron los magistrados emplazados en su momento.   

A tenor de lo afirmado, estamos en condiciones de afirmar que el principio de elasticidad constitucional  sí denota fuerza argumentativa y sindéresis aplicativa en los procesos constitucionales y por ende, constituye un referente de interpretación amplia o extensiva que puede exceder el marco de una interpretación literal, en atención a que existe una tutela de urgencia que conceder.      

Un tema que sí merecería reflexión en cuanto a la tesis que sostenemos de exceder justificadamente el marco del principio de congruencia procesal, es el nivel de vinculatoriedad y efectivización de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, si asumimos con certeza que la Constitución consagra el apotegma de la retroactividad penal solo  cuando es de carácter benigna, en abstracto no estaríamos en condiciones de aplicar una retroactividad penal peyorativa, es decir, desfavorable para el imputado.

Sin embargo, he aquí que nuevamente el principio de elasticidad irrumpe de modo enunciativo gravitante al superar aquel el principio de retroactividad benigna, pues precisamente otorgar mayor tutela al bien jurídico vida, el cual es objeto de protección esencial por parte del sistema interamericano de derechos humanos. En rigor, entonces, un Estado como el peruano no puede oponer excepciones vinculadas a su ordenamiento interno para incumplir una sentencia vinculante del organismo supranacional de protección de los derechos humanos. En ese orden de ideas, la discusión debe quedar concluida partiendo de la tesis de la prevalencia de la decisión Durand y Ugarte contra Perú, y el Estado peruano está obligado a cumplir el fallo de la más alta instancia de protección de los derechos humanos en el sistema regional aún a costa de infringir el principio de retroactividad benigna.   

 

2.4.3. Caso Giuliana Llamoja- Habeas corpus fundado mas sin excarcelación

La STC 0728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, significó un aporte de considerable importancia a la jurisprudencia constitucional al asignarle forma conceptual y procedimental al tema de motivación de las resoluciones judiciales, materia que ya había sido abordada en las STC 3943-2006-PA/TC, caso Juan de Dios Valle Molina y 01480-2006-AA/TC, caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.

Con relación al caso Llamoja, debemos partir del análisis principal de la sentencia 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja Hilares, expedida por el Tribunal Constitucional con fecha 13 de octubre de 2008, y que en síntesis consiste en una decisión que declara fundado el proceso de habeas corpus interpuesto por la afectada contra la decisión de los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra los Vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

El objeto de la demanda fue que se declarara la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, ambas recaídas en el proceso penal N.º 3651-2006. En consecuencia, solicitaba que se expidiera nueva resolución con arreglo a derecho, así como se ordenara su inmediata libertad.

Alegaba la demandante la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, específicamente, los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, relacionados con la libertad individual.

En el caso Llamoja el valor agregado del proceso consistió en referir, con mayor amplitud, los escenarios contradictorios a una debida motivación y a su vez, también contiene una referencia procedimental al asunto de congruencia procesal que esta vez nos ocupa, en tanto que la demanda es declarada fundada y sin embargo, el decisorio de la resolución no contempla la excarcelación de la demandante.

Centrémonos en el siguiente aspecto: si la demanda es amparada y se emite sentencia estimatoria, una consecuencia lógica y respuesta congruente a la pretensión de suyo lo va a ser que la decisión final se orientará a responder a la tutela urgente que enuncia la demanda. Y más aún es aplicable esta lógica, cuando se trata de un proceso de habeas corpus en el cual la incidencia sobre la libertad personal es gravitante. Por tanto, si la demanda de habeas corpus es amparada, el resultado lógico de la sentencia es que exista una decisión que ordene el cese de la agresión, sea en vía reparadora o preventiva.

No obstante lo antes enunciado, el Tribunal Constitucional, a pesar de declarar fundada la demanda, opta por desestimar el pedido de excarcelación de la demandante con el siguiente argumento:

39. En cuanto al extremo de la inmediata excarcelación, resulta necesario precisar que la nulidad de la resolución judicial declarada en el presente proceso constitucional sólo alcanza al acto procesal mencionado, quedando subsistentes y surtiendo plenos efectos jurídicos los demás actos procesales precedentes; en consecuencia, el auto que dispone la apertura de instrucción contra la recurrente, el mandato de detención decretado en él, la sentencia condenatoria de la Sala Penal Superior, entre otros, continúan vigentes. 

En efecto, tal como ha señalado este Alto Tribunal en anterior jurisprudencia (Exp. N.° 2494-2002-HC/TC. FJ 5; Exp. N.° 2625-2002-HC/TC. FJ 5), “no procede la excarcelación, toda vez que, como se ha expuesto, al no afectar la nulidad de algunas etapas del proceso penal al auto apertorio de instrucción, al mandato de detención, [y a la sentencia condenatoria, ésta] recobra todos sus efectos (…)”, por lo que la demanda, en este extremo, debe ser declarada improcedente.

 La parte resolutiva del fallo señala:

  1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus. 
  2. Declarar NULA la ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el proceso penal N. º 3651-2006 seguido contra la accionante por el delito de parricidio, debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución, según corresponda, conforme al fundamento 34 de la presente Sentencia. 
  3.  Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la recurrente solicita la excarcelación.

En nuestra opinión, el supremo intérprete de la Constitución considera la aplicación del principio de elasticidad constitucional, modulando bajo los alcances de los principios concurrentes de prevención procesal y de autonomía, una respuesta adecuada frente a la pretensión de la demandante Giuliana Llamoja. Objetivamente, el Tribunal había identificado una vulneración a la libertad personal y si el decisum seguía la lógica de haberse determinado una vulneración constitucional,  entonces debía ordenar la inmediata libertad de la favorecida. Dicha libertad se habría explicado en razón de que se había producido la vulneración de su libertad personal por causa de una sentencia de la Corte Suprema que afectaba en forma conexa, su derecho a la libertad personal vía vulneración del derecho a la motivación. En consecuencia, era preciso o bien ordenar la excarcelación de la afectada por cuanto la sentencia había sido declarada fundada o bien, era necesario modular los efectos de la sentencia, excluyendo la libertad de la demandante.

Haber optado por declarar fundada la demanda y a su vez, haber determinado la no excarcelación de la demandante, nos persuade de la implementación elástica de la decisión, en atención a que concurre un argumento de fondo y es precisamente la pauta de conservación de los actos procesales que en su momento determinaron la prosecución  del proceso con el internamiento de la señorita Llamoja.

Si advirtiéramos, bajo el principio de congruencia procesal, que la demanda fundada a su vez necesariamente debería conllevar la libertad de la demandante, no nos debería quedar duda alguna que frente a la imputada vulneración del derecho a la motivación por parte de la Corte Suprema, hubiere resultado cierto que habría tenido lugar la libertad de la señorita Llamoja. Sin embargo, el razonamiento procesal extensivo, que es lo que identifica al principio de elasticidad constitucional, en definitiva exige, en el presente caso, que no se produzca la excarcelación de la demandante, sino que precisamente se ataque la vulneración puntual que constituye la acotada infracción por parte de la Sala Penal Suprema respecto a la falta de motivación de su decisión final. Con esta precisión, quedan vigentes los actos procesales anteriores que en su momento condujeron a que se mantuviera a la procesada con mandato de detención.     

De lo expuesto podemos advertir, esta vez en un proceso constitucional penal como lo es un habeas corpus, la necesaria aplicación de supuestos procesales que rompen las reglas del método de interpretación literal y que en definitiva, involucran de la misma forma la adecuada marcha del proceso bajo el estándar de romper las formas procesales convencionales. Los jueces constitucionales, en el caso referido, persuadiéndose de la no razonable puesta en libertad de la señorita Llamoja, optan por definir su posición de tutela solo respecto de parte de la demanda. 

 

2.4.4. Caso Vicente Walde Jáuregui- Amparo fundado sin reposición

El caso Walde, resuelto en la STC 05156-2006-AA/TC, constituye una tendencia similar al caso Llamoja. Sin embargo, el nivel de motivación que la decisión ostenta, no llega a ser de la misma consistencia respecto al caso acotado.

Respecto a los hechos que conciernen a esta causa, es importante señalar que con fecha 21 de noviembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que se declaren inaplicables los artículos primero y segundo de la Resolución N.° 045-2005-PCNM y los efectos de la Resolución N.° 051-2005-PCNM, por vulnerar sus derechos a ser juzgado y sancionado por un órgano competente, a la independencia y exclusividad en el ejercicio de su función jurisdiccional, a no ser sancionado por una infracción inexistente por caducidad, a no ser sancionado con una pena que no está previamente establecida, a la legalidad y la tipicidad, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a la adecuada motivación de las resoluciones, al trabajo, al honor y a la buena reputación. En consecuencia, solicita que se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos invocados y se ordene su restitución al cargo de Vocal titular de la Corte Suprema.

El proceso constitucional incoado por Vicente Walde mereció una sentencia estimatoria, atendiéndose al argumento de que la motivación de la resolución de destitución expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, afectó el derecho a una debida motivación, en este caso por parte de un organismo constitucional autónomo. Sin embargo, es nuestro parecer que no obstante la argumentación estimatoria que explaya la decisión del supremo intérprete de la Ley Fundamental, la premisa que se refiere a la no reincorporación del demandante, no resulta suficientemente explícita, conforme verificamos en los siguientes términos:

4.5 Sobre el fallo de la presente sentencia

63. El Tribunal Constitucional, de conformidad con el principio de autonomía, reconocido en el artículo 201º de la Constitución, tiene la potestad de modular, procesalmente, el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, en general, y en el proceso de amparo, en particular. Este principio de autonomía procesal permite al Tribunal Constitucional determinar, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso y a las consecuencias que puedan generar los efectos de sus sentencias, el contenido de ellas. Es así como, por ejemplo, el artículo 55º del Código Procesal Constitucional ha previsto un haz de posibilidades para el caso en que la demanda sea declarada fundada. Pero también, en aquellos casos en lo cuales no se estima la demanda, este Colegiado puede ponderar, con criterios objetivos y razonables, los términos de su decisión, tal como ya ha procedido en anteriores oportunidades (Exp. 2694-2004-AA/TC).

Finalmente, el Tribunal declara fundada la demanda pero dispone la no reincorporación del demandante. Fijémonos en lo que dice la parte resolutiva de la decisión:

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia: a) nulos e inaplicables al caso del recurrente los artículos 1° y 2° de la Resolución N.º 045-2005-PCNM, de fecha 3 de octubre de 2005, y; b) nulos e inaplicables al caso del recurrente los artículos 1° 3° y 4° de  la Resolución N.º 051-2005-PCNM, de fecha 11 de noviembre de 2005, sin que ello implique la reposición del demandante en el cargo de vocal supremo.

2. Ordenar al Consejo Nacional de la Magistratura que dicte una nueva resolución, debidamente motivada.

3. Exhortar al Consejo Nacional de la Magistratura para que precise y desarrolle, en su Reglamento, el artículo 31º, inciso 2 de su Ley Orgánica. 

4. Exhortar a la Sala Plena de la Corte Suprema para que observe mayor diligencia en la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Podemos inferir, en el mismo modo que en el caso Llamoja, que el proceso constitucional resulta fundado. En términos de congruencia procesal, conforme hemos ya sustentado supra, a una demanda fundada le debería corresponder una consecuencia congruente de reincorporación del afectado. No olvidemos que el objeto del proceso de amparo es objetivamente la restitución del estado de cosas a la situación anterior a la vulneración del derecho. Si eso es así, entonces no nos debería quedar duda en el sentido de que le correspondería al afectado – Vicente Walde- ser reincorporado en su cargo de Vocal Supremo, en tanto su proceso de tutela urgente ha merecido sentencia estimatoria. Sin embargo, el Tribunal decide la no reincorporación del actor sin alegar una motivación sólida respecto a la improcedencia de la petición de tutela restitutoria inicialmente requerida.

Podemos advertir, de la proposición argumentativa del Tribunal, que el problema constitucional solo se circunscribiría a la decisión no motivada de modo suficiente del Consejo Nacional de la Magistratura y tendría cierta lógica que el problema se solucione donde se produjo la vulneración constitucional. Sin embargo, en este caso no observamos, de modo razonablemente convincente, en qué forma resultaba incompatible con los fines del proceso constitucional de amparo, que se produjera la restitución del afectado. No advertimos pues que sesudamente se haya determinado la improcedencia de la reincorporación.

En el presente caso el principio de elasticidad es aplicado pero en clave desmejorativa, sin una evidencia manifiesta de en qué modo resultaba contrario al fin de un proceso constitucional, la reincorporación del demandante, situación de suyo corriente en los procesos de tutela de derechos fundamentales.

 2.5. Valoración temática de los casos analizados

Los casos antes referidos bien pueden conducirnos hacia una reinterpretación del principio de congruencia procesal, estando en condiciones de afirmar que la solvencia argumentativa del principio de elasticidad constitucional permite que el juez constitucional pueda estimar una respuesta más allá de la propia pretensión para estimar el favorecimiento de una tutela de urgencia.

Los casos previos sometidos a análisis para demostrar la forma en que se explaya nuestra posición, constituyen una muestra representativa de en cuáles condiciones se presenta la aplicación de este principio que, a juicio nuestro, reformula el criterio tradicional con el cual se han resuelto los procesos constitucionales.

El juez constitucional queda facultado, según hemos podido verificar, para exceder con racionalidad y razonabilidad el marco de relevancia que deriva del principio de congruencia procesal, como referente contextual del principio de legalidad, el cual informa todo el ordenamiento jurídico.

 

2.6 ¿Prevalencia de las sentencias constitucionales?

Analizadas las sentencias previas, también corresponde la formulación de una interrogante: si apreciamos que estas decisiones representan la aplicación del principio de elasticidad y si las mismas abordan la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad de la tutela urgente, residual y sumaria que involucran los procesos constitucionales, ¿es pertinente concluir que las sentencias constitucionales deben prevalecer frente a la sentencias de la justicia ordinaria?

Deviene imperativo responder con mucha cautela esta pregunta pues los jueces constitucionales gozan de facultades amplísimas en el plano de la valoración de defensa de los derechos fundamentales. Inclusive sentencias que gozan de la calidad del beneficio de la cosa juzgada, bajo los análisis de coherencia, suficiencia y razonabilidad[27], pueden ser objeto de revisión y consiguiente invalidez en el examen constitucional del amparo contra resoluciones judiciales. Inclusive más allá de lo afirmado, no basta la configuración de la cosa juzgada ordinaria, sino debemos entender aplicable la tesis de la cosa juzgada constitucional[28], como mecanismo de prevalencia de la plena observancia de precedentes vinculantes frente a decisiones del Poder Judicial que eventualmente, siendo estimatorias, pudieran haber inobservado un precedente vinculante y respecto de las cuales ya hubiera vencido en exceso el término para interponer un proceso de amparo[29], o que resulte inatacable bajo la pauta de otro proceso judicial de la justicia ordinaria como la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

Por otro lado, las sentencias constitucionales bien pueden a nivel de proceso de inconstitucionalidad, asumiendo una naturaleza interpretativa, reformular la legislación, no en el sentido ex novo de crear legislación, sino de reinterpretarla, conforme sucedió en el caso de la STC 002-2008-PI/TC[30], sobre uso de la fuerza letal. Dicha sentencia, premunida de la facultad interpretativa de reformulación de una norma que prevé la doctrina constitucional, reinterpretó la Ley 29166, compatibilizándola con los instrumentos internacionales en materia de estados de emergencia.

Como podremos apreciar, la respuesta a nuestra interrogante inicial resulta positiva a la luz de algunos de los ejemplos mencionados. El juez constitucional, en consecuencia, dispone de una serie de facultades en abstracto, de las cuales no goza el juez la justicia ordinaria y la base de esas prerrogativas, precisamente la constituyen la finalidad de los procesos constitucionales como son la defensa y tutela de los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución. 

En este mismo sentido de cuestionamiento, es oportuno también absolver la interrogante de si los jueces de la justicia ordinaria, dentro de la facultad que les asigna el principio iura novit curia, pudieran aplicar en los procesos a su cargo, el principio de elasticidad, que no es exclusivo ni autónomo de la sede constitucional pero que a lo largo de este estudio, ha demostrado que goza de vigencia y aplicación amplia en sede de urgencia.

Nuestra respuesta es absolutamente positiva,  en la medida que el juez de la justicia ordinaria, en cualquiera de los procesos a su cargo, puede asumir el rol de juez constitucional. Ejemplificación de ello lo representa el hecho de que los jueces, en concordancia con el artículo 138 de la Constitución[31], puedan aplicar control difuso en caso de incompatibilidad entre una norma legal y la Constitución. En dicho caso, el juez ordinario asume el rol de intérprete pleno de la Constitución e inaplica una ley que considera incompatible con los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Magna.

Es de observar, por tanto, que el principio de elasticidad constitucional se encuentra en condiciones de asumir carta de ciudadanía en los procesos no solo de la justicia constitucional sino inclusive, previa aplicación de las figuras de control difuso, a nivel de los procesos de la justicia común. Esta tesis convalida y verifica plenamente nuestro presupuesto inicial del ámbito de aplicación del principio de elasticidad, el cual no puede ser visto como una figura procesal mediata, sino por el contrario, como una herramienta de uso diario en sede constitucional y como instrumento aplicativo en aquellos casos que justifiquen el rol de los jueces de la justicia común, cuando son intérpretes de la Constitución.    

 

3. HACIA UNA CONFLUENCIA DE CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD CONSTITUCIONAL

 

3.1. Necesaria interrelación

No podemos dejar de sostener, pues resulta importante rescatar dicho argumento interpretativo, que los conceptos de marco normativo, el sentido prescriptivo de la ley y la congruencia procesal, siguen constituyendo elementos de valoración trascendentes en la resolución de conflictos.

No olvidemos que la ley constituye la expresión suprema de todo ordenamiento jurídico y que el propio positivismo jurídico kelseniano le asigna un valor de referente gravitante en el Estado de Derecho. Sin embargo, en la medida que los conflictos jurídicos trascienden y rebasan el marco de la ley y se configuran escenarios de contradicción normativa y vacíos sustanciales en el ordenamiento jurídico, irrumpen con fuerza los principios para consolidar la solución de las controversias.

Cierto es que los principios reflejan eventualmente, conforme señala Commanduci, ciertos márgenes de indeterminación; o bien a su turno, pueden reflejar, de alguna forma, la degradación de la legislación, según pretende señalar Forsthoff. Sin embargo, al igual que la crítica aciaga de la doctrina opuesta a los principios, de igual forma acuden en defensa de ellos, autores como Ronald Dworkin[32], quien refiere los mismos como mandatos de optimización; Alexy[33], quien diferencia entre reglas y principios; y Borowsky[34], quien propone la interpretación de los derechos fundamentales como principios.

A tenor de lo expresado, el principio de elasticidad constitucional permite una relectura de las herramientas interpretativas a través de las cuales los jueces constitucionales solucionan los conflictos de urgencia en sede de derechos fundamentales. Ello denota una avance representativo de valor en tanto bajo el marco de una debida argumentación, interpretación y motivación, el juez logrará una respuesta que a su vez optará por una congruencia prevalente con los principios, valores y directrices que emanan de la Constitución, antes que una interpretación literal que muchas veces deviene notoriamente insuficiente para resolver conflictos cuya esencia reside en la prontitud, eficacia y eficiencia con que deben ser resueltas las causas constitucionales.    

Ahora bien, insistamos en una premisa y ésta es la actualidad y vigencia del debate que en este ensayo proponemos. El reto muchas veces a diario para los jueces constitucionales, hoy en día, traduce la fuerte contraposición entre las dos corrientes interpretativas grosso modo enunciadas en estos acápites. De un lado, el principio de legalidad en su manifestación objetiva del principio de legalidad y de otro lado, la corriente amplia de interpretación que comprende la aplicación de principios constitucionales y que constituye un estrecho círculo con la pauta que involucra el examen de derechos fundamentales, cuya demanda de urgencia determina que precisamente lo que en varios de los fallos que hemos analizado, se ha desarrollado: exceder los márgenes del principio de congruencia procesal, sin que dicha interpretación abierta constituya un tipo de trasgresión a la ley.

Aplicando el principio de elasticidad, el juez no puede ubicarse en la perspectiva de que “trasgredió” la ley y que por ende, se cometió una afectación al principio de legalidad. Por el contrario, superamos la interpretación literal en pro de la materialización y aplicación plena de un derecho fundamental y ésta es la tarea del juez constitucional a diario: aplicar la Constitución por encima de las rigideces estrictas que, en circunstancias determinadas, expresa el principio de congruencia procesal.         

 

3.2. Criterios orientativos para una reinterpretación del principio de elasticidad constitucional

Estando a lo afirmado en los acápites precedentes, nos persuadimos de la importancia de hacer tangibles nuestras preocupaciones e inquietudes hermenéuticas a través de la materialización de algunas premisas orientativas que puedan contribuir y coadyuvar a que los jueces constitucionales cumplan mejor su labor de resolver conflictos.   

En ese orden de ideas, creemos con convicción que los jueces constitucionales, al resolver procesos constitucionales complejos que requieran de la aplicación del principio de elasticidad constitucional, pueden considerar determinados lineamientos de reflexión, a modo de catálogo de conceptos, que traducimos en los términos que a continuación exponemos:

  1. La congruencia procesal constituye un marco aplicativo base, conforme a las pautas del proceso ordinario. Sin embargo, la insuficiencia de esta figura en los procesos constitucionales, origina una reinterpretación del principio de elasticidad constitucional para atender una pretensión de urgencia, como sucede en sede constitucional.   
  2. Una premisa de interpretación amplia que goce de la debida fundamentación, tanto argumentativa como interpretativa, permite a los jueces constitucionales reposicionar su rol de garantes de los derechos fundamentales y atender pretensiones a las cuales es viable dar respuesta con nuevas herramientas interpretativas como el principio de elasticidad  constitucional.   
  3. Es importante prestar atención a que la jurisprudencia constitucional ha evolucionado favorablemente, en muchos casos, con relación a la aplicación del principio de elasticidad constitucional, optando por distintas fórmulas, entre ellas, la reconversión de procesos constitucionales, sujeta a reglas determinadas; la prevalencia del principio de aplicación bajo estándares de progresividad de los Tratados de Derechos Humanos por sobre el marco de congruencia de la legislación positiva; y la modulación de los fallos de las sentencias. 
  4. El juez constitucional deberá advertir, en una controversia que exija la tutela urgente de derechos fundamentales, que el criterio de congruencia procesal no implica un punto final de interpretación, sino un criterio de partida para la consolidación de un derecho fundamental. A partir de esta premisa, la labor argumentativa puede acudir al efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para desarrollar una lectura amplia del concepto de tutela de urgencia.    
  5. El juez constitucional debe considerar que desarrolla una labor de permanente integración en los conflictos que involucran derechos fundamentales, precisamente porque la complejidad de las causas que conciernen a derechos fundamentales, impiden considerar que este tipo de conflictos, puedan ser resueltos solo a través de la concurrencia de la norma jurídica y su marco normativo.  
  6. Debemos tener en cuenta que no puede excluirse el valor axiológico de la norma jurídica, pues en realidad tras toda norma subyace una eticidad del legislador para conferirle una proposición de valor a su propuesta. Sin embargo, más que usualmente, las normas ostentan solo un nivel de juricidad, resultando insuficiente el valor de moralidad básica, en la clásica definición de Peces Barba. Ello no le quita legitimidad a la norma, bajo ningún concepto. Sin embargo, sí alude a la necesidad de estimar que al resolver un conflicto constitucional, éste no solo va a concernir a normas, o normas- regla, sino las más de las veces, a principios o normas- principio.    
  7. Existe un soporte considerable en la doctrina constitucional nacional y foránea que parte de la premisa de que la aplicación de principios en los procesos constitucionales, en modo alguno colisiona con el poder- deber del juez de resolver con celeridad en los casos de derechos fundamentales.  
  8. El juez constitucional es director del proceso y en atención a ello, tiene la potestad de conducir el esquema interpretativo que estime adecuado, razonable y proporcional al caso materia de litis. Cumple así su función de dirigir procesalmente de modo adecuado su Despacho. 
  9. Las herramientas argumentativas e interpretativas son el mejor referente de legitimidad de la labor del juez. La asociación de ellas al principio de elasticidad procesal exige un concurso de motivación idóneo por parte del juez.
  10. Aplicar el principio de elasticidad no constituye una tarea abstracta y lejana al deber de impartir justicia de la mejor forma. Por el contrario, significa una potestad que debe ser promovida, en tanto el juez constitucional tiene la tarea imperativa de impartir justicia constitucional dentro de los caracteres de celeridad y economía procesales.         

Estos conceptos base bien pueden coadyuvar a hacer más efectiva una tarea de defensa en los derechos fundamentales, naturalmente discerniendo en cuáles casos confluye una determinación restrictiva o de inaplicación del principio de elasticidad, ello en expresión de la obligación y mandato imperativo de atender al estudio de la causa conforme a los parámetros que informan nuestra Norma normarum  y la ley.

 

3.3. El principio de elasticidad en el Derecho Comparado

Parte de nuestro examen necesita una referencia al Derecho Comparado, en la medida que mucho de nuestro ordenamiento jurídico constitucional positivo fluye de la evolución de la doctrina alemana respecto a los derechos fundamentales, en tanto la Constitución de Weimar en 1919 señala ya una preocupación inicial por lo social, aunque luego mediatizada por la ascensión del nacionalsocialismo alemán al poder. Contribución importante, es oportuno mencionarlo, es la que proviene de la Ley Fundamental de Bonn, que en 1949 sienta las bases del Estado Social y Democrático de Derecho[35].

De otro lado, España y su Constitución de 1978 realizan un aporte de importancia al constitucionalismo con el reforzamiento del concepto del Estado Democrático y Social de Derecho[36], y los criterios de medida de los derechos fundamentales. No olvidemos que España se incorpora tardíamente a la democracia, después de la guerra civil española y después de la fiebre de Tratados Constitucionales europeos. Al recuperarse la democracia, España se reincorpora al constitucionalismo europeo.

Por último, la Corte Constitucional  de Colombia, desde la Constitución de 1991[37], ha representado una forma de activismo judicial y ha demostrado un liderazgo en ciernes en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, tarea que han seguido otras Cortes Constitucionales autónomas en la región.   

En los análisis que a continuación desarrollamos, observamos algunos lineamientos aplicativos del principio de congruencia y su correlato inmediato de excepciones. A juicio nuestro,  las diferenciaciones aplicativas constituyen, en mayor o menor grado, una aplicación del principio de elasticidad.

 

En Alemania

Conforme señala Francisco Bernate Ochoa[38], “en Alemania el principio de congruencia está expresado en el artículo 264 del Código Procesal Penal alemán, de acuerdo con el cual “el objeto de la sentencia es el hecho penal mencionado en la acusación, como se presenta en el resultado de la vista” (…). Sin embargo, el sistema de congruencia (…)  no es absoluto, pues presenta ciertas particularidades que permiten extender el marco de la imputación, aunque siempre se respete el derecho de defensa (…).

Es importante mencionar que la excepción al principio de congruencia constituye, en nuestra opinión, la expresión material del principio de elasticidad.  Del ejemplo propuesto, es pertinente señalar y rescatar el concepto del legislador alemán en relación a que el principio de congruencia no resulta absoluto y que en vía excepcional, bajo determinados cánones argumentativos, procede la aplicación de mecanismo de excepción, los cuales bien podemos denominar de elasticidad.

 

En España

Señala Bernate[39] “en España el fundamento del principio de congruencia se erige desde la Constitución, cuyo artículo consagra el derecho “a ser informados de la acusación formulada contra ellos”. Con base en esta disposición, la jurisprudencia ha señalado que existe un sistema de congruencia fáctico y jurídico”.

Acota el autor: “Sin embargo, tal como sucede en Alemania, en España el principio de congruencia también posee ciertas características especiales en su aplicación (…)   es posible que el Tribunal varíe la calificación jurídica en aquellos eventos donde encuentra que “el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, caso en el cual deberá utilizar una fórmula especial, facultad que de acuerdo a la disposición deberá utilizarse moderadamente”.

La variación de la calificación jurídica a que hace mención el comentario, en condiciones excepcionales, nos persuade de la aplicación de otro mecanismo de excepción al principio de congruencia. Efectivamente, la regla de estricta legalidad que impone el principio de congruencia, al igual que en Alemania, representa para los españoles una situación igualmente extraordinaria que justifica una pauta de elasticidad.       

 

En Colombia

Colombia representa en Iberoamérica un activismo judicial reconocido, avance cualitativo que ha colocado a nuestro vecino país en una posición que precisamente apunta a un desbordamiento del principio de congruencia en defensa de los derechos fundamentales de la persona. La Corte Constitucional de Colombia ha sido pionera en la implementación de figuras extraordinariamente útiles como el “estado de cosas inconstitucional[40], que a su vez ha significado la propuesta de reducir los costes de horas- hombre y onerosidad de los procesos, a efectos de lograr la pronta aplicación de defensa de los derechos de las personas en el ámbito constitucional.

El estado de cosas inconstitucional, figura de expresión del principio de elasticidad, aborda como contexto la proposición de evitar juicios ante conductas manifiestamente inconstitucionales. Si fuera que existiera un organismo público que incurriera en una conducta de por sí inconstitucional, determinada la misma en una sentencia constitucional, quienes se sientan a futuro afectados por el mismo tipo de vulneración, ya no tendrían que acudir a un proceso judicial, sino tendrían la potestad de acudir, en forma directa, a la entidad agresora, para pedir que cesen las afectaciones. Es de notar que evitar un proceso judicial, en ese contexto, representa un extraordinario avance innovativo en la defensa de los derechos fundamentales.

 

A modo de conclusión  

Las conclusiones expresan en qué modo llegamos a la convicción de los análisis previos desarrolladlos y nos permiten expresar, con un grado de convicción manifiesto, la propuesta de la aplicación ponderada del principio de elasticidad en sede constitucional.

Podemos desarrollar las siguientes conclusiones de relevancia:

1. Creemos que los jueces constitucionales pueden invocar el principio de elasticidad constitucional en los procesos sometidos a su conocimiento, teniendo en cuenta los ítems procedimentales y conceptuales, esbozados en el acápite 3.2. de este estudio.   

2. La concepción de defensa de los derechos fundamentales debe ser amplia y extensiva, a fin de permitir un criterio de tutela más tuitivo en concordancia con los principios pro homine y de autonomía, criterios sucedáneos del principio de elasticidad constitucional.

3. Creemos que el órgano de control de la Magistratura  ya viene optando por una interpretación tuitiva de los derechos humanos y debe seguir en esa línea jurisprudencial de estimar que el método de interpretación literal es notoriamente insuficiente para delimitar cierto tipo de pretensiones.

4. El ítem anterior es de suma importancia en tanto podría conceptuarse, bajo una óptica interpretativa de naturaleza restrictiva, que el órgano de control pudiera defender insoslayable e invariablemente el principio de congruencia procesal y la interpretación literal como único criterio interpretativo. Es nuestra posición que el órgano de control va demostrando una evolución favorable en este rubro. 

5. Resolver una causa sobre derechos fundamentales conforme al principio de elasticidad constitucional, no implica una trasgresión al principio de congruencia procesal. Tampoco afecta de modo grave el principio de legalidad, el cual debe constituir el punto de partida para la interpretación de la norma y no el fin o acabado interpretativo de la misma.

6. El argumento justificativo de que las sentencias constitucionales prevalezcan sobre las de otros órganos jurisdiccionales, reside en la trascendencia de los conflictos que analizan cuestiones de urgencia respecto a derechos fundamentales. Dicha situación extraordinaria, justificada idóneamente a través de la argumentación suficiente, guarda relación cercana con la dimensión que informan los conflictos sobre derechos fundamentales.

7. Consideramos que aporta, adicionalmente, a la solución de la problemática que genera el principio materia de este estudio, el concepto enunciado por el artículo 22 del Código procesal Constitucional en el sentido de que las sentencias constitucionales prevalecen sobre las de los demás órganos jurisdiccionales. Esto no implica una jerarquización per se, sino una real dimensión del concepto material de que versando los procesos constitucionales sobre derechos fundamentales, imbuidos de juricidad y moralidad básicas, se exige una interpretación enunciativamente más amplia.   

8. Los procesos constitucionales constituyen un escenario contextualmente especial en el cual la aplicación procedimental tiende a incluir más principios que reglas, esto es, mandatos de optimización con un contenido amplísimo y superior al que las leyes o reglas manifiestan, sobre todo cuando éstas últimas tienden a ser rígidas y a no coadyuvar a expresar soluciones directas y concretas al problema constitucional que se suscita.   

9. No aramos en el mar al proponer un redimensionamiento del principio de elasticidad pues traducimos una preocupación diaria de los jueces constitucionales, confrontados al dilema que implica “ir más allá de la ley”, con la consiguiente y probable dificultad de enfrentar un proceso disciplinario por una eventual inconducta funcional que apunte a imputar que trasvasar el principio de legalidad para una mejor aplicación del principio de elasticidad, pudiera configurar responsabilidad.

10. El Derecho Comparado resulta igualmente rico y variado en la aplicación del principio de elasticidad, razón de fuerza para estimar que nuestra propuesta es vigente, útil y beneficiosa para la difícil defensa de la plena aplicación de los derechos fundamentales.

11. Resulta importante poner de relieve que la aplicación del principio de elasticidad no es potestad exclusiva de los jueces constitucionales sino que la premisa base de una plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona, nos lleva al criterio cierto y objetivo de que el principio materia de nuestro estudio, también puede ser aplicado por los jueces de la justicia común, al asumir éstos el rol de jueces constitucionales en la aplicación del control difuso y cuando corresponde invocar la Constitución como elemento prevalente en una controversia de la justicia ordinaria.

12. La aplicación del principio de elasticidad constitucional resulta, entonces, una herramienta de aplicación ciertamente frecuente a nivel de la justicia constitucional y en nuestra opinión, representa una herramienta de utilidad sin par para la plena vigencia de los derechos fundamentales. Su difusión, la concientización por parte de los jueces respecto a su enorme utilidad en los procesos constitucionales y las aspiraciones de convertirlo en medio de realización de los derechos de las personas, justifican con creces asignarle un carácter de suyo especial en la resolución de controversias que discuten la esencia de la Constitución.  

Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 28. Abril 2010. Págs. 121-142.    


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura.  Docente Area Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo. Becario Aula Iberoamericana, La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. 

[2] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.

[3]  Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III.- Principios Procesales

(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

[4] Artículo 22.- Actuación de Sentencias

                (…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

[5] CARNELUTTI, Francesco.  Sistema de Derecho Procesal Civil, Edit. Uteha Argentina, 1944. Pág. 132.

[6] BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2do nivel. Lima, 2009. Pág. 87.

[7] RUBIO LLORENTE, Francisco. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 13. Num.39. setiembre- diciembre 1993. Pág. 12.

[8] MERKL, Adolf. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953. Pág. 212.

[9] Código Procesal Civil. Artículo IX.

Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este Código son imperativas.

Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada.

[10] Ley del Procedimiento Administrativo General. 1.6. Principio de informalismo.

Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

[11] “Mi Código por sí solo y por su simplicidad, ha hecho mucho más bien a Francia que la totalidad de las leyes que me han precedido”.

[12] RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. Pág. 190.

[13] PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5, 2001.

[14] MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Tomo I. Temis- de Belaúnde & Monroy, Santa Fe de Bogotá, 1996. Pág. 80.

[15] PEYRANO, Jorge. El Proceso civil. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1978. Pág. 71.

[16] CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2009. Pág. 54.

[17] COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera edición, décimo cuarta reimpresión. Depalma. Buenos Aires. 1998. Pág. 172.

[18] CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Op. cit. Pág. 62.

[19] Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo VIII.- Juez y Derecho

El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.

[20] PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. Pág. 37. 

[21] CFR. Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría General del Proceso.  Caracas, Editorial Arte.1995.

El autor afirma: “…Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro proceso civil, y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (tantum devollutum quantum apellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en autoridad de cosa juzgada…”.

[22] Constitución 1993. Artículo 202°.

Corresponde al Tribunal Constitucional:

(…) Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.

[23] Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se denomina crímenes de lesa humanidad a “ las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.”

[24] El Perú ratificó el Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad en el 2003,

[25] BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960.  En Introducción al Derecho de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, 1997. Pág. 95.

[26] El decisorio de la sentencia Durand y Ugarte señala:

4. Que el Estado debe efectuar, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 39 y 40 de la presente Sentencia, las siguientes reparaciones no pecuniarias: (…)

c) investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir impulsando la investigación que se tramita ante la 41Fiscalía Penal de Lima, por el delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera; y

d) realizar las diligencias concretas tendientes a establecer el lugar e identificar los cadáveres de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera para entregarlos a sus familiares, de conformidad con el punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000.

[27] STC 3179-2004-AA/TC. Caso Apolonia Ccollcca. F.J. 23.

(…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

 (a)    Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

(b)   Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

(c)    Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

[28] STC 006-2006-PC/TC F.J. 69.

 (…) una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa juzgada.

70.  Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales.

[29] Código Procesal Constitucional. Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda

(…)Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

[30] STC 002-2008-PI/TC Caso Treinta y un congresistas de la República. Decisorio.

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad. En consecuencia:

a. INCONSTITUCIONAL la segunda parte del segundo párrafo del artículo 7º de la Ley N. º 29166, que establece que “en las situaciones descritas, (…) y en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal”, incorporando la regla del Fundamento N. º 64 de esta sentencia hasta que el legislador expida una nueva regulación sobre la materia.

b. INCONSTITUCIONAL la frase “capacidad del enemigo” e incorporar en su reemplazo el término “capacidad del grupo hostil” al artículo 10° de la Ley N.° 29166.

(…) 3. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad en el extremo referido a la segunda parte del primer párrafo del artículo 7º de la Ley N.º 29166, conforme a los Fundamentos Nos 50 y 51 de esta sentencia y quedado redactado de la siguiente manera:

o en apoyo al control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la ley, hará uso de la fuerza (…)”.

[31] Constitución 1993. Artículo 138°.

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo  proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

[32] DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Cambridge, /Mass. Harvard University. 1978.

[33] ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1993. Pág. 177. 

[34] BOROWSKY, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido. 2003. Universidad Externado de Colombia. Edición en Perú, 2003. Pág. 49.

[35] Ley Fundamental de Bonn. Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]

(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.
(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.
(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso.

[36] Constitución española de 1978. Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

[37] Constitución de Colombia. Artículo 1.

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

[38] BERNATE OCHOA, Francisco. Sistema penal acusatorio. Bogotá, D.C: Centro Editorial Universidad del Rosario: Biblioteca Jurídica Diké, 2005. Pág. 274.

[39] BERNATE OCHOA, Francisco Op. cit. Pág. 275.

[40] STC 2975-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano. F.J. 19.

(…) dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente exigible que se adopte la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” que, en su momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.

Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una vez declarado el “estado de cosas inconstitucionales”, se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración.

Se trata, en suma, de extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas.

Para que ello pueda realizarse es preciso que la violación de un derecho constitucional se derive de un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración del estado de cosas inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. Y, tratándose de actos individuales, esto es, que tengan por destinatarios a determinadas personas, la declaración del estado de cosas inconstitucionales se declarará si es que se sustenta en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del órgano público.

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